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El bitcoin: en fase de ascenso, pero igual de volátil y peligroso

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Bitcoin vuelve a estar en boca de todos. El aumento de su valor —con nuevo máximo de los dos últimos años esta semana—, la reciente autorización de la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos y la creciente apuesta de inversores institucionales y bancos internacionales por él están siendo vientos de cola. Resurge el entusiasmo por un instrumento complejo de entender, casi inexplicable desde la teoría convencional de activos financieros. Tampoco hay fundamentos teóricos nuevos que permitan comprender su demanda y sorprendente valoración. Las alertas de reguladores y economistas tienen toda la razón de ser. El último aviso relevante está en el blog del Banco Central Europeo, entrada de 22 de febrero, de dos de sus responsables de Infraestructuras de Mercados y Pagos, Ulrich Binseil y Jürgen Schaaf. Señalan que bitcoin ha fracasado en su promesa de ser la divisa digital descentralizada global y rara vez se emplea para transferencias y pagos legítimos. Indican que, a pesar de la aprobación de los ETF en bitcoin por parte de la SEC norteamericana, no cambia el hecho de que es inadecuado como medio de pago o inversión.

¿Cómo es posible entonces que se demande y se revalorice (con enorme volatilidad) esta criptomoneda? Algunos datos desde su lanzamiento en 2009 ilustran. Los más recientes (Crypto.com), señalan que 580 millones de personas son usuarios de criptomonedas en 2023. Esta demanda habría aumentado un 34% con respecto a 2022. Y sigue creciendo. El año pasado los propietarios de Bitcoin crecieron un 33%, de 222 a 296 millones. Para Ethereum, el aumento en 2023 fue del 39%, de 89 a 124 millones. Un gran número de usuarios tiene ambas monedas en sus wallets. En España, la información a partir de encuestas (de la CNMV y otras instituciones) muestra que entre un 5% y un 7% de los adultos afirma poseer criptomonedas. Entre 1,9 y 2,5 millones de españoles. Según esas encuestas, el 40% de los criptousuarios tiene bitcoins en sus billeteras digitales. El perfil típico en nuestro país correspondería con un hombre joven, que estudia o trabaja, con ingresos mensuales elevados y residente en grandes áreas urbanas. Un perfil que sorprende porque a priori se podría esperar un mayor nivel de educación financiera y prudencia con esas características.

En cuanto a la cotización de bitcoin, ha sido siempre una montaña rusa. El precio se mantuvo cercano a cero hasta finales de 2016, cuando superó los 900 dólares. 2017 trajo el primer auge y se disparó hasta llegar a 19.345 dólares en diciembre. Después se produjo una corrección durante 2018 y 2019. En 2020 se observó un nuevo repunte desde los 5.000 dólares —su valor más bajo al inicio de la pandemia en marzo—, hasta los 27.000 dólares con los que cerró el año. En noviembre de 2021 alcanzó su máximo histórico en 68.700 dólares. Desde este valor, se produjo una importante corrección que llevó a la moneda a los 16.600 dólares a finales de 2022, coincidiendo con la subida de los tipos de interés. Durante 2023 experimentó una recuperación desde sus niveles más bajos. Iniciaba el año con un valor que rondaba los 16.500 dólares —el más bajo desde noviembre de 2020— y, sin embargo, terminó cerca de los 42.200 dólares. A partir de octubre de 2023, su valor ha ido en alza y así empezó 2024 en los 43.450 dólares. Y ya se ha revalorizado más de un 20% (alrededor de los 57.000 dólares) en lo que ca de año y subiendo. La capitalización de Bitcoin hoy supera el billón de dólares, umbral que no se alcanzaba desde noviembre de 2021. En definitiva, una enorme volatilidad, una montaña rusa sin factores que puedan justificar esa evolución. Cierto es que se ha revalorizado cuando en el mercado se empiezan a descontar menores rentabilidades en otros activos financieros convencionales, o se ha hundido su valor cuando subía el precio del dinero, pero parece un vínculo y un argumento frágil y sujeto a determinantes pocos transparentes. Cancha para mucha especulación y manipulación del mercado. A ello se une la percepción de que su valor tiene algo que ver con la escasez relativa futura de bitcoins, ya que tiene un volumen máximo de 21 millones de monedas (tokens). Se han minado cerca 19 millones de bitcoins y quedan poco menos de dos millones por minar. Refuerzan esa idea de escasez los denominados procesos de halving —que tienen lugar cada cuatro años, el próximo en abril de 2024—, en los que la recompensa de minar un nuevo bloque disminuye a la mitad. Aun así, tampoco son argumentos suficientes para justificar su uso ni como inversión ni como medio de pago.

En suma, a pesar del nuevo periodo de euforia, las criptomonedas siguen siendo un instrumento inadecuado para la mayoría de los inversores minoristas y tampoco es útil como medio de pago. Es un activo totalmente desprotegido, alejado de sistemas de inversión garantistas sin escrutinio de los supervisores. La asunción tan excesiva de riesgos parece incomprensible. Se sobrevaloran las posibilidades de ganancia y no se ponderan suficientemente las posibles pérdidas. Al ser un instrumento tan poco transparente, se conoce bien poco de aquellos que perdieron mucho dinero en ese mercado. Algo debe haber fallado en la educación financiera en muchos países, a la luz del perfil de los inversores en criptomonedas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Por el mundo digital con la guardia baja

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Millones de personas transmiten diariamente datos personales, laborales y financieros a través de Internet. Gestionarlos de forma adecuada es esencial para salvaguardar la privacidad personal, prevenir el acceso y uso no autorizado de información sensible y proteger contra el robo de identidad y los fraudes. Reconociendo el derecho fundamental de las personas a la protección en relación con el tratamiento de sus datos personales, las instituciones europeas y nacionales han elaborado en los últimos años una densa estructura normativa para hacerlo efectivo. Por su parte, numerosas organizaciones y empresas promueven la participación en programas y cursos de ciberseguridad para concienciar a los usuarios de Internet sobre la importancia de la autoprotección. Sin embargo, las estadísticas disponibles indican que, en general, navegamos por Internet con la guardia baja.

En efecto, las Encuestas sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares realizadas en 2023 en los países de la Unión Europea reflejan niveles moderados o deficientes de medidas de protección, si bien se aprecian notables diferencias internacionales. Por ejemplo, en España, un 38 % de los internautas han modificado alguna vez la configuración de sus navegadores para restringir las cookies, cifra cercana a la media europea pero muy alejada de las que muestran Finlandia (66 %) o Países Bajos (56 %) (gráfico 1). En el mismo sentido apunta la menor frecuencia con la que los encuestados españoles afirman llevar a cabo prácticas tales como la instalación de software para limitar el rastreo en línea (un 17 %, tres puntos porcentuales (pp) por debajo de la media europea), una prudencia también menos frecuente en el resto de países del Sur y Este de Europa.


Otros indicadores ponen asimismo de manifiesto ese comportamiento excesivamente confiado de los internautas españoles. Así, según datos recogidos en 2020 por esa misma encuesta (no disponibles en la edición de 2023), más de la mitad de los encuestados en España (54 %) carecía de un sistema de seguridad en sus teléfonos móviles inteligentes o ignoraba tenerlo, frente al 37 % de la media europea. Además, un 34 % nunca había restringido el acceso de las aplicaciones a los datos de sus dispositivos o desconocía la posibilidad de hacerlo, cifra que superaba en 7 pp a la de la media europea (gráfico 2).


No obstante, en otras facetas, los españoles manifestaron una mayor cautela en la gestión directa de datos personales: en 2023 un 41 % afirmó leer las políticas de privacidad antes de proporcionar datos personales; un 63 %, haber restringido el acceso a su ubicación, y un 72 %, haberse negado en alguna ocasión al uso de sus datos para publicidad, cifras todas ellas superiores a las correspondientes a la media europea (gráfico 3).


La encuesta también refleja la existencia de diferencias sociodemográficas en estos comportamientos. Los mayores, las mujeres y las personas con menor nivel educativo se posicionan como los grupos más vulnerables por su menor precaución en la protección de sus datos. Ya sea por falta de habilidades tecnológicas o por desconocimiento de la importancia de proteger esta información personal, en general, las mujeres muestran menos prudencia en la protección de datos que los hombres de sus mismas edades, especialmente en cuanto a actividades algo más exigentes técnicamente, como la instalación de software (gráfico 4). La edad influye en el sentido esperado (los internautas mayores protegen menos la privacidad de sus datos), si bien la relación no es lineal: los entrevistados más jóvenes (de 16 a 24 años) se protegen menos que los que cuentan entre 25 y 34 años. También el nivel educativo marca diferencias en estas conductas. No llega a un tercio la proporción de internautas con educación secundaria o menos que ha configurado su navegador para limitar el seguimiento de cookies, mientras que esta cifra supera el 50 % entre quienes han completado estudios universitarios (gráfico 5).


Lo cierto es que los usuarios, aunque estén acostumbrados al uso cotidiano de la tecnología, muy a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para comprender los riesgos a los que están expuestos sus datos en el entorno digital y subestiman la importancia de su protección. Sus intereses han de conjugarse con los de las empresas, que se encuentran ante el dilema de aprovechar el uso de los datos de sus usuarios como oportunidad de negocio o adoptar una estrategia de diferenciación de marca basada en una mayor protección de datos. Estas tensiones se refuerzan con el auge de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes volúmenes de datos. Pero, además, los reguladores no solo actúan como árbitros, sino que también son parte interesada dado el potencial aprovechamiento del acceso a los datos de los ciudadanos, cuya exposición se incrementa a medida que las diferentes esferas de la vida se trasladan, cada vez más y de más variadas formas, al entorno digital.

En definitiva, la protección de los datos queda a menudo comprometida en un sinfín de decisiones que realizamos cotidianamente en nuestras actividades online. Utilizamos navegadores sin ser conscientes de que ofrecen distintos niveles de seguridad, privacidad y protección contra el rastreo online; entramos en páginas web con diferentes niveles de seguridad, descargamos aplicaciones móviles, servicios de mensajería y plataformas de redes sociales, cada uno con sus propios protocolos y políticas de privacidad, que incluyen, en ocasiones, la venta de datos de los usuarios. Todo ello abona una sensación de complejidad y entropía que conduce a menudo a reducir las cautelas. No es sencillo regular la protección de datos de manera que proteja a todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad o conciencia tecnológica, sin debilitar la inversión en innovación tecnológica ni frenar su avance en esa carrera internacional tan competitiva. Pero todos los esfuerzos por diseñar normativas que concilien esos intereses individuales, corporativos, políticos y administrativos en el manejo de datos personales resultarán de eficacia muy limitada si nos movemos por el mundo digital sin conciencia de los riesgos ni protección suficiente ante ellos. Insistir en este mensaje es probablemente una de las mejores formas de celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos.

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Nuevas guerras, nuevos efectos

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Que buena parte de los conflictos militares modernos tienen detrás intereses y efectos económicos es de sobra conocido. Sin embargo, poco a poco, estas contiendas están adquiriendo nuevas dimensiones con una complejidad estratégica muy importante. Es algo más de un toque de atención para los responsables de las políticas económicas y monetarias. En el tira y afloja de las últimas semanas, la baza de la UE y de Estados Unidos ha sido, principalmente, el establecimiento de sanciones. Por eso, las acciones más castigadas ayer, en un día aciago para los mercados, fueron las de empresas rusas. En el resto de plazas lo que se anticipa es un conflicto que aumentará precios de energía, costes de exportación e incertidumbre sobre la prolongación y alcance de la contienda.

Hay efectos nuevos, a veces desconocidos pero que se cuentan entre los principales temores de eventos extremos o menos predecibles. Entre ellos, los de ciberataques. No puede pasarse por alto que Rusia inició sus acciones sobre Ucrania colapsando sus sistemas de información institucionales y burocráticos y sus principales empresas y bancos. Son los asedios del siglo XXI. El problema es que ahora hay que redoblar los esfuerzos de protección porque esta es una guerra silenciosa que puede afectar a terceros. Hasta la fecha, este componente de pugna cibernética no ha sido explícitamente liderado por país alguno, aunque siempre se ha dicho oficiosamente que Rusia ha estado detrás de algunos de los más importantes. Su “oficialización” puede ser uno de los siguientes problemas. En un mundo en el que casi todo está interconectado, es un riesgo de primera magnitud.

Luego están las graves consecuencias sobre la energía. Rusia lo sabe. Es parte del verdadero órdago. Estados Unidos vigila y se siente ofendido por la acción de su gran rival del pasado siglo, pero la mayor parte del conflicto y de sus efectos se dejarán sentir en Europa, muy dependiente del gas ruso. Un problema grave en un momento delicado para la inflación en el que los bancos centrales intentan no pisar demasiado el acelerador de las políticas más restrictivas (subida de tipos de interés y retirada de estímulos) por miedo a descarrilar la recuperación. El primer efecto, que ya venía anticipándose en las últimas semanas, ha sido una subida del precio del crudo por encima de los cien dólares no vista desde 2014.

En términos comerciales, es cierto que muchos países (entre ellos, Estados Unidos) no dependen demasiado de las importaciones rusas. Sin embargo, tiene un enorme potencial desestabilizador para los precios de las principales mercancías (commodities) y materias primas, algo que ya ha sido un problema considerable para las cadenas de suministros en los últimos meses por la pandemia. Lo más difícil, tal vez, en términos de previsiones, es delimitar hasta qué punto es un conflicto aislado o si Rusia ha encontrado un camino para hacer movimientos secuenciales. Por eso, el establecimiento de duras sanciones es un mecanismo importante en el que no se puede perder la unidad de acción. Uno de los peores escenarios para 2022 está ahora ya en marcha.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Trabajar en remoto no es teletrabajar, ¿estamos preparados?

Artículo realizado por Juan Carlos Fernández. Abogado. CEO & Founder de Tecnogados.

La respuesta es, sí, estamos preparados por tecnología, pero no por organización y planificación de metodologías. Debido al aislamiento que estamos sufriendo por el COVID-19, las empresas y profesionales han visto modificadas sus pautas de trabajo, donde ha primado la improvisación de medios y metodologías para poder llevar a cabo el teletrabajo.

Pero ¿es lo mismo el teletrabajo que el trabajo en remoto?

Claramente no, este modelo de trabajo muy utilizado por organizaciones descentralizadas tipo Startups o empresas tecnológicas, donde sus trabajadores están dispersos por el mundo y donde su única herramienta de trabajo es su portátil y una conexión a internet, les permite movilidad y facilidad de adaptación. Los remotos tienen claramente definidas sus metodologías de trabajo, la planificación de sus canales de comunicación, tanto los síncronos como los asíncronos, la seguridad de su información, la disponibilidad, …; por lo que, en la actualidad de esta situación, ellos siguen desarrollando su actividad diaria con una rutina aparente. Siendo ahora un buen espejo donde mirarse, para perfilar cómo trabajan.

La dificultad viene de la mano de empresas donde prima la presencialidad de sus trabajadores y que se han visto obligadas a teletrabajar, teniendo un sinfín de problemas de adaptación al nuevo entorno de trabajo, donde la falta de planificación ha dado lugar a la improvisación y quien sabe, si esto derivará en futuros problemas de seguridad de la información y brechas de seguridad.

Claramente es imposible mantener las mismas medidas de seguridad en los equipos personales de sus empleados, unido a la conexión de la red particular, donde prima el desconocimiento de reglas de comunicación de las organizaciones y clientes. Pero dejando al margen de la seguridad de la información, las organizaciones tienen que definir unas metodologías y herramientas de comunicación, donde no puede ser el correo electrónico el principal medio, ya que este ladrón de tiempo puede dejar sin productividad de las empresas, a la vez que se enfrentan a posibles suplantaciones, phishing, ataques del CEO, …; ya que, no olvidemos, el correo electrónico es el principal medio utilizado por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus ataques y estafas.

“Desde Tecnogados estamos ofreciendo sin coste, consultoría sobre ciberseguridad, legalidad y privacidad de teletrabajo”

Es ahora el momento donde los Directores Ejecutivos deben tomar la dirección de las organizaciones definiendo relaciones contractuales con sus trabajadores, regulando las políticas de uso de los dispositivos, tanto los de empresa como los particulares, incorporando en este documento medidas y metodologías del teletrabajo, basadas en el consentimiento entre ambas partes, cuando los equipos son personales, pero aun así, fijando el empresario el uso de estos equipos cuando se esté desarrollando sobre ellos la jornada laboral, con el fin de proteger la información profesional, las comunicaciones con sus clientes y los datos personales de su organización. Definiendo dos entornos de escritorio, uno profesional, donde se despliegan las herramientas corporativas de la empresa, y cuando una vez finalizada la jornada laboral, el trabajador ejerce su derecho de desconexión digital, priorizando siempre las medidas de ciberseguridad, con el fin de evitar fugas de información empresarial.

Y por último, como dijo Einstein, la especie que sobrevive es la que mejor se adapta al cambio y ahora, éste es el teletrabajo, aprovechemos esta situación para sacar lecciones aprendidas y ver que el teletrabajo con una buena planificación es una realidad.  


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thoma-bravo-compra-a-sophos-en-casi-us$-4.000-millones

Thoma Bravo compra a Sophos en casi US$ 4.000 millones

La empresa de ciberseguridad Sophos anunció que se completó el proceso de adquisición por Thoma Bravo, en alrededor de 3.9 mil millones de dólares.

La firma de inversión Thoma Bravo adquiere a Sophos

Los términos del acuerdo establecen que los accionistas de Sophos recibirán 7.40 dólares por acción. El precio actual de las acciones de Sophos representa una ganancia de 168% para los inversores sobre el precio establecido en su Oferta Pública Inicial (OPI) de junio de 2015. 

Los accionistas de Sophos votaron para aprobar la transacción el 3 de diciembre del año pasado. Con la finalización de la adquisición, las acciones de Sophos dejaron de cotizar oficialmente en la Bolsa de Londres.

“En Sophos estamos entusiasmados de trabajar con Thoma Bravo e iniciar un nuevo capítulo de crecimiento y éxito, continuando con la misión de ofrecer la tecnología de ciberseguridad de última generación más efectiva del mundo”, dijo Kris Hagerman, CEO de Sophos.

Sophos tiene alianzas con más de 53,000 distribuidores y proveedores de servicio para proteger a más de 420,000 organizaciones y a 100 millones de usuarios de las amenazas más avanzadas. Su cartera de productos es administrada desde Sophos Central, una plataforma única e integrada basada en la nube; las soluciones trabajan en conjunto para compartir información en tiempo real y responder a amenazas con el enfoque de seguridad sincronizado de Sophos. 


4pasos.com

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