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Continúa el aumento de la inmigración en España

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La inmigración juega un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de atracción de estas sociedades, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social.

Desde principios de siglo España ha destacado como uno de los países europeos que más inmigración ha recibido. A 1 de enero de 2024, los datos de la Estadística Continua de Población revelan que la población nacida en el extranjero representaba el 18,1 % de los residentes en España, un punto porcentual más que en 2023 (Gráfico 1). Este aumento, hasta un máximo histórico de 8,8 millones de personas, es el resultado de una tendencia ascendente constante durante las dos últimas décadas. La población nacida en el extranjero solo experimentó un ligero descenso durante la Gran Recesión —menos de un punto porcentual (del 13,5 % en enero de 2011 al 12,7 % en julio de 2014)— así como una breve pausa en su expansión durante la pandemia. Estas tendencias no solo reflejan cambios demográficos, sino que también marcan el potencial estructural de España para atraer migración.

En el contexto de la Unión Europea, la proporción de población nacida en el extranjero en España parece bastante elevada. Según datos de Eurostat, en 2023 este porcentaje ascendía al 13,3 % de la población de la Unión Europea (Gráfico 2). España, con un 17,1 % de residentes nacidos en el extranjero en 2023, sólo se sitúa por detrás de países con una larga tradición de acogida de inmigrantes, como Suecia (20,4 %) y Alemania (19,5 %) y presenta una cifra significativamente superior a la de Francia (13,1 %). Aunque Portugal registra una proporción similar (16,1 %), otros países del sur de Europa como Grecia (11,3 %) e Italia (10,9 %) muestran porcentajes claramente inferiores.

La composición por edades de la población nacida en el extranjero es crucial en relación con la preocupación por el déficit de mano de obra. España es uno de los países europeos con una mayor proporción de inmigrantes de entre 25 y 44 años: representan el 42% de todos los nacidos en el extranjero (Gráfico 3). Esta cifra es claramente superior a la media europea —del 37 %— aunque inferior a la de Dinamarca (44 %), la República Checa (46 %) y Finlandia (49 %). Cabe señalar que, en España, tres de cada diez personas en este grupo de edad han nacido en el extranjero (Gráfico 4).

Por otro lado, la proporción de residentes nacidos en el extranjero varía mucho entre comunidades autónomas. En 2024 los porcentaje más elevados se encuentran en las Islas Baleares (27 %), seguidas de Cataluña y Madrid (24 %), Melilla (23 %) y la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (22 %) (Gráfico 5). Por el contrario, Extremadura (6 %), Asturias (10 %), Castilla y León y Galicia (11 %) presentan los porcentajes más bajos. En las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de estos inmigrantes se encuentran en el grupo de edad de 25 a 44 años. Ahondando en esta disparidad regional, algunas de las comunidades con una proporción bastante baja de inmigrantes nacidos en el extranjero de entre 25 a 44 años, como Canarias, Valencia y Andalucía también registran una mayor proporción de inmigrantes de 65 años o más (Gráfico 6).

Esta entrada forma parte de la edición de marzo de 2024 de Focus in Spanish Society.

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La formación en habilidades socioemocionales en la escuela primaria impulsa los resultados educativos

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El 18 de febrero, Review of Economic Studies, una de las revistas del top five de investigación en Economía, publicaba el artículo titulado “El impacto causal de la formación de habilidades socioemocionales en el éxito educativo“ realizado por Giuseppe Sorrenti (Universidad de Ámsterdam), Ulf Zölitz (Universidad de Zúrich), Denis Ribeaud (Universidad de Zúrich) y Manuel Eisner (Universidad de Cambridge). Estos autores analizan los efectos a largo plazo de una intervención aleatorizada enfocada a las habilidades socioemocionales de los niños. Las habilidades socioemocionales son predictivas de resultados importantes en la vida, como los resultados educativos, el empleo, los ingresos o la salud. Sorrenti et al. (2024) analizan el efecto de una intervención aleatorizada entre alumnado de 8 años en Suiza en la selección de itinerarios educativos, la finalización de la secundaria y la matriculación universitaria. La intervención Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) es un programa de aprendizaje socioemocional en el aula para estudiantes de primaria que busca reducir problemas de comportamiento (Greenberg et al. 1995). La intervención consiste en lecciones semanales y tareas escolares integradas en el currículo escolar. PATHS dura hasta dos años y está diseñado para fomentar el autocontrol, la paciencia, habilidades para resolver problemas sociales, autoestima, inteligencia emocional y compromiso académico.

PATHS enseña a los niños a pensar dos veces y a mirar hacia adelante. Por ejemplo, en un ejercicio en clase, los pequeños aprenden a tomar decisiones menos impulsivas en situaciones difíciles con el enfoque de ‘semáforo’ en tres partes. Primero, en la luz roja, los niños se detienen, hacen algunas respiraciones profundas y explican el problema al que se están enfrentando. Luego, en la luz amarilla, piensan en opciones de solución y las consecuencias de sus acciones, y plantean una solución al problema. Finalmente, en la luz verde, ejecutan su plan y evalúan si funcionó. Los maestros apoyan a los alumnos en aplicar el enfoque del semáforo en juegos de roles y situaciones reales en clase, como un conflicto con compañeros. Los alumnos también practican este enfoque en tareas escolares: describen un problema social o académico relacionado con la escuela, explican estrategias de solución a padres o compañeros de clase y recopilan comentarios sobre sus estrategias de solución. PATHS incluye elementos de terapia cognitivo-conductual y se enfoca en habilidades de resolución de problemas y regulación asociadas con un comportamiento externalizado mejorado propicio para el aprendizaje, el logro y el éxito escolar futuro. Su objetivo principal era reducir el comportamiento disruptivo y agresivo mejorando las habilidades socioemocionales de los niños. PATHS se introdujo en 28 de 56 escuelas primarias públicas seleccionadas aleatoriamente. La aleatorización se realizó a nivel de escuela y se estratificó dentro de los distritos escolares. Para evaluar los efectos a largo plazo de la intervención PATHS, Sorrenti et al. (2024) siguieron al grupo de tratamiento y control durante 17 años.

La intervención en el aula para
niños de educación primaria tiene un impacto positivo que permanece durante más
de una década. Los niños y niñas del grupo de tratamiento tienen más
probabilidades de completar la educación secundaria, en particular el
itinerario de Bachillerato, y acceder a estudios superiores. Dos mecanismos
impulsan estos resultados. Los niños tratados muestran menos síntomas de TDAH (Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad), son menos impulsivos y menos
disruptivos. También obtienen resultados académicos más elevados en sus centros
educativos, aunque no alcanzan mejores puntuaciones en las pruebas externas y estandarizadas.
Es decir, los efectos a largo plazo en el acceso a estudios de secundaria
superior y estudios superiores se producen por cambios en las habilidades
socioemocionales en lugar de habilidades cognitivas.

El grafico 1, extraído del artículo de Sorrenti et al. (2024), muestra cómo evoluciona el efecto del tratamiento de la formación en habilidades socioemocionales a lo largo del tiempo. La figura muestra los efectos del tratamiento en la inscripción en la matriculación en el itinerario más académico de secundaria obligatoria (nuestra ESO) y secundaria superior académica (Bachillerato) a las edades de 13, 15 y 17 años, así como la finalización de los estudios de Bachillerato y el acceso a universidad a los 20 años, y la matriculación o graduación en la universidad a los 24 años. Todas las estimaciones son positivas y estadísticamente significativas. El efecto del tratamiento no solo no decae, sino que aumenta ligeramente con el tiempo. El impacto del programa de formación en habilidades socioemocionales es grande. En la clase promedio de la muestra, cinco de cada 28 estudiantes asisten a la universidad a los 20 años. La magnitud del efecto del tratamiento implica que un estudiante adicional, seis en lugar de cinco, asistirá a la universidad debido a la intervención.

El gráfico 2 muestra el efecto del tratamiento PATHS sobre los síntomas de TDAH y la oposición o desafío de los alumnos. La oposición y el desafío reflejan comportamientos como decir mentiras, hacer trampas o ignorar las instrucciones de los maestros. El panel a del gráfico muestra la evolución del efecto del tratamiento PATHS sobre los síntomas de TDAH (comportamiento disruptivo e impulsividad) a lo largo del tiempo. PATHS hace que los niños sean más impulsivos y disruptivos durante el período de intervención y persistentemente menos impulsivos y disruptivos después de que se completa la intervención. Que haya más problemas de comportamiento durante la intervención puede ser sorprendente, puesto que va en contra del objetivo de la intervención. Sorrenti et al. (2024) plantean que la intervención hizo que los maestros y los padres fueran más conscientes de cómo debería ser el comportamiento apropiado de los niños. Esta posible mayor conciencia puede haberlos hecho más críticos a corto plazo. Después de la intervención, a partir de los diez años, PATHS reduce los síntomas de TDAH al hacer que los niños sean menos disruptivos e impulsivos. El efecto del tratamiento persiste hasta la finalización de la escuela primaria, cuando los niños tienen 12 años, y sigue siendo visible a los 13 y 15 años. El panel b del gráfico muestra el efecto del tratamiento PATHS sobre la oposición y el desafío. PATHS aumenta la oposición y el desafío durante la intervención y disminuye esos comportamientos después de que se completa la intervención. Los efectos del tratamiento en la oposición y desafío, al contrario de los comportamiento disruptivos e impulsivos, se desvanecen después de que los alumnos llegan a secundaria.

Reducir las conductas disruptivas puede ser muy importante, no solo para el propio estudiante, sino también para sus compañeros y los docentes. Las conductas disruptivas en el aula reducen el rendimiento académico y aumentan la insatisfacción de los profesores. Horoi & Ost (2016) muestran evidencia de que la interrupción en el aula es un obstáculo para la enseñanza efectiva. Los estudiantes con serias dificultades de comportamiento reducen sustancialmente el rendimiento académico de sus compañeros. También afectan a la igualdad de oportunidades, porque se concentran más en los centros vulnerables. En concreto, Carrell et al. (2016) estiman que la exposición a un estudiante disruptivo adicional en una clase de 25 a lo largo de la educación primaria reduce las puntuaciones en los exámenes de matemáticas y lectura en los grados 9 y 10 (nuestro 3º y 4º de la ESO) en 0,02 desviaciones estándar y disminuye la probabilidad de obtención de un título universitario en dos puntos porcentuales. La exposición a un compañero disruptivo adicional a lo largo de la escuela primaria conduce a una reducción del tres al cuatro por ciento en los ingresos a las edades de 24 a 28 años, como se muestra en el gráfico 3.

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El lento ritmo de descenso del abandono escolar pone en entredicho el objetivo europeo del 9% en 2030

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La tasa de abandono es la media de 4 trimestres del año del porcentaje de población entre 18-24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y, que, no habiendo titulado en estos tres niveles educativos, no ha realizado un curso de formación en las últimas cuatro semanas. Los datos oficiales del Ministerio de Educación, FP y Deportes hechos públicos el lunes 29 de enero muestran que la tasa de abandono en España en 2023 ha disminuido desde el 13,9% de 2022 al 13,6% de 2023. Aunque aún no se conocen los datos de la UE para este año, si nos basamos en la información de 2022, parece que España va a continuar siendo el segundo país comunitario con más jóvenes que no continúan sus estudios, tan solo mejor que Rumanía y a cierta distancia del antepenúltimo Hungría. La media de la UE-27 en 2022 fue del 9,6%. La tasa de abandono del 13,6% en España en 2023 nos sitúa aún lejos del objetivo de la UE en Educación y Formación (Education and Training Monitor Report de la UE) para 2030 de situarse en el 9%. Con un ritmo de disminución de 3 décimas no parece que nuestro país vaya a poder situarse en ese umbral dentro de 7 años.  


El gráfico 2 muestra las tasas de abandono temprano en la educación por comunidades autónomas. Hay una gran heterogeneidad en el abandono, con Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%) o Galicia (8,8%) ya con registros por debajo del objetivo de la UE para 2030 del 9,0%. En todas las CC. AA., el abandono temprano de la educación es más bajo entre las mujeres que entre los hombres, en algunos casos incluso la mitad, como en Navarra (3,8% por 9,0%) o La Rioja (3,9% por 14,5%). 


En cualquier caso, es interesante comprobar que la diferencia en la tasa de abandono entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente en los últimos años en España. En 2002 la diferencia entre la tasa masculina (37,2%) y femenina (24,3%) era de 12,9 puntos porcentuales. Ahora, en 2023, después de 3 años consecutivos de mejor comportamiento relativo de los hombres, esa diferencia se ha reducido a 4,5 puntos porcentuales. Incluso en términos porcentuales, los 12,9 puntos de distancia en 2002 eran un 42% de la tasa de abandono en España ese año (30,9%) mientras que los 4,5 puntos porcentuales de diferencia en 2023 son el 33% de la tasa de abandono del 13,6%. Y es que a medida que se baja la tasa de abandono más difícil es lograr reducirla, como muestra el caso de las mujeres que parten de niveles de abandono inferiores a los hombres, por lo que resultado más complicado disminuirla más. Lo mismo ocurre entre las comunidades de Navarra y País Vasco, que tenían tasas de abandono más bajas en 2022 (5,7% y 5,6% respectivamente) que en 2023 (6,3% y 6,4%)

La resistencia a bajar el abandono cuando se van teniendo tasas más bajas va a requerir nuevas medidas educativas. Con la pandemia, los indicadores educativos de promociones mejoraron mucho y esa inercia inicial se ha perdido. Una potente oferta educativa podría evitar que estudiantes que, de no haber sido por la pandemia habrían dejado los estudios, los abandonen un poco más tarde. Es posible que los jóvenes a los que en mayor medida les afecta la tasa de abandono sean ya de colectivos de características singulares a los que sea más difícil llegar y a los que habrá que ayudar con medidas muy bien dirigidas, bien analizadas y evaluadas de forma constante. El miércoles 31 de enero dedicamos una jornada virtual a evaluar posibles medidas educativas que España podría llevar a cabo para disminuir la tasa de abandono. Pueden ver el acto tanto en directo como una vez terminado, en el canal de YouTube de Funcas.

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Por el mundo digital con la guardia baja

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Millones de personas transmiten diariamente datos personales, laborales y financieros a través de Internet. Gestionarlos de forma adecuada es esencial para salvaguardar la privacidad personal, prevenir el acceso y uso no autorizado de información sensible y proteger contra el robo de identidad y los fraudes. Reconociendo el derecho fundamental de las personas a la protección en relación con el tratamiento de sus datos personales, las instituciones europeas y nacionales han elaborado en los últimos años una densa estructura normativa para hacerlo efectivo. Por su parte, numerosas organizaciones y empresas promueven la participación en programas y cursos de ciberseguridad para concienciar a los usuarios de Internet sobre la importancia de la autoprotección. Sin embargo, las estadísticas disponibles indican que, en general, navegamos por Internet con la guardia baja.

En efecto, las Encuestas sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares realizadas en 2023 en los países de la Unión Europea reflejan niveles moderados o deficientes de medidas de protección, si bien se aprecian notables diferencias internacionales. Por ejemplo, en España, un 38 % de los internautas han modificado alguna vez la configuración de sus navegadores para restringir las cookies, cifra cercana a la media europea pero muy alejada de las que muestran Finlandia (66 %) o Países Bajos (56 %) (gráfico 1). En el mismo sentido apunta la menor frecuencia con la que los encuestados españoles afirman llevar a cabo prácticas tales como la instalación de software para limitar el rastreo en línea (un 17 %, tres puntos porcentuales (pp) por debajo de la media europea), una prudencia también menos frecuente en el resto de países del Sur y Este de Europa.


Otros indicadores ponen asimismo de manifiesto ese comportamiento excesivamente confiado de los internautas españoles. Así, según datos recogidos en 2020 por esa misma encuesta (no disponibles en la edición de 2023), más de la mitad de los encuestados en España (54 %) carecía de un sistema de seguridad en sus teléfonos móviles inteligentes o ignoraba tenerlo, frente al 37 % de la media europea. Además, un 34 % nunca había restringido el acceso de las aplicaciones a los datos de sus dispositivos o desconocía la posibilidad de hacerlo, cifra que superaba en 7 pp a la de la media europea (gráfico 2).


No obstante, en otras facetas, los españoles manifestaron una mayor cautela en la gestión directa de datos personales: en 2023 un 41 % afirmó leer las políticas de privacidad antes de proporcionar datos personales; un 63 %, haber restringido el acceso a su ubicación, y un 72 %, haberse negado en alguna ocasión al uso de sus datos para publicidad, cifras todas ellas superiores a las correspondientes a la media europea (gráfico 3).


La encuesta también refleja la existencia de diferencias sociodemográficas en estos comportamientos. Los mayores, las mujeres y las personas con menor nivel educativo se posicionan como los grupos más vulnerables por su menor precaución en la protección de sus datos. Ya sea por falta de habilidades tecnológicas o por desconocimiento de la importancia de proteger esta información personal, en general, las mujeres muestran menos prudencia en la protección de datos que los hombres de sus mismas edades, especialmente en cuanto a actividades algo más exigentes técnicamente, como la instalación de software (gráfico 4). La edad influye en el sentido esperado (los internautas mayores protegen menos la privacidad de sus datos), si bien la relación no es lineal: los entrevistados más jóvenes (de 16 a 24 años) se protegen menos que los que cuentan entre 25 y 34 años. También el nivel educativo marca diferencias en estas conductas. No llega a un tercio la proporción de internautas con educación secundaria o menos que ha configurado su navegador para limitar el seguimiento de cookies, mientras que esta cifra supera el 50 % entre quienes han completado estudios universitarios (gráfico 5).


Lo cierto es que los usuarios, aunque estén acostumbrados al uso cotidiano de la tecnología, muy a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para comprender los riesgos a los que están expuestos sus datos en el entorno digital y subestiman la importancia de su protección. Sus intereses han de conjugarse con los de las empresas, que se encuentran ante el dilema de aprovechar el uso de los datos de sus usuarios como oportunidad de negocio o adoptar una estrategia de diferenciación de marca basada en una mayor protección de datos. Estas tensiones se refuerzan con el auge de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes volúmenes de datos. Pero, además, los reguladores no solo actúan como árbitros, sino que también son parte interesada dado el potencial aprovechamiento del acceso a los datos de los ciudadanos, cuya exposición se incrementa a medida que las diferentes esferas de la vida se trasladan, cada vez más y de más variadas formas, al entorno digital.

En definitiva, la protección de los datos queda a menudo comprometida en un sinfín de decisiones que realizamos cotidianamente en nuestras actividades online. Utilizamos navegadores sin ser conscientes de que ofrecen distintos niveles de seguridad, privacidad y protección contra el rastreo online; entramos en páginas web con diferentes niveles de seguridad, descargamos aplicaciones móviles, servicios de mensajería y plataformas de redes sociales, cada uno con sus propios protocolos y políticas de privacidad, que incluyen, en ocasiones, la venta de datos de los usuarios. Todo ello abona una sensación de complejidad y entropía que conduce a menudo a reducir las cautelas. No es sencillo regular la protección de datos de manera que proteja a todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad o conciencia tecnológica, sin debilitar la inversión en innovación tecnológica ni frenar su avance en esa carrera internacional tan competitiva. Pero todos los esfuerzos por diseñar normativas que concilien esos intereses individuales, corporativos, políticos y administrativos en el manejo de datos personales resultarán de eficacia muy limitada si nos movemos por el mundo digital sin conciencia de los riesgos ni protección suficiente ante ellos. Insistir en este mensaje es probablemente una de las mejores formas de celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos.

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Un poco menos de ilusión y un poco más de precaución: tengamos la fiesta en paz… o sin política

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II Encuesta Funcas de Navidad (2023)

Las fiestas navideñas operan como una fuerza centrípeta
sobre las familias. Ahora bien, la intensidad de esa fuerza depende de
variables tales como el tamaño de los hogares y la estructura de las relaciones
familiares. Es en los hogares en los que conviven al menos tres personas donde
más arraiga el “espíritu navideño”, si entendemos que lo encarnan en mayor
medida quienes manifiestan una actitud más positiva e ilusionada ante estas
fiestas y las convierten en una ocasión para expresar sus sentimientos de
afecto y proximidad, entre otros medios, a través de los regalos.

Las diferencias en el sentimiento y la vivencia de la Navidad se ponen de manifiesto en la II Encuesta Funcas de Navidad (2023), realizada online entre el 11 y el 18 de diciembre a una muestra de 1.011 ciudadanos españoles entre 25 y 65 años (un colectivo que representa aproximadamente a 23,3 millones de personas).

Las mujeres y los hombres encuestados que conviven en hogares de tres o más personas afirman en una proporción cercana al 70% que les gusta celebrar la Navidad, superando en 10 puntos porcentuales (pp) a quienes residen en hogares de dos personas (60%), y en 23, a quienes viven solos (47%) (Gráfico 1a). Son también ellas y ellos los que en mayor proporción declaran que esta Navidad, la de 2023, les ilusiona “mucho” o “bastante” (57%, frente al 51% de quienes viven en hogares de dos personas, y al 39% de quienes viven solos) (gráfico 1b).

Atendiendo a la edad, en la celebración de las fiestas navideñas se implican más las personas que se encuentran en una fase intermedia del ciclo vital, en la que habitualmente mantienen relaciones estrechas con familiares en primer grado de consanguinidad pertenecientes a distintas generaciones: a la generación “de abajo”, formada por hijas/hijos (principalmente dedicados al estudio), y a la “de arriba”, que integran madres/padres (generalmente, todavía con buena salud). Esa fase puede entenderse, por tanto, como una etapa biográfica de “adultez joven”, caracterizada por la asunción de diversas responsabilidades familiares y una actividad intensa dedicada, además de al trabajo y al desarrollo profesional, a conseguir el buen funcionamiento de la familia más próxima. Alrededor de dos terceras partes de esos adultos jóvenes (35-44 años) viven en hogares de tres o más personas (68%), pero son todavía más (75%) los que declaran que les gusta la Navidad, una proporción que desciende significativamente a partir de esa edad (61% en el grupo de 45 a 54 años, y 52% en el de 55 a 65 años) (gráfico 1a). Llamativamente, en estos dos últimos grupos de edad se observan porcentajes más elevados de mujeres y hombres que confiesan que “ya no” les gusta celebrar la Navidad (33%). Esa respuesta “nostálgica” abunda menos en el grupo de personas de 35 a 44 años (19%), que también manifiesta en mayor proporción (mucha o bastante) ilusión ante las “próximas Navidades” (63%) (gráfico 1b).


No sorprende, por otra parte, que dos elementos tan centrales de las fiestas navideñas como su celebración en compañía y la entrega de regalos también estén relacionados con el tamaño del hogar en el que habitan las personas encuestadas y con la  edad de estas últimas. En torno a dos de cada diez personas en hogares unipersonales declaran bien que cenarán solas en Nochebuena (8%), bien que todavía desconocen con quién cenarán (10%), cifras similares a las que arrojan sus respuestas a la pregunta sobre con quién comerán el día de Navidad (11% en ambas respuestas) (gráficos 2a y 2b). En cambio, los porcentajes (sumados) correspondientes apenas superan el 3% entre las personas encuestadas que viven en hogares de dos o más personas. Por otra parte, quienes viven en hogares de al menos tres personas destacan por la frecuencia con la que van a hacer regalos en estas fechas (91%) y por el número más elevado de personas a las que piensan obsequiar con sus regalos (5,2 personas de media) (gráficos 3a y 3b). El grupo de edad con un porcentaje más alto de encuestadas y encuestados que van a hacer regalos y con una media más elevada de personas a las que van a regalar es el de 35 a 44 años. Especialmente las mujeres en este grupo de edad sobresalen en ambas variables: el 95% afirma que va a hacer regalos, con una media de 6,8 destinatarios (gráfico 4).


La II Encuesta Funcas Navidad (2023) muestra que la proporción de personas a las que les ilusionan (mucho o bastante) las próximas Navidades (54%) es claramente menor que la de quienes reconocen que, en general, les gusta celebrar las fiestas de Navidad (72%). Este es un hallazgo que también puso de manifiesto la I Encuesta Funcas de Navidad (2022), si bien en esta última sendos porcentajes (el de encuestadas y encuestados que mantuvieron que les gusta celebrar la Navidad y el de aquellos a los que les ilusionaban las inmediatas fiestas navideñas) fueron algo más elevados (gráfico 5).


Que haya gente a la que le gusta la Navidad, pero le ilusionan “poco” o “nada” las próximas fiestas puede deberse a varios factores. Cabe pensar que esta ilusión amortiguada obedezca a la inquietud ante la posibilidad de unas fiestas navideñas complicadas. Sobre uno de los potenciales motivos de esa inquietud da cuenta una pregunta incluida, con el mismo enunciado, en las Encuestas Funcas de Navidad de 2022 y 2023: “¿Considera conveniente evitar algún tema de conversación en esas comidas o cenas navideñas?” En 2023, el 51% de los encuestados contestan afirmativamente esta pregunta (superando en 6 puntos porcentuales la respuesta de quienes así contestaron en 2022), con una diferencia considerable entre hombres (47%) y mujeres (56%) (gráfico 6a). Los datos sugieren, por tanto, que entre 2022 y 2023 ha aumentado la conciencia de que en las reuniones familiares conviene eludir determinadas cuestiones para “tener la fiesta en paz”. Cuando se pide a los encuestados que especifiquen esas cuestiones, el 84% (de los que han respondido afirmativamente a la pregunta previa) señalan “la política” (porcentaje también superior al obtenido en 2022). Esa respuesta predomina, con mucha diferencia, sobre cualquier otra (gráfico 6b).


En resumen, los datos de la II Encuesta Funcas de Navidad (2023) indican que la población española entre 25 y 65 años que está ilusionada ante esta Navidad sigue superando a la que manifiesta su escasa o nula ilusión por estas fiestas, pero la distancia entre ambos grupos se ha acortado en el último año. Los que más ilusión han “perdido” son los dos grupos de edad en los extremos (25-34 años y 55-65 años), mientras que quienes cuentan entre 35 y 44 se mantienen como los adalides del “espíritu navideño”; una emoción por la Navidad que en la encuesta de este año aparece algo desvaída respecto a la Navidad de 2022. En todo caso, habrá que esperar a las Navidades de los próximos años para saber si estos indicios de un ligero amortiguamiento del “espíritu navideño” se convierten en una tendencia.

Ficha técnica de la II Encuesta Funcas de Navidad (2023)
• UNIVERSO: residentes en territorio nacional peninsular e insular con nacionalidad española (25-65 años)
• TAMAÑO MUESTRAL: 1.011 entrevistas.
• TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop).
• SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación.
• TRABAJO DE CAMPO: del 11 al 18 de diciembre 2023.
• MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±3,2 para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 % para el conjunto de la muestra.
• MÉTODO DE PONDERACIÓN: los datos se ponderaron por las variables “sexo x edad” (2 x 4 grupos) y comunidad autónoma (7 grupos)
• INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.

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vivir-la-discapacidad-en-una-sociedad-poco-discriminatoria:-un-logro-insuficiente

Vivir la discapacidad en una sociedad poco discriminatoria: un logro insuficiente

Las personas con discapacidad afrontan diariamente
limitaciones tan variadas como difíciles de imaginar para quienes no las
sufren. La vivencia de estas dificultades resulta todavía más onerosa cuando
viene acompañada por sentimientos de discriminación del entorno. Sobre la
extensión de estos sentimientos entre las personas con discapacidad en España
disponemos de una fuente de información estadística relativamente reciente: la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada
entre 2020 y 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en
2022 (conocida como EDAD 2020)[1].
Entre las muchas cuestiones por las que pregunta esta encuesta a las personas
con discapacidad, algunas se refieren a si se han sentido discriminadas “alguna
vez por motivo de su discapacidad” en ámbitos de su vida cotidiana, entendiendo
por discriminación que no se les haya permitido hacer algo, se les haya hecho
sentirse inferiores o ignoradas, se les haya molestado o no se les haya
ofrecido la información adaptada a sus necesidades particulares.

Entre los ámbitos por los que pregunta la EDAD 2020, los más genéricos son las “relaciones sociales, tiempo libre, viajes” y los “desplazamientos o viajes en transporte”. En ambos, las respuestas de las personas con discapacidad indican muy mayoritariamente la ausencia de percepciones de discriminación. Quienes contestan que “nunca” las han experimentado son el 91 % y el 94 %, respectivamente, mientras que quienes afirman haber sentido discriminación en esos ámbitos “muchas veces” o “constantemente” no llegan al 3 %; entre el 5 % y el 7 % responden que la han percibido “algunas veces”. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas, ampliándose ligeramente cuando se pregunta por las relaciones sociales, ámbito en el que más hombres reconocen haber sufrido discriminación; sin embargo, también ellos contestan en una proporción muy amplia (89 %) que “nunca” se han sentido discriminados en esta esfera de su vida cotidiana (Gráfico 1).


Semejantes sentimientos son también muy escasos cuando se pregunta a quienes se encuentran empleados en el momento de realización de la encuesta si se han sentido discriminados “en su empresa o su lugar de trabajo” o si han padecido “situaciones de acoso laboral (mobbing)”. En el primer caso, un 88 % niega haber percibido discriminación; en el segundo, el porcentaje alcanza el 93 %, si bien con una diferencia no desdeñable entre mujeres (91 %) y hombres (96 %) (Gráfico 2)[2].


En general, estas respuestas retratan a una sociedad que desaprueba la discriminación y respeta a las personas con discapacidad. Este retrato encaja con los datos que proporcionó el último Eurobarómetro sobre discriminación publicado por la Comisión Europea (2019), según el cual España arroja la cifra más alta de población general de 15 o más años que tiene amigos o conocidos con discapacidad: casi cuatro de cada cinco (78 %) contestaron afirmativamente esta pregunta, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (Gráfico 3).


La EDAD 2020 pone asimismo de manifiesto que los bajos niveles de discriminación percibida entre las personas con discapacidad en España también se observan en ámbitos regulados por el Estado, como la provisión de servicios sanitarios o el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así, el 90 % de las personas con discapacidad de 6 o más años no han percibido nunca discriminación en los servicios sanitarios (Gráfico 4), y es incluso más elevado el porcentaje de las personas con discapacidad de 18 o más años que dan la misma contestación (“nunca”) cuando se les pregunta si han percibido discriminación por motivo de su discapacidad a la hora de ejercer sus derechos civiles y políticos (Gráfico 5).


Estos son datos que merecen ser interpretados como el logro de una extensa comunidad de individuos y grupos sociales, liderada por las numerosas organizaciones del sector de la discapacidad dedicadas a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar las diferentes discapacidades y ofrecer a los afectados información y ayudas de diverso tipo. Ahora bien, aun mereciendo una apreciación positiva, los muy elevados porcentajes de personas con discapacidad que no se sienten discriminadas no deberían ocultar que son muchos miles de ellas las que han tenido otras experiencias. En efecto, cuando se calcula el número de personas que representan esos bajos porcentajes que sí han sentido discriminación, las cifras adquieren una dimensión más “real”: más de 14.000 personas con discapacidad de 16 o más años se han sentido discriminadas “muchas veces” o “constantemente” en su lugar de trabajo; alrededor de 50.000 de 6 o más años han percibido “muchas veces” o “constantemente” discriminación en desplazamientos o medios de transporte; y en torno a 100.000, en consultas o servicios sanitarios o en relaciones sociales, tiempo libre o viajes.

A la luz de estas cifras, no extraña que en el ya citado Eurobarómetro, cuatro de cada diez entrevistados en España opinaran que la discriminación por discapacidad está “bastante” (30 %) o “muy extendida” (9 %) en el país (porcentajes, en todo caso, bastante inferiores a los que arrojaron las encuestas llevadas a cabo en Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Países Bajos) (Gráfico 6). Y también se aproximaban a esa proporción (37 %) quienes pensaban que cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos candidatos con habilidades y cualificaciones iguales, la discapacidad supone una desventaja (Gráfico 7).


Pero si hay un indicador que, en cuestión de empleo, pone de relieve una clara desventaja de las personas con discapacidad, es la tasa de paro, que cuantifica a quienes quieren trabajar y no encuentran empleo. Estimada a partir de la EDAD 2020, esa tasa ascendía en el arranque de la actual década al 30 %, doblando a la que por entonces registraba la población general. Más de 160.000 personas con discapacidad que no tenían empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres) lo buscaban y no lo hallaban. Es probable que esa elevada tasa de paro obedezca, en buena medida, a desajustes entre las cualificaciones laborales de los demandantes de empleo y las necesidades de los empleadores. Pero, dado que, según numerosas investigaciones, el empleo constituye un factor clave de integración social, reducir esta tasa de paro reforzando los recursos destinados a programas de formación e inserción laboral para las personas con discapacidad podría contribuir eficazmente a aumentar su calidad de vida. Facilitar su salida del mercado de trabajo, como se ha hecho este mismo año a través de un Real Decreto sobre jubilación anticipada, sin duda puede resultar de ayuda para una parte del colectivo, en especial, para quienes están al final de su vida laboral; pero promover la inserción laboral es tanto o más importante, sobre todo, para las personas con discapacidad más jóvenes.

En definitiva, en el Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, podemos reconocer y celebrar como sociedad que una gran mayoría de quienes en España están afectados por problemas de discapacidad no se sienten discriminados por su entorno; pero también es preciso cobrar conciencia de que este logro es insuficiente para asegurar las mejores condiciones de vida que la sociedad española puede ofrecer a las personas con discapacidad.

Los datos correspondientes a la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia incluidos en este texto proceden del informe de M.A. Malo, R. Pagán y Vanesa Rodríguez, Discapacidad, participación laboral y calidad de vida en España: un análisis de la Encuesta de Discapacidad de 2020, que será próximamente publicado por Funcas.


[1] La recogida de los datos de la EDAD-2020 se organizó en dos
fases. En la primera (entre agosto 2020 y enero 2021), se encuestó a los
hogares de la muestra (cuestionario de hogar), con el fin de localizar aquellos
en los que residían personas con discapacidad o niños con limitaciones. En la
segunda fase (desde abril hasta octubre de 2021) se obtuvo información más
detallada de las personas que en la fase 1 habían declarado tener alguna
discapacidad o limitación, así como de sus cuidadores principales. Véase INE
(2022). Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD
2020) Metodología
.

[2] Hay que tener en cuenta también que este patrón podría deberse a
un proceso de selección, ya que cabe suponer que los empleadores que contratan
a personas con discapacidad y los entornos laborales en los que estas se
insertan sean menos propensos a discriminar.

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El círculo virtuoso de la formación: los españoles con nivel educativo alto, más activos en aprendizaje permanente

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En un contexto de rápida evolución del mercado laboral mundial y de cambio demográfico, la formación permanente está adquiriendo cada vez más importancia. La participación en la educación durante la edad adulta proporciona a los individuos una herramienta contra el desempleo, mejora el ajuste entre las cualificaciones y los puestos de trabajo y, por lo tanto, fomenta el desarrollo personal y el bienestar. Difundir una cultura de aprendizaje permanente en la sociedad contribuye, en definitiva, a lograr una mano de obra resistente y, al mismo tiempo, mejorar la cohesión social, garantizando que los ciudadanos sigan participando en el mercado laboral mientras puedan y deseen trabajar. 

El plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece como objetivo una tasa anual de participación en la formación del 60% para todos los adultos de aquí a 2030. Sin embargo, los últimos datos disponibles muestran que las tasas de participación en educación formal y no formal en los países de la Unión Europea entre el grupo de edad de 25 a 54 años —en el que se alcanzan las cifras más altas de participación en el mercado laboral— está muy lejos de este objetivo (gráfico 1A). En 2022, la media de personas de 25 a 54 años de la UE que participaban en actividades de formación (formal y no formal) ascendía al 14%. Las diferencias entre países siguen siendo significativas. Suecia (39%), Dinamarca (30%), Países Bajos (29%) y Finlandia (29%) destacan como los países con porcentajes más elevados. Algunos países de Europa del Este, como Bulgaria, Croacia, Rumanía, Polonia o Hungría, pero también Grecia, presentan porcentajes muy inferiores (por debajo del 9%). Con una tasa de participación del 18%, España se sitúa por encima de la media de la UE27, y no sólo supera a sus vecinos del sur de Europa, como Portugal (16%), Italia (11%) y Grecia (4,4%), sino también a Francia (15%) y, sobre todo, a Alemania (10%). 


La educación de adultos es especialmente importante para la población desempleada, ya que ofrece una vía de reinserción laboral. En la mayoría de los países europeos, los niveles de participación en educación de los adultos son más elevados entre los desempleados que entre los ocupados (gráfico 1B). Suecia encabeza el grupo tanto para los primeros como para los segundos, con tasas del 52% y el 37%, respectivamente, lo que subraya el compromiso del país con el aprendizaje permanente. Los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia le siguen de cerca en cuanto a personas empleadas, pero hay una diferencia notable cuando se trata de desempleados, lo que sugiere diferencias en las estrategias nacionales para estos grupos. En España, la participación en actividades educativas entre los desempleados (20%) es superior a la media de la UE27 (14%), aunque sustancialmente inferior a la de los países nórdicos. 

Es destacable el hecho de que la educación de adultos es más común entre las personas que ya tienen un alto nivel educativo. En todos los países europeos se observa una tendencia común: las personas con estudios superiores son las más dispuestas a emprender iniciativas de aprendizaje permanente (gráfico 2). En otras palabras, la formación genera un círculo virtuoso, estimulando la adquisición de más formación. 


Las disparidades educativas en el aprendizaje de adultos son bastante agudas en España, donde la proporción de personas con educación terciaria que participa en el aprendizaje de adultos (26%) casi cuadruplica la de personas que han alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria. Así pues, las personas con mayor riesgo de desempleo apenas participan en el aprendizaje permanente. Este hecho evidencia un problema al que hay que hacer frente para evitar que aumenten las diferencias educativas y de cualificación entre la mano de obra, con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales. 

Esta entrada es un extracto del número de noviembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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El poder de la maternidad y la caída de la natalidad

¿Acaso existe mayor poder individual legítimo que el de decidir si traer un hijo al mundo o no y, en caso afirmativo, cuándo hacerlo? Desde hace solo algunos decenios, millones de mujeres pueden ejercer ese poder en las sociedades económicamente más avanzadas. En qué grado comparten ese poder con sus parejas, cuando las tienen, no es fácil de averiguar, pero cabe suponer que, en tanto gestanturi, su criterio es decisivo. De ahí que las claves de la natalidad haya que buscarlas fundamentalmente en la maternidad.

El ejercicio del poder de la maternidad lo han posibilitado el acceso masivo y concurrente de las mujeres a los anticonceptivos y al trabajo retribuido. Aun cuando no está libre de costes para ellas, los anticonceptivos les han procurado más libertad sexual y, en combinación con el trabajo retribuido, un instrumento esencial para planificar y configurar autónomamente sus propias biografías. Allí donde este doble acceso se ha generalizado, la concepción ha dejado de ser un destino para convertirse en una elección. No un sujeto social en busca del empoderamiento de género o de cualquier otro objetivo colectivo, sino incontables mujeres tomando decisiones individuales en función de sus preferencias y circunstancias han impulsado la transición de la maternidad desde el Sistema 1 (el que piensa “rápido” y genera comportamientos automáticos) al Sistema 2 (el que piensa “despacio” y racionaliza las acciones), por utilizar la célebre distinción del psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman. Esta transición puede tardar años en cumplirse, pero cuando el Sistema 2 se apodera de las riendas de la maternidad, y los cambios de comportamiento de las mujeres van arraigando culturalmente, caen la fecundidad y, antes o después, los nacimientos.

Es verdad que, en la España contemporánea, el primer descenso intenso de la fecundidad, protagonizado por las mujeres nacidas a principios del siglo XX, obedeció al control creciente de la mortalidad. Las hijas de aquellas mujeres que redujeron el número de embarazos porque ya no se les morían tantos bebés, dispararon la fecundidad (que alcanzó su valor más alto en 1964, con 2,96 hijos por mujer en edad fértil), dando a luz a los más de 13 millones de baby boomers nacidos en los últimos 20 años de la dictadura franquista. Sin embargo, sus nietas, ya con acceso pleno a anticonceptivos (despenalizados en 1978), y cada vez con más medios económicos propios como resultado de su progresiva incorporación al mercado de trabajo, apostaron por afianzar su carrera profesional antes de emprender la familiar. El consiguiente retraso de la primera maternidad acabó resultando en un descenso de la fecundidad. En 1986, el indicador coyuntural de fecundidad cayó por debajo de 1,5, un umbral que desde entonces no ha superado. En 2021 España ostentaba, por quinto año consecutivo, un indicador inferior a 1,2 (el más bajo de la Unión Europea, salvo Malta). Demográficamente, España destaca en el mundo por su elevada esperanza de vida, pero también por conjugar uno de los indicadores de fecundidad más bajos con una edad media de las mujeres al nacimiento del primer hijo de las más altas (31,6 años).

Nada indica que los deseos de maternidad sean en España más débiles que en otros países. Más bien parece que las mujeres (y sus parejas) en las edades en las que esos deseos se plasman en propósitos, decisiones y acciones, consideran que no cuentan con cantidades suficientes de los tres recursos necesarios para la crianza: dinero, tiempo y esfuerzo. Cuando los progenitores son dos, la proporción de esos recursos que cada uno aporta es menor que cuando solo es uno, pero, aun así, la inversión resulta muy costosa y, por lo general, más onerosa para las madres que para los padres. Pero lo que eleva sobremanera el coste de esa inversión es un mercado de trabajo —basado en un tejido empresarial con un gran número de empresas de pequeño tamaño y reducida productividad— que no facilita la consolidación de puestos cuyas condiciones de retribución y duración de jornada permitan crear una familia sin tormentos diarios. Y es que las mejores oportunidades de empleo suelen encontrarse en grandes ciudades, donde los precios de compra y alquiler de vivienda son muy elevados en proporción a los salarios, y las distancias entre el lugar de residencia y el de trabajo amplían el tiempo fuera del hogar.

Estos problemas socioeconómicos e
institucionales se arrastran desde hace años de un gobierno al siguiente. Sin
duda, como empleador, el Estado ofrece mejores condiciones de conciliación de trabajo
y familia (sobre todo, por lo que se refiere a la duración de las jornadas y la
disposición de tiempo para asuntos sobrevenidos) y, además, relaja el vínculo
entre rendimiento y retribuciones. Pero si bien presta a todas las familias con
hijos pequeños buenos servicios sanitarios, proporciona unos servicios
educativos de calidad mediana y exiguas ayudas específicas para la crianza. Durante
el quinquenio previo a la pandemia, el gasto en la función “familia/niños” se
mantuvo en España en torno a 1,3% del PIB, casi un punto por debajo de la media
de la zona euro. En el primer año de pandemia, especialmente difícil para las
familias con hijos pequeños, el gasto por habitante en esta partida ascendió a 372
€, algo por encima del registrado en Grecia, Portugal e Italia, pero muy por
debajo del que dedicaron Francia (848 €), Suecia (1.346 €), Alemania (1.517 €)
o Dinamarca (1.824 €). Todos estos países cuentan con
programas que combinan medidas tales como prestaciones económicas por hijos a
cargo, gratuidad de escuelas infantiles, rebajas fiscales en función del número
de hijos dependientes o ayudas para cubrir los costes privados de cuidadores
domésticos.

Por tanto, en España persisten restricciones sustanciales al ejercicio del poder de la maternidad. Ante ellas, muchas mujeres —en particular, las que han dedicado más años de su vida a formarse— siguen retrasando el primer hijo. La Encuesta de Fecundidad de 2018 cifró el porcentaje de mujeres de 30 a 34 años sin hijos en 52%. De ellas, seis de cada diez afirmaron su propósito de tenerlos en los próximos tres años; una parte lo habrá conseguido, pero otra seguirá demorando el momento del embarazo, confiando en que, cuando se decida, la gestación prospere naturalmente o con la ayuda de la reproducción asistida. Lástima que no dispongamos de datos longitudinales para conocer cuántos de estos deseos reproductivos llegan a buen puerto. Aun careciendo de esa información, sabemos que muchas de esas mujeres no llegarán a ser madres. El porcentaje de las que cumplen los 50 años sin descendencia ha crecido en los últimos 20 años y se estima que entre un 25 y un 30% de las que nacieron en la segunda mitad de los años setenta se quedarán sin hijos, convirtiéndose en las generaciones más infecundas de todas las nacidas desde finales del siglo XIX.

La infecundidad generacional puede resultar de las decisiones voluntarias de mujeres que durante su periodo fértil renuncian a tener hijos, pero todo indica que responde en mayor medida al desistimiento de la maternidad por las múltiples restricciones que impone el entorno laboral, económico e institucional. Hay quien, dando la espalda a esta evidencia o minimizando su importancia, piensa que la caída de la natalidad no constituye un problema social, toda vez que la inmigración puede suplir a los niños que no nacen. Al margen de la profunda frustración que, individual y colectivamente, puede provocar la imposibilidad de satisfacer los deseos reproductivos, conviene recordar que la inmigración como estrategia demográfica precisa de planificación, acuerdos estables y políticas públicas bien diseñadas que hay que ir probando y ajustando, dando tiempo a que rindan los resultados previstos. Mientras seguimos a la espera de todo ello, las cifras anuales de fecundidad y nacimientos retratan a una población que ha perdido ilusión, empuje y confianza en su capacidad de afrontar las incertidumbres que el porvenir siempre entraña.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Mundo

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Base para reducir la brecha de género

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El Nobel de Economía anunciado este lunes para a la neoyorquina Claudia Goldin, catedrática desde 1989 en Harvard, está lleno de significado. Se lo conceden, según el jurado de la Academia de Ciencias sueca “por haber contribuido a mejorar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”. Queda mucho por hacer en materia de brecha de género en el mercado laboral pero este reconocimiento es un paso más en materia de igualdad entre sexos. Goldin nunca pensó originariamente en sus estudios como herramientas para acometer acciones públicas, pero han servido para poner el foco —y de qué manera— en los fuertes desequilibrios en las retribuciones laborales, sus factores explicativos y las barreras que persisten. Su contribución científica ha dado lugar a “enormes implicaciones sociales” tal y como señaló el jurado sueco.

No solo importa que Goldin obtenga un galardón tan importante. Que sea en solitario es muy llamativo, significativo. A mi entender, un reconocimiento a la importancia de sus análisis y, en este mundo tan convulso, visibiliza aún más, la trascendencia de la brecha y lo mucho que queda por hacer. La historia de los Premios Nobel de Economía son un buen ejemplo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Goldin es la tercera que lo recibe, tras Elinor Ostrom in 2009 y Esther Duflo en 2019, pero es la primera en solitario. Su excelente carrera académica ya le llevó a ser la primera mujer catedrática en el departamento de Economía de Harvard en 1989, por tanto, no hace mucho tiempo.

Los estudios de Goldin abarcan una amplia variedad de temas, como la población activa femenina, la desigualdad de ingresos, (brecha de género) y lo efectos sobre todo ello del cambio tecnológico, la educación y la inmigración. En 2021 publicó su conocido libro “Carrera y familia: El centenario viaje de las mujeres” (Career & Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity), que ofrece un muy buen panorama de lo costoso que han sido los avances en materia laboral para las mujeres, con una perspectiva histórica y analítica privilegiada. Uno de sus hallazgos más interesantes es que la participación de la mujer en el mercado de trabajo no ha aumentado sistemáticamente en los últimos 200 años, como se podría haber esperado con el crecimiento y progreso económico.

De hecho, a lo largo del siglo XIX bajó esa cuota ya que la industrialización hizo más difícil combinar familia y trabajo y solo en los siglos XX y XXI se ha logrado un aumento permanente aunque lento de la participación femenina. No todo fue bueno en el siglo XX ya que, Goldin demuestra, que la discriminación salarial aumentó en ese periodo. Asimismo, en el caso de las mujeres, hasta hace unas pocas décadas. Las decisiones sobre su educación superior tenían más restricciones iniciales y eso reducía sus posibilidades de promoción o de ingresos. Por último, la premiada encontró una relación positiva entre la introducción de los métodos anticonceptivos y una mejor planificación e inversión de las mujeres en sus carreras. Sin duda, sus trabajos son toda una fuente de conocimiento e inclusión social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Voces múltiples, diversas y merecedoras de atenta escucha

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El profesorado de enseñanzas no universitarias de régimen general en España, constituido en el curso 2022-2023 por 770.000 hombres y mujeres (según el avance de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional), es tan numeroso y variado que desaconseja cualquier generalización.  Y, sin embargo, parece que en la opinión pública se ha instalado la imagen de un colectivo que, a lo largo de las últimas décadas, ha asistido a un progresivo deterioro de su entorno de trabajo. Se escucha a menudo que a los profesores les cuesta mantener la autoridad en el aula; que sus actuaciones docentes y disciplinarias las cuestionan multitud de madres y padres, alineados con sus hijos incondicionalmente; que les resulta cada vez más difícil poner orden en las clases y completar la docencia programada; que se hallan desbordados por las exigencias burocráticas y las repetidas adaptaciones impuestas por la cambiante legislación educativa. Y por si todo ello fuera poco, los informes internacionales sobre rendimiento educativo, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) y PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora), desdoran su trabajo docente al colocar a los estudiantes españoles en posiciones desaventajadas respecto a otros países. Los testimonios personales de profesores que sufren esos problemas van conformando la imagen de una profesión sacrificada y poco agradecida, disuasoria para muchos jóvenes que, por sus buenos rendimientos académicos, tienen otras opciones de formación y desarrollo profesional. Desde luego, esa imagen no es el mejor reclamo para atraerlos a la profesión que tradicionalmente ha ostentado una capacidad extraordinaria de marcar la visión del mundo y de la vida de niños y jóvenes.

Partiendo de que ese
malestar existe en el profesorado, es importante intentar medirlo e identificar
dónde se concentra para poder afrontar razonablemente los problemas
subyacentes. No es tarea fácil, pues disponemos de pocas encuestas al profesorado
que nos permitan escuchar su voz de manera agregada[1].
Esta escasez resulta todavía más penosa e inexplicable en un país que, como
España, destaca por el volumen de recursos públicos dedicados a la producción
de encuestas de opinión. Ante esta parquedad de información cuantitativa que
permita hacer un seguimiento continuado, sistemático y detallado sobre cómo
percibe el profesorado en España su situación profesional y laboral, algunas
encuestas parciales pueden contribuir a ir perfilando este conocimiento.

Una de las más recientes es la incluida en la
última ola del estudio PIRLS, cuyos resultados se hallan disponibles desde el
pasado mayo. Recoge la opinión de una muestra de 460 docentes que en el curso
2021-2022 impartían 4º de Educación Primaria, lo que obliga a acotar el alcance
de los resultados[2]. Con
esta precaución, cabe afirmar que los maestros encuestados no encajan en la
imagen del profesorado antes trazada; antes bien, en general, se sienten
satisfechos respecto a sus alumnos, a las familias de estos, y a sus propios compañeros.

Por lo que se refiere a los estudiantes, dos de cada tres maestros encuestados (67%) califican como “muy alta” o “alta” la capacidad de sus alumnos de alcanzar los objetivos académicos, y todavía en una proporción mayor (82%) utilizan los mismos adjetivos para ponderar el deseo de estos de sacar buenas notas (82%) y su capacidad para alcanzar los objetivos académicos del centro (67%). También el comportamiento de los alumnos merece a la mayoría de los encuestados un juicio positivo o muy positivo; entre seis y siete de cada diez están muy de acuerdo con la afirmación de que su alumnado muestra un comportamiento ordenado (61%) y respetuoso hacia los profesores (69%). Por lo demás, aunque solo en torno a la mitad atribuye sin reservas a los estudiantes un comportamiento de respeto entre pares (47%; un 45% se declara “un poco de acuerdo”), sí que aprecian muy mayoritariamente (84%) que los alumnos tienen en consideración a quienes alcanzan rendimientos académicos más altos (gráfico 1). En conjunto, los maestros valoran a sus estudiantes muy positivamente en comparación con los datos de otros países europeos. Esta mejor valoración no destaca solo cuando los datos de España se contrastan con los de otros países del sur de Europa (como Italia o Portugal), sino también con los de Francia o Alemania, incluso con los de Dinamarca o Suecia. El juicio de los maestros españoles en cada uno de los aspectos reseñados se sitúa invariablemente por encima de la media de la Unión Europea; más aún, los datos colocan a España entre los tres países con porcentajes más altos de satisfacción de los maestros con sus alumnos.


Este juicio positivo se extiende asimismo a las familias (madres y padres) de los alumnos. Siete de cada diez maestros encuestados (70%) consideran que las familias son exigentes con sus hijos, toda vez que mantienen expectativas altas sobre su rendimiento académico. Algo más de la mitad también ensalza el apoyo de las familias al rendimiento académico de los hijos (54%), su compromiso para garantizar que estos estén en condiciones de aprender (58%) e, incluso, su implicación en las actividades del centro (55%) (gráfico 2). De nuevo, en comparación con los datos correspondientes a otros países europeos, las opiniones que expresan los maestros encuestados en España son llamativamente más positivas.


La encuesta pone también de manifiesto la opinión favorable que mantienen los maestros respecto de sus colegas. Más de ocho de cada diez califican como “muy alto” o “alto” el grado de comprensión que sus compañeros tienen de los objetivos del currículo del centro (89%) y el éxito con el que consiguen aplicarlo (83%). Valoran asimismo positivamente la cooperación de los profesores con la dirección del centro para desarrollar el plan de enseñanza (83%) y no dudan en tildar de “muy altas” o “altas” las expectativas del profesorado acerca del rendimiento académico de los estudiantes (79%), así como también la capacidad que tienen, como profesores, de inspirar a los estudiantes (83%).


En consonancia con los resultados expuestos, tres de cada cuatro maestros encuestados (76%) se manifiestan muy a menudo satisfechos con su trabajo, compartiendo en esa misma proporción la opinión de que su labor tiene sentido; incluso cuatro de cada cinco (83%) confiesan que su trabajo les entusiasma, lo consideran “estimulante” (82%) y sienten orgullo por desempeñarlo (78%). Aunque los porcentajes bajan cuando se les pregunta si se sienten valorados por la sociedad (51% contesta “muy a menudo”), también en este punto su percepción positiva se halla mucho más extendida que entre sus compañeros de los otros 23 países considerados.


Los resultados de la encuesta a maestros de Educación Primaria incorporada en el último estudio PIRLS pueden resultar sorprendentes sobre el trasfondo de la imagen del profesorado insatisfecho y desmotivado arriba perfilada. Es importante tener muy en cuenta que se trata de profesores de enseñanza primaria (que incluye, por lo general, a niñas y niños entre 6 y 12 años), por lo que no se pueden extrapolar al conjunto del profesorado. Es probable que estas experiencias y percepciones difieran considerablemente de las de los profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pero tampoco sería justo obviarlas y persistir, sin más, en la idea de la insatisfacción general del profesorado español. Lo que importa es escuchar las voces de los profesores a través de los medios de que disponemos para ello; hacerlo es probablemente la mejor forma de reconocer su centralidad en el sistema educativo español, su contribución al desarrollo de las aptitudes intelectuales y las actitudes de niños y jóvenes hacia el conocimiento y la ciencia, y, en definitiva, su aportación clave a la mejora de la sociedad. 


[1]

La más importante es la que se lleva a cabo quinquenalmente en el marco de los Estudios Internacionales de Enseñanza y Aprendizaje

(TALIS, Teaching and Learning International Survey), promovidos por la OCDE. España ha participado, desde su primera edición en 2008, 2013 y 2018. La próxima ola de TALIS tendrá lugar en 2024. Centros de investigación privados también han realizado encuestas a unos u otros segmentos del profesorado. Véase, por ejemplo, la encuesta de la Fundación SM.

[2]

Promovida por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), PIRLS recoge los resultados de una prueba estandarizada de comprensión lectora en la que participan alumnos de 4º de Primaria (o su equivalente) en más de medio centenar de países. España ha participado en las olas de 2006, 2011, 2016 y 2021. Los informes españoles de PIRLS pueden consultarse en esta página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

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