Demasiado a menudo el debate sobre las pensiones se plantea como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre detractores y defensores del Estado del Bienestar, entre economistas neoliberales y keynesianos; los primeros (según los segundos), empeñados en cuestionar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas para generar desconfianza en ellas y alentar las privadas; los segundos (según los primeros), aferrados a la idea del sistema público de pensiones como un pacto social intergeneracional cuyo mantenimiento no depende más que de la voluntad política de los gobernantes.
Semejante pugna se compadece mal con la historia. El sistema de pensiones de la Seguridad Social se trazó y comenzó a desplegarse durante el último tercio de la dictadura franquista ante la insolvencia del sistema de mutualidades laborales basado en la capitalización de aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores agrupados por ramas de producción. Nació, en realidad, de un fracaso institucional, no de un pacto social. Los gobiernos de la transición heredaron un sistema de pensiones joven, homologable al de otras democracias europeas, y decidieron desarrollarlo por convicción en la superioridad de este modelo para proveer rentas adecuadas a los trabajadores (y sus familias) que, por diversas contingencias, salieran del mercado de trabajo. Cuando en los años ochenta, con aproximadamente la mitad de afiliados a la Seguridad Social de hoy, los ingresos contributivos corrientes comenzaron a escasear para cubrir la totalidad de gastos contributivos (los remanentes de las cotizaciones se habían destinado habitualmente a otros gastos), se consideró necesario reformar las reglas de cálculo originales de las prestaciones, diseñadas de un modo desproporcionadamente “generoso”. Ese fue el gran objetivo de la reforma de 1985, que, junto con la de 2011 –ambas aprobadas bajo gobiernos del PSOE–, son consideradas por todos los expertos como las más eficaces en la racionalización del sistema de pensiones y la contención de su gasto.
Ciertamente, en el plano del discurso político, los partidos de izquierda han sido más enfáticos en la defensa del Estado del bienestar y sus diferentes pilares, toda vez que ella representa su médula programática. Sin embargo, no cabe olvidar que, antes de que se aprobara el Pacto de Toledo en abril de 1995 como dispositivo institucional para consensuar las reformas del sistema de pensiones y encapsular el debate partidista sobre ellas, probablemente nadie había expresado con tanta claridad y contundencia su preocupación por la evolución financiera de las pensiones como el ministro socialista Pedro Solbes, quien, como otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, anticipó la fuerte expansión del gasto en pensiones por razones fundamentalmente demográficas[1]. Desde la aprobación del Pacto de Toledo los ministros del ramo económico se han prodigado más bien poco en declaraciones sobre las pensiones, asumiendo esta función comunicativa quienes han ostentado las carteras del ramo social (Trabajo y Seguridad Social). Y así, aunque en las últimas décadas todos los gobiernos españoles han recibido numerosas “advertencias” de organismos internacionales, instituciones europeas y expertos nacionales y extranjeros acerca de la creciente presión financiera sobre el sistema de pensiones, las respuestas han sido generalmente del mismo tenor: “las pensiones están aseguradas hoy y en el futuro”, dando siempre a entender que mantendrán los actuales niveles de cobertura y sustitución de rentas. No se ha escuchado, sin embargo, la correspondiente oración adversativa: “… pero esto va a exigir más cotizaciones y/o más impuestos; es decir, más esfuerzo contributivo (de empresarios y trabajadores) y/o más esfuerzo tributario (de todos los ciudadanos).”
Las reformas del sistema de pensiones aprobadas desde 2021 responden, al fin y al cabo, a esa adversativa silenciada. Disponen el aumento de los ingresos a la Seguridad Social a través de cotizaciones y transferencias del Estado e incentivan el retraso voluntario de la jubilación. En 2024, recién iniciada la entrada en el sistema de pensiones de los baby boomers[2], el gasto en pensiones (estimado en 206.000 millones de euros, 13% del PIB)[3] supone cerca de un tercio del gasto de las Administraciones Públicas. Aunque el crecimiento de los ingresos por cotizaciones ha doblado holgadamente al del PIB (debido a la evolución de la afiliación y a las nuevas normas de cotización) y aunque la Seguridad Social ha recibido 56.000 millones de euros en transferencias (el equivalente a algo más de cuatro nóminas mensuales de pensiones), ha precisado un préstamo de unos 10.000 millones de euros para cubrir la totalidad del gasto comprometido.
De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050 el gasto en pensiones podría haber crecido al 16,1% del PIB. Otras fuentes sitúan esta cifra entre el 14,7% y el 17,3% del PIB[4]. Por tanto, ninguno de estos análisis pronostica que el crecimiento de la economía española vaya a ser capaz de estabilizar el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Pero tampoco ninguno amenaza con la “quiebra” del sistema, si bien algunos sí llaman la atención sobre el coste de oportunidad derivado de la asignación de más recursos públicos a las pensiones.
Por su complejidad técnica, el debate de las pensiones se presta a la asunción de marcos de interpretación excesivamente simplificados. Alejémonos de ellos y exijamos que los análisis sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones sean juzgados por la calidad y transparencia de sus datos y cálculos (lo que posibilita su contraste y réplica) y por la consistencia de sus conclusiones, sin prejuzgar sus intenciones antes incluso de leerlos.
[1] En palabras de Pedro Solbes: “No hay ningún problema en cuanto al cobro de pensiones en el momento actual ni lo va a haber en los próximos diez o quince años. El problema es para después” (véase, por ejemplo, la portada de ABC, de 22 de febrero de 1994). En cuanto a las declaraciones de otros funcionarios de ese ministerio, véase Herce, J. A. y Pérez-Díaz, V. (1995). La reforma del sistema público de pensiones, Barcelona: laCaixa, págs.68-70.
[2] Hombres y mujeres nacidos entre 1958 y 1977, periodo durante el cual se superó la cifra de 650.000 nacimientos anuales (en 2024, el número de nacimientos en España se situó en 322.000).
[3] Instituto Santalucía, Pensiómetro 1/2025, pág. 14 (Datos provisionales).
[4] Muy próxima a la cifra más elevada se halla la estimación de Miguel Ángel García presentada en las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas.
