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Crisis no financiera… de momento

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No parecía fácil evitar ramificaciones financieras de la crisis sanitaria. La brusca caída del PIB en 2020 y la menor reactivación de la actividad productiva en 2021 —con el daño adicional de la inflación—, no eran buenos augurios. Sin embargo, el sistema financiero ha respondido bien manteniendo la cadena de pagos y concediendo —con avales públicos del ICO— liquidez y crédito a empresas y autónomos. A diferencia de la crisis anterior, de naturaleza financiera, las instituciones de crédito han sido parte de la solución y no del problema. Por supuesto, la extraordinaria liquidez concedida por los bancos centrales, la relajación de algunas normas contables y las medidas de los gobiernos —garantías a los préstamos y moratorias— han evitado una cascada de insolvencias empresariales que habrían amplificado, y de qué manera, las consecuencias sobre la economía real.

Este miércoles se han publicado los datos de morosidad de octubre de 2021, que la sitúan en el 4,36%, casi invariable respecto a meses anteriores. Sin embargo, según un análisis reciente de la Autoridad Bancaria Europea, un 7,7% del stock de moratorias crediticias de la banca española sufre ya morosidad, similar al 6,4% de las financiaciones con moratorias vencidas. La de los préstamos avalados por el ICO se sitúa todavía en el 2%, aunque va al alza. Es probable que en 2022 aumente significativamente la morosidad conforme se retiran los estímulos a la economía. Cuánto dependerá de si los préstamos concedidos durante la pandemia pueden devolverse o, simplemente, se está aplazando un problema al que habrá que enfrentarse pronto. El tiempo ganado —a diferencia de la crisis de 2008— puede haber traído más beneficios que desventajas. Entre otras cosas, porque la pandemia está durando más de lo esperado.

Será fundamental determinar si la financiación avalada y las moratorias concursales y de crédito contribuyen a mantener empresas zombie, aquellas que no tienen viabilidad, independientemente de la pandemia. No contribuyen a la recuperación y supondrán un serio problema. La reforma de la Ley Concursal, aprobada en Consejo de Ministros esta semana, pretende dar aire a las empresas antes de conducirlas al concurso de acreedores. No se tendrán en cuenta las pérdidas acumuladas en los años de pandemia. Existe riesgo de “procrastinación” si las empresas aprovechan para retrasar un final inevitable. No obstante, la reforma va a vigilar que estos comportamientos no acontezcan y, si finalmente se llega a la solución concursal, esta sea más ágil y eficiente.

Algo parecido sucede con la moratoria de crédito. Cabe esperar que la ampliación de plazos y otras ventajas del código de buenas prácticas permitan a muchas más empresas salir adelante en comparación a las que solamente aspiran a retrasar su final. Estas precauciones en España y otros países no obvian los problemas de vulnerabilidad empresarial arrastrados desde la crisis financiera. Son más graves para aquellas empresas que no ofrecen una mayor productividad en la “nueva economía” digital y sostenible. Parece que la actual crisis no será financiera y el impacto sobre las cuentas públicas (por las posibles pérdidas en los avales del ICO) será limitado, pero tendremos que esperar más tiempo para afirmarlo con total rotundidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Incertidumbres de cara a 2022: en la primavera está la clave

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La evolución de la pandemia, y más concretamente, la posibilidad de que surjan variantes virulentas invulnerables a las vacunas, sigue, y seguirá siendo durante mucho tiempo, un elemento de incertidumbre que va a seguir condicionando la evolución económica. Pero además de ese factor de carácter permanente, el nuevo año se inicia cargado de otras incógnitas, cuya resolución tendrá lugar, en la mayoría de los casos, en torno a la primavera, y de cuyo resultado dependerá lo que suceda a partir de entonces con la economía mundial, en general, y la española, en particular.

La primera de ellas es la relacionada con la transitoriedad de la inflación. Suponemos, o esperamos, que los precios de las materias primas y productos energéticos desciendan en la primavera, y que los cuellos de botella en la producción de suministros industriales y en el transporte marítimo comiencen a relajarse. La inflación caerá y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios. De momento, en las últimas semanas se han observado indicios de que se ha tocado techo tanto en los precios de las materias primas como en los estrangulamientos de las cadenas de valor, aunque aún queda por delante un largo invierno, con factores incluso geopolíticos por resolver —conflicto Rusia-Ucrania—.

El cumplimiento de este escenario es fundamental para la continuación de la recuperación. Si esa bajada de precios no se produce, se consolidará la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la reducción de márgenes empresariales, con el impacto negativo que ello conllevará sobre el nivel de actividad económica. Asimismo, especialmente si comienzan a observarse indicios de traslado hacia los salarios, los mercados financieros comenzarán a modificar sus expectativas de inflación. Los precios de los activos financieros podrían sufrir un reajuste y los tipos de interés a largo plazo y las primas de riesgo podrían aumentar, lo que aumentaría la presión sobre el BCE para acelerar el final de las compras de deuda y el inicio de las subidas de tipos. Este sería un escenario potencialmente muy desestabilizador.

Pero incluso aunque no se materialice el peor escenario en cuanto a inflación, en marzo finalizará, en cualquier caso, el programa de emergencia pandémica de adquisición de deuda del BCE —el PEPP—. Aunque se espera que, a cambio, se incrementen las compras dentro del programa ordinario que ya existía antes del Covid —el APP—, estas no compensarán la desaparición del programa pandémico, de modo que habrá un descenso en el volumen mensual de compras que lleve a cabo el BCE. La incógnita se encuentra en el impacto que esto puede tener sobre los tipos de interés y sobre las primas de riesgo.

También la Reserva Federal pondrá fin en torno a marzo a las compras de deuda, y ya ha anunciado que poco después comenzará a subir los tipos de interés, otro factor de incertidumbre a tener en cuenta por el impacto que habitualmente los cambios en la política monetaria norteamericana ejercen sobre las economías emergentes y el conjunto de la economía mundial.

Finalmente, ya concretamente en España, una importante prueba que deberemos superar por las mismas fechas será la llegada a término de las medidas adoptadas por el Gobierno para “congelar” las empresas y los sectores más afectados por la pandemia: a finales de febrero —salvo ampliación de última hora— finalizarán las medidas extraordinarias relativas a los ERTE, y posteriormente finalizarán los plazos de carencia de los préstamos ICO concedidos al inicio de la pandemia y la moratoria para solicitar la declaración de concurso de acreedores. Comprar Reseñas google

Todas estas medidas han sido muy útiles para evitar la desaparición de empresas viables, pero también han “zombificado” muchas otras, que, tras la retirada de los apoyos, no podrán hacer frente a las deudas que han acumulado. Más aún en unas condiciones en las que el mercado no ha recuperado el tamaño previo a la pandemia, especialmente en los sectores vinculados al turismo internacional. Cuando se inicie la “descongelación”, veremos cuántas insolvencias empresariales salen a relucir y cuántos trabajadores en ERTE se convierten en desempleados a lo largo de los meses posteriores. Aunque esa desaparición de empresas y de empleos solo suponga el ajuste del tamaño de la oferta al menor volumen de la demanda, podría haber un impacto sobre el PIB a corto plazo por la vía de su impacto sobre el empleo y sobre otras empresas que puedan ser arrastradas en la caída. Esto no significa que dichas medidas deban prolongarse indefinidamente, ya que el mantenimiento con vida de forma artificial de empresas que no tienen salvación perjudica la recuperación de las viables y solventes.

En suma, la primavera del año próximo será un momento clave en el que se determinará en gran medida el rumbo que tomará la economía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Facilidades crediticias tras la pandemia

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Aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto más durarán los efectos sanitarios y económico-financieros de la pandemia, ya empieza a hablarse de sus consecuencias ex–post y de las actuaciones que serán necesarias para aminorar los efectos sobre toda la sociedad. En el caso del impacto sobre el sector empresarial, la referencia para ese día después es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos, que regula los criterios para las posibles quitas y refinanciaciones a empresas y autónomos que solicitaron en su día préstamos a la banca avalados por el ICO.

El Código marca que las empresas en dificultades —siempre que sus bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos garantizados por el ICO. Otra alternativa para esas empresas es convertir los créditos avalados en préstamos participativos, lo que de algún modo es una conversión en capital. La última opción, más dramática, es negociar una quita para reducir la financiación avalada.

Son las posibilidades que abre el Código, pero no olvidemos que el propio sector financiero tiene sus propias capacidades en este proceso con su conocimiento de las empresas a las que presta, y gestiona activos y por su mayor capacidad de evaluación de riesgos. Las entidades financieras se dedican precisamente a esa administración, una vez concedido un crédito, a monitorizarlo y a gestionarlo con flexibilidad, si es necesario, para facilitar los pagos y evitar la morosidad. Tienen además incentivos a esa gestión prudente y a evitar llegar a los avales públicos para compensar pérdidas, porque reclamar esas garantías supondría, por un buen tiempo, unas dotaciones a insolvencias importantes que afectarían muy negativamente a la cuenta de resultados.

En este momento de la verdad, hay que valorar el programa de créditos avalados por el ICO. Fue una respuesta —esta vez sí, a diferencia de la crisis financiera de la década pasada— contundente, rápida y eficaz por parte del Gobierno y de las entidades financieras, en un contexto de confinamiento, cierre de muchas actividades y una gran incertidumbre sobre la duración. Si ahora es necesario acometer, con alguna frecuencia incluso, algunas de las situaciones menos deseadas del Código no debería valorarse ese programa de ayudas como algo que al final solamente ha generado problemas.

El programa, al aprobarse con esa contundencia y celeridad, permitió que muchas empresas no se derrumbaran a las primeras de cambio y hayan llegado hasta aquí. Sin esos créditos, se habrían multiplicado las quiebras, cierres de empresas y pérdidas de empleo. Se ganó un tiempo precioso que el sector financiero ha ido gestionando, y ahora le queda lidiar con el final, donde puede que existan soluciones más traumáticas. Los efectos positivos han sido mucho mayores que los negativos.

La mayor parte (el 98%) del sector en su conjunto se ha adherido al Código de Buenas Prácticas. Es una buena noticia porque, por un lado, contribuye a mejorar la imagen de las entidades financieras, que no les viene nada mal. Por otro lado, se genera menos incertidumbre sobre lo que pasará con los préstamos con mayores dificultades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Riesgos financieros latentes

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Esta crisis ha sido hasta ahora, fundamentalmente, de salud pública y de economía real. La caída del PIB del 0,5% en el primer trimestre nos lo ha recordado. Lo peor de los problemas sociales se ha evitado hasta ahora gracias a los numerosos sistemas de apoyo público, aunque el futuro es incierto en este contexto. Asimismo, aun con posible retardo, existen riesgos financieros latentes importantes. El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España y los resultados de los principales bancos españoles, conocidos la semana pasada, dan pistas sobre lo que puede pasar en unos meses.

La banca española ha recuperado el tono en sus beneficios en los tres primeros meses del año, tras un 2020 en el que se vieron muy negativamente afectados por las provisiones que se dotaron por la covid. Dieron lugar a fuertes pérdidas —superiores a 8.000 millones de euros— en el conjunto del sector el año pasado. Esas provisiones representaron cautela. Probablemente, el preludio de una morosidad que todavía no ha asomado pero que las principales autoridades supervisoras y analistas dan por seguro que aparecerá. Es buena noticia que los resultados de las entidades financieras hayan mejorado conforme la vacunación avanza. Se atisba una recuperación inminente. Sin embargo, a pesar de la aparente buena evolución de la mora del crédito, hay señales inquietantes que revela el Informe de Estabilidad Financiera.

«Mantener la cautela en la gestión de las entidades bancarias y el sostenimiento de los apoyos públicos parecen necesarios para que no se materialicen buena parte de esos riesgos latentes».

Santiago Carbó

Algunos indicadores adelantados muestran un deterioro que probablemente termine impactando en el sector bancario. La crisis sanitaria está dañando los resultados de las empresas significativamente. Ha crecido en ocho puntos porcentuales el número de empresas con pérdidas en la Central de Balances del Banco de España. Ahora son el 34%. Por otro lado, los préstamos dudosos continuaron descendiendo en 2020 (un 3,8%), si bien en menor medida que en años precedentes (19% en 2019 y 29% en 2020). Eso sí, crecieron en segmentos específicos (por ejemplo, crédito al consumo) y particularmente los créditos en vigilancia especial, indicio claro del riesgo latente.

El importe avalado por los programas ICO se situó en torno a los 88.000 millones de euros y la financiación total concedida a empresas y autónomos en torno a los 115.000 millones. Las empresas que accedieron al programa del ICO presentaban un perfil de riesgo más elevado. Probablemente habrá voluminosas pérdidas que también tendrá que asumir el ICO. Las moratorias concedidas han superado los 56.000 millones, de las que han vencido 22.000 millones de euros en 2020, dejando el volumen vigente en unos 34.000 millones, de los que más del 50% vencen en abril y mayo. Habrá que estar atentos.

Si a este panorama añadimos el fuerte crecimiento de la deuda pública y una situación financiera débil de las familias por la caída de ingresos durante la pandemia, los desafíos financieros son considerables. Mantener la cautela en la gestión de las entidades bancarias y el sostenimiento de los apoyos públicos parecen necesarios para que no se materialicen buena parte de esos riesgos latentes. La clave estará en la fortaleza de la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Personas y empresas

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Para paliar los devastadores efectos económicos de la covid, algunos países han enfatizado más las ayudas a las familias necesitadas y otros, las destinadas a la actividad empresarial. No son incompatibles, ya que en el corto plazo era necesario el apoyo a los hogares sin ingresos o muy disminuidos –tuvieran trabajo o no– y conjuntamente las acciones para empresas que permitan mantener la actividad y el empleo, tanto en el corto como en el medio plazo, lo que redunda en el bienestar personal.

En nuestro país, la mayor parte de los apoyos públicos a empresas se han canalizado a través de los ERTE y de los avales del ICO, que han supuesto un esfuerzo financiero notable. Aunque todo es mejorable, han funcionado bien, logrando aminorar notablemente las repercusiones sobre el empleo, mantener la liquidez de las empresas y la salud de la cadena de pagos de la economía. Ante la persistencia de la pandemia, estos dos ejes de actuación deberían mantenerse –únicamente para empresas y actividades viables– al menos, hasta finales de primavera de 2021. Sin embargo, en España se echa en falta una mayor contundencia de ayudas públicas directas a las empresas, como ha sucedido en otros países. Es, además, más perentorio, por la gran importancia cuantitativa de pymes y autónomos en nuestro tejido productivo y el mayor peso de sectores como el turismo, hostelería y restauración, tan impactados por la pandemia en sí y por las medidas restrictivas de confinamiento y cierre de locales. España ha concedido solamente un montante de alrededor del 4% del PIB en ayudas directas, muy por debajo de otros países europeos como, por ejemplo, Alemania, con una cifra por encima del 10%, o de Estados Unidos. Además, esos países han reforzado recientemente las transferencias directas a empresas –a fondo perdido– ante los nuevos confinamientos y cierre de actividades.

«No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos».

Satingo Carbó

El Fondo Monetario Internacional junto a Rating Trust Corporation, entre otras recomendaciones, reiteró la semana pasada la necesidad de reforzar programas de apoyo a empresas viables y grupos poblacionales vulnerables. Gastar mucho más hoy, pero ojo, con un plan de vuelta al rigor presupuestario –donde menos creíbles somos como país– tras la pandemia. Es importante, además, que se refuercen los incentivos para después de la crisis, como sustentar en todo lo posible la actividad empresarial con futuro, para salir de la crisis y mantener y a crear empleo. Y hacerlo de forma más decidida con transferencias directas, que son las que aumentan la necesaria resiliencia empresarial en tiempos de incertidumbre. También en las ayudas directas a familias sería necesario incluir estímulos más potentes a la búsqueda de trabajo tras la crisis. Una recuperación económica con un menor peso de contribuyentes –sean personas físicas o jurídicas– y mayor de los dependientes del sector público, nos dejaría en una situación de gran dificultad.

No se debe caer en la falacia de que apoyar más con transferencias a las empresas impide ayudar menos a las personas. Es, más bien, al contrario, reforzar la resiliencia de las empresas ahora, sustenta a las familias y sus empleos hoy y también cuando esta pesadilla pase.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Paisaje económico tras el estado de alarma

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La brecha económica se amplía, confirmando la necesidad de una respuesta diferenciada a la crisis para así maximizar el impacto de cada euro que invierte el Estado en abrir paso a la recuperación. Los sectores más afectados por la covid-19 —todos aquellos ligados al turismo, el transporte, la automoción o las actividades culturales y de ocio— podrían estar funcionando un 60% por debajo de su nivel de actividad previo a la crisis. En comparación, la producción en el resto de sectores alcanzaría el 95% del nivel anterior a la crisis, y en algunos casos (sector primario, industria agroalimentaria, química o sanidad) la crisis habría quedado atrás gracias al reciente repunte. Por tanto, la caída del PIB estimado para el conjunto de la economía española —un 18% en el segundo trimestre, según las previsiones de Funcas— refleja dos realidades totalmente distintas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente de los gráficos: INE y Funcas (previsiones).

En un entorno tan desigual, sin embargo, todos los sectores tienen en común la falta de demanda como principal obstáculo a la recuperación. Una encuesta del INE realizada durante el estado de alarma muestra que, para una de cada tres empresas, la reducción de la demanda interna será el factor con más impacto en la actividad en los seis próximos meses, por delante del incremento de la morosidad (también estrechamente asociado al descenso de la demanda), la fiscalidad o la falta de liquidez. La encuesta también confirma que las pymes son las más expuestas a desfases de tesorería.

«La ampliación prevista de los avales de crédito ICO por valor de 40.000 millones de euros y la puesta en marcha de un fondo de apoyo a empresas estratégicas por otros 10.000 millones son pasos en la buena dirección, pero solo a condición de focalizarlos adecuadamente».

Raymond Torres

De estos resultados se pueden extraer dos lecciones. La primera, que la eficacia de la política económica será proporcional al éxito que tenga en reasignar recursos hacia los sectores más golpeados, las empresas que por su papel estratégico merecen protección o estímulo, y los pequeños negocios que se enfrentan a problemas de liquidez. Para que sirva de acicate a la recuperación, ese trasvase de recursos debe ir acompañado de planes sectoriales, de modo que los estímulos sirvan para renovar el aparato productivo (producción interna de coches eléctricos, instalación de una capacidad propia de renovación residencial con ahorro energético, por ejemplo) y así estar en situación de responder a la demanda. De lo contrario, el impuso público solo servirá para incrementar las importaciones.

La ampliación prevista de los avales de crédito ICO por valor de 40.000 millones de euros y la puesta en marcha de un fondo de apoyo a empresas estratégicas por otros 10.000 millones son pasos en la buena dirección, pero solo a condición de focalizarlos adecuadamente. Y de acompañarlos de una agenda de reformas coherentes con las transformaciones en curso.

Una de ellas, tal vez la más importante, es la digitalización. Según la misma encuesta del INE, cerca de una de cada cuatro empresas tiene intención de innovar en sus procesos productivos y de invertir en nuevas tecnologías y en la formación. Este interesante resultado, prueba de que la crisis está acelerando la revolución tecnológica, pone en evidencia las carencias del sistema educativo español. No olvidemos que el 17,3% de jóvenes sale prematuramente de las aulas (uno de los peores registros de Europa), es decir mal preparados para participar en la economía digital.

La otra lección de las tendencias recientes atañe al papel de la política fiscal en el mantenimiento de la demanda agregada. Los ERTE han contribuido a limitar el impacto de la crisis sobre el paro, ejerciendo de estabilizador automático en el momento oportuno. Asimismo, el ingreso mínimo vital y la prestación por cesión de actividad de autónomos contribuyen a sostener la demanda. Si bien conviene reforzar los controles para prevenir abusos, también parece importante no relajar los esfuerzos para así evitar un indeseado incremento del paro que agravaría aún más el déficit de demanda.

Pese a la gravedad de la situación, aparecen señales alentadoras de una transformación del aparato productivo. Para aprovecharlas, no basta con la política económica. También es ineludible una reforma educativa que mejore la posición de nuestro país ante la revolución digital en marcha.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española, entre la crisis y la salvación

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Los atisbos de recuperación que habían surgido
tras el periodo de confinamiento se están afianzando. La actividad industrial
rebota con más intensidad de lo previsto, según el principal indicador de
coyuntura para junio (índice PMI de compra de empresas). También se percibe una
notable mejoría en los servicios, algo sorprendente ya que se trata del sector
más castigado por las medidas de restricción de actividad y de movilidad.

Gráfico 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA REPUNTA TRAS EL CONFINAMIENTO CON MÁS INTENSIDAD QUE LA MEDIA EUROPEA

Fuente: Markits Economics.

Además, el mercado laboral juega por primera vez un papel estabilizador, en lugar de magnificar el desplome de la economía con ajustes masivos de plantilla como sucedió en la anterior crisis, o en la recesión de los años 90. La afiliación a la Seguridad Social aumentó el mes pasado en cerca de 30.000 personas, con datos desestacionalizados, cerca del doble de lo previsto por Funcas. Y casi un millón y medio de personas que estaban en un ERTE se han incorporado plenamente a la actividad durante mayo y junio.

Estas son señales alentadoras de vida que, sin
embargo, no deben servir para echar las campanas al vuelo, porque se producen
desde los niveles de hibernación registrados en el cénit de la pandemia. Con
toda probabilidad, el PIB habrá registrado en el
segundo trimestre el mayor descenso desde que existen datos
comparables. Esto explica que solo se ha recuperado el 20% de la afiliación
perdida durante las semanas más duras de reclusión (el doble si se tiene en
cuenta el efecto ERTE).

El camino, por tanto, será largo. Y desigual,
porque si bien una parte de la economía repunta, la otra se enfrenta al riesgo
de insolvencia, si no ha quebrado ya. Se quedan en la cuneta muchas personas
(todas aquellas que no entran en una política de empleo y se ven abocadas al paro
de larga duración) y las empresas que o bien han echado el cierre, o bien están
entrando en concurso de acreedores. A más situaciones de insolvencia, menor la
capacidad de recuperación de la economía.

«Un aumento prematuro de impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto directo sobre la demanda, y sobre las expectativas. El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples realidades».

Raymond Torres

La doble cara del repunte de actividad justifica,
por tanto, una respuesta calibrada de la política económica. En primer lugar,
para limitar el riesgo de insolvencia de buena parte del tejido productivo, se
trata de prolongar las líneas de crédito ICO y los
ERTE, reforzando los criterios de acceso ahora que las
administraciones responsables tienen más capacidad de gestión. Las recientes
decisiones del Gobierno van en esa dirección, aunque todavía falta especificar
cómo se ayudará a las personas que no están amparadas por los actuales
dispositivos de empleo. Otra tarea pendiente es facilitar el acceso de las
pymes a las medidas de apoyo a la liquidez. La creación de un fondo de rescate
dotado de 10.000 millones para empresas estratégicas también parece una
iniciativa acertada ante el riesgo de insolvencia de proyectos industriales
vitales para el país.

En segundo lugar, en cuanto a los sectores mejor posicionados (una parte de la industria y de la construcción, servicios que teletrabajan, sector primario), la tarea es afianzar la recuperación con estímulos a la inversión. Por lo menos hasta que se produzca una dinámica auto-entretenida, con incrementos de la demanda privada y del empleo que reviertan automáticamente sobre la actividad sin necesidad de ayuda pública. La actual debilidad del consumo familiar y de la inversión empresarial muestra que ese horizonte es incierto, eso sin contar con un rebrote temible del virus.

El anuncio de un programa de ayudas a la
inversión para la digitalización y la transición verde es coherente con ese
objetivo, y con el futuro plan europeo. A la inversa, un aumento prematuro de
impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto
directo sobre la demanda, y sobre las expectativas.

El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el
principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples
realidades. Por ello, habrá que acertar en el diseño de los nuevos planes de
ayuda. De modo que todo euro invertido abone el terreno de una recuperación
sostenible.

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Atisbos de recuperación

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El pulso de la economía vuelve a latir, tras la relajación de las restricciones a la producción y a la movilidad de las personas. La actividad, que en abril se había reducido hasta su mínima expresión, muestra señales de vida –los gestores de compra de las empresas reportan una leve mejora para mayo, mientras que la afiliación a la Seguridad Social recupera una pequeña parte del terreno perdido durante las semanas de hibernación.

«Llega un repunte incompleto y desigual. Para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva».

Raymond Torres

Además, la puesta en marcha por el BCE de un programa masivo de compra de deuda pública, ampliado esta semana hasta un total de 1,35 billones, permite una cómoda financiación de la acción de los Estados. La prima de riesgo española se relaja, acercándose a los niveles precrisis y los mercados incrementan sus compras de bonos en condiciones favorables para el Tesoro Público.

Gráfico 1

Todo ello, unido a la tendencia netamente alcista de los mercados bursátiles, ha dado alas a un cierto optimismo. Una percepción que, sin embargo, choca con la realidad de sectores como el turismo, la automoción o el acero, que encaran un futuro incierto. En la industria varias empresas importantes amenazan con desplazarse a destinos que ofrecen un entorno más favorable, en términos de precio de la electricidad, estrategia industrial, o estabilidad regulatoria.

Gráfico 2

El repunte, además de incompleto y desigual, descansa sobre medidas de carácter principalmente transitorio. Los dispositivos de excepción, puestos en marcha al calor del estado de alarma, como los ERTE, los créditos ICO, las moratorias y prestaciones a colectivos más castigados por la pandemia, están concebidos para aportar un balón de oxígeno. Su utilidad ha quedado patente: de no haberlos desplegado, la tasa de paro ya se situaría por encima del 20% y apenas se percibirían atisbos de recuperación. No obstante, por definición se trata de medidas efectivas para empresas viables que se enfrentan a un desfase puntual de tesorería. Pero no son aptas ante situaciones de insolvencia, que requieren de una reconversión.

Por tanto, para evitar una recaída, la salida del plan de emergencia debería ser a la vez gradual y más selectiva. Esto significa prolongar los ERTE y los créditos ICO todo el tiempo necesario, pero a la vez normalizar los criterios de acceso, es decir, aplicar las condicionalidades antes de conceder las ayudas (ahora se aplican controles a posteriori). De forma que el esfuerzo se concentre en los sectores más necesitados y una parte de los recursos liberados se destinen, en primer lugar, a acciones estratégicas como en apoyo al turismo y al vehículo eléctrico. Otros países de nuestro entorno han emprendido este camino, poniendo en marcha todo tipo de ayudas directas o la entrada en el capital de algunas empresas. En una situación de escasez de recursos, no nos queda más remedio que establecer prioridades y vigilar el buen diseño de las iniciativas de apoyo al tejido productivo.

En segundo lugar, se trata de propiciar la incorporación en el mercado laboral de parados de larga duración, de los futuros beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, así como de jóvenes. Se puede estimar que más de 300.000 jóvenes de entre 15 y 24 años entrarán en el mercado laboral de aquí a finales de 2020. Para ser exitosa, la política de empleo deberá disponer de recursos humanos suficientes de modo a personalizar sus dispositivos y adaptarlos a un entorno cambiante. La experiencia internacional muestra que esta puede ser una inversión rentable, a condición de diseñar las medidas correctamente y evaluarlas, como es el caso de las políticas activas de empleo en el País Vasco.

Ante una desescalada económica tan compleja, nuestro principal aliado es el expansionismo monetario del BCE (recordemos que las ayudas europeas, todavía al estado de propuestas, no llegarían hasta dentro de un año). Todo dependerá de cómo aprovechemos esa oportunidad, resolviendo el dilema de tener que transitar de un plan de medidas de emergencia hacia un modelo de crecimiento que queda por definir.


Fuentes de los gráficos: Markits Economics, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿suficiente-credito?

¿Suficiente crédito?

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En la anterior gran crisis, la financiera, el epicentro eran las entidades bancarias, y la falta de crédito fue una limitación esencial para la recuperación. La covid-19 ha pillado a trasmano a la economía, pero ahora existe la posibilidad de dotar crédito, de actuar rápido. Al menos, mucho más que hace 12 años. Tanto los bancos como los Gobiernos, en muchos países europeos, han entendido que había que hacer frente común para prestar dinero, compartiendo el riesgo de las operaciones. El problema es precisar cuánto crédito es suficiente, lo que obliga a responder con carácter previo a otra pregunta: ¿para qué se necesita la financiación?

Lope de Vega diría aquello de “por andar la bolsa estrecha, no está la deuda pagada, porque es mejor no dar nada, que dar lo que no aprovecha”. La financiación que ahora se concede, fundamentalmente con avales del ICO, aprovecha realmente. Su destino no es la inversión sino la supervivencia. En los últimos años, el flujo de financiación hacia empresas ha sido moderado y los 100.000 millones de euros que se quieren prestar con ese programa de avales bancarios suponen prácticamente un tercio de todas las operaciones que se concedieron en 2019, que alcanzaron los 348.380 millones de euros. La situación es excepcional. Llegan facturas y nóminas pero no ingresos ¿Cuánto dinero es suficiente para financiar una economía que ha estado un tiempo parada y ahora a ralentí? Demasiado.

«La acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente».

Santiago Carbó

Este lunes el Banco de España informaba de que el flujo de financiación a empresas creció un 3,1% en abril en tasa interanual. El triple de meses anteriores. Si se excluye la financiación con deuda, el crédito de entidades financieras a empresas aumentó un 5,8% en abril. Los datos que han trascendido del programa de créditos bancarios con avales públicos son que se han concedido 35.832 millones a pymes y autónomos y 53.610 millones a otras empresas. 89.442 millones solo en este programa.

En abril y mayo de 2019, en una situación más normalizada, se habían concedido 57.184 millones de euros, lo que sugiere que la acción conjunta de entidades financieras e ICO está dando, por sí sola, un flujo de financiación muy por encima de lo normal. Cuestión distinta es que sea suficiente. Baste con pensar que, según han señalado anecdóticamente algunas entidades financieras, la demanda de crédito es bastante superior a esas cifras. Esto invita a pensar que sería conveniente extender la financiación con avales durante más meses, incluso entrados en 2021. Claro está, con una monitorización de la calidad de los créditos y su posible impacto en la morosidad.

Algo que va a depender de si se producen rebrotes de la covid-19 y en qué medida volverán a exigir detener la actividad o reducirán la confianza. La idea es simple pero articularla con suficiente control del riesgo es más complicado: hay que prestar a las empresas viables que puedan aguantar este trance y relanzarse después hacia la inversión. En la anterior crisis cayeron muchas que estaban en esa disposición pero cuyo crédito se secó de la noche a la mañana. No debe volver a ocurrir.

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