Déficit público – Página 2 – Negocios e Inversiones

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Presupuestos 2023: críticas poco justificadas

octubre 27, 2022

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A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.

El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.

La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.

Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.

Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.

Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.

En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Guía para interpretar los cambios fiscales

octubre 13, 2022

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Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos en tiempos de inflación

octubre 3, 2022

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En un entorno plagado de incertidumbres y con un banco central centrado en la lucha contra la inflación, la orientación de nuestra política fiscal reviste una importancia transcendental que no deja lugar para el error. Prueba de ello, el conato de crisis financiera desatado por el recién estrenado gobierno británico y su plan de estímulos basado en recortes generalizados de impuestos. La reacción de los mercados ha sido virulenta, ante la perspectiva de una explosión de deuda y de subidas adicionales de tipos de interés para aplacar las presiones inflacionistas anticipadas como consecuencia del propio plan.

Bien es cierto que el margen de maniobra se ha estrechado en todas las economías, por la escalada de los costes de abastecimiento que constriñen el aparato productivo, especialmente la industria. Este es un contexto que aminora el efecto tractor de los estímulos presupuestarios (el llamado multiplicador fiscal). Por otra parte, la financiación del déficit se ha encarecido tras varias vueltas de tuerca monetarias. Se acabó el periodo dulce en que podíamos endeudarnos y a la vez reducir las cargas financieras. Para 2023, incluso bajo el supuesto de una pausa en las subidas de tipos a partir de la próxima primavera (algo que dejaría el bono a 10 años en el 3,5%), se prevé un incremento del pago de intereses de nuestra deuda superior a 4.000 millones. Todo ello aboga por una contención del déficit recurrente, es decir descontando las cargas financieras y los efectos del ciclo.

No obstante, tal y como lo recuerda la OCDE en sus últimas perspectivas, el contexto también exige un doble esfuerzo. Uno, el de apoyar la transición productiva y el ahorro energético para ir reduciendo la dependencia de las energías fósiles. Y dos, aliviar el impacto del shock inflacionista en los colectivos más vulnerables y en las empresas más expuestas a la crisis energética, so pena de exacerbar el malestar social y agudizar el riesgo de recesión y de subida del paro. Una pérdida masiva de puestos de trabajo, como ocurrió en todas las recesiones a que se enfrentó nuestro país antes de la pandemia, sería especialmente perjudicial para las familias y las empresas que se han endeudado a tipo variable. Tendremos por tanto que estar atentos al buen funcionamiento de los dispositivos de empleo previstos en la reforma laboral.

Con todo, la política presupuestaria se enfrenta a la tarea de contener las presiones recesivas y a la vez colocar las cuentas en una senda de corrección de los déficits, para que no se disparen los costes de financiación. Una ecuación de difícil solución, sobre todo habida cuenta del nivel de partida del endeudamiento, y de nuestra incapacidad a reducirlo durante la etapa de expansión anterior a la pandemia. Además, con un IPC en el 10% en la eurozona y casi el 11% en Alemania, no cabe ya ninguna duda que el BCE ajustará de nuevo sus tipos de interés fuertemente al alza, pese a la recesión europea que se avecina (esperemos que no decida también vender bonos en cartera).

Sin embargo, también disponemos de oportunidades como la menor dependencia del gas ruso. Y la abundancia de fondos europeos, si bien su potencial propulsor depende de la focalización en inversiones que disuelvan los cuellos de botella y transformen el modelo energético. De lo contrario los fondos solo agudizarían las presiones inflacionistas. Otro factor es la moderación del IPC registrada el mes pasado: de afianzarse una desescalada frenaría la pérdida de poder adquisitivo y ayudaría a desatascar el consumo embalsado (los datos revisados del INE apuntan a un colchón de sobre-ahorro muy superior a la estimación inicial). En suma, ojo con no perder tiempo en distracciones. El camino pasa por unos presupuestos focalizados en las necesidades surgidas a raíz de la crisis energética y de suministros, y un esfuerzo de contención de los desequilibrios estructurales compartido por todas las administraciones.

AHORRO| Según los datos revisados del INE, el ahorro generado por las familias durante la pandemia se elevó a 134.000 millones de euros, es decir 40.000 más de lo inicialmente estimado. Esta importante revisión muestra que el colchón de que disponen los hogares para afrontar la pérdida de capacidad adquisitiva derivada de la inflación es mayor de lo que se creía. La revisión no ha sido el resultado de un nivel de consumo inferior al previamente estimado, sino de un volumen de renta disponible superior a las cifras inicialmente calculadas para 2020 y 2021.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía ante el alza de los tipos de interés

mayo 9, 2022

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Desde el inicio del año los tipos de interés han emprendido una senda alcista que pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía española. Además, todo apunta a que la escalada del coste del dinero no ha tocado a su fin. Descontando la inflación subyacente —el principal barómetro de la evolución tendencial del coste de la vida y de los precios percibidos por las empresas— los tipos de interés “reales” se sitúan en terreno netamente negativo, prolongando de facto la era ultraexpansiva propulsada por Draghi.

El contexto monetario cambiaría si la inflación se acercara al objetivo del 2% de aquí a finales de año, pero este escenario optimista está siendo cuestionado por el propio BCE: en un meritorio estudio publicado en el boletín económico de abril, Frankfurt reconoce su error de apreciación de las tensiones inflacionistas que se han abatido sobre la economía europea, y pronostica más persistencia de lo inicialmente previsto. Por tanto, el BCE podría reaccionar con más contundencia de lo anticipado, lo que abre la puerta a más alzas del Euríbor y de otras importantes referencias.

En principio, la economía española está mejor posicionada que en otras épocas para aguantar lo que se presenta como un nuevo shock, en este caso monetario, tras el que provocaron la pandemia y la crisis energética. La economía dispone todavía de recursos entre los que destaca el rebote providencial del turismo, que se refleja tanto en el mercado laboral como en las perspectivas de actividad para los próximos meses: el principal indicador de coyuntura del sector de servicios, en el que el turismo tiene un peso importante, registró en abril un fuerte avance (con un PMI al alza hasta el nivel 57, lo que anticipa incrementos continuados de actividad). El tirón de los servicios podría contrarrestar el debilitamiento de la industria, lastrada por los precios energéticos y la aparición de nuevos cuellos de botella, al menos a corto plazo.

Pero la intensidad del crecimiento de los servicios, y por tanto la sostenibilidad de la recuperación, dependen de la situación financiera de las familias y de las empresas. A nivel agregado, la posición del sector privado no debería suscitar mucha preocupación, fruto del desendeudamiento realizado durante la etapa de expansión. Los pasivos de las familias se sitúan en niveles inferiores a la media europea, y sobre todo al balance desequilibrado de la época de la burbuja. La deuda ha seguido reduciéndose gracias al sobreahorro acumulado durante la pandemia. Algo similar ocurre en el caso de las empresas: incluso si la carga de intereses se duplicara (lo que supone un incremento inverosímil de tipos de interés), todavía se situaría en el 6% del excedente de explotación, un nivel próximo al inicio de la etapa expansiva en 2015 y mucho menos que en el cénit de la crisis financiera (16,5%).

Sin embargo, el panorama global eclipsa fuertes diferencias entre sectores. Las hipotecas a tipos variable van a encarecerse, poniendo en dificultad a algunos hogares. Y las industrias más vulnerables ante la crisis energética tendrán que apretarse el cinturón. Esto evidencia la importancia crucial de una acción por parte del Estado focalizada en los sectores en dificultad, sin la cual nos asomaremos a una pérdida de tejido productivo y un recrudecimiento del malestar social.

Y ahí es donde se sitúa nuestro principal punto débil, porque el Estado dispone de un margen de maniobra limitado como consecuencia del escaso esfuerzo de contención de los desequilibrios durante la etapa expansiva, y ahora por el impacto del alza de los tipos de interés en las cargas financieras que soportan las administraciones. Todo ello plantea un desafío de sostenibilidad de las cuentas públicas, sin perder de vista la tarea de apoyar la recuperación. Una tarea que, ante el repliegue de los bancos centrales, solo podrá descansar en los Estados.

INDUSTRIA vs SERVICIOS | Mientras que la epidemia golpeó con severidad los servicios, la crisis energética y de suministros incide sobre todo en la industria. El índice de producción industrial sufrió un retroceso del 1,8% en marzo, lastrado por la disrupción de las cadenas de suministros, el alza de los costes y la huelga de transportistas. Los datos para abril apuntan en la misma dirección, con un retroceso del indicador PMI de gestores de compra y de la afiliación industrial. En contraste con el importante incremento del PMI y de la afiliación en los servicios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto en defensa y el déficit público

abril 8, 2022

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniés— en el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos.

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada.

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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La inflación real y su percepción social

septiembre 13, 2021

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La reciente decisión del banco central de prolongar la expansión monetaria (si bien con matices y precauciones retóricas), y así aligerar los costes de nuestra deuda pública, se fundamenta en una apuesta a un solo número: la inflación volverá a su cauce en los próximos meses. Según los expertos de Frankfurt el IPC bajará del 3% actual, al 1,7% en 2022 y 1,5% en 2023 para el conjunto de la eurozona. Esta hipótesis justifica el mantenimiento de tipos de interés nulos, y promete una financiación del déficit público en condiciones de gran comodidad.

El vaticinio
del gurú monetario está avalado por analistas independientes que recalcan que el
actual episodio de alza de precios es transitorio, ya que refleja el brusco
ajuste de precios tras la disrupción de las cadenas productivas provocada por
la pandemia. Es un hecho que la inflación subyacente, que descuenta los
productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en niveles
reducidos, inferiores al objetivo del 2%. El legado de la crisis también
respalda la visión de moderación. Cada empresa fija sus tarifas mirando de
reojo a sus competidores. Y el mundo del trabajo, tras dos recesiones en solo
15 años (tres en el caso de España), no está en condiciones de reivindicar fuertes
mejoras retributivas.

Bien es cierto
que algunos sectores, caso de la construcción en España, la restauración en Francia
o el transporte en Alemania y Reino Unido, se enfrentan a una escasez de mano
de obra, augurando incrementos salariales. Pero se trata de fenómenos puntuales,
que podrían solventarse a medida que las personas en ERTE o en el paro cubren
las vacantes, y que los trabajadores desanimados por la crisis se reincorporan
al mercado laboral. La movilidad requiere de políticas activas y de formación,
pero los Gobiernos que quieran esforzarse disponen de un amplio abanico de
experiencias que funcionan.

El cálculo parece sólido, pero su validez depende de que la economía se lo crea, es decir de que cada agente anticipe una evolución globalmente moderada de los precios. Este es un factor psicológico, arraigado en parte en la observación del pasado. Pero la experiencia muestra que las expectativas pueden desanclarse, cuando empresas y trabajadores acumulan sorpresas negativas, es decir pierden capacidad de compra como consecuencia de una infravaloración recurrente de la evolución general de los precios.

(*) Diferencia entre el porcentaje de consumidores que opinan que los precios van a crecer o acelerarse, y porcentaje que opina lo contrario.

Fuentes: Eurostat y Comisión Europea, encuesta de confianza.

En el caso de España, el fuerte repunte del IPC registrado en los últimos meses coincide con mermas en las remuneraciones del trabajo. Los datos divulgados esta semana muestran una reducción de los costes salariales del 0,4% en el segundo trimestre, tras un estancamiento en el primero. Asimismo, los márgenes empresariales se estrechan por el encarecimiento de los suministros, un 14,9% en lo que va de año. De momento, el comportamiento de moderación prevalece, pero las expectativas empiezan a cambiar: el 49% de consumidores anticipan la persistencia de las actuales tasas de crecimiento de los precios, o incluso una aceleración durante el próximo año (11 puntos más que en enero), contra solo 4,8% que esperan una reducción de los precios (un punto menos). La tendencia es todavía más pronunciada para el conjunto de la eurozona, especialmente en países que se van acercando al pleno empleo.

En suma, la previsión de inflación está rodeada de gran incertidumbre: la brecha no para de crecer entre la observación objetiva del pasado, evidenciada por la moderación del núcleo central de precios y salarios, y las percepciones sociales cada vez más alcistas. La evolución del bucle precios-salarios en EEUU, donde las tensiones son más patentes, será un indicador adelantado a vigilar. Entre tanto, es imprescindible reducir nuestra propia vulnerabilidad ante un posible desanclaje, que abocaría a un endurecimiento inesperado de la política monetaria. De ahí la importancia de favorecer pactos con los interlocutores sociales y de quebrar la escalada de aquellos costes sobre los que índice directamente la política económica, como la electricidad.

INDUSTRIA | La industria se enfrenta a una situación paradójica. Por una parte, los pedidos siguen al alza (el índice PMI de gestores encadena seis meses en terreno netamente positivo, por encima del nivel 55). Por otra parte, la actividad se desacelera: el índice de producción industrial (IPI) se redujo un 1,1% en julio, tras una caída de igual magnitud en junio. La explicación radica en la falta de suministros, que provoca retrasos en la producción. El sector del automóvil es uno de los más afectados, como consecuencia de la escasez de chips.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La aparente levedad de la deuda

julio 5, 2021

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad.

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados.

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Vuelve la inflación?

junio 8, 2021

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La inflación vuelve a encontrarse en el centro de atención tras más de una década durante la que había dejado de ser motivo de preocupación —si acaso, lo era por excesivamente reducida—. En España, el año pasado acabó en tasas negativas, y desde entonces ha escalado hasta el 2,7% en mayo. En el resto de la eurozona y en EEUU se ha producido una evolución similar. Este comportamiento reciente nos mueve a preguntarnos si estamos inaugurando una nueva etapa de inflación elevada, y las implicaciones que puede conllevar en cuanto a la política monetaria y otras derivadas.

Por el momento se trata de
incrementos puntuales consecuencia fundamentalmente de la reversión de ciertos
movimientos en los precios que tuvieron lugar el pasado año con motivo de la
pandemia. Así, las fuertes bajadas de precios de bienes energéticos que se
produjeron entonces como consecuencia de la caída del precio del petróleo, y
que llevaron la inflación a tasas negativas, se han revertido en el año actual,
con lo que la tasa ha ascendido de forma acusada. En los próximos meses veremos
más efectos de este tipo, concretamente en los servicios: el año pasado los
precios de determinados servicios muy vinculados a la actividad turística, como
hoteles, agencias de viajes y billetes de avión, sufrieron recortes muy
significativos, que se reflejaron en una caída de la tasa de inflación en
julio; si este año se produce una cierta normalización de la actividad, cabe
también esperar una recuperación de los precios de esas actividades, lo que inducirá
un nuevo ascenso de la tasa de inflación en dicho mes.

Hay alguna otra circunstancia que
ha acentuado la subida de la inflación recientemente, como el encarecimiento de
la electricidad, pero en todo caso se trata de un fenómeno puntual, es decir, supone
un incremento en el nivel del IPC que no se espera que se repita, al menos de
una forma continuada.

En definitiva, los ascensos
recientes de la inflación se consideran en estos momentos el resultado de
fenómenos puntuales, no el reflejo de un aumento de las presiones
inflacionistas de la economía que pueda dar lugar a tasas elevadas de inflación
de forma continuada y persistente, que es la definición de todo fenómeno
inflacionista.

La cuestión es si esto puede cambiar en el futuro próximo. Los precios de las materias primas han aumentado notablemente, al igual que los precios de los fletes de transporte marítimo. Las empresas industriales reportan dificultades de abastecimiento de ciertos insumos, al tiempo que reconocen que comienzan a trasladar el aumento de costes a los precios. Por otra parte, en ciertas actividades muy castigadas por la pandemia, como bares y restaurantes o cultura y entretenimiento, es muy posible que la demanda se recupere más rápido que la oferta, ya que muchas empresas han desaparecido. Las supervivientes pueden aprovechar para elevar sus precios y sanear unas cuentas muy dañadas tras tantos meses de restricciones.

En el caso de otros países, sobre todo en EEUU, a los fenómenos anteriores hay que sumar otro: el posible efecto inflacionista de un aumento generalizado de los salarios derivado de la dificultad que numerosas empresas están encontrando para cubrir sus necesidades de mano de obra. Algunas multinacionales muy conocidas ya han anunciado subidas de sueldos.

Finalmente, a lo anterior hay que añadir el potencial, aunque todavía incierto, impacto que pueda tener sobre la inflación el enorme incremento de la masa monetaria a que han dado lugar las políticas ultraexpansivas de los bancos centrales, que han supuesto de facto una monetización de los déficits públicos generados para combatir los efectos de la pandemia.

En los próximos meses, por tanto, es probable que la tasa de inflación siga en ascenso, tanto en España como en Europa y EEUU, aunque por ahora no parece que estemos a las puertas de un proceso inflacionario. No obstante, el gran enemigo de la renta fija es la inflación, de modo que, si los inversores se ponen nerviosos ante la posibilidad de un ascenso más permanente, o incluso de la finalización antes de lo previsto de las políticas ultraexpansivas de los bancos centrales, podrían producirse grandes seísmos en los mercados financieros, con ascensos bruscos de los tipos de interés —ya hemos presenciado en las últimas semanas algunos episodios de repuntes—. Todo ello podría tener un impacto importante sobre nuestra deuda pública.

Un reajuste en las expectativas de inflación puede suponer un gran reto para los bancos centrales y para las economías endeudadas como la española. Deberemos, por tanto, estar vigilantes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión.

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Previsiones de primavera

mayo 24, 2021

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Funcas ha publicado esta semana una nueva edición del Panel de previsiones, que es una recopilación de las previsiones económicas de veinte instituciones. La media de las tasas de crecimiento del PIB esperadas para 2021 por dichas instituciones se sitúa en el 5,8%. No hay una variación significativa con respecto a la previsión “de consenso” del anterior Panel recopilado en marzo —tan solo un descenso de una décima, muy influido por el reajuste de previsiones de algún panelista, y por una caída del PIB en el primer trimestre mayor de lo anticipado—, siendo lo realmente destacado del actual la revisión al alza del crecimiento esperado para los próximos trimestres.

Gráfico 1

Fuente: Panel de previsiones de Funcas.

Gráfico 2

Fuente: IHS Markit y World Trade Monitor.

Esta mejora de las expectativas está motivada por la aceleración en el ritmo de vacunación y por la positiva evolución de la economía internacional, que se refleja en indicadores como el PMI global, el cual alcanzó en abril el nivel más elevado de la última década, o el dinamismo del comercio internacional, que ya ha superado los máximos anteriores a la pandemia. El encarecimiento de las materias primas, así como la escasez de microchips —hasta el punto de paralizar las cadenas productivas en numerosas plantas automovilísticas—, ponen de manifiesto que la economía mundial se encuentra ya claramente en un punto de inflexión. También la economía española, para la cual los participantes en este Panel prevén un crecimiento cercano al 2% en el trimestre en curso, que se aceleraría hasta superar el 3% en el verano.

Se puede calificar la previsión del 5,8% para el conjunto del año como conservadora: es mayor el riesgo de que se quede por debajo de la realidad, que de que la sobreestime. Todavía persisten importantes incertidumbres con respecto al comportamiento de factores clave en la determinación del resultado final, como la llegada de turistas o el consumo nacional. En cuanto a lo primero, la mayoría de los participantes en el Panel parten de la hipótesis de que en el verano se alcanzará en torno al 40% del nivel anterior a la pandemia, un supuesto que no se puede decir que peque de optimista. Con respecto al consumo, existe una importante dificultad para hacer una predicción, ya que no hay forma de estimar, debido a la inexistencia de precedentes, en qué medida el gasto será impulsado por la enorme bolsa de ahorro acumulado durante el pasado año —y que probablemente se ha acrecentado en el primer trimestre del actual—. La previsión media de los panelistas para el consumo es un crecimiento del 6,2%, que implicaría el mantenimiento de una tasa de ahorro notablemente por encima de la media de los últimos años. La impresión es que hay un importante margen para un mayor crecimiento. Si, por ejemplo, el turismo fuese 10 puntos superior a la hipótesis central, y el consumo creciera un punto porcentual por encima —nada de lo cual es descartable—, el PIB podría crecer entre siete décimas y un punto más de lo ahora esperado.

Con respecto al próximo año, la
indefinición es aún mayor. La media aritmética del Panel apunta a un
crecimiento del PIB inferior al de 2021, pero los panelistas están divididos
mitad y mitad entre quienes esperan un crecimiento mayor y quienes esperan uno
menor.

Finalmente en cuanto al déficit público, la previsión media es que este año se sitúe en el 8,5% del PIB, una décima más de lo estimado por el Gobierno, si bien aquí existe una gran dispersión en las opiniones. La mayoría de los panelistas esperan un déficit igual o inferior al del propio ejecutivo, al igual que algunas instituciones como el Banco de España o la Airef. Para el año próximo, en cambio, la previsión se sitúa claramente por encima de la oficial, con casi todos los panelistas alineados. La impresión es que, si bien el objetivo para este año es realista, la senda descrita en el Plan de Estabilidad, que apunta un descenso continuado del déficit hasta el 3,2% del PIB en 2024, es inverosímil sin ajustes estructurales de calado.

VIGOR DE LAS EXPORTACIONES | Las exportaciones de bienes registraron un vigoroso crecimiento en marzo, tanto en términos reales como nominales, y se sitúan ya por encima de los niveles previos a la pandemia. Las importaciones también aumentaron con intensidad, aunque menos que las exportaciones. Los bienes de consumo lideraron el ascenso. El saldo comercial total acumulado hasta dicho mes arroja un déficit de 3.300 millones de euros, menos de la mitad del registrado en el mismo periodo del año pasado, aunque el saldo no energético presenta un superávit de casi 2.000 millones. El comercio mundial se encuentra en una fase fuertemente expansiva, reflejo de la recuperación económica global, que añade impulso a la economía nacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos sin margen de error

noviembre 2, 2020

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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