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Los avances en digitalización deben alinearse con la estabilidad financiera

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El verdadero potencial de la digitalización en todas las esferas de la economía y la sociedad probablemente aún está por descubrirse. Será un proceso dinámico que llevará tiempo —y de hecho evolucionará con los años— aunque habrá momentos de fuerte aceleración y vértigo, como podría ser el actual con la aparición de la nueva inteligencia artificial, la generativa, en el que el pionero ante la opinión pública ha sido ChatGPT, pero otros están siguiendo, como Bard (Google) o AutoGPT. En todo caso, las implicaciones de la intensa digitalización para la industria de servicios financieros han sido ya abundantes, pero todavía quedan infinidad más por venir, al tratarse de una de las actividades donde la información juega un papel central. Esto afecta a personas, empresas y gobiernos y es una cuestión geopolítica de primer nivel.

Lo digital también tiene notables riesgos, que inadecuadamente vigilados, podrían generar considerables perjuicios de todo tipo y truncar un proceso —que parece imparable-— que puede facilitar grandes beneficios en materia de productividad y bienestar. La supervisión de esos riesgos es crítica, particularmente en el sector financiero, donde se halla depositado gran parte del ahorro de la sociedad y donde su estabilidad es determinante para el buen funcionamiento del mercado de crédito. Todos reconocemos como objetivo primordial de estabilidad financiera evitar crisis bancarias. Sin embargo, tiene más propósitos, trascendentales también para el buen funcionamiento de la actividad económica, como es ofrecer crédito suficiente y solvente. Y, en este sentido, la digitalización debe hacer más eficiente ese proceso a la vez que no acrecienta riesgos de estabilidad financiera.

La crisis que ha sacudido a un determinado grupo de bancos medianos estadounidenses —y que no puede considerarse cerrada aún—, como Silicon Valley Bank o First Republic Bank, entre otros, no es ajena a los riesgos de la digitalización, cuando se cometen determinados errores en la gestión interna o en la supervisión externa de las entidades. En primer lugar, estos bancos han estado expuestos a un segmento de negocio que adolecía de sobrevaloración y la corrección les ha pillado sin otros sectores en los que apoyarse. No obstante, es tanto o más importante que el modelo de negocio y la gestión de liquidez y riesgos de activo de esos bancos dejaba mucho que desear. El impacto de la existencia de abundantes depósitos digitales —con gran facilidad de movilidad— y los rumores (no siempre fundamentados) de redes sociales jugó un papel significativo en los problemas que sucedieron. Tampoco ayudó ciertamente la reacción inicial del supervisor, la Reserva Federal. Sin embargo, en el entorno digital, las exigencias de buena gestión, buena gobernanza y comunicación exterior y solvencia suficiente se hacen aún mucho mayores, por la facilidad que potencialmente existe en muchas jurisdicciones de esos trasvases rápidos de depósitos de unos bancos a otros. No significa ello que lo acontecido en Estados Unidos vaya a ocurrir necesariamente en todos los países, algo improbable a día de hoy. Sin embargo, se haría mal en considerar que este es un problema exclusivamente de ese país y no tomar las medidas oportunas por un lado en la gestión de las entidades y por otro, en la supervisión de las mismas, para evitar situaciones de inestabilidad futuras, conforme la digitalización progrese y haga más eficiente y rápido el proceso financiero, pero también desafiado por nuevos riesgos. Un trabajo reciente de los economistas Naz Koont, Tano Santos y Luigi Zingales titulado “Destabilizing Digital ‘Bank Walks’” muestra con datos del segundo trimestre de 2022 que las retiradas de depósitos fueron significativamente superiores en bancos digitales que en bancos tradicionales en estados Unidos. También ponen de relieve que la retirada de depósitos fue más voluminosa en territorios donde el uso de Internet (y de lo digital) es mayor. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de la tangibilidad para el cliente y de qué nivel de confianza se deposita en un banco puramente virtual frente a otro con servicios online pero con relaciones presenciales.

Es en ese contexto, donde el futuro digital requiere nuevos modelos de gestión de la liquidez y riesgos y nuevas perspectivas de la supervisión. Es un debate importante para los próximos años, donde la digitalización progresará, pero será necesario que produzca seguridad y estabilidad financiera. En este contexto, aparece oportuno plantear que cualquier iniciativa importante como las monedas digitales de los bancos centrales considere esos riesgos de estabilidad financiera, no solo para evitar problemas en entidades concretas sino también para garantizar que el mercado del crédito funcione correctamente. Un contexto en el que la moneda digital (sea el euro o dólar o cualquier otra) permita capacidades de depósitos privados en el banco central es un entorno que puede generar graves disfunciones en el sector bancario tradicional si no garantiza un adecuado funcionamiento del mercado de crédito, donde, hoy por hoy y en el futuro previsible, los bancos van a seguir jugando un papel central. Y estos precisan de una base sólida de depósitos, remunerada adecuadamente, para financiar ese crédito necesario. La existencia de una cuenta “libre de riesgos” que permitiera depósitos significativos en el banco central, una idea en algún momento planteada como hipótesis, podría generar disfuncionales notables en el funcionamiento del mercado de crédito y en la estabilidad financiera. El efectivo sigue teniendo un papel y tener una diversidad de opciones de pago es importante, útil y más seguro. Las monedas digitales son un gran avance, sin duda, pero hay que considerar las implicaciones en un sentido amplio para los mercados financieros y la economía, en la letra pequeña —y no tan pequeña— de esos proyectos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Periodo de impasse tras la tormenta financiera de marzo

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Estos días de Semana Santa, de descanso y para muchos de reflexión también, son un buen momento para tomar distancia con los acontecimientos financieros de marzo, para analizar con sosiego. Turbulencias financieras con las que nadie contaba hace cinco semanas pero que pudieron causar un episodio muy grave de inestabilidad financiera global. Tenemos aún el miedo en el cuerpo. Las dos últimas semanas ha habido al menos una aparente calma en los mercados financieros, aunque haya aún ruido sobre algunos bancos regionales de EE. UU., y las consecuencias del acuerdo de integración de Credit Suisse en UBS aún generen alguna perplejidad y desasosiego, sobre todo, por lo acontecido con los bonos AT1 y su prelación para asumir pérdidas.

Cuanto más tiempo transcurra con respecto a ese episodio, más se irá consolidando la confianza en el sector financiero, y podremos considerar que ha sido una serie de hechos aislados. Por muchos factores, como las fuertes subidas de tipos de interés de los bancos centrales para luchar contra una inflación pegajosa, que, como la experiencia histórica ha mostrado, suele dejar tocados a algunos bancos vulnerables.

Este fue el caso de algunos bancos regionales americanos a los que, para más inri, no se les supervisaba con los estrictos estándares de Basilea III, gracias a una reforma de la administración Trump. Esas medidas fueron pan para hoy y hambre para mañana. No se puede jugar con la estabilidad financiera, ni en broma. En el contexto de Silicon Valley Bank, una cadena de errores de los gestores de la propia entidad y la inicial reacción de la Reserva Federal explican la mayor parte de lo ocurrido. Parece que con las más contundentes acciones posteriores de la Fed se ha podido parar la sangría en otras entidades medianas. Habrá que seguir de cerca los acontecimientos en las próximas semanas, sobre todo, si los tipos siguen subiendo significativamente y/o si la economía americana flirteara con una recesión. Parece que hay menos nervios en ese frente.

En cuanto a Credit Suisse, su situación de vulnerabilidad venía de bien atrás, por lo que los mercados, en un contexto de turbulencias, olieron la sangre. Era insostenible. De no buscarse una solución —retorciendo algunos brazos el banco central suizo— el fin de semana del 18 y 19 de marzo, y de haber dejado Credit Suisse a su libre albedrío, en mi opinión, habríamos tenido un nuevo momento Lehman Brothers el lunes 20 de marzo, con consecuencias imprevisibles, pero sin duda muy graves, por las numerosas conexiones del sistémico banco suizo con el resto de la banca global y los mercados. Parece que han aprendido del fatal lunes 15 de septiembre de 2008, cuando colapsó Lehman Brothers, al no encontrarse comprador ni llegarse a un acuerdo de rescate el fin de semana anterior.

Un gran pero a la solución de Credit Suisse: cambiar el orden de prelación de asunción de pérdidas de los cocos con respecto al capital ordinario, que dejan malparado ese instrumento AT1. La percepción es que la banca suiza ya no es lo que era.

Aunque en la semana posterior hubo un momento de tensión con algún gran banco europeo —contagio con poco fundamento—, la cosa no pasó a mayores, lo que deja, en general, a la banca europea bastante bien parada ante las sacudidas financieras. El mercado ha comprendido, por ahora, que el modelo de banca en Europa es distinto y que Basilea III sí se está aplicando. Todo ello trajo un impasse a los mercados que se ha mantenido hasta hoy. Un respiro. Las relativamente buenas noticias económicas —inflación a la baja, datos económicos mejores de los esperado— también están ayudando.

Si todo sigue así, puede que pronto podamos hablar de una transición de impasse a mayor calma. Sorprende cómo un anuncio como el de la OPEP hace unos días sobre un recorte en la producción de petróleo supuso una subida menor de la esperada a sus precios y no impidió una evolución positiva del resto de activos de la economía. El tono en el mercado continúa, claramente, siendo optimista.

Las mayores incertidumbres sobre el futuro inmediato de la economía, además de la lucha contra la inflación, son geopolíticas. A la guerra en Ucrania y su posible evolución se unen los movimientos de China y las tensiones con Estados Unidos. La gran desconfianza entre los dos gigantes económicos no augura nada bueno, y podría haber efectos también en los mercados, sobre todo en activos digitales. Las narrativas de Washington y Pekín son muy diferentes en todo lo referente al entorno cripto.

Hay que seguir de cerca la evolución del crédito, que según muchos analistas, puede dar lugar a un credit crunch (contracción de la concesión de nuevo crédito) que podría impactar en la economía y acercarla a una recesión, sobre todo en EE. UU. Muchos apuntan que, si ese racionamiento se confirma, las entidades financieras podrían estar haciendo el trabajo sucio a los bancos centrales, ya que coadyuvarían a enfriar la economía y, también, la inflación. En este contexto, de más preguntas que respuestas, los últimos datos económicos —desempleo en España, exportaciones en Alemania— conocidos esta semana, ayudan en este impasse a creer que la economía y el mercado de trabajo pueden seguir mostrando una resiliencia mayor que en otros episodios anteriores de tensión financiera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La economía real ante la tormenta financiera

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El vuelco inesperado de
los mercados energéticos unido a la suavización de los cuellos de botella en la
llegada de suministros había empezado a disipar algunas de las principales
incertidumbres que pesaban sobre la economía española. Pero eso era sin contar
con las repercusiones del episodio de inestabilidad financiera que se ha
desatado desde la caída de Silicon Valley Bank, y que sigue extendiéndose.

De momento las fuerzas expansivas son las que dominan la coyuntura, como lo muestran el buen comportamiento del mercado laboral y las encuestas de actividad, con indicadores PMI que apuntan a un crecimiento tanto en los servicios como, y esto es lo nuevo, en la industria. El turismo da buenas sensaciones, y estaría a un tris de superar los niveles prepandemia en términos de entradas de extranjeros. Todo ello es compatible con un avance del PIB en el primer trimestre y probablemente también en el segundo, a tenor del tirón anunciado para esta Semana Santa.


Más allá, los efectos del ajuste monetario y de las tensiones financieras que han aflorado estos últimos días ganarán protagonismo. La contracción del crédito bancario, importante indicador avanzado de actividad, ya es palpable: el volumen de nuevos préstamos a hogares ha descendido un 8% desde el verano pasado y en el caso de las empresas el descenso alcanza el 9,3% (con datos desestacionalizados y suavizados que van hasta enero). De manera similar, las entidades financieras también declaran haber endurecido las condiciones de acceso al crédito, según la última encuesta del BCE realizada antes del colapso de SVB.

La restricción crediticia sólo puede agravarse tras la última vuelta de tuerca del BCE, y sobre todo como consecuencia de la probable reacción de prudencia de las entidades financieras en un entorno marcado por la pérdida de confianza. Las instituciones financieras se enfrentan a pérdidas latentes que se generan de manera cuasi automática a medida que los bonos que habían comprado a tipo de interés fijo durante la era de abundancia monetaria se devalúan. Si bien se trata de pérdidas potenciales (solo se realizan en caso de venta de los títulos antes de llegar a vencimiento), las entidades no pueden permitirse añadir a ese riesgo de tipos de interés, otro de impago en los créditos que concede, de ahí la necesidad de una mayor cautela en la política de préstamos al sector privado.

De manera general, las
decisiones de política monetaria podrían impactar con más nitidez en la segunda
parte del año, habida cuenta del tiempo de latencia entre las medidas y la
evolución de la economía. Además, como ya ocurrió en la crisis financiera de
2008, el impacto se refuerza con cada subida adicional de tipos de interés (es
decir, la repercusión no es lineal).  

En todo caso, la clave está en la inflación. De moderarse significativamente, los bancos centrales tendrán la ocasión de frenar sus subidas de tipos, atenuando los riesgos recesivos y de crisis financiera. Se espera que los próximos datos de IPC relajen la presión: en el caso de España, el incremento será inferior al 5% en términos interanuales, por la comparación con los meses inmediatamente posteriores a la invasión de Ucrania (efecto escalón). Además, la electricidad se ha abaratado un 16% en lo que va de mes. Pero Frankfurt ya ha detectado efectos de segunda ronda en los márgenes de algunos sectores, y alerta de la posibilidad de una reacción de los salarios en los países miembros con mercados laborales más tensionados. Los costes laborales se incrementaron casi un 6% en el cuarto trimestre en términos medios interanuales en la eurozona, pero solo un 3,6% en España. Una heterogeneidad que complica aún más la tarea de la política monetaria en su doble objetivo, cada vez más contradictorio, de actuar enérgicamente contra la inflación y a la vez asegurar la estabilidad financiera.

PRECIOS | La tasa de inflación del Índice de Precios Industriales se situó en febrero en el 7,8%, muy por debajo de las tasas registradas a lo largo de 2022, que llegaron a superar el 40%. Esta moderación obedece fundamentalmente a la bajada del índice energético experimentada desde el verano pasado (pese a lo cual continua por encima de los niveles de 2021). El índice de la industria de la alimentación sigue ofreciendo señales preocupantes: su tasa interanual apenas se ha reducido unas décimas hasta el 20%, lo que apunta a que la cesta de la compra seguirá encareciéndose.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anatomía de la sacudida financiera

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Las turbulencias desatadas en los mercados estos últimos días evidencian las vulnerabilidades financieras que entraña la lucha contra la inflación, y por tanto conviene no minimizar su gravedad. Sin embargo, a menos que se produzca un error de política monetaria, no parece que estemos en la antesala de una crisis similar a la que asoló el mundo —y con especial ahínco nuestro país—.

En apariencia, la quiebra de un banco californiano y la crisis de liquidez de uno de los buques insignia de las finanzas globales son fenómenos aislados. En ambos casos, los fallos de gestión son patentes y por tanto tales descalabros no son extrapolables al grueso del sector. Por otra parte, el contagio directo al resto de entidades debería ser limitado, sobre todo teniendo en cuenta la contundencia de los rescates en marcha, entre los que destaca la histórica inyección de liquidez del banco central suizo, equivalente al 6,6% de la economía del país. Según esta visión optimista, que también alude a “los elevados colchones de liquidez y la sana solvencia de los bancos europeos”, la calma debería volver pronto a los mercados.

Estos “accidentes de mercado”, sin embargo, son sintomáticos del riesgo macroeconómico generado por el endurecimiento de la política monetaria. Un riesgo que, por fin, el BCE podría estar empezando a incorporar, y que tiene una vertiente financiera y otra económica. La primera radica en la depreciación de los bonos comprados por las entidades financieras, bancarias y no bancarias, durante la época de tipos de interés negativos. El valor de esos bonos se reduce inexorablemente a medida que suben los tipos de interés, generando pérdidas latentes en los balances de las entidades bancarias, y un agujero aún más preocupante en las no bancarias (fondos de inversión y de pensión, etc.) que se han endeudado para impulsar su rentabilidad.

Según la Autoridad Bancaria Europea, los bancos europeos tienen en su balance un total de 3,1 billones de euros en bonos y obligaciones públicos, casi el 60% contabilizados a precios de amortización, es decir sin descontar las pérdidas latentes —en el caso de España las cifras son proporcionalmente similares—. Y en EE UU la corporación de seguro de depósitos eleva las pérdidas latentes del total del sistema a 620.000 millones de dólares.


Bien es cierto que la depreciación es teórica, es decir solo se materializa a vencimiento de los títulos (o cuando los bancos se ven forzados a venderlos, haciendo aflorar las pérdidas y agravando la huida de depósitos como en SVB). Y disponen de importantes activos líquidos, de modo que no estamos ante un desequilibrio similar a lo que ocurrió tras el estallido de burbuja inmobiliaria. Además, se supone que los bancos europeos se han asegurado contra las fluctuaciones de tipos de interés, sin suprimir el riesgo, que se transfiere a actores no bancarios como los hedge funds.

Pero eso es sin contar con el riesgo económico, puesto de manifiesto por la importante caída de la demanda de crédito tanto de los particulares como de las empresas como consecuencia del encarecimiento de los préstamos. Esta tendencia es la antesala de un enfriamiento de la economía, a la vez que limita la posibilidad por parte de las entidades de compensar la depreciación de sus bonos.

Atenazada por el doble riesgo financiero y económico, y la incapacidad de identificar nuevos focos de vulnerabilidad —que casi seguro surgirán en algún segmento del mercado, sin que los reguladores sepan dónde— la política monetaria está abocada a una mayor gradualidad. Hace bien el BCE en no prometer nuevas subidas de tipos, y mostrar su disposición a tomar medidas para afrontar el episodio de inestabilidad financiera. El resultado podría ser una mayor persistencia de la inflación, desmintiendo una vez más las previsiones del gurú monetario. Pero entre dos males, hay que elegir el menor.

IPC | La persistencia de la inflación sigue complicando la tarea del Banco Central Europeo. Descontando la energía y los alimentos, es decir los componentes más volátiles, el IPC de la eurozona se incrementó en febrero a un ritmo anual del 5,6%, tres décimas más que en enero. En España el incremento, también al alza, fue muy similar (5,2%, una décima más que en enero). Se espera una pausa en el crecimiento interanual del IPC en los próximos meses, por el fuerte repunte de los precios registrado el año pasado tras la invasión de Ucrania (efecto escalón).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Impuesto erróneo a la banca

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No estoy de acuerdo con el nuevo impuesto a los bancos. Los supuestos en los que se sustenta son incorrectos. Tampoco ayuda a resolver de manera significativa los posibles problemas recaudatorios. Se trata de un gravamen mediático que yerra el tiro. Genera más problemas que soluciones. La estructura impositiva de nuestro país requiere una reforma desde hace tiempo, entre otras razones, por su insuficiencia, pero ni el impuesto a las energéticas ni el de la banca son el camino. Gravar a unos sectores por sus supuestos “beneficios extraordinarios” y no a otros que también pueden estar teniéndolos facilita una crítica tan sencilla como la discriminación por ramas de actividad.

La clave conceptual reside en qué son “beneficios extraordinarios”. La situación excepcional en los mercados de gas y petróleo y el sistema marginalista de fijación de precios ha podido conducir a “beneficios extraordinarios” en algunas empresas energéticas. Por el contrario, es muy difícil argumentar sólidamente que la banca esté teniendo análogos “beneficios extraordinarios”. Llevamos escasamente cuatro meses de subidas de tipos de interés oficiales y del euríbor. Aunque algunos bancos hayan anunciado un incremento de beneficios en los últimos trimestres, ello no significa que el sector no siga teniendo problemas de rentabilidad. En la mayoría de los casos no cubre el coste estándar de capital que exigen los inversores, como señala el bajo valor en bolsa comparado con el mantenido en libros.

No es un problema que afecte solamente a la banca española, sino internacional. Es una actividad con grandes costes administrativos y de cumplimiento regulatorio para garantizar la estabilidad financiera. Si ésta se pierde, genera graves problemas sociales, análogas a una crisis de salud pública. Esos supuestos “beneficios extraordinarios” serían, más bien, el resultado de la normalización de los tipos de interés que vuelven a estar en positivo tras una década cerca de cero o negativos. Ahora están cerca del 3%, bastante bajos en perspectiva histórica. Y habrá que ver si con el debilitamiento de la economía no aumenta la morosidad.

El argumento de vincular este gravamen para “arrimar el hombro” con el rescate bancario de hace diez años es débil. Se rescataron principalmente los depósitos de las entidades en dificultades. No hacerlo habría causado una cascada de acontecimientos más graves. En los casos donde hubo una gestión negligente la fiscalía actuó, por lo que no cabe hablar de “rescate de banqueros”. Además, el sector financiero, se ha adaptado al nuevo entorno de mayor exigencia como demuestra su participación activa en los préstamos ICO o en el reciente acuerdo para aliviar la carga hipotecaria.

Por último, algunos argumentos económicos de peso. Con el impuesto se encarece el crédito en un contexto de inflación y fuerte desaceleración. Asimismo, como señaló el BCE en su dictamen al respecto, puede aminorar la creación de las reservas de la banca, pilar clave de su solvencia y estabilidad. Menor crecimiento de recursos propios conlleva una disminución de la capacidad de la banca para asumir nuevos riesgos lo que implica menos crédito. Y finalmente debilita la posición competitiva bancaria española globalmente. No existe parangón de un impuesto así en otras latitudes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Crisis no financiera… de momento

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No parecía fácil evitar ramificaciones financieras de la crisis sanitaria. La brusca caída del PIB en 2020 y la menor reactivación de la actividad productiva en 2021 —con el daño adicional de la inflación—, no eran buenos augurios. Sin embargo, el sistema financiero ha respondido bien manteniendo la cadena de pagos y concediendo —con avales públicos del ICO— liquidez y crédito a empresas y autónomos. A diferencia de la crisis anterior, de naturaleza financiera, las instituciones de crédito han sido parte de la solución y no del problema. Por supuesto, la extraordinaria liquidez concedida por los bancos centrales, la relajación de algunas normas contables y las medidas de los gobiernos —garantías a los préstamos y moratorias— han evitado una cascada de insolvencias empresariales que habrían amplificado, y de qué manera, las consecuencias sobre la economía real.

Este miércoles se han publicado los datos de morosidad de octubre de 2021, que la sitúan en el 4,36%, casi invariable respecto a meses anteriores. Sin embargo, según un análisis reciente de la Autoridad Bancaria Europea, un 7,7% del stock de moratorias crediticias de la banca española sufre ya morosidad, similar al 6,4% de las financiaciones con moratorias vencidas. La de los préstamos avalados por el ICO se sitúa todavía en el 2%, aunque va al alza. Es probable que en 2022 aumente significativamente la morosidad conforme se retiran los estímulos a la economía. Cuánto dependerá de si los préstamos concedidos durante la pandemia pueden devolverse o, simplemente, se está aplazando un problema al que habrá que enfrentarse pronto. El tiempo ganado —a diferencia de la crisis de 2008— puede haber traído más beneficios que desventajas. Entre otras cosas, porque la pandemia está durando más de lo esperado.

Será fundamental determinar si la financiación avalada y las moratorias concursales y de crédito contribuyen a mantener empresas zombie, aquellas que no tienen viabilidad, independientemente de la pandemia. No contribuyen a la recuperación y supondrán un serio problema. La reforma de la Ley Concursal, aprobada en Consejo de Ministros esta semana, pretende dar aire a las empresas antes de conducirlas al concurso de acreedores. No se tendrán en cuenta las pérdidas acumuladas en los años de pandemia. Existe riesgo de “procrastinación” si las empresas aprovechan para retrasar un final inevitable. No obstante, la reforma va a vigilar que estos comportamientos no acontezcan y, si finalmente se llega a la solución concursal, esta sea más ágil y eficiente.

Algo parecido sucede con la moratoria de crédito. Cabe esperar que la ampliación de plazos y otras ventajas del código de buenas prácticas permitan a muchas más empresas salir adelante en comparación a las que solamente aspiran a retrasar su final. Estas precauciones en España y otros países no obvian los problemas de vulnerabilidad empresarial arrastrados desde la crisis financiera. Son más graves para aquellas empresas que no ofrecen una mayor productividad en la “nueva economía” digital y sostenible. Parece que la actual crisis no será financiera y el impacto sobre las cuentas públicas (por las posibles pérdidas en los avales del ICO) será limitado, pero tendremos que esperar más tiempo para afirmarlo con total rotundidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Hacia la normalización crediticia

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El pulso de la recuperación se toma en muchas extremidades del entramado económico. El crédito es una de ellas. Tras una crisis, la actividad crediticia, a veces, lidera la reactivación económica. En otras, tiene una participación menor. En la pandemia quedó desde el primer momento patente que iba a ser un salvavidas para muchas empresas, gracias a mecanismos como los préstamos de bancos con aval del Instituto de Crédito Oficial. Entre todos los que estudiaban aquellas medidas en la primavera de 2020 surgían siempre dos cuestiones de medio plazo. La primera, cuál sería la morosidad que esos préstamos podrían acarrear, algo que se dilucidará aún en un futuro no muy lejano, pero que, en principio, parece bajo control. La segunda, si el puente de financiación creado podría sostenerse una vez que las ayudas fueran retirándose. Los datos que ofreció esta semana el Banco de España así parecen sugerirlo. No solo sigue aumentando el crédito a empresas, sino que hay también más animación en la que reciben las familias.

La financiación a empresas creció en septiembre un 2,5% en tasa interanual. Lleva siendo del 2-3% desde abril. Aunque los crecimientos registrados anteriormente fueron superiores (al amparo de las líneas del ICO), conviene recordar que en 2018 la tasa interanual media fue del -0,1% y en 2019 del 1,9%. Por otro lado, los préstamos a hogares comienzan a despegar con una variación interanual en septiembre del 0,8%, en la línea de las que vienen registrándose desde mayo, poniendo fin a más de año y medio pandémico de tasas negativas. El impulso no solo se observa en el segmento del consumo, que avanzó un 3,1%, sino también en vivienda, que por tercer mes consecutivo crece un 0,7% interanual.

En esta crisis no hemos vivido la situación de 2008, con quiebras y rescates bancarios por todo el mundo. En España, el crédito bancario avalado por el ICO ha ayudado (junto a los ERTE y ayudas directas) a acomodar mejor un shock sanitario tan terrible, así como los confinamientos y restricciones. Los bancos fueron un apoyo importante para reducir el impacto negativo de la Covid-19 y deben serlo también en la iniciada recuperación. Asimismo, sus mejoradas cuentas de resultados hasta septiembre sugieren una vuelta a la normalidad. Lo reflejan también las valoraciones bursátiles de las acciones bancarias, y las buenas perspectivas que les conceden muchos bancos de inversión y analistas.

El de hoy no es un problema inmobiliario o de estabilidad financiera. Es una cuestión de expectativas, de creencia en una recuperación que, poco a poco, se confirma. Ahora sí ha sido y debe seguir siendo con crédito. Sin estridencias, pero con el necesario apalancamiento. No obstante, el sector financiero debe continuar siendo prudente y no rebajar los estándares de control en esta fase de recuperación. De por sí, algunos créditos otorgados en la pandemia pueden ser problemáticos. Más aún en un contexto de tipos negativos o ultra reducidos a la vez que inflacionario (las deudas pesan menos con inflación) que genera un entorno propicio —como el actual— para el exceso de crédito.

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Facilidades crediticias tras la pandemia

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Aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto más durarán los efectos sanitarios y económico-financieros de la pandemia, ya empieza a hablarse de sus consecuencias ex–post y de las actuaciones que serán necesarias para aminorar los efectos sobre toda la sociedad. En el caso del impacto sobre el sector empresarial, la referencia para ese día después es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos, que regula los criterios para las posibles quitas y refinanciaciones a empresas y autónomos que solicitaron en su día préstamos a la banca avalados por el ICO.

El Código marca que las empresas en dificultades —siempre que sus bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos garantizados por el ICO. Otra alternativa para esas empresas es convertir los créditos avalados en préstamos participativos, lo que de algún modo es una conversión en capital. La última opción, más dramática, es negociar una quita para reducir la financiación avalada.

Son las posibilidades que abre el Código, pero no olvidemos que el propio sector financiero tiene sus propias capacidades en este proceso con su conocimiento de las empresas a las que presta, y gestiona activos y por su mayor capacidad de evaluación de riesgos. Las entidades financieras se dedican precisamente a esa administración, una vez concedido un crédito, a monitorizarlo y a gestionarlo con flexibilidad, si es necesario, para facilitar los pagos y evitar la morosidad. Tienen además incentivos a esa gestión prudente y a evitar llegar a los avales públicos para compensar pérdidas, porque reclamar esas garantías supondría, por un buen tiempo, unas dotaciones a insolvencias importantes que afectarían muy negativamente a la cuenta de resultados.

En este momento de la verdad, hay que valorar el programa de créditos avalados por el ICO. Fue una respuesta —esta vez sí, a diferencia de la crisis financiera de la década pasada— contundente, rápida y eficaz por parte del Gobierno y de las entidades financieras, en un contexto de confinamiento, cierre de muchas actividades y una gran incertidumbre sobre la duración. Si ahora es necesario acometer, con alguna frecuencia incluso, algunas de las situaciones menos deseadas del Código no debería valorarse ese programa de ayudas como algo que al final solamente ha generado problemas.

El programa, al aprobarse con esa contundencia y celeridad, permitió que muchas empresas no se derrumbaran a las primeras de cambio y hayan llegado hasta aquí. Sin esos créditos, se habrían multiplicado las quiebras, cierres de empresas y pérdidas de empleo. Se ganó un tiempo precioso que el sector financiero ha ido gestionando, y ahora le queda lidiar con el final, donde puede que existan soluciones más traumáticas. Los efectos positivos han sido mucho mayores que los negativos.

La mayor parte (el 98%) del sector en su conjunto se ha adherido al Código de Buenas Prácticas. Es una buena noticia porque, por un lado, contribuye a mejorar la imagen de las entidades financieras, que no les viene nada mal. Por otro lado, se genera menos incertidumbre sobre lo que pasará con los préstamos con mayores dificultades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los estados, al rescate

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Con el colapso de la actividad en sectores de enorme peso en nuestra economía como el turismo, la hostelería y el transporte, muchas empresas han contraído un volumen ingente de préstamos que las sitúa al borde de la insolvencia. Según estimaciones derivadas de la central de balances, una de cada siete empresas, que dan empleo a cerca de dos millones de personas, está sobreendeudada.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España y previsiones Funcas.

Conviene por tanto recordar que una de las principales lecciones de anteriores crisis es que el exceso de endeudamiento del sector privado puede lastrar la economía durante un tiempo más o menos largo, y provocar un estancamiento prolongado del nivel de vida. Las empresas sobreendeudadas no solo se resisten a añadir más pasivos a sus deteriorados balances, sino que incluso cuando la recuperación está en marcha prefieren dedicar sus ingresos a devolver préstamos en vez de invertir. Los bancos centrales intentan sin éxito paliar la situación abaratando los créditos, sin que esas empresas respondan a los incentivos. Prueba de ello, las dos décadas perdidas por Japón.

Por otra parte, ese contexto de abundancia de liquidez es propicio a nuevas burbujas financieras y a la proliferación de actividades de baja productividad que solo se mantienen con dinero barato y bajos salarios.

Por tanto, el statu quo entraña muchos riesgos. La solución, sin embargo, no puede consistir en aceptar como un mal necesario la quiebra de las empresas sobreendeudadas. Los negocios no son responsables de las restricciones aplicadas como consecuencia de la pandemia —tampoco los trabajadores que dependen de ellos—. Además muchos son viables y podrán reanudar su actividad cuando aparezca un antivirus efectivo. Ante una perspectiva tan preocupante, ha sido acertado prorrogar el periodo de devolución de los créditos concedidos por el ICO con avales públicos, y en adaptar los procedimientos de concurso de acreedores.

No obstante, esto no resuelve el problema de fondo, que es la falta de ingresos empresariales y su corolario, la elevación inexorable de las necesidades de financiación del tejido productivo. A corto plazo, la situación se aliviaría con la aportación de transferencias directas a negocios en dificultad por razones vinculadas a la pandemia, sobre todo pymes y autónomos que son las más vulnerables. Las grandes ya tienen acceso al fondo de solvencia para corporaciones estratégicas, dotado con 10.000 millones.

En Alemania, por ejemplo, el Estado compensa el 75% de las pérdidas incurridas por empresas afectadas por las restricciones impuestas en las últimas fechas para frenar los rebrotes —plan “ayuda de noviembre”—, dotado con 10.000 millones. El Gobierno francés, siguiendo los mismos pasos, acaba de crear un fondo de solidaridad para empresas y autónomos que cubre el 80% de las pérdidas generadas por los confinamientos de la segunda ola. Y el ejecutivo italiano prevé en su presupuesto para 2021 ayudas por 4.000 millones en condiciones similares. En todos los casos, se imponen límites a las transferencias, de forma que las pequeñas unidades productivas son proporcionalmente las más beneficiadas.

Además, Bruselas ha dado el visto bueno a esta estrategia, siempre y cuando los dispositivos estén acotados en el tiempo y que se focalicen en las empresas más perjudicadas por los cierres administrativos. Por la misma razón, la Comisión aboga por la extensión de las políticas de apoyo al empleo y al desarrollo de nuevas cualificaciones, todo el tiempo que dure la pandemia.

Si bien el agujero presupuestario se agravará, las medidas serían susceptibles de prevenir una pérdida adicional de tejido productivo, tras un 2020 que nos sitúa en posición desfavorable en Europa ante una posible recuperación. Además, muchas de las empresas sobreendeudadas han recibido créditos del ICO avalados por el Estado. A falta de ayudas, podrían suspender sus pagos, acrecentando el desequilibrio de las cuentas públicas a medio o largo plazo. El coste para Hacienda es por tanto ineludible. Asumirlo sin demora tendría enormes ventajas económicas y sociales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Personas y empresas

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Para paliar los devastadores efectos económicos de la covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos –tuvieran trabajo o no– y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTE y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse –únicamente para empresas y actividades viables– al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas –a fondo perdido– ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

«No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos».

Satingo Carbó

El Fondo Monetario Internacional junto a Rating Trust Corporation, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario –donde menos creíbles somos como país– tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes –sean personas físicas o jurídicas– y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad.

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

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