corregir-la-segregacion-de-genero-en-el-mercado-laboral-es-crucial-para-alcanzar-la-igualdad

Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

Comparte esta entrada



La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).


En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.


Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres.  Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.


Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.


En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

Comparte esta entrada



Leer más
la-(des)organizacion-de-la-evaluacion-de-la-eficiencia-de-medicamentos-y-otras-tecnologias-sanitarias-en-espana

La (des)organización de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en España

Comparte esta entrada



En España, actualmente, el desarrollo de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias (EETS) corre a cargo de una compleja y confusa constelación de instituciones, organismos, órganos, unidades y redes que, más que constituir una organización, deriva en una desorganización. Esta confusión dificulta el funcionamiento y la coordinación, derrocha recursos escasos, especialmente de personal altamente cualificado, limita los esfuerzos meritorios e indudables que realizan las organizaciones y las personas participantes y devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados. Así, resultan perjudicados el Sistema Nacional de Salud (SNS), los ciudadanos y las empresas productoras o comercializadoras.

Esta es la principal conclusión de una nota técnica recientemente publicada por Funcas, segunda de una serie de tres, cuyos autores somos Juan Oliva, José Vida y el firmante de este artículo. La primera analiza la evolución de la regulación y la práctica de la EETS y la tercera ofrece propuestas de reforma. En este blog ya hemos comentado en qué consiste la EETS, las barreras que se le oponen, su muy insuficiente regulación, su desarrollo en la práctica y las últimas tendencias.

Este segundo documento parte de las aportaciones de la teoría sociológica, jurídica y económica (Weber, Milgrom y Roberts…) sobre la Administración “ideal”, el Estado de Derecho y la importancia de las organizaciones como “factor productivo”. En su aplicación a los procesos técnicos de EETS las ideas fuerza son la eficacia, la independencia respecto de los vaivenes y las decisiones políticas, combinada con control democrático y la concepción moderna del buen gobierno.

Cuatro cuestiones organizativas
transversales determinan el sino de la EETS en nuestro país. La Unión Europea carece de mandato para imponer un
modelo, aunque puede garantizar la coordinación, tal y como hace en el
Reglamento (UE) 2021/2282. A nivel interno, al Estado corresponde la competencia
para realizar la evaluación económica de las prestaciones sanitarias básicas de
la cartera común, mientras que las CC.AA. pueden evaluar las prestaciones
complementarias no financiadas a nivel estatal, así como las básicas, siempre
que sea para optimizar su gestión y no para dificultar su acceso. Por otro
lado, los medicamentos siguen en España regulaciones y procesos de evaluación
separados y estancos respecto de las demás tecnologías sanitarias, escisión que
impide aprovechar economías de escala y recursos humanos muy especializados,
además de que la separación es técnicamente cada vez menos clara. En cuarto
lugar, se destacan los problemas organizativos generales del Ministerio de
Sanidad: postergación de las políticas de salud y asistencia sanitaria,
insuficiente liderazgo (26 ministros en 45 años),
estructura orgánica reducida, mutilación de órganos clave, escasez y
envejecimiento del personal,
retribuciones reducidas y ausencia de un mecanismo garante de su
especialización.

El análisis de las entidades
relacionadas con la evaluación de la eficiencia de los medicamentos (Dirección
General de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia, Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y su Comisión Permanente de Farmacia, la Comisión
Interministerial de Precios de Medicamentos, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Comité Asesor para la
Financiación de la Prestación Farmacéutica) revela que no tienen una
organización suficiente. Sólo la AEMPS es un organismo técnico potente, aunque
no es independiente del poder político. La Red de Evaluación de Medicamentos
sólo ha funcionado dos años y medio, hasta ser liquidada por una sentencia de
la Audiencia Nacional de 26 de junio de 2023, por obvias razones de falta de
sustento legal.

La evaluación de eficiencia de las demás tecnologías sanitarias tiene también problemas organizativos. Su arquitectura separa adecuadamente las misiones de evaluación técnica y decisión, pero sin garantías legales de la independencia de la primera. Las “agencias” que integran la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, son pequeñas unidades administrativas con pocos recursos, debilidad que alcanza notoriamente a la estatal, una unidad menor dentro del Instituto de Salud Carlos III, integrado, al menos orgánicamente, en el Ministerio de Ciencia y no en Sanidad. Quedan dudas sobre si una estructura “en red” concuerda con el reparto competencial entre el estado y las comunidades autónomas (CC. AA.); si es más o menos operativa que una entidad única alternativa de ámbito nacional (costes de transacción frente a costes de organización) y si los entes integrantes alcanzan una dimensión crítica mínima.

Las deficiencias organizativas generales en
la EETS que identifica la nota técnica son, en definitiva, las siguientes:

  • Ausencia de un diseño de conjunto del sistema y exceso de órganos y organismos intervinientes.
  • Carencia de un marco normativo completo.
  • Falta de garantías legales y organizativas para la plena realización de los principios de buen gobierno (eficacia y competencia, independencia técnica, transparencia, rendición de cuentas, participación…).
  • No separación entre los procesos de evaluación económica de los medicamentos y de decisión.
  • Insuficiente coordinación entre el Gobierno/AGE y las CC. AA.
  • Plantillas de personal técnico, manifiestamente insuficientes.

El
documento, con base en su detallado diagnóstico, concluye que resulta
imperativo sustituir esta desorganización por un sistema coherente. Se impone una
reforma con visión de conjunto, estratégica, que tenga presente que el progreso
y la sostenibilidad del SNS dependen de una EETS de amplia cobertura, bien
regulada y organizada, con calidad metodológica e independencia intelectual y
correctamente dotada de medios y personas.

El webinario de Economía y Políticas de Salud celebrado el pasado 12 de diciembre de 2023 en el que se presentaron estas notas técnicas es fácilmente accesible en el canal de Youtube de Funcas.

Comparte esta entrada



Leer más
la-evaluacion-de-la-eficiencia-de-las-tecnologias-sanitarias-en-espana

La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España

Comparte esta entrada



La evaluación organizada,
sistemática e independiente de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y de otras tecnologías
sanitarias es una cuestión clave para los sistemas sanitarios actuales. Si
añadimos la consideración de los costes, tenemos la
evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS), muchas
veces llamada “análisis coste-efectividad”, que también
es decisiva.

La EETS compara los beneficios para la salud y los
costes incrementales del tratamiento estudiado frente a su mejor alternativa. Responde
a la pregunta: las ganancias adicionales en términos de
salud que proporciona la nueva tecnología ¿valen el precio que tenemos que
pagar por ellas? Si la respuesta es negativa estamos derrochando recursos que
podrían emplearse mejor en otras finalidades capaces de generar resultados
superiores en salud, es decir, estamos perjudicando a los pacientes
destinatarios de éstas, sin beneficiar a aquellos a los que se dirige la
tecnología ineficiente. Aquí la eficiencia no es una cuestión de ahorro, es una
cuestión de salud.

Un ejemplo: un
estudio[1]
analizó en 2007 las mejoras en salud que proporcionaba una terapia con el
novedoso anticuerpo monoclonal bevacizumab, contra el cáncer de colon
metastásico, y su coste incremental. Un año de vida ganado frente a la terapia
alternativa suponía casi 150.000 euros de coste incremental, que se estimaba
muy por encima del valor de referencia aceptable (disponibilidad a pagar) del
SNS y, por tanto, no resultaba ser eficiente. También se examinó su impacto
presupuestario que llegaría a 20,5 millones de € por año, en hipótesis conservadoras.
En estos resultados influyen mucho el cálculo de las ganancias en salud, sobre
las que puede haber mucha incertidumbre, y el precio del medicamento.

Hacer pasar sistemáticamente a los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias por el filtro de la EETS es necesario, ya que están en las avanzadillas del conocimiento y continuamente se producen innovaciones punteras en infinidad de campos terapéuticos. Valorarlas de manera individual e informal es ilusorio. Hoy asistimos a una biorrevolución protagonizada por los medicamentos biotecnológicos, la genómica, las terapias de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), o las herramientas CRISPR útiles para la investigación y el tratamiento de enfermedades genéticas. Estas últimas se han empezado a aprobar por las agencias reguladoras de ETS para tratar enfermedades concretas hace sólo dos meses.

A este ritmo acelerado de la innovación en campos
complejos se une que la información sobre el balance beneficio/riesgo que se
obtiene de los ensayos clínicos de eficacia y seguridad es complicada y costosa
de conseguir, está sometida a altos niveles de incertidumbre y puede ser modificada
por nuevas pruebas científicas obtenidas con su uso en el mundo real. Por otro
lado, los estudios de evaluación no pueden extenderse ni prolongarse sine die, dada la urgencia de disponer
de las innovaciones potencialmente resolutorias de necesidades terapéuticas importantes
no cubiertas. Además, toda esta información no sólo es imperfecta, sino también
asimétrica, pues quien mejor dispone de ella son las empresas innovadoras.

Esta complejidad se aprecia en un estudio, que comprobó que para más de la mitad de los medicamentos autorizados en Alemania entre 2011 y 2017 no se había podido demostrar que habían generado un beneficio clínico adicional, frente a un 10 % con beneficio importante y un 15 % con beneficio añadido considerable.

Por todas estas razones las Administraciones
Públicas organizan y desarrollan legislación, organismos y métodos de evaluación de tecnologías sanitarias como un
mecanismo de defensa de los consumidores y de los intereses de los sistemas
públicos de salud.

La EETS, además
de necesaria es decisiva porque afecta en primer término a la salud de los
pacientes; según se organice, estimula o deprime la innovación biomédica; condiciona
a sectores productivos de gran importancia y puede contribuir a racionalizar el
gasto público en sanidad al orientar las decisiones de precios a pagar y de
atribución de financiación pública a la incorporación de nuevos medicamentos y
tecnologías. La industria farmacéutica
en España en 2020 era el noveno sector industrial por VAB generado, ocupaba a
50.984 personas (el 2,2 % de toda la industria española), y era el tercer
sector por intensidad de innovación (Ministerio de Industria Comercio y Turismo
2023). En 2022 también era tercero por exportaciones (Farmaindustria 2023). Por
su parte, la industria de tecnologías sanitarias en 2022 facturó 10.150
millones de euros, el 43 % exportados y superó los 30.500 puestos de trabajo
directos (FENIN 2023). En el año 2022, el gasto público en medicamentos y
productos sanitarios ascendió a 28.258,2 millones de euros (Ministerio de
Hacienda 2023).

Funcas ha publicado en los últimos meses tres notas técnicas sobre la EETS en España, cuyos autores somos Juan Oliva, Catedrático de Economía, Universidad de Castilla la Mancha; José Vida, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y quien esto suscribe. El primero examina las barreras que se oponen a la EETS, su regulación —muy insuficiente—, su grado de desarrollo en la práctica y las nuevas tendencias en nuestro país. El segundo estudio describe la compleja y defectuosa organización administrativa al servicio de la EETS. El tercero contiene una propuesta concreta y detallada de reorganización de las entidades administrativas responsables. Además, el 12 de diciembre de 2023 se presentaron y comentaron dichas notas técnicas en un webinario de Economía y Políticas de Salud que se puede ver en el canal de Youtube de Funcas. Como comentaristas intervienen José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, que habló desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y José María Labeaga, Catedrático de Economía de la UNED, quien intervino desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas. En sucesivos artículos resumiremos su contenido y conclusiones.


[1] Casado
et al. Análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario del tratamiento
en primera línea del cáncer colorrectal metastásico en España. Rev Esp Econ
Salud 2007;6(2):106-18.

Comparte esta entrada



Leer más
el-turismo-internacional-acaricia-los-niveles-prepandemia

El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia

Comparte esta entrada



Este año, por fin, el turismo internacional dejará atrás el colapso provocado por la pandemia. Las buenas expectativas parecen haberse cumplido en verano y, comparando con el año 2022, el discurso es triunfalista. Pero conviene recordar qué supuso la pandemia en la llegada de turistas internacionales. El gráfico 1 muestra la evolución mensual de llegadas de turistas a España en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre de 2021, solo se había alcanzado el 50% de los registros de 2019 y no ha sido hasta octubre de 2022 cuando se ha estabilizado este flujo. En los primeros nueve meses de 2023 los turistas internacionales que han llegado a España casi están en la cifra de 2019, tan solo un 0,6% por debajo.


La recuperación mantiene la elevada concentración de la actividad turística en seis comunidades autónomas, en este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid. La cuota de estas seis regiones es del 90,3% y aunque el ranking no ha variado, sí se observan cambios. El más relevante es el menor número de llegadas a Cataluña respecto de 2019 y una tendencia opuesta, al alza, en la Comunidad Valenciana y los archipiélagos. Por lo demás, destaca el intenso crecimiento de la zona del Cantábrico.

La motivación principal de los turistas que
visitan España sigue siendo por “ocio”, de acuerdo con la especialización de
nuestro país en el turismo de sol y playa. Pero el turismo de negocios se
encuentra en un nivel un 15,6% inferior al máximo de 2019. La lentitud en la
recuperación de este tipo de turismo podría deberse al uso masivo de
videoconferencias y de trabajo online;
un factor que, posiblemente, también contribuye a que las llegadas de turistas por
estudios sean un 17,4% menores que antes de la pandemia. Estas caídas son, incluso,
mayores en Cataluña, aunque lo que realmente explica sus cifras es la pérdida
de casi un millón de turistas vacacionales. Si esta tendencia es coyuntural o producto
de un cambio de preferencias, deberá analizarse con más datos. No hay que
olvidar que Barcelona es una de las ciudades europeas que, junto a Venecia o
Dubrovnik, presenta más problemas en relación con el overtourism.

El crecimiento de los apartamentos turísticos es un fenómeno creciente en muchas ciudades. En Málaga, la mayoría (56,1%) de las plazas de alojamiento turístico de mercado son ya Viviendas de Uso Turístico (VUT). La media de los 20 municipios españoles con mayor oferta de alojamiento turístico es del 26%; Madrid y Barcelona están en el 29,9% y 28,5%, respectivamente; y, en el otro extremo, en Palma de Mallorca solo el 10% de las plazas son en VUT, por la prohibición impuesta en 2018 de alquileres vacacionales salvo en chalets o viviendas unifamiliares.

El turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue igual. El panorama presenta capacidad de mejora a partir de la posible evolución futura del mercado chino.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales,
Reino Unido y Alemania continúan perdiendo cuota, pero Francia muestra un
fuerte dinamismo. De estos tres mercados procede casi la mitad de los turistas
(el 47,4%).  El cambio más evidente en
los mercados emisores es el aumento de turistas americanos (un 14,7% en
aquellos procedentes de EEUU y un 26,1 para el resto de América), que representan
ya el 10% del total. La Comunidad de Madrid ha recibido al 41,5% de ellos, lo
que contribuye a que sea la comunidad con mayor gasto medio diario (seguido de
Cataluña y País Vasco). De hecho, solo estas estas tres comunidades superan los
200€ de gasto medio diario. La cuota americana impulsa el crecimiento en el gasto
medio diario real
[1] que, respecto a 2019 ha
crecido
un 2%, por encima de lo que aumentaron las llegadas de turistas.

En realidad, los turistas de la categoría “resto
del mundo”[2] son los que más gastan. Los
mercados asiáticos aún estaban muy lejos de alcanzar el nivel de 2019; en
especial, China, debido a sus políticas de Covid cero. A lo largo de 2023 se
han ido suavizando estas medidas —y eliminado en agosto—, por lo que se espera
que el flujo de estos turistas crezca en los próximos meses.

En
conclusión, el turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas
en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue
igual. Entre los cambios observados se señala: i) unos resultados débiles tanto
en llegadas como en gasto en el destino líder (Cataluña), y ii) un fuerte
aumento de turistas americanos, con mayor gasto diario medio. Este panorama
presenta capacidad de mejora, ya que se espera un intenso incremento de los
turistas procedentes de China. Todo ello permite ser optimistas en cuanto a los
resultados del sector para 2024, aunque sin obviar la complicada realidad
geopolítica internacional actual.

Esta entrada es un resumen del artículo “El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia” publicado en el número 297 de Cuadernos de Información Económica.


[1] Para deflactar, se emplea el
índice de precios al consumo (IPC) general de cada comunidad autónoma y no el
particular de turismo debido a que cada vez más se utilizan alojamientos no de
mercado, se realizan compras en el supermercado y se utiliza el transporte,
entre otros.

[2] Los países que más turistas aportaron en esta categoría en 2022 fueron, en
este orden, Corea del Sur, India, Japón, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia
Saudí y China.

Comparte esta entrada



Leer más
a-la-espera-del-informe-de-draghi-sobre-la-competitividad-europea

A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

Comparte esta entrada



Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

Comparte esta entrada



Leer más
competencia-global-por-el-talento

Competencia global por el talento

Comparte esta entrada



Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

Comparte esta entrada



Leer más
¿por-que-los-medicamentos-biosimilares-importan-a-la-economia?

¿Por qué los medicamentos biosimilares importan a la Economía?

Comparte esta entrada



Los “medicamentos
biosimilares” todavía son unos desconocidos. Sin embargo, tienen una gran
importancia económica. Implican a la innovación, la competencia, la regulación,
el diseño de mecanismos de incentivación y la eficiencia del gasto público de
forma interrelacionada.

El desarrollo de la ingeniería genética y las técnicas de ADN recombinante permitieron el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos que en los últimos 30 años han abierto grandes oportunidades a la terapéutica. También tienen un alto coste por paciente (10.00 – 100.000 € tratamiento /año) y un elevado peso en los presupuestos de los hospitales y del SNS, así como en el gasto farmacéutico agregado (crecen anualmente a doble dígito). Ellos protagonizan actualmente la innovación farmacológica, pues en 2022 fueron más del 70% de los nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Cuando la patente del biotecnológico expira puede comercializarse por otras empresas distintas de la innovadora. Estos productos seguidores se denominan biosimilares. Es obvio que su aparición depende de la innovación previa que suponen los productos a los que siguen. Además, estimulan la innovación de estos últimos porque las empresas saben que al caducar la exclusiva de comercialización que implica la patente desaparecerán los ingresos extraordinarios asociados. Precisamente, generar competencia en precios es otra de sus virtudes económicas. En esto se parecen mucho a los medicamentos genéricos (de síntesis química). Permiten la aparición de competencia en el mercado y, como predice la teoría económica, tienden a comercializarse con precios más bajos. La resultante de la competencia en precios es que los biosimilares han acarreado muy importantes ahorros económicos. En España, Manuel García Goñi y colaboradores estimaron que entre los años 2020-2022 permitirían ahorrar 2.856 millones de euros al Sistema Nacional de Salud.

Para que los
medicamentos biosimilares pudieran entrar en el mercado han sido precisos ciertos
cambios imaginativos en la regulación sanitaria, en cuyo desarrollo la Unión
Europea ha sido pionera. Es fundamental que médicos y pacientes confíen en que
son tan eficaces y seguros como los productos innovadores. Esto hoy está
totalmente consagrado. En la actualidad el reto es conseguir que los
biosimilares sean adoptados en la clínica con más agilidad. España no está
entre los países más rápidos, por lo que existe un margen de mejora y de
ganancias de eficiencia importante.

Para fomentar la utilización de biosimilares en la práctica clínica algunos países utilizan mecanismos de incentivación de diseño diverso. Una fórmula es compartir las ganancias derivadas de su empleo con los servicios hospitalarios que los utilizan. Por ejemplo, aumentando sus recursos del personal de enfermería, precisamente para mejorar el seguimiento de estas terapias. Así se benefician los pacientes y los profesionales sanitarios. En el libro “Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares”, que escribí con Isabel del Río, estos incentivos se tratan extensamente. La AIREF en su revisión del gasto público de 2019, dedicada al gasto hospitalario recomendaba radicalmente fomentar la utilización de biosimilares y poner en marcha incentivos de este tipo.

A todas estas cuestiones se dedicó el coloquio ofrecido por Funcas el 23 de junio de 2023 que puede ver haciendo clic en este enlace. Intervinieron  cuatro ponentes especialmente dotados para abordarlas: Encarnación Cruz Martos, directora de Biosim; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Javier Bachiller Corral, Jefe de Sección del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Laura Pellisé, directora de Políticas públicas y Relaciones Institucionales de AMGEN.

El lector interesado también puede leer el artículo de Joaquín Rodrigo, Presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), “Medicamentos biosimilares: una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud”, publicado en el número 169 de la revista Papeles de Economía Española, titulado «Medicamentos, Innovación Tecnológica y Economía».

Comparte esta entrada



Leer más
pigou-y-competencia,-en-lugar-de-peajes

Pigou y competencia, en lugar de peajes

Comparte esta entrada



La decisión de reemplazar la implantación generalizada de los peajes en las vías de alta capacidad en España por medidas para impulsar el transporte sostenible va en la buena dirección, pero sería necesario que el gobierno y Bruselas expliquen este acertado golpe de timón y, de paso, resuelvan algunas de las dudas que esta solución puede generar.

La economía no es maniquea, existen razones a favor y en contra de los peajes. Empecemos con los argumentos espurios a favor y sus inconvenientes. Las empresas constructoras defienden los peajes como un ingreso finalista para la construcción y mantenimiento de la red de carreteras. España es uno de los países europeos con más kilómetros de carretera por millón de habitantes, lo que es una ventaja competitiva pero conlleva, igualmente, unos enormes gastos de mantenimiento. Diversas asociaciones de usuarios y las constructoras denuncian que existe un déficit importante en la conservación de nuestra red viaria, generado entre otras razones por los recortes que vinieron con las crisis económicas o el COVID. Sin embargo, los ingresos finalistas no son una buena idea económica. La razón es obvia. Cuando uno elabora un presupuesto para satisfacer dela mejor manera posible las necesidades de la población, introducir una restricción hace que la solución sea peor. El mantenimiento de las carreteras es importante, pero no lo es menos la educación o una emergencia sanitaria.

La solución de los peajes conlleva, además, otros inconvenientes como la necesidad que imponen de invertir en un sistema de control de tráfico que, según cómo se implemente, puede conllevar un importante coste e incluso tener un riesgo de obsolescencia tecnológica. Pero probablemente el mayor problema potencial es que los peajes incentiven un trasvase del tráfico de autovías a carreteras de un solo carril por sentido, con la consiguiente reducción de la eficiencia y aumento en la siniestralidad.

Sin embargo, existen dos argumentos en favor de los peajes que sí tienen fundamento económico. Primero: el pago por uso es un buen principio, por equidad y por eficiencia, para financiar la construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes. Solo si los usuarios de las carreteras, (y de todos los medios de transporte), pagan por los costes de uso de la infraestructura (y también por los costes medioambientales), tomarán las decisiones correctas en lo que respecta a qué modo de transporte emplear e impulsar. 

Segundo —siguiendo el argumento anterior—: el uso de peajes pondría al transporte por carretera en igualdad de condiciones con otros medios de transporte que ahora pagan por el uso de la infraestructura. En la situación actual, el transporte por carretera está parcialmente “subvencionado”, lo que puede ser uno de los motivos por los cuales el ferrocarril de mercancías tiene un papel casi testimonial en España en comparación con otros países europeos. Este es un punto importante para Bruselas y para la estrategia de lucha contra el cambio climático y, por ello, la nueva hoja de ruta plantea impulsar el transporte sostenible. 

La forma de hacerlo
es recuperar a Pigou, y aplicar de forma más intensa el lema de “quien contamina,
paga”: tratar el transporte por carretera como otros sectores industriales,
imponiendo a los vehículos comerciales (y a la vivienda) un pago por emisiones
de CO₂ a partir del 2027, que
se estima que será unos 45 euros por tonelada
. El argumento del gobierno
español es que este nuevo impuesto, que se va a implantar en toda la UE, cumple
parcialmente con los objetivos que se perseguían con los peajes. Aún no se sabe
cómo se va implementar; una posibilidad sería utilizar el impuesto de los carburantes. 

Utilizar los
impuestos pigouvianos (medioambientales) —como el de carburantes— tiene
múltiples ventajas sobre los peajes. El primero y más obvio es que estos
impuestos ya existen, y no hay que realizar inversiones para su puesta en
funcionamiento. Además, se aplica a todas las carreteras y su importe es mayor para
vehículos más grandes, que son, a su vez, los que generan un mayor desgaste de las
infraestructuras. Y, no menos importante, precisamente porque su importe depende
del uso de combustible, proporciona incentivos al ahorro energético a través de
la moderación de la velocidad y de la adquisición de vehículos más ecológicos. Es
decir, puede ser una forma de incentivar los vehículos eléctricos —que en
nuestro país tienen una cuota de mercado muy baja— más eficaz que los actuales planes
Moves, cuyas subvenciones directas a la
compra se trasladan en gran medida a los precios.

Una buena pregunta sería
si es mejor esperar a 2027 o, por el contrario, es preferible hacer una
transición más gradual, subiendo progresivamente los impuestos de los
carburantes con el doble objetivo (el famoso doble dividendo de los impuestos mediambientales) de reducir las
emisiones y de que los usuarios de la red viaria contribuyan en mayor medida a
su mantenimiento (¡eso si, sin convertir estos impuestos en finalistas!). No se
pueden ignorar los costes políticos de una medida de este tipo. A nadie le gusta
subir impuestos y, aunque nunca es un buen momento para hacerlo, siempre es
útil una comparación con el entorno para comprobar si existe margen para una
medida como esta. Y lo que se comprueba sistemáticamente es que el precio de la
gasolina, antes de impuestos, es más elevado en España que en nuestros
principales vecinos, pero el PVP, que incluye impuestos, es significativamente más
bajo. Algo similar sucede con el gasóleo (ver gráficos). Dado que el precio del
petróleo es un precio internacional, se puede deducir que el hecho de que el
precio de los carburantes antes de impuestos en España se sitúe entre los más
altos de Europa es consecuencia de la falta de competencia en el mercado de
refino y distribución. Estos sectores están muy concentrados, y aunque la CNMC
ha hecho una gran labor en los últimos años (favoreciendo las gasolineras
automáticas e introduciendo medidas para reducir la cuota de mercado de las
empresas dominantes), todavía queda mucho camino por recorrer.


Converger con nuestros socios europeos en la presión impositiva sobre los combustibles fósiles, además de potenciar el uso de medios de transporte más sostenibles, generaría un incremento sustancial de los recursos. La presión sobre conductores y transportistas podría aliviarse con reducciones en el precio de la gasolina antes de impuestos, lo que solo puede venir de un aumento de la competencia en el sector. Además, la complementariedad entre el fomento de la competencia y la política fiscal también aplica al transporte de mercancías por ferrocarril: la reducción de algunas de las barreras a la entrada a la que se enfrentan los operadores entrantes en este mercado, en particular en lo referente a maquinistas y acceso a material rodante, y especialmente locomotoras, podría ser una alternativa —al menos, parcial— a los subsidios que ahora se plantean a este medio de transporte.

Comparte esta entrada



Leer más
inflacion-de-costes-y-precios:-evidencias-con-datos-empresariales

Inflación de costes y precios: evidencias con datos empresariales

Comparte esta entrada



Los sucesivos incrementos en el nivel general de precios desde la
recuperación post pandémica por la COVID19, acelerados por la invasión rusa de
Ucrania, han suscitado un amplio debate sobre sus causas, sus consecuencias y las
correspondientes respuestas de política económica. Al tradicional análisis
macroeconómico de la inflación y las respuestas monetarias y fiscales para doblegarla,
se le ha sumado en esta ocasión uno nuevo de carácter microeconómico, que relaciona
la inflación con la falta de competencia en los mercados, con el poder y la
codicia empresarial (greedinflation)
y propone otras soluciones, entre ellas, una defensa más activa de competencia
y el control de precios.

El reciente episodio inflacionario ha estado precedido y acompañado por
fricciones en las cadenas de suministro globales, el encarecimiento del
transporte y la distribución y la subida de los precios de la energía y los
alimentos, todos ellos inputs
productivos en muchos casos importados y de uso generalizado en todos los
sectores. Es, por tanto, razonable relacionar el reciente episodio
inflacionario con un incremento generalizado en los costes de producción de las
empresas como consecuencia del encarecimiento de los inputs energéticos y de las materias primas. Las cuestiones que
animan el debate se refieren a si la traslación de los incrementos de costes a
precios se ha realizado de forma absorbente (las empresas no trasladan
íntegramente el aumento de costes y reducen márgenes), o se ha realizado de
forma aumentada (incrementando precios y márgenes). Y si la mayor o menor
traslación de incremento de costes a incremento de precios depende de la
competencia en los mercados y en qué sentido.

La disponibilidad de información sobre incrementos relativos de costes y precios en los ejercicios de 2022 y 2023 (expectativas) para una muestra de cerca de 500 empresas españolas con sede en Aragón, ha permitido llevar a cabo un estudio que trata de responder a las preguntas planteadas. El cuadro 1 resume una parte relevante de la información proporcionada directamente por las empresas en una encuesta voluntaria y anónima, sobre aumentos relativos de costes y precios en 2022 con respecto a 2021 y expectativas de incrementos de costes y precios para 2023 en relación con 2022. Prácticamente todas las empresas que participan en la encuesta responden afirmativamente a la pregunta sobre un posible aumento de costes en 2022, proporción que disminuye cuando se trata de expectativas sobre el comportamiento de los costes en 2023. Por tanto, el supuesto de que las empresas transitan por un episodio de inflación de costes no se rechaza. En segundo lugar, un porcentaje significativo de empresas no traslada el incremento de costes a incremento de precios, al menos instantáneamente y, entre las que sí lo hacen, el incremento medio de precios es menor al incremento medio de costes; es decir, las empresas de la muestra soportan en promedio un descenso en sus márgenes de beneficios.


Un análisis pormenorizado de la información disponible permite llegar a otros resultados relevantes. En primer lugar, la proporción de empresas que aumentan precios habiendo incrementado sus costes es menor en mercados más competitivos. Sin embargo, entre las empresas que experimentan aumentos de costes y deciden aumentar precios, la proporción de incremento de costes que se trasladan a precios es mayor entre las compañías que perciben más competencia en sus mercados que entre las que perciben un entorno menos competitivo. Otro resultado del análisis es que la traslación de incrementos de costes a precios se reparte a lo largo de varios periodos de tiempo y que las empresas que perciben entornos más competitivos trasladan el incremento de costes con más rapidez que las que perciben un entorno menos competitivo. Finalmente, se comprueba que la variación de márgenes se explica (negativamente) por la variación de costes, pero, controlando por la situación de costes de las empresas, la variación de precios no es informativa de la variación de márgenes.

Las respuestas de las empresas de la muestra a la inflación de costes es la
que podría esperarse según la teoría microeconómica de formación de precios en
mercados de competencia imperfecta. Las empresas tienen cierto poder de
mercado, pero desigual según las características estructurales del mismo
(número de competidores, diferenciación de producto). En un entorno de
competencia perfecta, no trasladar los incrementos de costes a incrementos de
precios y no hacerlo con rapidez significa poner en peligro la propia
viabilidad de la empresa. En mercados con competencia imperfecta las empresas
tienen holgura suficiente para valorar qué parte del incremento de costes
trasladan a los precios, conscientes de que los resultados no serán
indiferentes a las decisiones de otros competidores y de la sensibilidad de la
demanda a los precios de venta. La formación de precios se explica como un
resultado de equilibrio, donde el poder de mercado —situaciones donde los
precios se mantienen por encima de los costes marginales—, se conoce a partir
del resultado de equilibrio, es decir no se trata de un valor determinado de
antemano. Bajo este marco conceptual de análisis, en mercados estructuralmente
más competitivos los precios se mantienen cerca de los costes y se mueven en
paralelo a ellos cuando la competencia estimula la innovación y la mejora en la
relación calidad/coste de los productos. Sin embargo, las variaciones de costes
se trasladan más rápidamente y con mayor proporción a incrementos de precios en
mercados estructuralmente más competitivos que en los que lo son menos. La
competencia en los mercados tiene muchas virtudes, pero no es efectiva como
primera defensa frente a la inflación medida como variación de los precios.

Los resultados del estudio con datos empresariales —y la lectura que se realiza de los mismos desde la microeconomía— podrían ponerse en cuestión por la evidencia del incremento en los márgenes empresariales observado en las cuentas nacionales de la economía española y de otras economías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los datos agregados influyen los resultados de unas pocas y grandes empresas de una forma que no lo hacen en los resultados de los análisis con datos más granulares, como es este al que nos referimos. Más importante aún, en nuestra opinión, es el hecho de que los resultados con datos agregados no permiten diferenciar entre la influencia del comportamiento de los costes marginales y de los costes medios sobre la evolución de aquellos. Los partidarios de la explicación del episodio inflacionista como una greedinflation tendrán que argumentar por qué los márgenes empresariales, en el agregado, se mantienen relativamente estables antes de la pandemia y disminuyen durante la misma, cuando las condiciones estructurales de los mercados y el poder de mercado que se atribuye a las empresas no eran tan distintas a las actuales.

Más información en la nota técnica “Cost and price inflation with firm level data: An empirical analysis

Comparte esta entrada



Leer más
funcas-y-la-cnmc-publican-el-libro-‘reformas-para-impulsar-la-competencia-en-espana’

Funcas y la CNMC publican el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’

Comparte esta entrada



Uno de los
grandes problemas que tiene la defensa de la competencia es una cuestión de marca. El término “competencia” no evoca
en la ciudadanía sentimientos tan positivos como lo hacen, por ejemplo, las
palabras “equidad” o “innovación”. Sin embargo, la competencia es la palanca
por la que muchos servicios se han hecho accesibles a los consumidores con
rentas más bajas, generando una sociedad más equitativa. Gracias a la
competencia, los viajes en avión o en tren de alta velocidad se ha
universalizado; los servicios de telecomunicaciones —una puerta a la sociedad
del conocimiento— han reducido sus precios drásticamente en la ultima década,
al tiempo que mejoraban su calidad. De igual forma, cuando el mercado es un
terreno de juego “justo”, en el que se modula el poder de mercado y se derriban
las barreras de entrada, las empresas invierten más en innovación, porque es el
único camino para obtener ventajas competitivas y beneficios en el largo plazo.
Por ello, la competencia de los mercados, el santo grial que persiguen los
economistas, no es un fin en sí mismo, sino el medio a través del cual nuestra
economía puede aumentar su productividad, reducir los precios, generar más
equidad y, en definitiva, aumentar el bienestar para todos.

Ese problema de marca hace necesaria una reivindicación de la defensa de la competencia, transmitiendo a la sociedad española la importancia que tiene para la economía el funcionamiento competitivo de los mercados. Con ese propósito principal se publica hoy el libro ‘Reformas para impulsar la competencia en España’, fruto de la colaboración entre Funcas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El libro
complementa este objetivo con otras finalidades. Una de ellas es dar
visibilidad al trabajo de la CNMC, una labor desconocida por muchos ciudadanos
pese a su gran impacto económico. Por razones tecnológicas, regulatorias, y de
abuso de poder de mercado por parte de las empresas establecidas, muchos
mercados no son competitivos. Por ello es trascendental la labor de la CNMC de vigilar
el comportamiento competitivo de las empresas, penalizando el que no lo es, así
como los análisis que realiza sobre las concentraciones empresariales o las
posibles mejoras de la regulación y la intervención pública. Este libro
pretende visibilizar este esfuerzo institucional y para ello, los expertos de
la CNMC exponen diversos estudios llevados a cabo durante estos años, sobre la
situación competitiva de los mercados, los potenciales problemas de
competencia que genera la regulación o la intervención pública, así como posibles
reformas para promover la competencia en diversos sectores.

La tercera meta
del presente libro es mostrar la complementariedad de esfuerzos entre la labor
desarrollada por la CNMC y la investigación de economistas de reconocido
prestigio. Y es que el análisis económico de problemas de competencia es
complejo por diversas razones. Como señaló Jean Tirole en su discurso de
aceptación del premio nobel, requiere comprender el modelo de negocio y el
comportamiento de las empresas que funcionan en el mercado, y llevar a cabo
esta labor requiere utilizar avanzadas herramientas metodológicas teóricas y
empíricas. Por ello, el análisis aplicado de la política de la competencia
está muy relacionado con la investigación económica más actual. Los
análisis de las agencias de la política de la competencia se nutren de los
últimos resultados obtenidos por la investigación económica, y los
investigadores se inspiran en los retos que plantea el análisis de la
política de la competencia para diseñar sus agendas investigadoras.

Una última
idea que ha sobrevolado el trabajo de todos los autores de este libro es que
los mercados, los problemas, las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos
cambian, a veces más rápido de lo que anticipamos. Ello determina que las
normas y las recetas de intervención pública corran el riesgo de quedar
obsoletas rápidamente. Por eso es necesaria una labor periódica de evaluación
y actualización, y ajuste cuando sea necesario. Un último objetivo que perseguíamos
en este libro es revisitar los sectores y remedios que han sido objeto de
atención y análisis en el pasado, para saber si, como sociedad, hemos sido
capaces de corregir los problemas que identificamos, o nos enfrentamos a nuevos
retos. Y, sobre todo, poner énfasis en la evaluación como herramienta de
avance social. Nunca es tarde para mejorar.

El libro se estructura en nueve secciones, dedicadas cada una de ellas a un sector económico. Los nueve mercados elegidos son importantes por su impacto social y económico y en gran parte de ellos, se han llevado a cabo cambios regulatorios importantes. En el libro se analizan mercados tan relevantes como la contratación publica, la publicidad online, el sector bancario y las fintech, el transporte de pasajeros en el sector aéreo, del ferrocarril y de los autobuses de larga distancia, los carburantes de automoción, la distribución de medicamentos y del agua. Cada sección consta de dos estudios, uno realizado por expertos de la CNMC basado en estudios previos llevados a cabo por la misma institución, y un segundo estudio realizado por académicos especialistas en el tema, que incorpora los resultados relevantes de la investigación reciente, realizada en algunos casos por los propios autores del estudio.

Descarga aquí el libro “Reformas para impulsar la competencia en España”.

Comparte esta entrada



Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies