una-contribucion-a-la-sociedad-poco-visible-y-apreciada,-pero-de-gran-valor-social

Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

Comparte esta entrada



El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.



Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).


España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).


De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.


Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).


Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).


Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.


[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

Comparte esta entrada



Leer más
igualdad-y-seguridad-social

Igualdad y Seguridad Social

Comparte esta entrada



A lo largo de las últimas décadas la legislación
laboral y de la Seguridad Social ha experimentado diversas reformas para
cumplir con los principios de igualdad y no discriminación por razón de sexo
recogidos en el Artículo 14 de la Constitución española. Los principales
cambios en la materia han sido los relacionados con la protección a la
maternidad, la paternidad y el cuidado de niños y personas dependientes, para
incluir los preceptos contemplados en diversas leyes orgánicas de nuestra
historia más reciente como son la Ley 2003 de reconocimiento de plenos derechos
a las parejas de hecho y legalización del matrimonio homosexual; la Ley del
2004 de medidas de protección integral contra la violencia machista; o la Ley
de Igualdad del 2007. Desde principios de los noventa además, la
legislación se ha modificado para dar cobertura a la filiación no biológica
en exactamente las mismas condiciones y con los mismos derechos que la
biológica. El Real Decreto 1/1995, por ejemplo, reconoce por primera vez la
adopción como situación causante de los permisos para la lactancia y la
excedencia, que antes solo se reconocía a los hijos biológicos. Importante ha
sido también el reconocimiento de derechos a los padres que antes solo se
otorgaban a las madres como por ejemplo el permiso de lactancia en caso de que
ambos progenitores trabajen.

Ha habido también mejoras en este ámbito que llegan gracias a compromisos políticos más amplios. La revisión y actualización del Pacto de Toledo en el año 2003 constituye un importante ejemplo en este sentido. Se abordaron de manera directa y por vez primera los asuntos relacionados con la protección a las mujeres trabajadoras, recogiendo la necesidad de “adoptar de forma urgente medidas que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno desarrollo laboral y profesional de las madres”, como estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto dio pie a toda una serie de recomendaciones y medidas que fueron un incentivo clave para los sucesivos avances legislativos, como lo constata también el Informe de seguimiento del Pacto del año 2008. Todos estos avances legislativos y de la práctica de política pública no sólo dan respuesta a una realidad social muy distinta a épocas precedentes, sino que también se ajustan a los principios recogidos en sendas directrices europeas. En su globalidad, el sistema de la Seguridad Social consigue reflejar hoy un sistema de protección social igualitario y garantista.

«Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional».

Sin embargo, existen dos elementos que limitan sobremanera el alcance de estas reformas. En primer lugar, la crisis económica de 2008 supuso un freno considerable a todo el impulso precedente por modernizar la seguridad social. En 2010 por ejemplo se derogó la asignación de 2.500 euros anuales por nacimiento introducida en 2007 y perdió por tanto su carácter universal quedando limitada a casos de nacimiento en familias numerosas, monoparentales o con madre discapacitada. En nuestro estudio comparamos el comportamiento de los permisos laborales con el de las prestaciones monetarias en relación a su permanencia en el tiempo y concluimos que los primeros resistieron mejor los embates de los años de crisis y austeridad, permaneciendo vigentes en su totalidad a día de hoy. Las prestaciones monetarias, por su parte, si bien mantuvieron la tendencia incremental hasta el año 2010, se vieron fuertemente mermadas por los ajustes presupuestarios de los últimos años. En segundo lugar, y relacionado también con el punto anterior, la elevada precariedad del mercado laboral español se traduce en una muy desigual capacidad de las trabajadoras y trabajadores al acceso y disfrute de las distintas prestaciones y beneficios. Los bajos salarios, la elevadísima temporalidad y el trabajo a tiempo parcial involuntario dinamitan en muchos casos las opciones de conciliación entre la vida laboral y la familiar sobre todo de las mujeres situadas en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. En el análisis realizado sobre coberturas ponemos de relieve la existencia de importantes brechas de inequidad de género y socioeconómicas. La reducción de ingresos y la percepción de inseguridad laboral que existe en torno al uso de permisos y prestaciones afecta directamente a su muy desigual uso por parte del conjunto de la fuerza laboral. Todo ello pone sobre la mesa importantes desafíos para la cultura laboral en nuestro país, especialmente en cuanto a la mejora de los niveles de confianza laboral para el ejercicio de estos derechos y la efectiva conciliación de las vidas laboral y familiar. El impulso legislativo por mejorar el uso y disfrute de los derechos choca en la práctica con la realidad de un mercado laboral extraordinariamente precario y vulnerable que dificulta en demasiadas ocasiones el ejercicio efectivo de esos derechos. Apuntamos también que en la medida que se observa una fuerte segregación ocupacional, las diferencias entre las mujeres mejor y peor situadas en el mercado laboral pueden llegar a ser más fuertes que las brechas que observamos entre hombres y mujeres. Una extraordinaria precariedad en la base de la fuerza laboral junto a unas trayectorias laborales femeninas en el vértice bastante homologadas a las trayectorias laborales masculinas, combinan para explicar la existencia de esta brecha intra-grupos.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Igualdad y Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

Comparte esta entrada



Leer más
las-cuentas-de-la-seguridad-social

Las cuentas de la Seguridad Social

La Seguridad Social es la
institución pública que gestiona un mayor presupuesto en España. En el año
2018, 148.369 millones de euros, un 30% del gasto consolidado de todas las administraciones
públicas, correspondieron a las actividades desempeñadas por el sistema de
Seguridad Social, siendo las pensiones contributivas la parte fundamental de
dicho gasto. A su vez, la fuente principal de recursos de la Seguridad Social
son las cotizaciones sociales, que en 2018 suponían el 87,75% de los ingresos
no financieros del sistema. A continuación, las transferencias del Estado, con
el 11,19%, destinadas principalmente a financiar las prestaciones no
contributivas.

Pero, a diferencia de las
prestaciones económicas, que en el lado del gasto prácticamente han duplicado su
peso en relación con el PIB entre 1977 y 2018 (del 5,95% al 11,80%), las
cotizaciones sociales han mantenido una senda de estabilidad casi siempre
ligeramente por debajo del 10% del PIB. La recaudación por cotizaciones
sociales depende del número de cotizantes, de las bases de cotización y de los
tipos. Si estos no varían, y puesto que las bases están asociadas a los
salarios y, a largo plazo, estos se vinculan a la productividad, el resultado
es que los ingresos por cotizaciones evolucionan a un ritmo muy similar al PIB
nominal. En consecuencia, si el gasto se duplica en términos de PIB y las
cotizaciones se mantienen constantes, se comprende fácilmente la aparición de tensiones
financieras, algo que ha sucedido desde que las prestaciones económicas superaron
el 10% del PIB, es decir, a partir del año 2010.

La sostenibilidad financiera de
la Seguridad Social se ha convertido así en el principal problema al que se
enfrenta la hacienda de las administraciones públicas españolas. En el contexto
del proceso de consolidación fiscal, la Seguridad Social no solo no ha mejorado
sus registros de déficit, sino que desde 2009 los ha empeorado progresivamente,
hasta enquistarse en cifras en torno al -1,4% del PIB en los tres últimos años.
Y, a pesar del aumento de la recaudación por cotizaciones, no es fácil que el
déficit pueda cerrarse sin realizar ajustes por el lado del gasto. La clave, en
ese punto, son las pensiones contributivas, que por sí solas representan más del
90% de todo el gasto en prestaciones económicas.

Con todas sus limitaciones e
imperfecciones, la Seguridad Social española puede mirarse sin complejos en el
espejo de nuestros socios europeos. En materia de pensiones, por ejemplo, y
desde la instauración de la democracia, el gasto se ha multiplicado por 4,5 en
términos reales, con un número de beneficiarios que se ha más que duplicado y
un valor de la pensión media que es también más del doble en términos reales. A
su vez, la tasa de sustitución neta, medida como el cociente entre la pensión
media neta y el salario medio neto, supera el 80% y se sitúa entre los primeros
países de la Unión Europea.

«La Seguridad Social española protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán mayores esfuerzos presupuestarios».

Gracias a la generalización del
sistema de pensiones y a la mejora de las pensiones medias, la vejez ha dejado
de ser sinónimo de pobreza en España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 solo el 4,6% de
los jubilados estaban ubicados en el primer decil de ingresos, frente al 26,5%
de los parados y al 5,9% de los ocupados. Y la tasa de pobreza de los jubilados
era inferior a la de los ocupados y, desde luego, a la de los parados. En
términos comparativos, la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es inferior
a la media de la Unión Europea y a la de países como Alemania, Reino Unido,
Suecia o Italia.

La Seguridad Social española
protege bien a los hogares de pensionistas, pero no atiende suficientemente a
las familias jóvenes con hijos, con parados o sin ellos. Y tampoco la
Administración central contribuye en la cuantía que fija la ley a la
financiación de la atención a la dependencia. Existen, por tanto, huecos
importantes en las necesidades sociales de la población española que requerirán
mayores esfuerzos presupuestarios, tanto desde la Seguridad Social como desde
el Estado. Y ello agravará la presión sobre el gasto público, más allá de la
propia dinámica demográfica y económica del sistema de pensiones.

El “dividendo demográfico” hace
ya tiempo que se agotó, y la propia historia de éxito de la Seguridad Social
española se ha convertido en una amenaza para su sostenibilidad financiera. Entre
2017 y 2019, en solo tres ejercicios, el Estado ha tenido que facilitar a la
Seguridad Social préstamos por un importe superior a los 37.000 millones de
euros, además de dos transferencias de 1.334 millones cada una destinadas a
apoyar su estabilidad financiera. En total, más de 40.000 millones de euros
para cubrir el déficit de cotizaciones del régimen contributivo.

Las medidas que en ocasiones se proponen para aliviar la insuficiencia financiera de la Seguridad Social, cargando sobre los impuestos del Estado los gastos generales de gestión del sistema y las bonificaciones a las cotizaciones en materia de contratación, o desviando una parte de las cotizaciones por desempleo a financiar las contingencias generales de la Seguridad Social, pueden contribuir a resolver una parte del problema a corto plazo —aunque trasladando el coste a otros agentes del sector público que también se encuentran en posición deficitaria—, pero no evitarán la necesidad de adoptar medidas de ajuste de mucho mayor calado a medio y largo plazo. El déficit presente y, sobre todo, el que se anticipa en el futuro de no mediar medidas intensivas de corrección son una amenaza para el conjunto del sector público español. Cuanto antes se inicien las reformas del modelo actual, mayor amplitud temporal habrá para distribuir los costes del ajuste entre las distintas generaciones.

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Las cuentas de la Seguridad Social’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social

Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies