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Vientos de cola transitorios

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La economía se despide del año en mejor forma de lo que se había anticipado. Las turbulencias globales, exacerbadas por el conflicto en Oriente Medio, y el ciclo de subidas de tipos de interés, han frenado el crecimiento, pero sin provocar la tan temida recesión, al menos en España. La economía parece seguir resistiendo, según se desprende del puñado de indicadores que toman el pulso de la coyuntura en tiempo cuasi real (encuestas PMI de gestores de compra, ventas de grandes empresas, afiliación). Y a ello se añade la desescalada del IPC. Conviene, sin embargo, contextualizar estas dinámicas antes de extraer conclusiones de cara al próximo año.

Uno de los principales factores atenuantes del endurecimiento monetario y del estancamiento del comercio mundial estriba en el descenso de los costes importados. Los bienes y servicios que compramos en el exterior se han abaratado casi un 9%, en términos agregados (con datos de contabilidad nacional del tercer trimestre), borrando prácticamente todo el shock que se desató tras el estallido de la guerra en Ucrania.

La desescalada ha tendido dos consecuencias providenciales. La más obvia es que ha facilitado la desinflación, como lo evidencia la rápida desaceleración del IPC total, que incluye los precios importados, en contraposición con la relativa persistencia del IPC subyacente, un indicador que aproxima las trayectorias internas. Así es como, poco a poco, las remuneraciones han ido recuperando algo de capacidad de compra: desde el segundo trimestre, los salarios pactados se incrementan a un ritmo superior a la inflación, sosteniendo el consumo de los hogares.  


En segundo lugar, el descenso de los costes de los suministros importados supone una inyección de poder adquisitivo de una magnitud inesperada. Esto es así porque, al tiempo que los costes de importación se han desplomado, el precio de nuestras exportaciones se ha mantenido, de modo que generamos más ingresos por cada unidad de producto intercambiada con el exterior. Es decir, la llamada “relación de intercambio” ha mejorado drásticamente, compensando por completo el deterioro consecutivo a la contienda en Europa del este.     

Ahora bien, el beneficio es transitorio, ya que los precios internacionales se van estabilizando, de modo que el viento de cola aportado por la mejora de la relación de intercambio irá amainando. Por fortuna, el impacto del abaratamiento de los costes importados está llegando con un cierto desfase en otros países europeos (razón por la cual su tasa de inflación se sitúa desde hace poco por debajo de la nuestra), algo que podría ayudar a despertar de su letargo la economía del núcleo central de la zona euro. Pero también hay que contar con que otros de los factores que han sostenido la demanda, como el excedente de ahorro, tenderán a desaparecer.

El resultado es que, a
partir de ahora dispondremos de pocos colchones para amortiguar el impacto de
la política monetaria. Y esa es precisamente la clave: la lectura que haga el BCE
de una coyuntura vacilante, con una inflación en trayectoria descendente, pero
todavía sujeta a altibajos por los efectos de la reversión de los recortes de
IVA y subvenciones a los carburantes, y con unos salarios que se recuperan
levemente del golpe del shock energético.

El propio banco central
reconoce que, ante la extrema debilidad de la economía europea, los beneficios
empresariales están absorbiendo la revalorización de las remuneraciones (unos
procesos puntuales en la mayoría de casos, y por tanto no consolidados). Todo
ello apunta a un escenario de desinflación que irá afianzándose en el
transcurso del año, de modo que se podría vislumbrar un terreno propicio al recorte
de tipos de interés a partir de la primavera. Preocupa que el BCE, a diferencia
de su homólogo norteamericano, no abra la puerta de momento a un posible ajuste
de sus instrumentos monetarios. Deseemos para el nuevo año que el esfuerzo de
lucidez llegue a tiempo.

SALARIOS | Los costes salariales por hora trabajada se incrementaron un 4,6% en el tercer trimestre, en relación a un año antes. Esto es 1,2 puntos por encima de los salarios pactados en convenios colectivos del trabajo. El diferencial podría explicarse por los acuerdos de compensación de la inflación, que no están necesariamente consolidados en los convenios (una señal de moderación). La tendencia es similar en el conjunto de la eurozona, con una subida del 5,3% de los costes salariales por hora trabajada durante el mismo periodo, seis décimas más que los salarios pactados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Mejora de las perspectivas

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Durante la pandemia, el consumo mundial de productos industriales y de otros bienes se disparó en detrimento de los servicios, con efectos particularmente perjudiciales en las economías como la nuestra con más presencia de estos sectores. Ahora pasa lo contrario: era evidente que la pauta de demanda tenía que revertirse en mayor o menor medida, pero el movimiento está siendo más intenso de lo anticipado, aportando un impulso a corto plazo a la economía española y a la vez tensionando los precios.

La actividad en los sectores ligados al turismo y el ocio crece a un ritmo que roza el doble dígito en el conjunto de la UE (descontando la inflación), lo que revela la potencia de la demanda de esos servicios. El tirón se percibe en nuestro sector turístico, así como en las ramas que exportan otros servicios, más que compensando la debilidad de la demanda interna. Esta sufre el lastre de la contracción del consumo de los hogares registrada. De modo que el crecimiento del PIB se debe fundamentalmente a la aportación exterior sin la cual ya estaríamos en recesión (la aportación de la demanda interna ha sido negativa en los dos últimos trimestres, drenando un total de 1,6% de PIB).


El empuje aportado a la actividad en los servicios tiene todavía cierto recorrido gracias a la persistencia de la bolsa de ahorro embalsado en los otros países europeos. En términos medios, las familias europeas registraron un importante superávit financiero en 2022, que se añade a los jugosos excedentes registrados durante la pandemia (en España, sin embargo, las cuentas de los hogares arrojan un déficit financiero). De momento, los consumidores europeos están tirando de ese colchón de liquidez para beneficio de nuestros exportadores y operadores turísticos. Pero el efecto acabará por agotarse, de modo que las perspectivas de cara a finales de año son menos boyantes, sobre todo habida cuenta del impacto de la subida de tipos de interés que, según se prevé, irá in crescendo.

Por otra parte, el estímulo que proviene de la demanda externa también tensiona los precios. Así lo avalan los últimos datos de IPC, con incrementos que superan el 1% en el mes de abril en hoteles, restaurantes, ocio y cultura, y que llevan la inflación en el sector de servicios hasta el 4,4% en términos interanuales, el doble de los bienes industriales sin energía. El problema es que la inflación en el sector de servicios suele ser bastante persistente, incluso en presencia de una desaceleración de la demanda.

Sin duda, el pacto trienal de rentas alcanzado entre empresarios y sindicatos es una buena noticia porque reduce el riesgo de escalada de precios en el sector de servicios y, en general, ayuda a anclar las expectativas de inflación. También podría contribuir a mantener el plus de competitividad de nuestro tejido exportador: entre los otros grandes socios europeos, únicamente Alemania dispone de un acuerdo de rentas similar. Un acuerdo que, a diferencia del nuestro, se sustenta en las generosas deducciones fiscales aportadas por el Estado para facilitar el consenso.

En suma, el desvío de la demanda externa hacia los servicios se conjuga con otros factores, como la moderación de los precios energéticos y el buen comportamiento del mercado laboral para generar un shock favorable de crecimiento. Por la misma razón, la inflación podría ser más persistente, especialmente con un contexto de presión sobre los precios alimentarios como consecuencia de la sequía. Pese a ello, el escenario central es de desescalada, sobre todo tras el inesperado acuerdo de rentas. La principal incógnita radica en la sostenibilidad de los vientos de cola a partir de la segunda parte del año, que es cuando el impacto del endurecimiento monetario pilotado por el BCE será más perceptible. Las perspectivas mejoran notablemente a corto plazo, pero las incertidumbres nos obligan a corregir los desequilibrios sin bajar la guardia.

ACTIVIDAD | Según la encuesta de gestores de compra en el sector de servicios, la actividad sigue creciendo a un ritmo elevado (el indicador PMI rozó en abril el nivel 58, netamente por encima del umbral que marca la expansión). Además, las perspectivas son favorables para los próximos meses, a tenor del volumen de pedidos recibidos, particularmente desde el exterior. Por otra parte, el indicador de precios percibidos por las empresas de servicios se mantiene en valores altos, además de superar el índice de precios percibidos, —tendencia que apunta a un crecimiento de los márgenes—.

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La rebaja del IVA sobre los alimentos en 2023: estimación del ahorro fiscal esperado por los hogares

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El pasado 1 de enero entró en vigor una rebaja temporal del IVA aplicable a algunos alimentos, con el doble objetivo de ayudar a reducir su precio y apoyar a las familias [1]. Concretamente, el tipo superreducido que soportan el pan, harinas, cereales, leche, huevos, quesos, frutas y verduras frescas, así como legumbres se reduce del 4% al 0%. Adicionalmente, el tipo soportado por aceites vegetales y pastas se recorta del 10% al 5%.

La rebaja estará vigente durante 6 meses, hasta el 30 de junio de 2023. No obstante, los tipos de gravamen revertirán a sus valores originales el 1 de mayo si la tasa interanual de inflación subyacente de marzo fuese inferior al 5,5%. Sin embargo, esa tasa está lejos de dicho umbral situándose en enero de 2023 en el 7,5% —la subida de los alimentos durante todo el año 2022 ha sido del 15,7%—.

Esta breve nota tiene por objeto cuantificar el ahorro fiscal medio de los hogares, su distribución por niveles de renta y el coste global de la medida. Para este propósito utilizaremos los microdatos de la última ola disponible de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (EPF-2021).

¿Cuánto han crecido los precios de los bienes afectados por la rebaja?

Como muestra el Cuadro 1, la mayoría de los precios de los alimentos beneficiados con la reforma han crecido en 2022 por encima de los dos dígitos, siendo el promedio del 21,1%. Este conjunto de alimentos representa, en media, el 39% del gasto anual realizado por los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas. De esa cifra, el 93,7% corresponde a los bienes rebajados al 0% en tanto que el 6,3% restante a pasta y aceites vegetales.


¿Cuál el gasto anual de los hogares en los bienes rebajados? ¿Cómo afectará la medida a los hogares según su capacidad económica?

De acuerdo a la EPF-2021, los hogares gastaron una media de 2.191 euros en los bienes afectados por la rebaja del IVA. En términos absolutos, ese gasto es creciente con la renta[2] oscilando entre 1.162 euros en los hogares situados en la primera quintila y 3.206 euros en la última —aproximadamente, 100 euros mensuales los primeros y 270 euros los segundos—. En otras palabras, los hogares con mayor capacidad económica gastan en esos alimentos alrededor de 2,7 veces más que los menos favorecidos económicamente. No obstante, su peso relativo es decreciente no solo respecto del gasto total de los hogares (renta permanente) sino también respecto del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas.


¿Cuál es la cuantía del ahorro que genera la rebaja del IVA?

Por quintilas de renta permanente, el Cuadro 3 muestra que el ahorro impositivo medio resultante de la reforma se situaría en 42,5 euros[3]. Dicho ahorro es creciente con la renta permanente oscilando entre los 22,6 euros de la primera quintila (20% de los hogares con menor capacidad económica) y los 62,2 euros de la última (20% de los hogares con mayor capacidad económica). No obstante, por las razones aludidas anteriormente, son los hogares con menor renta los más favorecidos en términos relativos por la rebaja fiscal.


A efectos ilustrativos, el Cuadro 4 ofrece resultados del ahorro fiscal absoluto según la estructura familiar del hogar: los menos favorecidos son los hogares unipersonales mayores de 65 y menores de 30 años así como los monoparentales.


¿Cuál es el coste total de la medida?

La rebaja del IVA tendrá un coste estimado de 803 millones de euros durante los seis meses previstos de vigencia de la norma. Este cálculo se realiza elevando a población el ahorro medio por hogar referido anteriormente. Para ello empleamos el número de hogares existente en 2022 que, según el INE, es de 18,9 millones.

Nuestra estimación del coste de la medida supera los 661 millones de euros estimados por el gobierno. Otros autores, como Laborda et al (2023), han cifrado el coste de la medida en 700 millones.  

Utilizando la cifra referida de hogares, se infiere que el ahorro fiscal medio por hogar se encontraría en un reducido rango comprendido entre los 35,0 euros del gobierno y los 42,5 euros de nuestros cálculos —la estimación de Laborda et al (2023) está próxima a los 40 euros—.

En resumen, la reforma temporal del
IVA tendrá un efecto positivo, aunque de pequeña magnitud, sobre la renta de
los hogares.


[1]
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

[2]
El gasto total es un proxy de la renta
permanente o de largo plazo de los hogares. A lo largo del texto nos
referiremos indistintamente a gasto total de los hogares o renta permanente.

[3]
A efectos de cálculo, los gastos monetarios de la EPF-2021 han sido inflactados
a Diciembre de 2022 de acuerdo al crecimiento de los precios de 2022. 

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Consumiendo más, con menos dinero

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Una de las claves de la marcha de la economía en los próximos meses es el comportamiento del consumidor ante el persistente brote de inflación. El pasado reciente se ha caracterizado por un grado excepcional de resiliencia: si bien el alza del IPC ha lastrado el poder adquisitivo de los hogares, el consumo ha seguido creciendo. Así pues, se estima que este año la renta disponible de los hogares se habrá reducido en un 4,3% descontando la inflación, lo nunca visto desde la época de la crisis financiera. Mientras tanto el consumo habrá seguido avanzando —un leve pero positivo 0,4%—, lo que contrasta con los apabullantes retrocesos de recesiones anteriores.

Un desacoplamiento similar entre los ingresos (fuertemente a la baja) y el gasto (al alza) se ha producido también en otros países europeos, algo que unido a nuestra favorable posición competitiva, contribuye a explicar el auge del turismo y de las exportaciones. Todo ello debería redundar en un tercer trimestre en positivo y un fuerte crecimiento para el conjunto de 2022. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible ese desacoplamiento?

El fenómeno se explica por el comportamiento del ahorro de las familias, que han optado por tirar de los excedentes acumulados durante la pandemia para mantener su tren de vida. Ese sobreahorro es todavía abundante, lo que podría incitar a un cierto optimismo a partir de la primavera, que es cuando las restricciones de oferta provocadas por la crisis energética y de suministros se empezarán a suavizar, según diferentes previsiones. Para el conjunto de la zona euro, esos excedentes se elevan todavía al 6,3% del PIB (según una comparación del ahorro acumulado en 2020, 2021 y primer semestre de 2022, en relación a 2019). En el caso de España el remanente es incluso aun más abultado.


Sin embargo, una completa liberación del sobreahorro es muy improbable al menos a corto plazo, por estar ya muy concentrado en las rentas más altas con menor propensión a consumir (las familias con ingresos bajos ya parecen haber agotado el colchón y las de ingresos medios están próximas a hacerlo, según datos de la encuesta de expectativas del consumidor del BCE). Además, la inflación erosiona el valor real de los depósitos bancarios y de otros activos financieros que no están indiciados con el IPC. Se puede estimar que, grosso modo, esos activos ya se han devaluado un 10% desde el inicio del brote de inflación. Finalmente, las incertidumbres tienden a provocar un comportamiento precautorio que también incita al mantenimiento de un colchón de ahorro, o a su utilización para saldar deuda (amortización anticipada de la hipoteca, por ejemplo) en vez de consumir.

En suma, nos asomamos a una evolución del consumo más en línea con los ingresos para la mayoría de hogares, avalando el pronóstico de desaceleración de la economía y de pérdida de fuelle de la demanda como factor de inflación en los próximos meses. El perfil de la demanda y del sobreahorro avala una acción presupuestaria quirúrgica que tenga en cuenta la heterogeneidad de la situación de las familias y de las empresas.

El nuevo contexto también podría llevar al BCE a una mayor gradualidad en la subida de tipos de interés, tras el ajuste previsto para la próxima reunión (Funcas prevé una facilidad de depósitos en el entorno del 2,5% en 2023). No parece por tanto razonable seguir la senda de la Reserva Federal en su intento de aplacar una demanda mucho más boyante que en Europa. La pausa además podría servir para atajar sin demora los riesgos para la política monetaria generados por las finanzas en la sombra. Dos miembros del BCE (los gobernadores de Francia y Países Bajos) han manifestado públicamente su preocupación acerca de los riesgos para la liquidez y la estabilidad que suponen las prácticas de apalancamiento de actores que no operan bajo la vigilancia de los reguladores.

INFLACIÓN IMPORTADA | Los componentes importados de la inflación parecen haber entrado en fase de moderación. Los combustibles se han abaratado en los últimos meses, reflejando la caída del petróleo, mientras el gas cotiza en mínimos del año, facilitando un descenso de la electricidad. Otras materias primas han bajado de precio en los últimos meses, al igual que los fletes marítimos. La tasa de inflación del índice de precios industriales, indicador de los costes a lo largo de la cadena de producción, muestra una suave tendencia descendente desde el final de la primavera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Brecha con el resto de Europa

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Una vez más, el INE sorprende con su estimación del crecimiento de la economía: los indicadores avanzados apuntaban a un incremento del PIB superior al 2% divulgado por el instituto estadístico. El buen comportamiento del empleo, con un aumento del número de ocupados y de horas muy superior a esa cifra, auguraba un resultado más vigoroso. Pero, incluso anticipando una corrección de esas cifras más adelante, a medida que los expertos del INE recopilen más información, parece evidente que la recuperación de la economía está siendo menos intensa de lo previsto.   

Además, nos estamos quedando atrás en relación a los países de nuestro entorno. El crecimiento acumulado desde el inicio del año es del 2,4%, frente al 4,4% en Francia y 5,6% en Italia (solo Alemania, con un 1,7%, tiene un resultado inferior, pero partiendo de una situación menos degradada). Los principales socios europeos se acercan al nivel de actividad prepandemia, incluso en Italia con una estructura productiva tan dependiente del turismo como en nuestro país, mientras que la brecha es todavía muy acusada en el caso de España. 

Fuente: Eurostat.

¿Cómo se puede explicar la pérdida relativa de vigor? Más allá de factores que atañen al carácter inescrutable de la ciencia estadística (llama la atención la caída del consumo privado en el tercer trimestre, contradiciendo el fuerte rebote registrado del turismo y de las compras con tarjeta), hay que reconocer que la inflación complica el escenario. Con un IPC en el 5,5%, y unos ingresos que para la mayoría de hogares apenas se incrementan, la pérdida de poder adquisitivo es ineludible. En Francia e Italia la inflación es dos puntos menos, lo que contribuye a explicar el tirón de la demanda interna en esas economías. 

Tanto Macron como Draghi han optado por atenuar el impacto de la escalada de los costes eléctricos en el bolsillo de la ciudadanía, mediante un incremento significativo de las subvenciones a las empresas y recortes de impuestos. Esta política se basa en la visión de transitoriedad del shock energético: para que no pese en la coyuntura, el Estado asume buena parte del alza de los costes, financiándose con déficit. También intentan desvincular la factura de la luz del vaivén de los mercados mayoristas, mediante un mayor protagonismo de los contratos a plazo. 

En contraposición, nuestra estrategia es menos gravosa para las arcas públicas, pero entraña unos mayores costes para el sector privado no-energético. Solo se podrá sostener si se interrumpe el ciclo alcista de costes, o se contrarresta con reformas adicionales del mecanismo de formación de precios. A largo plazo, por supuesto, solo queda apostar por un mayor protagonismo de renovables.  

Otra explicación del decepcionante tercer trimestre atañe a la política fiscal: de los 27.000 millones de euros presupuestados en inversiones del Plan de recuperación, se han ejecutado proyectos por un total de 5.800 millones (con datos obtenidos agregando las convocatorias publicadas en el portal del Plan, que tal vez no recogen todos los proyectos de las comunidades autónomas). Por tanto, el impulso que se esperaba de los fondos europeos está siendo menos potente de lo esperado. Es un hecho que la inversión pública se ha reducido un 2,4% hasta agosto. 

Con todo, no hay que confundirse de diagnóstico: los motores de la recuperación se mantienen, en particular la bolsa de sobre ahorro dispuesto a liberarse es considerable. Prueba de ello, los hogares y las empresas siguen acumulando dinero en depósitos, en vez de gastarlo. Por tanto, la clave está en adaptar la política fiscal al contexto de cuellos de botella, con inversiones en sectores que contribuyen a relajarlos a la vez que facilitan la transición energética y la formación de los trabajadores. Entre tanto, es tiempo de recortar las previsiones de crecimiento. Pero, más allá del baile de cifras, la prioridad pasa por reconocer que los atascos de abastecimiento y los costes energéticos perjudican sobremanera el aparato productivo. Y se han convertido en el principal freno a nuestra recuperación.    

Coste de la deuda | El brote de inflación se ha trasladado a las expectativas, encareciendo el coste de financiación de los Estados. El rendimiento de los bonos españoles con vencimiento a 10 años, que cotizaba en terreno negativo en enero, supera el 0,6% y su tendencia es alcista. Por tanto, el mensaje del BCE, reiterado por su presidenta esta semana, no parece disipar la percepción de que el encarecimiento de costes energéticos tendrá un impacto más persistente de lo vaticinado. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en niveles reducidos, inferiores a 70 puntos. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los rebrotes pasan factura a la ciudadanía

La multiplicación de rebrotes de la covid y el deterioro de las expectativas están frenando la recuperación y amenazan con alterar significativamente la posición de nuestra economía con respecto a los principales socios europeos. El verano se había iniciado con señales esperanzadoras —rebote de la actividad industrial y en los servicios profesionales, mejora de las exportaciones de automóviles, incremento de la afiliación a la seguridad social, leve repunte de las perspectivas de consumo, numerosas empresas que recurren al crédito y a los ERTE, para no cerrar—. Incluso el turismo parecía animarse a principios de julio, especialmente en los destinos que en ese momento se consideraban más seguros, como las islas.

https://www.youtube.com/watch?v=1CH4L9vl8RE

El recrudecimiento de los contagios no solo ha truncado la temporada turística: los indicadores de movilidad apuntan a una pérdida del 70% de los más de 40.000 millones de euros que, según la patronal del sector, España ingresa en un verano normal en concepto de turismo.

También ha perjudicado la confianza, ese ingrediente clave de la recuperación. España es el único país de la zona euro que muestra un deterioro de la economía en enero, según el índice de sentimiento económico que acaba de divulgar de la Comisión Europea (Finlandia también registra una caída, pero desde niveles relativamente elevados). El cambio de tendencia se refleja en las expectativas de empleo, con un recorte del indicador que ronda el 8%. Algo que contrasta con la mejora de la economía y del mercado laboral que se observa en Alemania, Francia e incluso Italia, fruto de un esfuerzo prolongado de contención de la pandemia en el país transalpino, que contrasta con la relajación en el nuestro.

Incidencia disparada en PRUNA, Córdoba, por los excesos de las NAVIDADES 

El Ministerio de Sanidad apunta a los excesos durante las Navidades como la causa del aumento de los casos de coronavirus. En Pruna, un pueblo de Córdoba, sufren un brote que deja una incidencia de 4.600 casos por 100 mil habitantes y que comenzó con el positivo de un camarero. La localidad sevillana de Pruna hará un cribado masivo este miércoles tras el repunte de contagios

Asimismo, ante el riesgo de un nuevo confinamiento y el miedo a perder su puesto de trabajo, las familias españolas se muestran reacias a consumir en comparación con los principales países vecinos. Y siguen incrementado el ahorro depositado en las cuentas bancarias, incluso durante el mes de julio, tradicionalmente boyante para el consumo por la temporada de rebajas y el inicio de las vacaciones (las ventas minoristas apenas se incrementaron ese mes, quebrando la pauta histórica).

La incertidumbre en torno a la vuelta al colegio, tras más de cinco meses con las aulas cerradas, es otro factor agravante para la economía y de exasperación para muchas de las cerca de seis millones de familias con hijos que no pueden teletrabajar. Un retraso en la apertura de los colegios tendría consecuencias especialmente negativas para las familias monoparentales en situación de vulnerabilidad.

Resultado del tercer trimestre

Con todo, tras registrar el peor resultado en el tercer trimestre, la economía española se está recuperando en el tercero, aunque con menos vigor que en el resto de Europa. Sin embargo, un descuelgue no es irremediable. El camino de la recuperación pasa necesariamente por frenar la expansión de los contagios y coordinar la vuelta a las aulas. Si esas condiciones no se cumplieran, la política económica perdería buena parte de su efectividad, y por tanto el Gobierno se vería abocado a incrementar sus ayudas a las empresas y al empleo, para obtener un resultado cada vez más discreto que nos distanciaría del resto de Europa.

Los mercados no tardarían en reaccionar a esa brecha creciente, y nos acercaríamos a una zona de peligro para la financiación de la economía. No se espera una vacuna antes de finales de año. Y las ayudas europeas no llegarán hasta mediados de 2022, además de depender de la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado y de la puesta en marcha de reformas que permitan reducir los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país. Una reacción temprana al deterioro que se ha producido en semanas recientes es, por tanto, indispensable para conservar el margen de soberanía económica que todavía ostentamos y aprovechar la oportunidad de transformar el modelo productivo.

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Ahorro voluntario, ahorro del miedo y ahorro forzoso

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Al inicio de la anterior crisis económica asistimos a un aumento de la tasa de ahorro de los hogares hasta máximos entonces históricos —un 12% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de 2009—. Dicho ahorro fue denominado “ahorro del miedo”, ya que los hogares decidieron aumentar su ahorro por precaución ante la incertidumbre generada por la caída de la actividad económica y el crecimiento del desempleo.

Aquel máximo histórico ha sido
superado de largo en el segundo trimestre de este año, en el que la tasa se
disparó hasta el 22,5%. Se trata en este caso de un nuevo tipo de ahorro,
desconocido hasta ahora, que podríamos llamar “ahorro forzoso”, ya que es el resultado,
no de una decisión deliberada de los ciudadanos de contener su gasto, sino de
la imposibilidad material de consumir debido al confinamiento y al cierre de
numerosos servicios.

Gráfico 1

Fuente: INE.

Sin duda la tasa de ahorro descenderá en los próximos trimestres, puesto que, aunque sea con restricciones, los negocios han reabierto y los ciudadanos han recuperado la movilidad, lo que les permite volver a gastar. Pero en cualquier caso se mantendrá en niveles más elevados que antes de la pandemia, porque ahora, con lo que nos vamos a encontrar de nuevo, es con el ahorro del miedo, ante la prolongación de la crisis y los daños permanentes al empleo que esta ya está causando. A esto podríamos añadir una nueva modalidad de ahorro del miedo: el que resulta de la restricción voluntaria de las salidas y de las relaciones sociales por miedo a contagiarse del Covid-19.

«En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis».

María Jesús Fernández

Si la crisis fuese de corta duración, ese ahorro forzoso podría tener algún efecto benéfico sobre la economía, ya que ayudaría a los hogares a reducir su endeudamiento y mejoraría su solvencia. No obstante, la prolongación de aquella va a suponer una caída estructural de la actividad económica y del empleo, de modo que ese primer impacto positivo sobre la solvencia será finalmente anulado por el efecto negativo derivado del aumento del desempleo. En cuanto al ahorro del miedo en el cual nos instalaremos a partir de ahora, su impacto económico será inevitablemente negativo, ya que como sucede en toda crisis económica —especialmente en el caso de España—, a corto plazo este ahorro contribuye a reforzar la dinámica de la crisis. Compra reseñas para Google.

No obstante, no hay que confundir el impacto negativo a corto plazo de ese ahorro coyuntural del miedo, con el efecto económico a largo plazo de mantener una tasa de ahorro elevada de forma permanente o estructural. Una economía que presenta de forma estructural una tasa de ahorro elevada es una economía menos dependiente del exterior para su financiación —y por tanto, con menos deuda externa—, y además durante las etapas expansivas genera menos desequilibrios, como inflación, déficit de la balanza de pagos o sobreendeudamiento de los hogares. Gracias a esta menor generación de desequilibrios durante las fases expansivas, la caída de la actividad en las etapas de crisis es más suave, y además, el colchón de ahorro acumulado permite a los consumidores afrontar la fase descendente del ciclo realizando un menor ajuste del gasto. El resultado es un crecimiento más estable macroeconómicamente, lo que a largo plazo supone también mayor inversión y mayor productividad, de modo que el menor peso en la economía de las actividades relacionadas con el consumo es más que compensado con un mayor peso de otras actividades, como las vinculadas a las exportaciones.

Es decir, es perfectamente
sostenible una economía con un ahorro elevado. Es más: no solo es sostenible,
sino que es más sano. De hecho, países con tasas de ahorro muy elevadas, como
Alemania o los países nórdicos, tienen pleno empleo.

En este sentido, España es uno de
los países desarrollados con una tasa de ahorro más reducida. Entre los años
2000 y 2019, nuestra tasa de ahorro media se situó en torno al 8%, frente a,
por ejemplo, un 17% en Alemania, un 12% en Suecia y Noruega y una media del 13%
en el conjunto de la Eurozona. Es cierto que hay factores que pueden ayudar a
explicar este hecho diferencial tan acusado, como la elevada posesión de
vivienda en propiedad en nuestro país, aunque no lo explican en su totalidad.

Esta menor tasa de ahorro
constituye, pues, un factor de gran relevancia a la hora de comprender muchas
de nuestras dinámicas económicas.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Covid-19 y desigualdad

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La pandemia empieza a dejar su terrible impronta en la sociedad con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y graves consecuencias para colectivos vulnerables, sobre todo para jóvenes y niños. Hay una emergencia social en ciernes. Ya se venía argumentando que la globalización y relativa pérdida de fuelle de las políticas fiscales frente a las monetarias estaba propiciando un aumento de las brechas sociales. Todo ello a pesar de que la evidencia empírica de los últimos setenta años había puesto de relieve una importante reducción de la desigualdad entre países. Dentro de cada país, es otra historia. Paradójicamente, dos grandes cambios orientados por la acción pública están amenazando, si no se corrigen, con revertir tendencias y aumentar las desigualdades, tanto entre países como dentro de ellos. Me refiero a la digitalización y a la prevalencia de tipos de interés muy reducidos.

«Lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social».

Santiago Carbó

Es fácil pensar en un entorno digital como una respuesta efectiva a los problemas que el confinamiento y la distancia social imponen para las relaciones laborales y educativas. Sin embargo, también expone la realidad de la brecha digital, de los que no pueden acceder a determinados medios, no cuentan con formación para ello o no pueden trabajar desde casa. La covid-19 ha acelerado la transición del trabajo analógico al digital, haciéndola menos orgánica y más traumática. Algunos empresarios y trabajadores han podido verse obligados a “espabilar” digitalmente pero otros, simplemente, no han podido adaptarse y han cerrado su actividad. La respuesta de acción pública a estos problemas oculta incentivos perversos. Por ejemplo, casi nadie puede poner en duda que un esquema como el de los ERTE es una herramienta útil para evitar un desplome mayor del mercado de trabajo, que debe mantenerse. Sin embargo, ¿se están aprovechando los ERTE para formar y reciclar digitalmente a sus destinatarios? Si no es así, la brecha digital entre trabajadores habrá aumentado al final de la crisis.

El entorno de tipos de interés reducidos —reforzado por la pandemia— también comienza a ser un caldo de cultivo preocupante para la desigualdad. Resulta demasiado sencillo pensar que muchas empresas y ciudadanos se benefician de tipos muy bajos porque reducen la carga de su deuda. La realidad, según muchos estudios, es que hay poca diferencia entre un 1% o un 0,5%. El denominado “límite inferior efectivo de la política” monetaria —a partir del cual deja de tener efectividad— pudo haberse alcanzado hace tiempo. Familias y empresas no piden más crédito porque su endeudamiento es elevado y sus expectativas de rentabilidad por invertir o ahorrar son escasas. Muchos hogares ven con frustración no poder extraer rentas de su ahorro para jubilación o, simplemente, para prosperar generacionalmente. No hay alicientes para ahorrar. Para buena parte de las nuevas generaciones este problema se une al de bajos salarios, con lo que es un grupo especialmente vulnerable. Con este panorama, lo peor de la pandemia en lo social puede estar por llegar, si no se actúa para corregirlo. No bastará con más medidas económicas y financieras. Son urgentes más acciones de corte social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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