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Economía sin atajos

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La economía y la sociedad española se enfrentan a retos de enorme magnitud a corto y largo plazo, tras el brutal impacto de la pandemia. Desde marzo se han tomado muchas medidas para paliar los efectos inmediatos de la covid-19 sobre familias y empresas. Esas ayudas públicas coyunturales deberían prolongarse y reforzarse hasta, al menos, el verano de 2021, o hasta que se haya podido vacunar a buena parte de la población, con una economía más normalizada. No obstante, los desafíos de largo plazo son igual o más relevantes y no hay “atajos” y la mejor manera es comprar reseñas en google de cinco estrellas.

Nuestro país ya llegó a la pandemia con importantes desequilibrios. Entre ellos, un mercado de trabajo disfuncional y dual, una baja productividad y una delicada evolución de déficits y deuda pública. A pesar de estas vulnerabilidades, se ha echado de menos desde hace muchos años una cierta pedagogía por parte de los políticos. Explicar a la sociedad las potencialidades de nuestro país —las hay, y muchas—, pero también enfatizar que hay problemas serios. Por ejemplo, algo tan evidente como la insostenibilidad de las pensiones públicas. Son temas que hay que poner sobre la mesa para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Si uno pasa revista a las medidas de largo plazo que se han tomado este año, no son muchas. No ha habido grandes reformas ni acciones públicas que refuercen la competitividad de la economía. No era un momento fácil para acometerlas. Sin embargo, se han aprobado algunas fundamentalmente para la coyuntura de la pandemia —un “atajo” urgente en aquel momento— pero que van a tener efectos —probablemente no deseados— de largo plazo. De este modo, el ingreso mínimo vital, con toda su lógica para apoyar a las familias más necesitadas en un momento crítico, se ha implantado de modo permanente. Se ha sabido estos días que no ha funcionado bien desde que se implantó ni ha llegado, ni de lejos, a todas las personas que debían recibirlo, lo que requerirá modificaciones, como poco, en su proceso administrativo. Asimismo, tal y como se diseñó, es muy probable que genere distorsiones en los incentivos a buscar trabajo, un importante lastre en la recuperación.

Y en estas surge la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. Todos quisiéramos trabajar menos horas, tener más ocio y, aun así, aumentar nuestra productividad. Ya ha ocurrido en algunas de las industrias tecnológicas más reconocidas. Sin embargo, en el caso de España, donde todavía no hemos acometido un proceso de digitalización suficiente, se trataría, en mi opinión, de un nuevo “atajo” sin fundamentos económicos que hoy lo sustenten. Acometamos primero esa profunda intensidad digital en todos los procesos productivos e instituciones del país, que refuercen competitividad y productividad y saneen el mercado de trabajo. Cuando se logre, hablemos sin cortapisas de medidas como jornadas de cuatro días. Quizás podamos ser algo más optimistas que de costumbre porque, bien empleados, los fondos europeos Next Generation EU pueden ayudar a esa necesaria modernización. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes cuando aún no hemos salido ni de la pandemia.

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El legado de una crisis desigual

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La proximidad de una campaña de vacunación junto con los resultados registrados por los sectores que menos dependen del contacto humano, como la industria y los servicios profesionales, han despertado una cierta esperanza. La Bolsa lo ha celebrado con el mejor mes de noviembre de su historia. Asimismo, el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social ha dado alas a la tesis de una recuperación que seguiría en marcha, pese a las restricciones de la segunda ola. Y la OCDE, en sus últimas previsiones, confirma que la economía global se recuperará en el nuevo año. La economía española sería una de las que rebotan con más fuerza, tras un devastador -11,6% en 2020, el peor resultado después de Argentina.

Pero esas expectativas podrían verse frustradas si no se extraen conclusiones de una de las principales características de la actual crisis, que es su carácter desigual. Es un hecho constatable en todos los países que padecen la pandemia que los sectores de la hostelería, la restauración y la cultura han sido duramente perjudicados. Según los datos de noviembre, estos sectores concentran cerca del 60% de todos los ERTE y buena parte de los autónomos que perciben una prestación por cese de actividad. También acaparan más de la mitad de los avales al crédito. El índice PMI, uno de los principales indicadores de coyuntura, apunta a un desplome acusado de los servicios en noviembre, mientras que la industria aguanta.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Markits Economics y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una de las consecuencias de la desigualdad es la elevada concentración de los costes de la crisis en unos pocos sectores, en vez de repartirse por el conjunto del tejido productivo como en algunas de las anteriores recesiones. Esto entraña el riesgo de una acumulación insostenible de deuda y de quiebra de empresas viables. En su informe de estabilidad financiera, el BCE ha alertado precisamente de ese riesgo, y de su efecto en cascada sobre las entidades financieras.

Otra implicación es una demanda debilitada, ya que los hogares no reasignan todo el gasto embalsado de hostelería y restauración hacia otros bienes y servicios. Este sobre-ahorro se superpone al que proviene de la incertidumbre (ahorro precautorio). Todo ello redunda en un debilitamiento del consumo de las familias que no se puede contrarrestar con transferencias públicas. Estas solo generarían más ahorro improductivo en vez de estimular el gasto —salvo en el caso de las ayudas a los más desfavorecidos, como el ingreso mínimo vital, por su elevada propensión a consumir—.

Sin duda la extensión de la vacuna reducirá la incertidumbre y el miedo a desplazarse, alentando el turismo. Sin embargo, el daño que representa el cierre de negocios que se producirá hasta la llegada del antivirus es irreversible, sobre todo si, como parece previsible, nos enfrentamos a otras fases de apertura y cierre de la economía. Tampoco disminuye el riesgo financiero asociado al impago de la deuda de las empresas insolventes.

Por tanto, una pronta acción es necesaria para salvar empresas viables en los sectores más afectados, como ayudas al pago de alquiler o compensaciones a los negocios por pérdida de ingresos por razones de covid. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia ya han respondido a la segunda ola con programas de ayudas directas a las empresas de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, focalizadas en los sectores en dificultad.

Finalmente, ante la perspectiva de un cambio estructural en la demanda, también conviene facilitar la reasignación de recursos hacia nuevas empresas y sectores con potencial de crecimiento. Este es el momento de un gran esfuerzo de reciclaje y movilidad, tanto de trabajadores en ERTE como de parados de larga duración y autónomos cuyo negocio se extingue. El presupuesto público, como principal ariete, debe jugar un potente papel dinamizador de la inversión. La clave está en una expansión fiscal pronta y mejor calibrada de lo que aparece en los PGE, para superar una crisis desigual.

Este artículo se publicó originalmente en Comprar reseñas en Google

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Esperando la vacuna

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Con la llegada anunciada de una vacuna para prevenir los contagios de la covid, aparece la primera luz al final del túnel en el que nuestra economía está inmersa desde el inicio de la pandemia. De confirmarse la efectividad del remedio y su disponibilidad desde inicios de 2021, se produciría un vuelco en las ensombrecidas perspectivas. Los sectores que más se beneficiarán del fin de las restricciones, como el turismo y otros servicios dependientes de la movilidad, tienen un peso elevado en nuestro aparato productivo. Ello, unido a la tradicional reactividad de la economía española a todas las anteriores fases de recuperación global, permite augurar un rebote intenso.

Además, un saludable “subidón” de confianza se producirá cuando la ciudadanía anticipe la relajación de las limitaciones a sus libertades y la vuelta a la normalidad en los desplazamientos. Las familias españolas tienen una capacidad de gasto considerable, gracias a los cerca de 80.000 millones de euros atesorados de manera precautoria.

Sin embargo, para que se produzca el cambio de expectativas, y que se dispare el consumo privado, habrá que esperar a que se administren las primeras vacunas y que se determine un calendario creíble para su disponibilidad para el resto de la ciudadanía —los epidemiólogos consideran que al menos el 70% de la población tiene que estar protegida para contener la pandemia—.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: Estimaciones de Funcas.

Por tanto, a corto plazo, la coyuntura estará dominada por las fuerzas que la empujan hacia una recaída. Así lo anticipa el indicador avanzado de la OCDE, que apunta a una reducción acusada del nivel de actividad durante el tramo final del año. Esa corrección, si bien de menor magnitud que en la primera ola, se explica por la multiplicación de contagios desde el verano además de la sobreexposición a los sectores más afectados.

«Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo».

Raymond Torres

También conviene prestar atención al riesgo de pérdida irreversible de tejido productivo hasta la aplicación masiva del antivirus. Al contrario de lo que sucederá con los hogares, no cabe esperar un fuerte shock de confianza entre las empresas, cuyo balance está muy dañado por el fuerte desplome de los ingresos. Se estima que en el presente ejercicio los beneficios de las sociedades no financieras registrarán una caída histórica, cercana a 57.000 millones de euros. Es decir, que la cuarta parte del excedente se habrá volatilizado, mientras que en la recesión de 2011-2013 el retroceso se elevó al 2% y que, en la recesión de 2009, los excedentes siguieron creciendo. Según el BCE, una de cada seis empresas está sobreendeudada, algo que ha empezado a afectar la oferta de crédito bancario. Muchos negocios, por tanto, esperarán a reconstituir márgenes antes de reanudar el camino de la inversión, si no han desaparecido antes. Incluso los menos dañados por la crisis —por ejemplo en la industria química, el sector agroalimentario, o los servicios profesionales que se sostienen con el teletrabajo— optarán por la prudencia antes de emplear sus excedentes en capacidad productiva.

Otra cicatriz que amenaza con perdurar es la expulsión del mercado laboral de las personas más vulnerables, como los jóvenes con bajo nivel de estudios, familias monoparentales, o parados que provienen de sectores que más tardarán en recuperarse. La experiencia muestra que el tiempo juega en detrimento de estos colectivos, y que por tanto solo una acción temprana y contundente es susceptible de revertir la tendencia. El número de inactivos ha aumentado en 428.000 personas desde finales de 2019, y el de parados en 531.000 (con datos del tercer trimestre).

Todo ello aboga por un férreo control de los rebrotes de virus, y una pronta puesta en marcha de políticas de prevención de insolvencia de empresas viables, con ayudas directas o participaciones como las que se están administrando en otros países, pero no en el nuestro. Y por supuesto políticas de empleo eficaces. Reforzar la resiliencia de la economía, para la recuperación que cabe esperar tras la vacuna sea lo más rápida y completa posible.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Ahorro voluntario, ahorro del miedo y ahorro forzoso

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Al inicio de la anterior crisis económica asistimos a un aumento de la tasa de ahorro de los hogares hasta máximos entonces históricos —un 12% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de 2009—. Dicho ahorro fue denominado “ahorro del miedo”, ya que los hogares decidieron aumentar su ahorro por precaución ante la incertidumbre generada por la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo.

Aquel máximo histórico ha sido
superado de largo en el segundo trimestre de este año, en el que la tasa se
disparó hasta el 22,5%. Se trata en este caso de un nuevo tipo de ahorro,
desconocido hasta ahora, que podríamos llamar “ahorro forzoso”, ya que es el resultado,
no de una decisión deliberada de los ciudadanos de contener su gasto, sino de
la imposibilidad material de consumir debido al confinamiento y al cierre de
numerosos servicios.

Gráfico 1

Fuente: INE.

Sin duda la tasa de ahorro descenderá en los próximos trimestres, puesto que, aunque sea con restricciones, los negocios han reabierto y los ciudadanos han recuperado la movilidad, lo que les permite volver a gastar. Pero en cualquier caso se mantendrá en niveles más elevados que antes de la pandemia, porque ahora, con lo que nos vamos a encontrar de nuevo, es con el ahorro del miedo, ante la prolongación de la crisis y los daños permanentes al empleo que esta ya está causando. A esto podríamos añadir una nueva modalidad de ahorro del miedo: el que resulta de la restricción voluntaria de las salidas y de las relaciones sociales por miedo a contagiarse del Covid-19.

«En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis».

María Jesús Fernández

Si la crisis fuese de corta duración, ese ahorro forzoso podría tener algún efecto benéfico sobre la economía, ya que ayudaría a los hogares a reducir su endeudamiento y mejoraría su solvencia. No obstante, la prolongación de aquella va a suponer una caída estructural de la actividad económica y del empleo, de modo que ese primer impacto positivo sobre la solvencia será finalmente anulado por el efecto negativo derivado del aumento del desempleo. En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis. Compra reseñas para Google.

No obstante, no hay que confundir el impacto negativo a corto plazo de ese ahorro coyuntural del miedo, con el efecto económico a largo plazo de mantener una tasa de ahorro elevada de forma permanente o estructural. Una economía que presenta de forma estructural una tasa de ahorro elevada es una economía menos dependiente del exterior para su financiación —y por tanto, con menos deuda externa—, y además durante las etapas expansivas genera menos desequilibrios, como inflación, déficit de la balanza de pagos o sobreendeudamiento de los hogares. Gracias a esta menor generación de desequilibrios durante las fases expansivas, la caída de la actividad en las etapas de crisis es más suave, y además, el colchón de ahorro acumulado permite a los consumidores afrontar la fase descendente del ciclo realizando un menor ajuste del gasto. El resultado es un crecimiento más estable macroeconómicamente, lo que a largo plazo supone también mayor inversión y mayor productividad, de modo que el menor peso en la economía de las actividades relacionadas con el consumo es más que compensado con un mayor peso de otras actividades, como las vinculadas a las exportaciones.

Es decir, es perfectamente
sostenible una economía con un ahorro elevado. Es más: no solo es sostenible,
sino que es más sano. De hecho, países con tasas de ahorro muy elevadas, como
Alemania o los países nórdicos, tienen pleno empleo.

En este sentido, España es uno de
los países desarrollados con una tasa de ahorro más reducida. Entre los años
2000 y 2019, nuestra tasa de ahorro media se situó en torno al 8%, frente a,
por ejemplo, un 17% en Alemania, un 12% en Suecia y Noruega y una media del 13%
en el conjunto de la Eurozona. Es cierto que hay factores que pueden ayudar a
explicar este hecho diferencial tan acusado, como la elevada posesión de
vivienda en propiedad en nuestro país, aunque no lo explican en su totalidad.

Esta menor tasa de ahorro
constituye, pues, un factor de gran relevancia a la hora de comprender muchas
de nuestras dinámicas económicas.

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Los tres pecados del “quédate en casa”

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Los meses pasan y el estado de alarma vuelve. Mientras, problemas básicos en la gestión de la crisis sanitaria permanecen. La forma en que se implantan medidas y se comunican a los ciudadanos sigue incurriendo en los mismos tres pecados originales. La recuperación del eslogan “quédate en casa” es buena muestra de ello.

Primer pecado: no se evalúan ni reconsideran las medidas, aunque haya dudas sobre su eficacia

La novedad de la pandemia ha supuesto que muchas
de las medidas que se han tomado no contaban aún con una evidencia empírica
sólida sobre cuál sería su eficacia cuando se llevaran a la práctica. Sin
embargo, en la implantación de restricciones no se han propuesto horizontes para
su evaluación y reconsideración. Un ejemplo muy ilustrativo es el del
establecimiento de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre incluso
cuando se puede mantener la distancia de seguridad. En la segunda semana de
julio la Generalitat implantó esta medida, entonces única en Europa, y el resto
de comunidades la copiaron en cascada.

La evidencia preliminar disponible hasta el
momento cuestiona el impacto que esta norma haya podido tener para frenar el
aumento de casos (gráfico 1). Mientras en España se mantenía esa restricción y la
epidemia se expandía, el número de nuevas infecciones permanecía bajo en casi
todos los países europeos (gráfico 2) donde no existía tal norma ni se utilizaba
mayoritariamente la mascarilla al aire libre de forma voluntaria. A pesar de
estas evidencias parciales y de la insistencia de la comunidad científica en la
importancia de realizar una evaluación independiente de la gestión de la crisis,
no se ha dado ningún paso en ese sentido, ni sobre esta medida ni sobre ninguna.

La copia de medidas ha sucedido también entre
países, como se ha puesto de relieve al inicio del otoño con el aumento de los
casos en el resto del continente europeo. Italia, Grecia y algunas ciudades
francesas han implantado la obligatoriedad generalizada de la mascarilla. Tras
la imposición del toque de queda en algunas regiones francesas, varios países
lo han establecido también, entre ellos España. Sin embargo, la evidencia de
que los toques de queda por sí solos son eficaces para combatir los contagios es
aún débil. Aunque parece que han sido efectivos en algunos países (la mayor
parte en desarrollo, como Jordania o Kenia), en otros o bien no ha tenido
ningún efecto sobre el crecimiento de casos (Israel) o si lo ha tenido es
difícil de diferenciar del efecto de otras medidas decretadas al mismo tiempo (la
Guyana Francesa o Melbourne). Convendría que en este nuevo estado de alarma las
autoridades españolas se plantearan la evaluación y reconsideración de las
nuevas normas en función de sus resultados.

Gráfico 1

Nota: Los círculos en las series representan la fecha de inicio de la obligatoriedad generalizada de la mascarilla al aire libre en cada comunidad.

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Gráfico 2

Fuente: Our World in Data.

Segundo pecado: no incorporamos nuevos conocimientos

El segundo pecado es precisamente la nula
adaptación de la gestión de la crisis a los cambios. Una vez que se aprende
algo, no se reconsidera. No cabe duda de que el eslogan “quédate en casa” y la
profunda reducción de la movilidad funcionaron durante el confinamiento para
reducir la expansión de los casos. Sin embargo, una vez inmersos en la
desescalada una menor movilidad no ha significado por sí sola una mejor
evolución de la epidemia.

Baste tener en cuenta que durante el verano la
peor situación epidemiológica de España frente a otros países comunitarios (gráfico
2) se produjo a pesar de que la movilidad había crecido menos tras el
confinamiento que en los países vecinos, según datos de Google Mobility Report.
Tal y como ilustran los gráficos 3, 4 y 5, esto ha sucedido así en la movilidad
de distintos tipos (a tiendas y restaurantes, a parques y playas, y a lugares
de trabajo). Por otra parte, con la llegada del otoño los casos han aumentado
en la mayor parte de países europeos al mismo tiempo que se reducía la
movilidad. Esta pauta sugiere que no es quedarse en casa lo que hace disminuir
los casos, sino que los encuentros sociales se realicen en condiciones de
seguridad, sean donde sean (y serán seguros con más probabilidad si se realizan
al aire libre).

No puede pasarse por alto que en el resto de Europa la comunicación tras el confinamiento incidió decisivamente en la importancia de los espacios abiertos y la ventilación. Por ejemplo, este artículo en The Guardian de mediados de agosto se planteaba qué pasaría con el nuevo hábito británico de pasar tiempo al aire libre cuando llegara el otoño. En Grecia, la celebración de misas al aire libre se ha extendido. En el contexto europeo la escasa presencia de las recomendaciones sobre los espacios abiertos y la ventilación ha sido una excepción española y, de hecho, no ha estado encima de la mesa hasta que no se ha acercado el otoño. Esta atención corre el riesgo de desvanecerse con la vuelta a la recomendación de quedarse en casa.

La conversación pública se ha aferrado a la
evidencia del resultado del confinamiento de la primavera, sin atender al hecho
de que, desde la desescalada, la relación entre la reducción de la movilidad y
la de los casos ya no parece tan directa. El foco se ha centrado en cuánto
debe reducirse la movilidad, en lugar de en el cómo y en el dónde.
En consecuencia, se han dejado de lado políticas que fomentaran que la nueva
normalidad se desarrollara en condiciones seguras. Por ejemplo, no se han
ofrecido subvenciones para la compra de pérgolas y calefacciones de exterior
para restaurantes, ni para la adquisición de purificadores de aire con filtro
HEPA o medidores de CO2 para comprobar si un espacio cerrado está
convenientemente ventilado.

Una buena gestión de un fenómeno nuevo y cambiante
necesita la incorporación continua de nuevos conocimientos. Aferrarse a lo
aprendido como si de un mantra se tratara no sirve de nada.

Gráficos 3, 4 y 5

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de movilidad de Google (extraído el 25/10/2020).

Tercer pecado: mensajes simples, sin didáctica ni contenido

Esta rigidez en la toma de decisiones y en los
mensajes bebe del tercer pecado: la comunicación de las restricciones atiende
más a su forma que a su sentido. Se ha desistido de explicar adecuadamente las medidas
y, por lo tanto, de tratar a la población como personas adultas. Puede que la
estrategia de simplificar las normas busque facilitar su seguimiento, pero
también las hace poco flexibles. En el caso que nos ocupa, la ausencia de una
buena explicación acompañando la insistencia en la restricción de la movilidad
durante el confinamiento hizo más difícil cambiar la recomendación durante la
desescalada y fomentar las actividades en espacios abiertos. Si no se han
entendido las razones de una norma, tampoco se puede comprender que se cambie.

En esta vuelta a la recomendación de no salir del domicilio se acude de nuevo a un lenguaje simplista que no contribuye a que la población entienda dónde está el riesgo de contagio y por lo tanto sepa cómo aplicar la norma de acuerdo con sus circunstancias. Ceñirse al eslogan de “quédate en casa” conlleva no salir a dar paseos, a pesar de los beneficios que reportan y el nulo riesgo de contagio. “Quédate en casa” implica que muchos abuelos recibirán la visita de sus nietos en sus hogares, cuando sería más conveniente recomendar que se encontraran en un parque. “Quédate en casa” significa que no se tiene en cuenta el modo en que la población incorpora a su vida cotidiana mensajes vacíos que no se han explicado. “Quédate en casa” expresa la carencia de una visión amplia de las consecuencias a largo plazo para la salud física y mental de la población.

A lo largo de estos meses, medida y restricción se han convertido en sinónimos. La demanda de más iniciativa a los poderes públicos se ha centrado en la necesidad de más rastreadores y medios materiales y humanos en el sector sanitario. Pero hay mucho margen para ir más allá: evaluar las medidas tomadas y reconsiderarlas si es necesario, incorporar de forma sistemática esos nuevos conocimientos y explicar adecuadamente el sentido de las medidas a los ciudadanos. Estos cambios contribuirían a mejorar la gestión de la pandemia y a que los ciudadanos recuperen la confianza en las normas. No es necesario confesar o expiar estos tres pecados. Solo hay que dejar de cometerlos.

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Nuevos antídotos ante una recaída inminente

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El fuerte enfriamiento de la coyuntura, en paralelo a la curva de contagios de la covid, plantea un desafío inaudito para la política económica al que conviene responder sin esperar a la adopción de nuevos presupuestos ni a la llegada de fondos europeos. El consumo pierde fuelle, por el deterioro de la confianza de las familias ante unas perspectivas ensombrecidas, mientras que la inversión empresarial sufre un parón y los mercados de exportación se resienten de las restricciones a la movilidad y a la actividad que imponen nuestros socios comerciales ante la segunda ola. En Europa la recuperación parece haber tocado fin (el índice PMI de octubre pasa ligeramente por debajo del umbral de 50, por primera vez desde la primavera). Y en España, a la espera de conocer el dato, todo apunta a una contracción aún más severa.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: ICO y Ministerio de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

Ante el espectro de una recaída de la economía española en el tramo final del año, la respuesta no puede limitarse a las recetas que funcionaron en la primavera. Los avales de crédito para las empresas en dificultad han tocado techo, incluso en el devastado sector del turismo y la hostelería —el total de créditos a este sector se ha estancado en el entorno de 11.000 millones de euros—, prueba de que las empresas que están al borde de la insolvencia son reticentes a acrecentar su endeudamiento en un contexto tan incierto.

Una política de recapitalización de empresas viables parece más adecuada que la concesión de nuevos préstamos, como subraya el Banco de Pagos Internacionales, que alerta del riesgo de quiebras en cascada. Esta es una eventualidad que conllevaría una crisis financiera (conviene escuchar las recomendaciones de este organismo internacional, el único en anticipar el estallido de la burbuja financiera hace más de una década). También se trata de agilizar la reestructuración de los negocios inviables, un proceso que se antoja largo y costoso en nuestro país como lo reconoce el Gobierno.

Por otra parte, las cifras agregadas ocultan una disparidad acusada, de gran relevancia para la política económica. El sector de servicios es el que peor lo está pasando, como lo muestra el descenso del índice de actividad en el sector de servicios, un insólito -1,7% en pleno agosto, es decir un -15,3% interanual, cuando lo normal es que se incremente vigorosamente en plena temporada turística. La industria, que depende menos del contacto humano, logra mantener su expansión. Alemania e Italia, gracias al fuerte peso de la industria y su presencia en el mercado chino, el único con una recuperación en “v”, aguantan mejor que España y Francia.

«Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios».

Raymond Torres

Además, existe una gran heterogeneidad dentro del sector de servicios. Repuntan los que se benefician del comercio electrónico o que pueden funcionar recurriendo al teletrabajo. Los servicios profesionales, o las actividades administrativas digitalizadas y de investigación, por ejemplo, presentan índices significativamente mejores que la hostelería o el transporte. Conviene, por tanto, facilitar la expansión del crédito y la movilidad laboral hacia estos sectores de servicios y de industria manufacturera que podrían convertirse en el principal pulmón de la economía.

Asimismo, si bien un repunte de los expedientes de regulación temporal de empleo es probable, el carácter por definición transitorio del dispositivo no es el adecuado para una crisis que amenaza con prolongarse. Esta es la gran oportunidad para la formación y el reciclaje de personas en paro de larga duración, o en riesgo de perder el puesto de trabajo como consecuencia de las transformaciones de la economía. Aquí también conviene innovar, aprovechando el potencial de acceso al conocimiento que ofrecen las nuevas tecnologías.

La nueva normalidad se está caracterizando por la sucesión de olas de contagios y una incertidumbre exacerbada. Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las dos crisis

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Sin paños calientes. La gravedad de la crisis económica causada por la pandemia ya tiene todas las hechuras para ser de parecida magnitud a la financiera de 2008. Con consecuencias imprevisibles. Una historia entre dos crisis, como la de las dos ciudades de Dickens, que anuncia un enorme cambio social. Un siglo y medio después sigue siendo válido aquello de “era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura”.

Las malas perspectivas sanitarias hasta verano de 2021 —donde en el mejor de los casos empezarían a sentirse los efectos favorables de la vacuna— nos obligan a prepararnos para lo peor. Si la gestión pública de la pandemia sigue marcada por la incertidumbre —incluidos bandazos—, los problemas se multiplicarán. Aunque la naturaleza de la recesión actual es bien distinta a la crediticia, sus efectos empiezan a notarse en cada rincón de la economía. Comienzan a preocupar, 12 años después, las implicaciones financieras. La covid-19 mantiene demasiado tiempo actividades bajo mínimos, miles de empresas cerrando y un horizonte temporal de infarto. Este no era el panorama inicial, hay que reprogramar. Si no es así, tarde o temprano, quedará afectado el sistema bancario que ha sido, en esta ocasión, un catalizador fundamental de la liquidez y crédito que ha precisado el sector empresarial desde marzo. Voces tan autorizadas como Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, ya hablan abiertamente de una crisis financiera en ciernes.

«El control de la pandemia será decisivo para aminorar el desastre. Pero en materia financiera, hay mucho por hacer también. Parece necesaria la prolongación de las medidas que reguladores y supervisores han puesto en marcha para evitar un impacto negativo súbito».

Santiago Carbó

Los gobiernos —y el sector privado— han movilizado recursos como nunca. Eso sí, con un incremento brutal de la deuda, que no augura nada bueno. Todo ello acompañado de la decidida acción de los bancos centrales, incluido el BCE. En esta ocasión, no se ha titubeado. No siempre certeramente, entre otras cosas por la celeridad del desastre. Para el resto de la pandemia hay que diseñar y ejecutar acciones precisas. Cirugía para minimizar el número de empresas afectadas. Con recursos públicos limitados y una pandemia que dura más de lo esperado, hay que apoyar únicamente actividades y empresas viables, que generen riqueza y ayuden en la recuperación. Sin lastres. De otro modo, se generaría una crisis grave de morosidad y deterioro de activos en unos meses, que agrandaría la crisis y retrasaría notablemente la salida.

El control de la pandemia será decisivo para aminorar el desastre. Pero en materia financiera, hay mucho por hacer también. Parece necesaria la prolongación de las medidas que reguladores y supervisores han puesto en marcha para evitar un impacto negativo súbito en la morosidad y la cuenta de resultados de los bancos. El mantenimiento de avales públicos también, aunque ahora más selectivos si cabe.

Por último, el propio sector financiero tiene mucho que hacer. No solo con una evaluación de riesgos rigurosa. También con estrategias más disruptivas y valientes para hacer crecer negocio y rentabilidad. Habrá más fusiones y operaciones corporativas. No obstante, hace falta bastante más en materia tecnológica y adaptación de la estructura a la nueva realidad. Mucho por hacer para evitar lo peor en lo financiero también.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tratamiento a base de deuda

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Uno de los resultados más espectaculares de esta crisis es el incremento exponencial de la deuda tanto pública como privada. Según el FMI, el endeudamiento global batirá este año un nuevo récord como consecuencia de la caída abrupta de la actividad y de las políticas de sostén de la economía, basadas en el crédito a las empresas y el gasto público.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió durante la crisis financiera, tanto los expertos de Washington como los de Bruselas asumen la expansión fiscal y las ayudas a negocios en dificultad como una necesidad. Un giro hacia la austeridad sería letal para una economía convaleciente —si no en estado de shock como la nuestra—, una de las más señaladas por el organismo internacional. Las cuentas financieras divulgadas esta semana por el Banco de España evidencian la debilidad de las fuerzas de mercado, incapaces de generar una recuperación sostenida. Así pues, en el segundo trimestre las familias incrementaron su ahorro (capacidad de financiación) en cerca de 60.000 millones de euros, casi lo mismo del total ahorrado durante los cuatro años pre-covid. Los datos de depósitos bancarios muestran que la situación de sobre-ahorro prevalece, restando fuelle al consumo y socavando la recuperación.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: FMI y Banco de España (para el segundo trimestre de 2020).

Otra cosa es la sostenibilidad de la deuda. Una cuestión en apariencia inocua, gracias a la compra masiva de bonos por los bancos centrales, que han conseguido crear escasez de títulos en los mercados y así reducir los costes de financiación para los Estados. Los tipos de interés son negativos para las emisiones de deuda de hasta cinco años de vencimiento (es decir, el Tesoro español gana dinero cada vez que emite deuda en esos ramos) y la referencia a 10 años roza los mínimos históricos pre-covid.

«El FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos»

Sin embargo, la levedad de la deuda es engañosa. Algunas voces ya se han manifestado en el seno del BCE para preparar una vuelta a la normalidad monetaria a partir de junio de 2021, que marca el fin del actual programa de estímulos. Para entonces, la deuda pública española seguirá escalando.

Por tanto, la clave está en prepararse para esa eventualidad, en primer lugar, asegurándose que el endeudamiento sirve para generar crecimiento. En ese sentido, el FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos. Esta es una amenaza que se cierne sobre el sistema financiero, y que sin embargo no encuentra todavía respuesta en el Plan Presupuestario 2021 del Gobierno (salvo en lo que atañe al fondo de solvencia para empresas estratégicas, reservado a grandes corporaciones). Además, sorprendentemente el Plan no deja claro si procederá a nuevas medidas de liquidez y crédito ICO en 2021.

«Para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española»

La inversión es otro ingrediente que distingue los endeudamientos sostenibles de los que están abocados a futuras medidas de ajuste o recortes traumáticos. El plan europeo de recuperación ofrece una oportunidad histórica para financiar parte del esfuerzo inversor. Pero para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española.

La creación de puestos de trabajo es otra condición sine qua non para la sostenibilidad de la deuda, y la reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, el Plan Presupuestario está sembrado de incertidumbres acerca de la orientación de las medidas. Los ERTE han sido prorrogados hasta enero, y se desconoce si otro instrumento tomará el relevo.

Finalmente, la sostenibilidad de la estrategia depende de la definición de una senda de vuelta al equilibrio de las cuentas públicas a medio plazo. La prioridad es impulsar la economía. Y ganar credibilidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Salud mental en tiempos de pandemia: volvamos a la confianza en el futuro

Nadie se sorprenderá al saber que la crisis
sanitaria y económica está dejando una huella significativa en la salud mental
de la población. Las evidencias sobre las consecuencias psicológicas de
desastres, cuarentenas y desempleo eran ya abundantes antes de la epidemia del
COVID-19, pero la aplicación masiva de medidas de confinamiento en todo el
mundo ha supuesto un experimento psicológico sin precedentes que avala
hallazgos anteriores.

Siguiendo estudios realizados en China, diversos equipos de investigación europeos recogieron información sobre salud mental durante el confinamiento. Los resultados de estas encuestas confirman en países como Austria, Italia o Reino Unido la alta prevalencia de problemas de ansiedad, estrés e insomnio durante el confinamiento y su aumento respecto a momentos anteriores en los casos en los que se dispone de datos comparables. Existe un consenso considerable en que el empeoramiento de la salud mental sería más grave entre las mujeres y los que viven con niños, así como en el efecto positivo de la confianza en las autoridades sanitarias y las medidas tomadas.

En España, varios equipos han producido y analizado este tipo de evidencia. Por ejemplo, en un estudio sobre el País Vasco más del 25% de los participantes reportaron síntomas de depresión, ansiedad o estrés durante el confinamiento [1]. Otro análisis sobre el conjunto de España arroja también resultados preocupantes: el 36% de la población habría sufrido un impacto psicológico moderado o severo [2]. También, según datos producidos por la Universitat Autònoma de Barcelona e ISTAS-CCOO, un 12% de los asalariados empezaron a tomar tranquilizantes o somníferos durante el confinamiento y otro 3,4% aumentaron la dosis que ya consumían.

Además de los efectos derivados del confinamiento, queda constancia de la relación entre la situación laboral y el deterioro de la salud mental. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha confirmado que durante el confinamiento los desempleados y los trabajadores en ERTE sufrían un mayor riesgo de salud mental[3].  Estos resultados respaldan las evidencias anteriores sobre las consecuencias psicológicas del desempleo. Investigaciones previas del mismo equipo asturiano ya encontraban un mayor riesgo de salud mental entre los desempleados en España (del 5,5%).

«Uno de los determinantes de la salud mental que pusieron de relieve los datos producidos durante el confinamiento es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. Sin embargo, en España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol»

Aunque aún no se dispone de evidencia empírica sobre cómo ha evolucionado la salud mental en España tras la desescalada, se puede esperar que no haya vuelto a los niveles pre-COVID. Un meta-análisis publicado en The Lancet a finales de febrero daba cuenta de la permanencia en el tiempo de las consecuencias psicológicas de los confinamientos. De hecho, algunos estudios encuentran que entre tres y seis meses después de ciertos desastres se produce una segunda epidemia relacionada con problemas de salud mental. Esta segunda ola puede tener implicaciones importantes en la productividad a través del aumento del absentismo.

En España la atención a los problemas de salud mental en la gestión de la pandemia ha sido escasa o incluso nula, a pesar de estas evidencias. Ya durante el confinamiento la prohibición de salidas para paseos o deporte (que hubieran contribuido al bienestar psicológico) fue una excepción en el contexto europeo. Tampoco se han emprendido acciones específicas en este sentido tras la desescalada. Sin embargo, hay algunos indicios que apuntan a la persistencia de problemas psicológicos, como la evolución de la búsqueda en internet de la palabra “ansiedad” en España (gráfico 1). El indicador de “interés de búsqueda” de Google va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el término es la mitad de popular que el máximo. Esta variable se mantenía en el entorno del 65 hasta febrero de 2020, pero se disparó en coincidencia con la declaración del estado de alarma y alcanzó su máximo en la segunda semana del confinamiento. Aunque tras la desescalada ha descendido, no ha vuelto al nivel previo sino que se mantiene por encima de 75 e, incluso, se adivina una pequeña subida durante el mes de septiembre.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

La escasa sensación de normalidad durante el verano en España y la temprana vuelta al aumento de casos han podido contribuir a perjudicar la salud mental de la población que, al contrario que otras sociedades del entorno europeo, apenas ha tenido un descanso psicológico este verano. Pero, además, ha de tenerse en cuenta que uno de los determinantes de la salud mental es la confianza en las autoridades sanitarias y en la eficacia de las normas. En España esta confianza puede estar seriamente dañada debido a la creciente politización de las decisiones relativas a la gestión de la crisis y la consecuente sensación de descontrol.

«Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se está conteniendo. No es menor el riesgo social de que la sociedad crea que la enorme disrupción que se han visto obligados a hacer en sus vidas no sirve para nada».

Por otra parte, la forma en que se trata la información epidemiológica en los medios de comunicación puede tener también algunas consecuencias perjudiciales. La mayor atención que prestamos los seres humanos a las noticias negativas tiene incentivos perversos sobre los medios de comunicación, que presentan pocas noticias positivas, aunque las haya. Sirvan de ejemplo las crónicas internacionales sobre la pandemia: solo se recoge información sobre territorios y momentos en los que la evolución es negativa, pero no cuando esta mejora. Se ofrece así una visión sesgada y desesperanzadora que induce a pensar que todo va mal en todas partes. Lo ilustra claramente el caso de la ciudad de Nueva York, que fue objeto de gran cobertura mediática en marzo y abril cuando era el epicentro mundial de la pandemia. Desde junio la evolución de los casos allí ha estado muy contenida pero apenas ha tenido protagonismo en la conversación pública sobre la evolución de la pandemia.

Algo similar ha sucedido respecto a la información sobre el coronavirus en España. La omnipresencia mediática de datos sobre el avance de los casos, hospitalizaciones y fallecimientos es incontestable. Pero, a pesar de que desde hace semanas la evolución de los casos diarios sugiere que la expansión de la epidemia puede estar ralentizándose tanto en el total de España como en Madrid (gráficos 2 y 3), la atención por parte de los medios de comunicación ha sido escasa. Los datos sobre hospitalizaciones parecen confirmar esta tendencia, aunque aún no se ha producido su traslación a los números relativos a UCIs y fallecimientos que, al menos en la primera ola, sucede con posterioridad. 

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

No se trata de lanzar las campanas al vuelo, sino de transmitir a la población una visión completa que facilite una reflexión informada y templada de lo que está pasando. Afirmar que la situación en algunos hospitales es difícil (y que lo será durante semanas) no es incompatible con explicar que la expansión de la epidemia se puede estar conteniendo. No es menor el riesgo social de que hacer creer a las personas que la enorme disrupción que se han visto obligadas a hacer en sus vidas no sirve para nada.

La creencia de que estamos abocados al abismo bloquea cualquier estrategia de mejora, individual o colectiva. Ha sido la confianza en que el futuro puede ser mejor lo que ha hecho crecer a las sociedades, la que hace que las empresas inviertan y que las personas trabajen por sus vidas profesionales y personales. Si apostamos por la reflexión sosegada, sin ingenuidad pero informada, aún estamos a tiempo de recuperar esa confianza.


[1] Ozamiz-Etxebarria, N., Idoiaga Mondragon, N., Dosil Santamaría, M., & Picaza Gorrotxategi, M. (2020). Psychological symptoms during the two stages of lockdown in response to the COVID-19 outbreak: an investigation in a sample of citizens in Northern Spain. Frontiers in Psychology11, 1491.

[2] Rodríguez-Rey, R., Garrido-Hernansaiz, H., & Collado, S. (2020). Psychological impact and associated factors during the initial stage of the coronavirus (COVID-19) pandemic among the general population in Spain. Frontiers in psychology11, 1540.

[3] Escudero-Castillo, I.; Mato Díaz F.J; Rodriguez-Alvarez, A. (2020). Furloughs, teleworking and other work situations during the COVID-19 lockdown: impact on mental well-being. 18th ISQOLS Annual Conference.

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Covid-19 y desigualdad

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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