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Brecha con el resto de Europa

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Una vez más, el INE sorprende con su estimación del crecimiento de la economía: los indicadores avanzados apuntaban a un incremento del PIB superior al 2% divulgado por el instituto estadístico. El buen comportamiento del empleo, con un aumento del número de ocupados y de horas muy superior a esa cifra, auguraba un resultado más vigoroso. Pero, incluso anticipando una corrección de esas cifras más adelante, a medida que los expertos del INE recopilen más información, parece evidente que la recuperación de la economía está siendo menos intensa de lo previsto.   

Además, nos estamos quedando atrás en relación a los países de nuestro entorno. El crecimiento acumulado desde el inicio del año es del 2,4%, frente al 4,4% en Francia y 5,6% en Italia (solo Alemania, con un 1,7%, tiene un resultado inferior, pero partiendo de una situación menos degradada). Los principales socios europeos se acercan al nivel de actividad prepandemia, incluso en Italia con una estructura productiva tan dependiente del turismo como en nuestro país, mientras que la brecha es todavía muy acusada en el caso de España. 

Fuente: Eurostat.

¿Cómo se puede explicar la pérdida relativa de vigor? Más allá de factores que atañen al carácter inescrutable de la ciencia estadística (llama la atención la caída del consumo privado en el tercer trimestre, contradiciendo el fuerte rebote registrado del turismo y de las compras con tarjeta), hay que reconocer que la inflación complica el escenario. Con un IPC en el 5,5%, y unos ingresos que para la mayoría de hogares apenas se incrementan, la pérdida de poder adquisitivo es ineludible. En Francia e Italia la inflación es dos puntos menos, lo que contribuye a explicar el tirón de la demanda interna en esas economías. 

Tanto Macron como Draghi han optado por atenuar el impacto de la escalada de los costes eléctricos en el bolsillo de la ciudadanía, mediante un incremento significativo de las subvenciones a las empresas y recortes de impuestos. Esta política se basa en la visión de transitoriedad del shock energético: para que no pese en la coyuntura, el Estado asume buena parte del alza de los costes, financiándose con déficit. También intentan desvincular la factura de la luz del vaivén de los mercados mayoristas, mediante un mayor protagonismo de los contratos a plazo. 

En contraposición, nuestra estrategia es menos gravosa para las arcas públicas, pero entraña unos mayores costes para el sector privado no-energético. Solo se podrá sostener si se interrumpe el ciclo alcista de costes, o se contrarresta con reformas adicionales del mecanismo de formación de precios. A largo plazo, por supuesto, solo queda apostar por un mayor protagonismo de renovables.  

Otra explicación del decepcionante tercer trimestre atañe a la política fiscal: de los 27.000 millones de euros presupuestados en inversiones del Plan de recuperación, se han ejecutado proyectos por un total de 5.800 millones (con datos obtenidos agregando las convocatorias publicadas en el portal del Plan, que tal vez no recogen todos los proyectos de las comunidades autónomas). Por tanto, el impulso que se esperaba de los fondos europeos está siendo menos potente de lo esperado. Es un hecho que la inversión pública se ha reducido un 2,4% hasta agosto. 

Con todo, no hay que confundirse de diagnóstico: los motores de la recuperación se mantienen, en particular la bolsa de sobre ahorro dispuesto a liberarse es considerable. Prueba de ello, los hogares y las empresas siguen acumulando dinero en depósitos, en vez de gastarlo. Por tanto, la clave está en adaptar la política fiscal al contexto de cuellos de botella, con inversiones en sectores que contribuyen a relajarlos a la vez que facilitan la transición energética y la formación de los trabajadores. Entre tanto, es tiempo de recortar las previsiones de crecimiento. Pero, más allá del baile de cifras, la prioridad pasa por reconocer que los atascos de abastecimiento y los costes energéticos perjudican sobremanera el aparato productivo. Y se han convertido en el principal freno a nuestra recuperación.    

Coste de la deuda | El brote de inflación se ha trasladado a las expectativas, encareciendo el coste de financiación de los Estados. El rendimiento de los bonos españoles con vencimiento a 10 años, que cotizaba en terreno negativo en enero, supera el 0,6% y su tendencia es alcista. Por tanto, el mensaje del BCE, reiterado por su presidenta esta semana, no parece disipar la percepción de que el encarecimiento de costes energéticos tendrá un impacto más persistente de lo vaticinado. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en niveles reducidos, inferiores a 70 puntos. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación, primicia de la economía pospandemia

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Los datos son una fuente esencial de conocimiento para la política económica. Pero, ¿qué hacer cuando apuntan en dirección contradictoria? Las tensiones inflacionarias no cesan, reduciendo la capacidad de compra de las familias. Muchas fábricas se ven abocadas a reducir la producción por falta de suministros o su encarecimiento, y la actividad global se resiente. El propio FMI acaba de recortar su previsión de crecimiento en 2021 para las economías más poderosas del planeta que son EEUU, China y Alemania, y también para España.

Fuentes: Eurostat, INE y FMI.

En contraposición, las encuestas de coyuntura dibujan una imagen positiva: los pedidos se acumulan en las empresas, el empleo crece y los consumidores se muestran confiados en el futuro (tanto los indicadores adelantados de venta y de contratación, como los índices de confianza del consumidor, se mantienen en niveles elevados). 

Ante unos hechos tan contradictorios, no es sorprendente que las interpretaciones también lo sean. Unos, a la cabeza los bancos centrales, se muestran optimistas, consideran que el repunte de precios es una escaramuza transitoria y vaticinan por tanto una recuperación sostenida. Los agoreros, por su parte, lanzan la voz de alarma de la estanflación, un periodo de estancamiento de la actividad e inflación persistente, que se ensañaría con los países más endeudados. 

En un entorno tan complejo, el informe del FMI permite extraer algunas lecciones esperanzadoras, otras menos. La principal: las fuerzas de la recuperación siguen siendo potentes, gracias a la liberación de la enorme bolsa de demanda retenida durante la crisis. Nada puede detener ese efecto, aunque sí retrasarlo —como en España, con un crecimiento previsto del 6,3% para 2022 (una revisión al alza de 6 décimas), tras 5,7% este año (un recorte de 5 décimas)—.   

En segundo lugar, y esto es crucial para entender el brote de inflación, el crecimiento difiere de las pautas anteriores a la pandemia. Sube la demanda de bienes frente a los servicios, de ahí los cuellos de botella en el transporte por carretera y mar, y en los suministros necesarios a la producción manufacturera. La actividad se digitaliza, exacerbando la escasez de componentes tecnológicos. Y provoca tensiones en los mercados energéticos, por la infrainversión en energías fósiles, necesariamente denostadas en tiempos de lucha contra el cambio climático, y la insuficiente oferta de fuentes alternativas no contaminantes. Todo ello contribuye al ciclo alcista de costes y entorpece la onda expansiva.

Del análisis del Fondo se puede deducir que la duración del brote de inflación depende de la transición energética. Esto lo sabemos en España, con un IPC que podría rozar el 5% a finales de año como consecuencia del encarecimiento del gas y de la electricidad, mordiendo el poder adquisitivo de los salarios y los márgenes empresariales. La tensión retrocederá a medida que se producen inversiones en energías renovables y mejoras en su eficiencia. El Fondo también advierte del riesgo de efectos de segunda ronda en los precios no energéticos y en los salarios, pero se decanta por un impacto limitado por el subempleo que persiste tras la crisis y los cambios en los mercados laborales. No estaríamos, por tanto, ante una espiral inflacionista como en la crisis del petróleo del siglo pasado.

En suma, las perspectivas siguen siendo favorables pese al shock de costes, más persistente de lo previsto por la mayoría de bancos centrales. La política monetaria debe calmar las expectativas de inflación, replegando el arsenal monetario, pero sin sobrerreaccionar porque las tensiones subyacentes son todavía moderadas. Los presupuestos públicos afrontan un dilema similar. Algunos de sus estímulos siguen siendo necesarios, sino esenciales entre otras cosas para facilitar la transición energética y atajar la escalada de costes de producción; y a la vez conviene frenar el endeudamiento. Una cosa parece clara: el Estado es un actor crucial de la economía pospandemia, pero su acción debe ser atinada para que no se cuestione su sostenibilidad. 

IPC | Los productos energéticos son los artífices del actual brote de inflación. El IPC se incrementó en septiembre un 4% con respecto a un año antes, por el encarecimiento de la energía (29%). La inflación subyacente sigue es apenas del 1%. Según Funcas, si el precio de la electricidad se estabiliza, el IPC alcanzará un pico del 5% en noviembre antes de emprender una senda decreciente. Pero si la escalada prosigue, el IPC ascendería hasta el 5,3% a finales de año, y todavía se situaría en esas cotas hasta la primavera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Vuelve el miedo a la estanflación

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Con el avance de la vacunación las incertidumbres ligadas a la pandemia han remitido, pero su lugar ha sido ocupado por nuevos y preocupantes riesgos. Concretamente, el aumento de la inflación, unido a diversos shocks de oferta, han devuelto a la actualidad un término que casi habíamos olvidado: estanflación. Es decir, inflación a la vez que estancamiento económico.

Hasta ahora, el aumento de la inflación de los precios al consumo ha sido el resultado fundamentalmente de circunstancias transitorias. Asimismo, el fuerte encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, así como los retrasos en los suministros de componentes, factores todos ellos que están suponiendo un aumento muy notable de los costes de producción, también se consideran de naturaleza transitoria, al ser consecuencia de los cuellos de botella generados tras el retorno a la normalidad.

Pero crece el temor a que nos encontremos ante un fenómeno más duradero. Para empezar, es muy posible que la situación de elevados precios de las materias primas persista, ya que detrás de ella también existen motivos más permanentes: una demanda que va a mantenerse en niveles muy elevados debido a las enormes inversiones que se prevén relacionadas con la transición energética y financiadas con masivos paquetes fiscales, y una oferta limitada por las escasas inversiones realizadas en los últimos años. A ello se suma el aumento disparado del precio de la electricidad, sin perspectivas de remitir en un futuro próximo, debido también, en parte, a un factor permanente: el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, necesario para realizar la transición energética. En suma, es muy posible que la acumulación y persistencia en el tiempo de tantos y tan variados incrementos de costes, acabe trasladándose a los precios finales al consumo. Dicho traslado solo sería parcial, debido a la intensa competencia global, de modo que también se resentirían los márgenes empresariales. El siguiente paso sería que los trabajadores tratasen de defenderse de la pérdida de poder adquisitivo mediante mayores exigencias salariales, estrechando aún más los márgenes, lo que podría desembocar en una espiral salarios-precios. Otro ingrediente necesario para alimentar este mecanismo también se encuentra presente en la economía: la expansión monetaria, a la que se recurre de forma masiva para financiar los históricos programas fiscales aprobados por los gobiernos.

“Aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados”.

María Jesús Fernández

Por el lado de la actividad, la recuperación de la industria ya se ha paralizado en la eurozona por la falta de componentes, y por si todo ello fuera poco, se empieza a hablar de la posibilidad de una crisis energética durante el próximo invierno por la escasez de gas natural, crisis que ya ha dado sus primeros coletazos en China, donde en los últimos días se han producido frecuentes cortes de luz. Shocks de oferta y una espiral salarios-precios en un entorno monetario de gran laxitud es exactamente lo que ocurrió durante la etapa estanflacionaria de los años 70, y no es descartable que se repita en la actualidad.

Pero independientemente de lo más o menos factible que sea este escenario, la cuestión de fondo es que los agentes empiezan a desconfiar de los bancos centrales como garantes del control de la inflación. Los propios bancos centrales han dedicado muchos esfuerzos en los últimos tiempos a señalar su permisividad hacia tasas más elevadas. Pero no solo es una cuestión de permisividad: aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados. Con el fin de evitar una nueva crisis de deuda, el BCE podría verse obligado a perpetuar de forma indefinida una política excesivamente laxa que seguiría alimentando el proceso inflacionista. Esta pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria facilita el desanclaje de las expectativas de inflación, un proceso muy peligroso por los abruptos ajustes a que daría lugar en los precios de los activos financieros, cuyo resultado final sería un aumento de los tipos de interés a largo plazo, acompañado, como es lógico, de una recomposición de las primas de riesgo. Ni que decir tiene lo que este escenario podría implicar para un país tan endeudado como el nuestro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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La competitividad ante el brote de inflación

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La escalada de costes de producción que se propaga a través del planeta, y ahora se amplifica con el encarecimiento del petróleo, representa el mayor desafío a corto plazo para la recuperación en los países importadores como el nuestro. Hasta ahora el debate se ha centrado en las consecuencias para la inflación, con unos bancos centrales que envían señales tranquilizadoras a los actores de la economía, mientras que éstos empiezan a percibir los costes del repunte de precios y se preguntan si el fenómeno es totalmente transitorio, como prometen los expertos monetarios. Habrá que redoblar esfuerzos, porque la inflación está ya en el 4% en España, y se acerca rápidamente a esas cotas en la eurozona.    

Además, ojo con una de las derivadas del shock de costes: la competitividad. Esta es una cuestión crucial, porque todos los anteriores episodios inflacionarios en España han resultado ser más virulentos que en otros países, provocando un fuerte deterioro de la posición competitiva y del saldo exterior.      

De momento, este no parece ser el caso, afortunadamente. Bien es cierto que nuestro aparato productivo se resiente: los precios de los suministros importados se incrementan a un ritmo muy superior al de los precios que se pueden pedir a los clientes (en agosto, último dato disponible, los precios de importación crecieron a un ritmo anual del 14%, tres puntos más que los precios de exportación, fundamentalmente a causa del encarecimiento de la energía). 

Sin embargo, la inflación de precios de importación no ha sido suficiente para desequilibrar las cuentas externas. El saldo externo se acerca a 9.000 millones (con datos acumulados entre enero y julio), en torno a la mitad de los niveles récord prepandemia, pese al lastre de un turismo todavía mermado.    

El auge exportador es la principal explicación de la sólida posición externa. Las exportaciones se expanden a un ritmo sostenido, y ya se sitúan por encima de los valores pre-crisis tanto en valor ( 17,7% en julio en relación a diciembre de 2019), como a precios constantes ( 9,3%). Este está siendo uno de los mejores registros en Europa, superando netamente a la locomotora alemana, a Francia y sobre todo a un Reino Unido trastornado por el Brexit. Solo Italia mejora (ligeramente) nuestro resultado. Las importaciones también se incrementan, pero a un ritmo inferior pese al fuerte repunte de los precios de los suministros comprados en el exterior. De ahí el balance positivo.  

Fuentes: Eurostat, Markit Economics y Funcas.

Otra tendencia favorable es la inversión directa extranjera, con una inyección de capital en nuestro tejido productivo de 19.400 millones entre enero y julio, muy superior a los valores de 2019. Es posible que la reconfiguración de la globalización que se está produciendo tras la pandemia nos esté favoreciendo. Las empresas acortan las cadenas de valor, excesivamente fragmentadas y dependientes de suministros provenientes de países alejados de los principales lugares de consumo. 

En ese puzle mundial en recomposición, nuestra economía posee algunas importantes bazas. La estructura productiva es relativamente competitiva de cara a los procesos de relocalización, en sectores clave como la química, el automóvil y los bienes de equipo. Es un hecho que éstos son los que están liderando las ventas en el exterior. Otro activo es la imbricación en un mercado europeo que intenta reducir su dependencia del abastecimiento desde Asia. Este movimiento pendular se está aprovechando, como lo muestra el fuerte incremento de nuestra cuota exportadora en la Unión Europea. Finalmente, la mano de obra disponible es abundante, y de momento no asistimos a un bucle precios-salarios, a la inversa de otros socios europeos que se acercan al pleno empleo.       

Para mantener estos atractivos es crucial mejorar la productividad que todavía lastra muchas pequeñas empresas, así como reformar los mercados eléctricos y las políticas de colocación de personas en paro o en la inactividad. Y evitar que los precios internos tomen el mismo ascensor que los costes externos, como ocurrió en tiempos pasados con las consecuencias nefastas que ya conocemos.  

INFLACIÓN | El IPC se incrementó en septiembre un 4% con respecto a un año antes, según el indicador adelantado del INE. Esto es seis décimas más que el avance de Eurostat para el conjunto de la eurozona, lo que apunta a un diferencial desfavorable para España. La brecha se explica sobre todo por el alza del precio de la electricidad, especialmente intenso en nuestro país. Descontando la energía y los alimentos no elaborados, el IPC subyacente aumenta a un ritmo anual del 1%, casi la mitad que en la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Balón de oxígeno del BCE

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El cambio de estrategia de inflación por parte del BCE es una decisión inteligente, y beneficiosa para una economía endeudada como la española, pero no despeja las dudas acerca del riesgo de burbujas financieras inherente al mantenimiento de una política ultra-expansiva durante un tiempo prolongado.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución reciente es el retorno de la inflación, desde tasas negativas al final del pasado año hasta un 2,6% en junio y apuntando inexorablemente al alza, al menos a corto plazo —una circunstancia que hubiera dado alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de las condiciones monetarias—. Paradójicamente, al aceptar un objetivo simétrico en torno al 2% —ahora los precios pueden desviarse al alza, y no solo a la baja— el banco central aporta mayor credibilidad a la meta que persigue, la de una inflación positiva.

La decisión no se
podía retrasar más. En primer lugar, porque las tensiones están siendo más intensas,
por el encarecimiento de la electricidad así como la reversión de las
bajadas del precio del petróleo que tuvieron lugar el año pasado en los meses
iniciales de la pandemia. A partir de agosto habrá nuevos efectos de reversión
de bajadas de precios, en este caso en los servicios, de modo que la tasa de
inflación volverá a ascender hasta situarse por encima del 3%. O incluso más en
el caso de Alemania.

Además, la escalada de los costes internacionales de producción podría trasladarse a la inflación interna. Los indicadores de precios pagados por la industria rozan máximos de dos décadas, y una tendencia similar se vislumbra en los servicios. Tarde o temprano las empresas tendrán que repercutir los costes a los precios de venta. En los segmentos que se acercan al pleno empleo, también deberían provocar incrementos salariales, iniciando un proceso de inflación subyacente. No olvidemos que todos los países de la eurozona, salvo España, Grecia e Italia, mantienen tasas de paro inferiores al 10%, acariciando en algunos casos el pleno empleo de la población activa (Alemania, Austria y Holanda, por ejemplo). En España, sin embargo, el déficit de empleo es patente, especialmente entre jóvenes y trabajadores sénior.

Gráfico 1

Gráfico 2

 

Por otra parte, el apoyo monetario sigue siendo imprescindible para mantener la senda de recuperación económica. Si es cierto que la actividad mejora, fruto de la liberación de la demanda que se había quedado embalsada durante la crisis y del incremento de la movilidad, también surgen nuevas incertidumbres, tal la “variante delta” del virus y su impacto en la economía global y en especial en el turismo. El entorno sigue siendo extraordinariamente volátil, y por tanto era crucial que la política monetaria ampliara su capacidad de reacción, algo que ha conseguido flexibilizando el objetivo de inflación.       

Si bien el contexto
aboga por el mantenimiento de los estímulos monetarios, ojo con los efectos
colaterales. El más visible es el incremento acusado del precio de la vivienda
registrado en la mayoría de países europeos. En los grandes centros urbanos el
metro cuadrado prosigue su escalada, inmune a la pandemia. España va por ese
camino aunque con algo de retraso.

Consciente de los
riesgos para la estabilidad financiera, el BCE promete incorporar el precio de
la vivienda en su medición de la inflación. Esta es una buena idea, aunque
compleja metodológicamente y que llevará tiempo en realizarse: inundar los
mercados de liquidez y a la vez limitar la inflación de activos financieros y
de vivienda, esa es la cuadratura del círculo a que se enfrentan los banqueros
centrales.

El BCE da un
respiro, pero la clave no está en la inflación sino en si prorroga su programa
de compra de deuda iniciado con la pandemia. El reto para la política económica
española es aprovechar la ventana de oportunidad, preparándose a un entorno de
menor dependencia del banco central en su colocación de deuda, y limitando los
riesgos asociados a un contexto de abundante liquidez.

VARIANTE DELTA | Los indicadores coyunturales apuntaban hasta fechas recientes a una temporada turística alentadora. A mediados de junio, las reservas de viajes en avión hacia España se situaban un 5,2% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019 (los valores eran de un 70% inferiores a inicios de año). Desde entonces, sin embargo, el sector se resiente del incremento de contagios provocado por la variante Delta y las medidas preventivas anunciadas por algunos gobiernos. Así pues, a finales de junio, las reservas caían un 23,4% con respecto a 2019.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El despertar de la inflación

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Tras haber permanecido en hibernación en las economías avanzadas durante más de tres décadas, la inflación hace su gran retorno en pleno debate de la salida de la crisis pandémica. El despertar es particularmente precoz en EEUU, con un IPC de abril por encima del 4% que está quitando el sueño a la Reserva Federal. De este lado del Atlántico la onda alcista llega con menos presión, pero el cambio de ritmo es abrupto: en España el IPC se incrementó en abril un 2,2%, casi un punto más que en marzo, y en un país tan sensible a esta cuestión como Alemania, el índice se acelera hasta el 2%.

Por si fuera poco, diferentes indicadores apuntan a un encarecimiento adicional de la cesta de la compra, al menos a corto plazo. Las empresas registran una escalada de costes de todo tipo de suministros importados, a la vez que la escasez de componentes tecnológicos provoca cuellos de botella en sectores clave para la economía española como el automóvil. La factura de la energía también tiende a subir. El incremento del IPC se debe a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes. Pero, habida cuenta de las tendencias recientes y de factores estacionales, la inflación podría superar el 3% en Europa en los próximos meses. El corolario es una pérdida de poder adquisitivo para hogares y empresas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: INE y Ministerio de Economía.

La clave está en cómo
reaccionarán los bancos centrales, una cuestión vital para nuestro país que
depende de las generosas compras de deuda pública por parte del BCE. Mucho depende
de la cronificación del repunte de la inflación, es decir de la transmisión de
las presiones externas a los precios internos. De momento, el riesgo es
reducido: los salarios están contenidos por el miedo a perder el puesto de
trabajo que se ha extendido en un contexto de paro elevado; y las empresas
españolas no pueden fácilmente trasladar el incremento de costes de importación
a sus tarifas de facturación. Por tanto, lo más probable es que, a corto plazo,
los agentes absorban el shock. El comportamiento de la inflación
subyacente (estancada en abril en España y muy reducida en Alemania), parece
avalar esta tesis. Y motivar la aparente impasibilidad del BCE.   

Sin embargo, desde EEUU nos llega un mensaje distinto. Allí aparecen síntomas (todavía confusos) de sobrecalentamiento, como la escasez de personal en los sectores más pujantes. Además, el intenso rebote de la economía y el multibillonario plan Biden prefiguran una presión adicional sobre los precios. En un reciente desliz, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen evocó la posibilidad de una salida de los estímulos monetarios. Si bien el anuncio fue desmentido, los ahorradores han reaccionado ante esa eventualidad, exigiendo una remuneración más elevada de los bonos públicos.

El resultado se va contagiando a Europa, por la interconexión de los mercados. El tipo de interés del bono español de referencia (con vencimientos a 10 años) supera el 0,5%, lo que contrasta con los valores negativos de inicio de año. Se trata de un nivel todavía muy reducido, pero revelador de expectativas orientadas al alza. A largo plazo, no le vendría mal a la economía española un poco más de inflación, si bien ésta debería proceder de una dinámica acompasada de precios y costes internos —y no como ahora, de factores externos que restan fuelle a la recuperación—. La inflación es un mecanismo potente y poco traumático para reducir el peso de la deuda que se cierne sobre nuestro país. Naturalmente, los tipos de interés acabarían por incorporar el alza de la inflación, elevando las cargas financieras para el Estado. Pero ese coste sería limitado frente al enorme beneficio que aporta la erosión del valor real de los pasivos, fruto de la inflación. Pese a todo ello, está por ver si los halcones que vigilan están dispuestos a soportar incrementos de IPC por encima del objetivo del 2% durante un tiempo prolongado.


IPC | El índice de precios al consumo se incrementó un 1,2% en abril, lo que equivale al 2,2% respecto a un año antes. Esta evolución, que ha provocado un diferencial desfavorable frente a la eurozona por primera vez desde 2018, se debe al encarecimiento de los productos energéticos. Según las previsiones de Funcas, el mantenimiento de fuertes presiones alcistas sobre los costes de los suministros importados, junto con el fin del efecto escalón derivado de la pandemia, debería redundar en una inflación superior al 2% hasta finales de año, en ocasiones rozando el 3%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Escollo inesperado en el camino de la recuperación

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La demanda que se había embalsado como consecuencia de la
crisis empieza a abrir sus compuertas, facilitando la remontada del gasto de
las familias que han sobreahorrado. El indicador de ventas de detalle se
afianzó en marzo, situándose ya un 6% por encima de su nivel prepandemia. Además,
las expectativas están orientadas al alza, como lo muestra el incremento de los
pedidos industriales. La mejora empieza a notase incluso en el sector de
servicios.

Sin embargo, el panorama se ve ensombrecido por un escollo inesperado: la aparición de cuellos de botella provocados por la escasez de suministros, especialmente en los segmentos de componentes tecnológicos y de metales. La cotización de algunos de los materiales clave para la transición energética y digital, como el cobre, el aluminio o el níquel, escala hasta niveles muy superiores a los valores registrados antes de la crisis. Así pues, el índice sintético de metales del Banco Mundial se situó en abril un 35% por encima de la media de 2019. Los microchips, por su parte, baten records históricos. Este componente vertebrador de un sistema productivo cada vez más digitalizado se encareció un 25% en el primer trimestre, y se espera un crecimiento adicional cercano al 20% en el segundo, según TrendForce, un analista del sector. Por otra parte, la intensificación del tráfico internacional de mercancías provoca retrasos en el abastecimiento y un encarecimiento de los fletes marítimos.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Markits Economics, Freightos Baltic Index y Banco Mundial.

Para la economía española todo ello redunda en costes de
producción al alza.  El índice de precios
industriales de importación subió un 6% en marzo, y el indicador PMI de costes
apunta a fuertes tensiones tanto en la industria como en los servicios. En
sectores como la automoción, que se enfrenta a tarifas de venta constreñidas, surgen
fenómenos de ruptura de suministros que provocan la ralentización de las
cadenas de producción y dificultan la transición hacia el coche eléctrico.

Por otra parte, el crecimiento exógeno de los costes se
refleja en la inflación, que se acerca al 2% tanto en España como en el resto
de la eurozona. De momento el componente subyacente del IPC se muestra inmune, porque
las empresas españolas contienen sus precios, en un entorno ferozmente
competitivo. Asimismo, los salarios apenas reaccionan, por la situación del
mercado laboral.  

Esos factores seguirán comprimiendo la inflación, salvo cambio
de tendencia de las expectativas —nunca descartable habida cuenta de la
importancia de la psicología en las decisiones de los agentes—. Mucho depende de
la persistencia de los cuellos de botella. En el caso de los metales, la oferta
tiende a reaccionar con rapidez, por la diversificación geográfica de la
producción. El Banco Mundial prevé, por tanto, que los precios de esos recursos
deberían moderar su crecimiento en los próximos meses, antes de normalizarse a
la baja en 2022. Otra cosa es lo que suceda con los componentes tecnológicos, caracterizados
por una oferta concentrada en unas pocas industrias del este asiático (sobre
todo Taiwan, Corea del sur, Japón y en menor medida China).

Tanto la UE como la administración Biden, fuertemente dependientes de esos proveedores, anunciaron en fechas recientes sendos proyectos de revitalización del sector. Sin duda el esfuerzo es meritorio, teniendo en cuenta la prosopopeya en materia de digitalización del Next Generation. Pero existen dudas acerca de la capacidad de mitigar las brechas de abastecimiento a corto plazo, y de recomponer una cadena de valor que, al menos en el caso de Europa, acusa la falta de visión estratégica de Bruselas.

Con todo, lo más probable es que los cuellos de botella
frenen la actividad en algunos sectores, sin comprometer gravemente la
recuperación de conjunto que se espera para la economía española en los
próximos meses. Veremos. De cara al futuro, el plan de recuperación ofrece una
oportunidad de acercamiento entre el sueño de liderar la revolución tecnológica,
y la realidad del tejido productivo.      


INDUSTRIA | El índice de producción industrial (IPI) se incrementó en marzo un 0,4%, y se sitúa ya a poca distancia del nivel precrisis (-2%). La recuperación está a un tris de completarse en el segmento de bienes de consumo y de los bienes intermedios, mientras que la producción de bienes de equipo sigue acusando el impacto de la crisis en la inversión empresarial. La fabricación de automóviles se resiente de los problemas de suministro, con una caída mensual del 6,6%. En abril, la cartera de pedidos registra un repunte intenso, afianzando la mejora en el IPI.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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