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La conciencia medioambiental, necesaria, pero no suficiente

La protección del medio ambiente ha alcanzado en este siglo la consideración de ideal normativo de primer orden. Siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apelan de manera más o menos directa a la defensa de la naturaleza y sus recursos[1], y raro es el mes del año en el que no se celebra algún Día Internacional o Mundial dedicado a destacar valores o comportamientos relacionados con la protección medioambiental. Uno de esos días es el 29 de enero, declarado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre (también conocido como Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2)[2].

El sentido de estas declaraciones y celebraciones
es el de concienciar a la población del deterioro medioambiental provocado por
la acción humana y de la necesidad de actuar contra él de una manera
concertada, solvente y sin dilaciones. Se parte del supuesto de que solo cuando
se alcanza un nivel alto de conciencia social sobre un problema, los miembros
de la sociedad lo incorporan a su toma de decisiones individuales y, en
consecuencia, a sus acciones.

¿Pero acaso no está ya la población mundial concienciada de problemas como el calentamiento global y sus riesgos? Sin duda cada vez más, pero las diferencias entre países son ostensibles. Así lo ponen de manifiesto las encuestas incluidas en el Global Attitudes Survey del Pew Research Center realizadas durante la primavera de 2022 (Gráfico 1a). Es cierto que en las sociedades europeas analizadas (así como también en la japonesa y surcoreana) la percepción del cambio climático como una gran amenaza para sus países está muy extendida: los porcentajes de personas que comparten esa percepción superan a los porcentajes correspondientes a riesgos de tanta entidad como los de la “propagación de enfermedades infecciosas” o los “ciberataques de otros países”. Pero esta posición tan destacada del calentamiento global como amenaza nacional (además de global) no se observa en otros países de fuera de Europa. Por ejemplo, en Israel, Estados Unidos, Malasia o Singapur los porcentajes de personas que ven en los ciberataques y la propagación de enfermedades infecciosas grandes amenazas para sus respectivos países son más altos que los de quienes señalan el calentamiento global (gráfico 1b). 


Las sociedades europeas meridionales (Grecia, Italia, Francia y España) se sitúan en el grupo de las que en mayor medida perciben en el calentamiento global como una amenaza para el propio país. En torno a cuatro de cada cinco entrevistados en esos países suscriben esta opinión, proporción claramente mayor que la observada en países con más tradición ecologista, como Alemania (73 %) o Suecia (70 %).

El dato español (78 %) coincide con el que
arrojan los barómetros más recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) ante una pregunta enunciada de manera diferente, pero que trata de
extraer una información similar: “¿Diría Ud. que en estos momentos el cambio
climático le preocupa mucho, bastante, poco o nada?” Planteada así la cuestión,
el 80 % de los entrevistados entre septiembre y diciembre de 2022
contestaron “mucho” o “bastante”; un 11 % declaró, en cambio, poca
preocupación, y un 4 %, ninguna (un 3 % puso incluso en duda la
existencia de un cambio climático).

El análisis desagregado de los datos muestra una mayor preocupación entre las mujeres y entre las personas que se autoubican ideológicamente en posiciones de izquierda (Gráfico 2a y 2b). De hecho, las opiniones que reflejan nula preocupación por el cambio climático o lo niegan solo superan el 10 % entre los hombres y entre quienes se identifican con posiciones ideológicas entre el 7 y el 10 en la escala del 1 (izquierda) a 10 (derecha).  Sin embargo, la edad –la variable que a menudo se supone más discriminante en estas cuestiones, dada la mayor preocupación por el deterioro del medioambiente que han mostrado públicamente los jóvenes– no arroja diferencias relevantes (Gráfico 2c).


Una mayoría tan amplia como la que manifiesta sentirse muy o bastante preocupada por el cambio climático opina que en España se deben hacer cambios profundos en “la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”. La defensa de cambios de profundos solo alcanza un nivel tan alto en el caso del “desarrollo de la ciencia y la innovación” (Gráfico 3). En línea con la mayor preocupación por el cambio climático que expresan las mujeres, son también ellas las que más frecuentemente consideran que se deben hacer cambios profundos (83 % frente a 71 % de los hombres). Esta opinión también abunda más entre quienes se identifican con posiciones de izquierda en la escala de autoubicación ideológica (alcanzando entre el 85 y el 95 % en el grupo de quienes se posicionan en el tramo marcado por los puntos 1 y 4 de la escala, mientras que los porcentajes de quienes lo hacen entre los puntos 6 y 10 oscilan entre el 44 y el 66 %) (Gráficos 4a y 4b).


A pesar de este amplio apoyo a la introducción de cambios profundos en las políticas destinadas a luchar contra el cambio climático, cuando se pregunta por las preferencias de gasto público, la protección del medio ambiente queda por debajo de otras partidas (Gráfico 5).  Más de la mitad de los entrevistados opinan que se debería gastar “mucho más” en sanidad e investigación y ciencia, mientras que menos de uno de cada tres defiende un gasto público mucho mayor para proteger el medio ambiente. Bien es cierto, no obstante, que la preferencia por dotar mejor económicamente las políticas ambientales supera claramente a las preferencias por otros capítulos sociales, como las pensiones (19 %) o la protección al desempleo (14 %) (Gráfico 6). De nuevo, las mujeres y los ciudadanos que se sitúan en la izquierda del espectro ideológico expresan con mayor frecuencia una posición favorable a gastar “mucho más” en la partida de la protección medioambiental (Gráficos 6a y 6b).


De los datos anteriores se desprende que la conciencia del problema medioambiental y la preocupación por el deterioro de la naturaleza están muy presentes en España, sobre todo, entre las mujeres y entre quienes se identifican más con la izquierda (autoubicándose en posiciones por debajo del 6 en la escala ideológica). Cabe afirmar, por tanto, que la opinión pública española es muy favorable a la protección del medio ambiente, si bien con un matiz importante: estas actitudes medioambientalistas se han creado y se mantienen en el marco de un debate público en el que no suelen plantearse los costes en términos económicos y de calidad de vida que implica esa protección (como se expone en este artículo de nuestra revista Panorama Social).

Con todo, en el Día
de la
Acción contra el Calentamiento
Terrestre
es preciso subrayar que, aun siendo la
toma de conciencia sobre un problema una condición necesaria para adoptar
conductas orientadas a hacerle frente, no es una condición suficiente. Una cosa
es declarar preocupación, incluso expresar preferencias por un mayor compromiso
de la política y el Estado para afrontar la crisis ambiental global, y otra,
adoptar conductas consistentes con esa preocupación en los diferentes ámbitos
de actuación (transporte, reciclaje, consumo, etc.).

En el caso de la protección medioambiental, el
paso de la conciencia del problema a la acción individual requiere superar al
menos dos potentes inercias: la del free riding, riesgo común a  todos los
bienes públicos (“voy a poder disfrutar de las mejoras resultantes de los
comportamientos ecológicos de otros, sin asumir costes específicos porque no se
me puede excluir de los beneficios de tales comportamientos”) y la del too big to do
something about (“lo que yo haga
individualmente en favor del medio ambiente tiene un impacto tan pequeño que no
merece la pena”). Independientemente de que consideremos estos comportamientos
más o menos inmorales, muy probablemente sean “normales” en sentido
estadístico. Superar estas inercias requeriría probablemente, aparte de
perseverar en la difusión de valores medioambientales y conocimientos sobre los
riesgos del deterioro de la naturaleza, informar de manera realista sobre los
costes y esfuerzos que conlleva la lucha contra ese deterioro y establecer
estructuras de incentivos económicos para los individuos y hogares que se sumen
a esa lucha. La eficacia de una estrategia semejante será probablemente mayor
si, además, se ofrecen a la sociedad pruebas del compromiso real de gobiernos y
empresas con este objetivo y, por tanto, de la ejemplaridad de sus
comportamientos.


[1] Específicamente, los objetivos 13 (Acción por el clima), 14 (Vida
submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). También relacionados con la
protección del medio ambiente están los objetivos 6 (Agua limpia y
saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11 (Ciudades y
comunidades sostenibles) y 12 (Producción y consumo responsables).

[2]


Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Mundial del Reciclaje
(17 de mayo), Día Mundial de la Diversidad (22 de mayo), Día Mundial del Medio
Ambiente (5 de junio), Día Mundial de los Océanos (8 de junio), Día Mundial de
la Preservación de la Capa de Ozono, (16 de septiembre), Día Mundial de
Protección de la Naturaleza (18 de octubre), y Día Mundial contra el Cambio
Climático (24 de octubre).

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El gasto en defensa y el déficit público

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

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La sociedad europea ante la ciencia y los científicos

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La radical contribución de la ciencia y la tecnología al aumento del bienestar no constituye ninguna exclusiva de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, la celeridad de los cambios tecnológicos y, más recientemente, las urgencias derivadas de la pandemia de COVID-19 han enfatizado aún más su importancia, a la vez que han replanteado el papel de los científicos en el debate público. ¿Qué espera la sociedad de la ciencia y de los científicos?

A la luz de los datos del Eurobarómetro Especial “European citizens’ knowledge and attitudes towards science and technology“, publicados en septiembre de 2021, la visión que los ciudadanos de la Unión Europea tienen de la contribución de ciencia a la sociedad es muy positiva. Así lo declaran el 86% de los europeos y, además, esta es la opinión mayoritaria en todos los países europeos (gráfico 1). En España esta cifra se sitúa por encima de la media europea (90%). Destacan como los países con mejor opinión sobre los efectos de la ciencia y la tecnología Portugal, Irlanda y los países del norte de Europa (más del 95%). En el otro extremo, hay que considerar que, en algunos países del este de Europa, así como en Italia, Austria y Francia, el peso de los que afirman que la contribución de la ciencia es negativa no es nada desdeñable: 15% en Italia, 17% en Austria, 19% en Francia y 25% en Rumanía.

Dada la predominante visión positiva sobre la contribución de la ciencia y la tecnología a la sociedad, no sorprende que también sea grande el acuerdo con la intervención de los científicos en el debate político para garantizar que las decisiones tengan en cuenta las evidencias científicas (gráfico 2). En todo caso, cabe destacar que el porcentaje de ciudadanos europeos que así lo cree (68%) está por debajo del correspondiente a la opinión positiva sobre la contribución de la ciencia (86%), lo que sugiere que algunos ciudadanos prefieren que los científicos se mantengan alejados del debate político a pesar de que crean que la ciencia es positiva. Además, en este aspecto las diferencias entre los países europeos son algo mayores. Mientras que Estonia (85%), Bélgica (81%), Portugal (78%), e Irlanda (78%) destacan entre los países que abogan en mayor medida por la intervención de los científicos en el debate político, este porcentaje es sustancialmente menor en algunos países del este de Europa y especialmente en Hungría, único país en que esta opinión no es mayoritaria (43%). La cifra española (70%) se sitúa ligeramente por encima de la media europea.

De todas formas, de los datos del Eurobarómetro no puede deducirse que la sociedad mantiene una percepción positiva sobre el papel de los científicos en todas las dimensiones. Uno de cada dos europeos se declara de acuerdo con la frase: “Ya no podemos confiar en que los científicos digan la verdad sobre cuestiones científicas y tecnológicas controvertidas porque dependen cada vez más del dinero de la industria” (gráfico 3). A pesar de que España se sitúa por encima de la media europea en cuanto a la opinión positiva sobre la ciencia y la tecnología, también destaca por su grado de desconfianza (57%).

A pesar de la clara opinión positiva sobre la contribución de la ciencia a la sociedad, de estos datos se desprende que, para muchos europeos, los intereses económicos pueden interferir en el trabajo de los científicos y, por lo tanto, en su credibilidad. Al mismo tiempo, se puede esperar que la ciencia y la tecnología continúen aumentando su peso como generadores de crecimiento y bienestar. Quizás la divulgación científica y la transparencia en la investigación puedan convertirse en instrumentos imprescindibles para la cohesión social en las sociedades del futuro.

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Alarma social y decisiones políticas: coronavirus en Google Trends

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La gravedad de las consecuencias y el
carácter inédito y global de la crisis del coronavirus supone un reto sin
precedentes para las sociedades contemporáneas. Nadie duda de que la pandemia
obligará a la readaptación de muchas esferas de nuestras sociedades, al mismo
tiempo que contribuirá a la comprensión de algunos procesos sociales. Una de
las dinámicas notoriamente expuestas por esta crisis es la de la dificultad de
toma de decisiones políticas que entrañan grandes costes sociales y económicos
cuando en la opinión pública aún no se da un estado de alarma generalizado. De
hecho, los datos sugieren que en ocasiones como esta, la alarma social no precede
a las decisiones políticas, sino que las sigue.

Gracias a los datos proporcionados en
abierto por Google Trends se pueden conocer las tendencias en las búsquedas
online. Google ha desarrollado un indicador llamado “interés de búsqueda” que
va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su
popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el
término es la mitad de popular que el máximo. Por su carácter completo y su
precisión temporal y territorial, estos datos constituyen una información muy reveladora
de la evolución del interés por un tema dentro de un territorio[1].

«La atención pública ha reaccionado fuertemente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo fuertemente la epidemia».

María Miyar

En esta entrada se compara la evolución de este indicador del 15 de enero al 15 de marzo de 2020 en China y Corea del Sur (gráfico 1), Italia y España (gráfico 2) y Estados Unidos y Reino Unido (gráfico 3). Aunque a partir de estos datos no puede establecerse una relación causal entre la evolución del interés sobre un tema y los eventos ocurridos en una fecha concreta, su análisis permite reflexionar sobre la dinámica de algunos procesos sociales. En concreto, de la evolución se desprende que la atención pública ha reaccionado intensamente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo acusadamente la epidemia.

Gráfico 1

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

En el caso de China, los primeros casos aparecieron en diciembre de 2019, pero el virus no se identificó como nuevo hasta el 7 de enero de 2020. El interés del término coronavirus en las búsquedas online crece a medida que lo hace el número de infectados, pero no alcanza su máximo hasta que el día 22 de enero se imponen restricciones de viaje en Wuhan y el 24 se decreta el cierre de la provincia de Hubei (gráfico 1). En lo que respecta a Corea del Sur, la atención siguió los pasos de la alarma en China, pero de nuevo es solo cuando el 23 de febrero se declara el nivel máximo de alerta en el país cuando el coronavirus alcanza su punto de interés máximo en el país.

Gráfico 2

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En cuanto a Europa, el grado de interés en Italia no se despertó hasta que, también el 23 de febrero, las autoridades italianas decidieron adelantar el cierre del carnaval de Venecia (gráfico 2). De hecho, y a pesar de la sucesión de medidas de lucha contra el coronavirus, este término no ha vuelto a ser tan popular en Italia como en esa fecha. La atención crece de nuevo cuando se impone el aislamiento en Lombardía y las provincias del norte (7 de marzo) y se extiende la medida a todo el país (9 de marzo). El indicador de Google sugiere que en todo ese tiempo la atención de los ciudadanos españoles al coronavirus no se había disparado, a pesar de la situación crítica que vivía el país vecino y de la creciente proliferación de casos de allí importados. La atención pública española sí había reaccionado a la repatriación de los españoles residentes en Wuhan (31 de enero) y la cancelación del carnaval en Venecia. Sin embargo, no es hasta el 9 de marzo, fecha en que se anuncia el cierre de los centros escolares en Madrid, cuando el interés de búsqueda aumenta notablemente en España, alcanzando su máximo el día 12, en coincidencia con la extensión de la medida a todo el territorio nacional. Los datos de la encuesta sobre el coronavirus patrocinada por Funcas y realizada por IMOP Insights confirman el cambio trascendental que supusieron en la opinión pública los acontecimientos de la segunda semana de marzo. Mientras que en las entrevistas realizadas el lunes, antes del anuncio de cierre de los centros educativos madrileños, algo menos de la mitad de los encuestados se declaraban “muy” o “bastante” preocupados (47%), esta cifra ascendía a casi tres de cada cuatro (74%) entre los entrevistados el viernes y sábado pasados.

Gráfico 3

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

Dos países han sorprendido a la opinión pública por las declaraciones de sus líderes en cuanto a la gravedad de la pandemia y las decisiones necesarias para luchar contra ella, Reino Unido y Estados Unidos. Al igual que en el resto de países, los datos apuntan a que el interés en estas dos sociedades anglosajonas está muy relacionado con los anuncios de medidas, como la del 12 de marzo de suspender los viajes a Estados Unidos desde Europa (gráfico 3). Reino Unido representa quizás, en este contexto, un caso excepcional, puesto que a lo que parece que reaccionó la opinión pública fue al anuncio de Boris Johnson el 12 de marzo de no implantar el cierre de escuelas o aislamiento de la población.

Del análisis de los datos de interés de búsqueda sobre el coronavirus pueden extraerse dos conclusiones. Por una parte, se constata una cierta resistencia de las sociedades contemporáneas a preocuparse por los problemas de salud pública hasta que su impacto se hace muy evidente, lo que puede traducirse en dificultades para la implantación de medidas en fases tempranas de expansión de la infección. Por otra parte, se pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de información masiva y concienciación de la sociedad antes de iniciar la fase de introducción de medidas restrictivas para cuyo cumplimiento es tan necesaria la colaboración de la sociedad.


Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

[1] La magnitud del interés de búsqueda no es comparable entre países, puesto que el valor máximo del indicador se refiere al punto de mayor interés alcanzado por ese tema en cada territorio, pero sí el patrón temporal.

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Opinión pública sobre política educativa en España. Una explicación de la falta de consenso educativo

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El debate educativo en nuestro país es intenso. Los
partidos políticos no se ponen de acuerdo en la política educativa a seguir. En
los últimos tiempos se han aprobado y derogado o paralizado tres leyes
educativas generales: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de
2003, aprobada por el Partido Popular (PP), la Ley Orgánica de Educación (LOE)
de 2006, aprobada por el Partido Socialista (PSOE), y la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad de la Educación (LOMCE) de 2013, aprobada de nuevo por el PP.
Esta última ley está vigente, pero parte de su articulado está paralizado por
el actual gobierno socialista. La LOMCE contiene asuntos muy espinosos, que
enfrentan a los partidos políticos, como los relativos a la religión, los
conciertos educativos, las reválidas, los itinerarios o el papel de las
Comunidades Autónomas en la educación. Lo cierto es que la falta de acuerdo
político sobre educación ha sido una constante de nuestra democracia, tal y
como lo refleja el hecho ninguna ley educativa de este periodo ha sido aprobada
por los dos principales partidos políticos, PSOE y PP. Además, la ley más
actual, la LOMCE, sólo fue apoyada por el partido que la promovió, el PP. Ante
este desacuerdo político, que origina una fuerte inestabilidad de la política
educativa, la gente reclama desde hace tiempo que haya consenso educativo entre
las fuerzas políticas; en 2005, el 80% de los españoles creía que este acuerdo
para reformar el sistema educativo era necesario.

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la posición de los españoles ante las cuestiones educativas, más allá del debate de naturaleza política, para ver en qué medida esta falta de acuerdo político tiene su correlato en las opiniones de la sociedad. La opinión pública sobre la política educativa en España ha sido poco analizada, a pesar de la información contenida en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el Catálogo de Encuestas del Banco de Datos del CIS hay un total de 39 encuestas con preguntas sobre educación, de las cuales 14 contienen preguntas específicas sobre política educativa.

Las cuestiones más generales de la educación, como sus objetivos, suscitan un alto grado de acuerdo. Hay, efectivamente, un alto grado de acuerdo sobre los objetivos, problemas y medidas para mejorar la enseñanza (Gráfico 1). Como objetivo de la enseñanza, la sociedad defiende dar un nivel básico de conocimientos a todos, siguiendo una concepción universalista de que todo el mundo alcance un determinado nivel. El principal problema de la enseñanza según los españoles es la conflictividad y la ausencia de disciplina en los centros, y la medida más defendida para mejorar la educación es elevar el nivel de conocimientos exigidos. El incremento de la calidad de la enseñanza o la transmisión de valores por parte de la escuela, son percibidos como asuntos carentes de polémica y suscitan también el acuerdo general del público. La igualdad de la educación, más allá de la mencionada concepción universalista, no es percibida siquiera como una cuestión importante en la enseñanza, al contrario que la calidad de la educación que se ha convertido claramente en un tema “valencia” (es decir, que es deseado por casi todos).

Gráfico 1

Fuente: Estudio 2.616 del CIS (julio de 2005). Nota: P.15 “A continuación le voy a leer algunos problemas que a veces se mencionan cuando se habla de enseñanza. Querría que me dijera, para cada uno de ellos, si Ud. Considera que, hoy en día, es realmente un problema muy importante, bastante, poco o prácticamente sin importancia en la mayor parte de nuestros colegios, escuelas o institutos”.

Cuando descendemos a cuestiones más específicas, más particulares, de la política educativa sí que se observa una profunda división en la opinión pública. Las opiniones de los españoles están fracturadas ante asuntos como la mayor o menor exigencia del sistema educativo, el conflicto entre la enseñanza pública y privada, o los conciertos educativos (Gráfico 2). Asimismo, la polarización es también muy intensa en relación al estatus de la enseñanza de la religión en los centros, la estructura de las enseñanzas medias o el grado de descentralización de la política educativa. Otros asuntos, actualmente sin relevancia política y mediática, como el acceso o financiación de las universidades, también muestran un alto grado de división de opiniones.

Gráfico 2

Fuente: Estudio 2.788 del CIS (febrero de 2009). Nota: P.24 “De las siguientes medidas que ponen en marcha las Administraciones Públicas, ¿cuál le parece prioritaria para proporcionar atención educativa a los niños y las niñas menores de 3 años?”.

Lo cierto es que el debate educativo actual se centra
en muchos de estos temas, específicos, ante los que la opinión pública está
polarizada, y no tanto en otra serie de asuntos más generales sobre los que
existe consenso. El debate en torno a la enseñanza, la falta de acuerdo sobre
la política educativa, no parece sólo una cuestión de pelea entre las élites
políticas. Hay muchos asuntos, recogidos en la LOMCE, ante los que los
españoles tienen posturas encontradas. El consenso político en educación parece
cuando menos difícil al examinar la opinión de los españoles ante la política
educativa. Al menos si los políticos siguen empeñados en centrarse precisamente
en aquello ante lo que los españoles más discrepan. 


Esta entrada es un resumen del artículo ‘¿Es posible el consenso educativo? La opinión pública sobre política educativa en España‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social

.

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La opinión pública sobre el sistema sanitario español

El Sistema
Nacional de Salud (SNS) es, probablemente, la joya de la corona del Estado de Bienestar
español. El SNS español se considera ejemplar desde una perspectiva comparada
internacional al compaginar los más elevados niveles de cobertura, satisfacción
y equidad con un gasto inferior al de los grandes países de la OCDE. Así, según
el Informe Bloomberg 2018 el sistema
sanitario español sería el más eficiente de Europa y el tercero del mundo, sólo
por detrás de Hong Kong y Singapur.

La evolución de la opinión ciudadana sobre
el funcionamiento del sistema sanitario público

Según el Barómetro
Sanitario (BS) de 2018, la mayoría de encuestados, dos de cada tres, considera
que el sistema sanitario público funciona bien o bastante bien. En cuanto a la
evolución de este indicador, se aprecia que en el periodo 2012-2014, de reducción
del gasto público en sanidad, los ciudadanos percibieron un empeoramiento del
funcionamiento del sistema en su conjunto.

Cuando se les
pregunta a quienes consideran que el sistema sanitario necesita cambios
fundamentales o que necesita rehacerse completamente por cuáles son los
principales problemas que deberían ser solucionados, las listas de espera son mencionadas por el 86,8% de los
individuos, seguidas por la congestión de las urgencias (67,7%), el poco tiempo que dedican los profesionales
a sus pacientes en las consultas
(38,8%) y el copago de medicamentos (36,4%).

El grado de
satisfacción ciudadana con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable
durante la última década. El mayor grado de satisfacción se da en Atención primaria, con una puntuación
media en torno al 7,3 sobre 10 desde 2011. Aspecto reseñable en la medida que
la Atención Primaria es considerada la Cenicienta del SNS en cuestión de gasto.
En el otro extremo, el servicio de Urgencias
es valorado con un 6,0. En una posición intermedia se sitúan, con una
valoración en torno a un 6,8, las Consultas
de Atención Especializada
y la Asistencia
Hospitalaria
.

Aunque tanto la
valoración general del sistema sanitario público como de sus distintos
servicios asistenciales se ha mantenido relativamente estable durante el
periodo de crisis y austeridad, la percepción ciudadana sobre su funcionamiento
empeoró notablemente. Donde los usuarios percibieron más claramente el
empeoramiento fue en las listas de espera.
Sin embargo, la percepción de la calidad de la atención recibida no se resintió
en gran medida.

Preferencias en la elección de servicios
sanitarios públicos o privados

El
porcentaje de encuestados con seguro privado concertado individualmente pasó de
un 7,9% en 2004 a un 13,7% en 2018, a los que habría que añadir un 3,5% de
encuestados que disponían de un seguro médico concertado por su empresa.

En
2018, las dos principales razones para contratar un seguro privado, teniendo ya
un seguro público, fueron: porque atienden
con mayor rapidez que en la pública
(77,9%) y porque se puede ir directamente al especialista sin consultar con el
médico de cabecera
(37,3%). En consecuencia, las listas de espera en la
sanidad pública son el principal motivo para la contratación de un seguro
privado.

Entre
quienes son beneficiarios de la sanidad pública y de un seguro médico privado,
si se presentara un parto el 47,3% acudiría a su seguro privado (frente a un
38,7% que acudiría a la sanidad pública). En el supuesto de una urgencia
médica, un 49,6% acudiría a su seguro privado (un 43,4% a la sanidad pública).
En el caso de presentarse un síntoma preocupante pero no urgente, el 59,5%
acudiría a su seguro privado (el 33,9% a la sanidad pública). Por último, para
el tratamiento para una enfermedad grave o compleja el 38,9% acudiría a su
seguro privado (el 50,2% a la sanidad pública).

Independientemente
de disponer de un seguro privado, si se permitiese elegir el tipo de asistencia
en los distintos servicios sanitarios, la mayoría de encuestados elegirían la
atención pública, en torno a dos de cada tres en Atención Primaria, Hospitalización
y Urgencias. En Consultas Especializadas el porcentaje es más bajo, el 55%. No
obstante, lo realmente llamativo es que, a pesar del fuerte estrés al que se
sometió a la sanidad pública, el porcentaje de usuarios que optarían por la
atención pública aumentó durante la crisis.

En definitiva, a pesar del aumento del aseguramiento privado motivado principalmente por los mayores tiempos de espera en la sanidad pública, los ciudadanos muestran una gran fidelidad al sistema público, que incluso aumentó durante la crisis.

Diferencias regionales en la satisfacción con la atención sanitaria:
¿una cuestión de recursos?

Finalmente, los ciudadanos sitúan en la comunidad autónoma de residencia la mayor brecha en la equidad de las prestaciones sanitarias. Así, se registran importantes diferencias de satisfacción de los usuarios de los distintos Sistemas Regionales de Salud (SRS) que componen el SNS. De igual forma, el gasto sanitario y la cantidad de recursos humanos destinados a la sanidad también varían notablemente, por lo que cabe plantearse si existe una relación entre satisfacción y los recursos financieros y humanos destinados a la atención sanitaria en cada región.

Del análisis realizado se desprende que los distintos grados de satisfacción con la atención sanitaria en los SRS no se puede vincular directamente con los recursos disponibles, sino que parece depender de variables más cualitativas de gestión cuyo análisis requiere de un estudio en mayor profundidad que el aquí realizado.

Como síntesis del estudio, la valoración pública del funcionamiento del SNS experimentó un acusado descenso durante el periodo más intenso de austeridad; no obstante, el grado de satisfacción con el sistema sanitario se ha mantenido relativamente estable desde 2008. Esta evolución dispar entre valoración y satisfacción se puede interpretar como un apoyo ciudadano al sistema a pesar de su deterioro.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La opinión pública sobre el sistema sanitario español‘, publicado en el número 30 de la revista Panorama Social.

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