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Todo lo que sabíamos de Triodos Bank desde hace 10 años que explican el escándalo actual de los CDAs

Triodos Bank es (o quizá era) una referencia en la denominada banca ética. En esta categoría entran bancos que, siguiendo unos principios éticos, deciden no financiar ciertos sectores o directamente se dedican únicamente a financiar cierto tipo de proyectos.

Y lo cierto es que el capitalismo ofrece las herramientas adecuadas para que los consumidores, a través de nuestras decisiones de compra e inversión, potenciemos ciertos sectores frente a otros. Tener el dinero en un banco con ciertos principios éticos es una forma legítima e interesante. El problema viene cuando dichos principios son en realidad opacos y nos llevan a escándalos como el de Triodos Bank.

El escándalo de las CDAs, las nuevas "preferentes"

Recientemente ha saltado el escándalo de Triodos Bank. El asunto es que vendió a sus clientes un producto financiero llamado CDAs (certificados de depósito de acciones). Este producto proporcionaba unos dividendos y aparte se podían vender, siempre a través de Triodos Bank debido a que no cotizaban en ningún mercado.

Estos productos recuerdan bastante a las preferentes de las Cajas españolas. Además son un producto que se parece bastante: el subyacente son las acciones de Triodos pero los poseedores de los CDAs no tienen ningún poder político.

La gente atrapada en este producto están realmente desesperados. Aunque la posibilidad de vender las CDAs fue restringida hace un año recientemente han recibido una quita del 30%. Y aunque Triodos señala que volverá a haber liquidez (seguramente el próximo año) habrá un límite de 2.000 euros por cliente y el 30% de descuento estará ahí (Actualización: Al final del artículo hay una nota aclaratoria de Triodos).

Hace diez años ya lo advertimos

Hace diez años en El Blog Salmón nos enteramos de esta emisión de las CDAs y nos pareció muy mala idea. Tanto que escribimos un artículo muy crítico con la emisión, donde ya señalamos que había falta de transparencia, falta de liquidez y que comprar un certificado de acciones sin poder político era muy mala idea.

Al poco de publicar el artículo desde Triodos nos contactaron y concertamos una entrevista donde se defendieron: sus números eran buenos y las CDAs era su forma de mantener los objetivos éticos de la entidad. Las explicaciones fueron muy escasas, la verdad, y la prueba de que el producto no era bueno la tenemos en la actualidad.

Otras bancas éticas son posibles

A raíz de la polémica de Triodos con su emisión de CDAs y las explicaciones que dieron, desde El Blog Salmón decidimos hacer un análisis de las ofertas de banca ética que había en dicho momento. Aunque hace ya nueve años de dicha serie de artículos en muchas ocasiones sigue teniendo validez. Y como se puede comprobar Triodos, aunque era la opción más reconocida, no era, ni mucho menos, la mejor.

¿Lecciones del escándalo? Pues sería dos: primero, que a pesar de todos los pufos que ha habido en la banca española en la época de 2007-2011, todavía quedan cosas coleando. Y que los comerciales, con sus mensajes bonitos, son capaces de convencer a los consumidores de las bondades de productos que nunca deberían haber llegado a los minoristas. Parece que no aprendemos, pero yo sigo esperando que con cada escándalo estemos un poco más cerca de tomar el control real de las finanzas personales.

Triodos Bank nos ha contactado a raíz de la publicación del artículo para aclarar lo siguiente:

1.- Por un lado, el 15 de febrero, Triodos Bank anunció el Programa de Recompra Restringida con una dotación de 14,4 millones de euros y al que cada titular puede solicitar participar con una cantidad máxima de 2.000 €.

2.- Por el otro, una vez se ponga en marcha el SMN (Sistema Multilateral de Negociación) que será efectivamente el próximo año, no habrá una cantidad límite por cliente. Las personas titulares de CDA determinarán voluntariamente con su criterio, tal y como sucede en el resto de mercados públicos, cuándo vender, cuándo mantener y cuándo comprar títulos, de acuerdo a sus intereses y apetito inversor.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Baldomera Larra, la hechicera que estafó a los ahorradores del Madrid decimonónico

En el Madrid del siglo XIX una mujer sencilla consiguió engañar a miles de ahorradores. Se la considera la inventora del sistema piramidal de inversión que se conoce como sistema Ponzi y que ha sido replicado por grandes estafadores como Bernie Madoff internacionalmente. Se trataba de Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra, el famoso periodista y escritor romántico.

Es la historia de Baldomera Larra una historia fabulosa y triste, que merece una película. Empujada por la necesidad y agudizando su ingenio pasó a ser uno de los personajes más relevantes del siglo XIX en España, a pesar de las circunstancias adversas que sufrió.

Los orígenes de Baldomera Larra

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Mariano José de Larra, el famosísimo periodista, escritor y político romántico afrancesado del siglo XIX contrajo matrimonio en 1829 con Josefa Wetoret Velasco. La vida de Mariano Larra y su obra se estudia en las clases de literatura española, dada su importancia en su época. Tuvieron tres hijos, Luís Mariano de Larra, que fue un destacado escritor, periodista, dramaturgo, poeta y libretista de zarzuelas, Adela Larra que fue amante de Amadeo I de Saboya (y fue condenada a año y medio de prisión por conato de estafa) y Baldomera Larra Wetoret, tan interesante o más que el resto de su familia.

Baldomera Larra nació en 1833 y quedó huérfana de padre a los cuatro años cuando su padre se suicidó en 1837. Podemos imaginar que no debió de tener una infancia y adolescencia fácil. Se casó con Carlos de Montemayor, que afrancesado, fue médico del rey Amadeo I de Saboya. No obstante, con la llegada de Alfonso XII, su marido huyó de España, dejando a Baldomera en una situación delicada con tres hijos y ningún medio para mantenerlos.

Tuvo que acudir prestamistas para sostenerse, y viendo el negocio que estos generaban, se dio cuenta de que la mejor opción para ella era abrir un negocio de este tipo. Aunque lo hizo al revés, fundó la Caja de Imposiciones, donde ofrecía un interés de un real por cada duro depositado, es decir, alrededor del 30%, mensual.

La hechicera de los ahorradores

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Si la película sobre Bernard Madoff se llamó “El mago de las mentiras”, Baldomera fue la hechicera de los ahorradores. Tuvo que mudarse a oficinas cada vez más grandes. Era conocida por sus sobrenombres "la patillas" (su hermana fue conocida como “la Dama de las Patillas”) o como la Madre de los pobres. Pequeños ahorradores hacían cola para entregarle sus ahorros, no sólo de Madrid, sino de los pueblos de los alrededores. Su fama fue internacional, Le Figaro en París y L’independenace Belgue en Bruselas se hicieron eco de su prodigioso negocio, en el que llegó a prometer duplicar una onza de oro al mes de recibirla. Este préstamo de una vecina, fue lo que despertó la fama de doña Baldomera.

A pesar de esto, es hasta factible que doña Baldomera no estuviera mintiendo. Le preguntaron por el mecanismo que le permitía ofrecer intereses tan altos, y su respuesta fue “es tan simple como el huevo de Colón”. También cuando se le preguntaba por las garantías, dijo “sólo una, el viaducto”, refiriéndose al viaducto de Segovia, en la madrileña calle Bailén. Llegó a tener en sus oficinas a cinco empleados: el secretario Saturnino Iuega, los escribientes Enciso, Rojas y Casanova y el recadero Nicanor.

Sus clientes fueron más de 5.000, se cree que unos 5.322 que depositaron 19.894,953 reales de vellón de la época, una cantidad fabulosa. Durante años su negocio marchó sin problemas, pero corrió un rumor sobre la solvencia. Se cuenta que un carbonero acudió a sus oficinas enfadado, y salió con el bolsillo nuevo y el ánimo tranquilo. No obstante ¿Qué sucedería si de repente todos los ahorradores aparecieran pidiéndole los réditos? Decidió actuar y huir del país.

Para no despertar sospechas de su huida a París se dejó ver en su palco privado de la Zarzuela, con su coche esperándole en la puerta. Pero ya no regresó a casa, entró en otro coche de caballos mientras esperaba el suyo y huyó con todo lo que había en la caja y dejó a más de 5.000 pequeños ahorradores en la estacada. El 4 de diciembre de 1876 las puertas de la Caja de Imposiciones no se abrieron, la turba enfurecida fue al teatro de su hermano, Luis Mariano Larra, donde estrenaba “La Africanita”.

El destino de Doña Valdomera

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Al contrario que Carlo Ponzi que estuvo unos años en prisión o Bernard Madoff, que falleció en la misma, Baldomera Larra fue más lista que sus sucesores, ya que huyó antes de que explotara todo con las ganancias. Estuvo dos años en Auteil, en las afueras de París, donde se hacía llamar “madame Varela”. A los dos años la identificaron y fue extraditada a Madrid, donde fue juzgada. Su sentencia apareció en primera plana en los periódicos El Imparcial y La Época en 1869.

De los más de 5.000 afectados, sólo se presentaron en la vista 55. El tribunal no aceptó que se había apropiado del dinero de los depositantes por la situación de penuria en la que se encontró tras ser abandonada por su marido. Baldomera Larra fue condenada a seis años de prisión, pero permanecería sólo un año entre rejas. El 1 de febrero de 1871, una sentencia del Tribunal Supremo absolvería tanto a Baldomera como a su colaborador Iruega.

El abogado de Saturnino Iruega, Felipe Aguilera, arguyó que la señora Larra no podía haber cometido delito alguno porque al estar casada y no tener el permiso de su marido, no tenia de la capacidad legal de contratar. Todas las operaciones ejecutadas eran nulas de pleno derecho. El machismo de la legislación de la época, impidió que doña Baldomera permaneciera en prisión. Como curiosidad, esta restricción de las mujeres casadas sometidas al marido. Es ta restricción no finalizaría en España hastala ley 14/1975 del dos de mayo que acabó la licencia marital en el tardofranquismo y se completaría en 1981 cuando la responsabilidad de los bienes de la sociedad conyugal pasaría a ser responsabilidad de ambos cónyuges y no sólo del marido.

Después de su paso por la cárcel, se pierde la pista de doña Baldomera Larra. Hay quien opina que pasó sus últimos días con su hermano Luis Mariano Larra (aunque su familia la repudió después de que huyera), hay quien dice que acabó en Cuba donde se reunió con su marido o que pasó sus últimos días en Buenos Aires donde falleció ya anciana.

Pregunta a los lectores ¿conocen más ejemplos de sistemas piramidales en España?

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Minar Bitcoin: todo lo que deberías saber

Minar Bitcoin puede ser una forma interesante de obtener criptomonedas, pero hay que tener bastantes consideraciones en cuenta. Antes de empezar es conveniente entender que Bitcoin se basa en una red distribuida (blockchain) donde algunos ceden potencia computacional, lo cual hace la red resistente a los ataques, y a cambio la red recompensa a estos nodos con fracciones de Bitcoin de forma aleatoria.

Esta tarea de ceder potencia computacional a cambio de recompensas aleatorias se denomina minado, ya que tiene similitudes con la minería tradicional, donde se realiza un trabajo a cambio de recompensas materiales. Muchas veces se habla de las "granjas" de minado, donde grandes organizaciones se dedican a esta tarea, pero lo cierto es que es posible minar Bitcoin en casa bajo ciertas condiciones que vamos a pasar a describir.

¿Por qué minar Bitcoin?

Aunque el principal motivo para minar Bitcoin es obtenerlos de forma más económica que en una compra normal, hay otros motivos por los que se puede querer minar Bitcoin incluso si no es excesivamente rentable.

Un motivo para minar Bitcoin es lograr invertir de forma recurrente en esta criptomoneda de forma que se promedia su precio de compra y se está menos expuestos a las variaciones de precio. Esto se conoce como DCA (dollar cost averaging) y minar es una buena forma de hacerlo debido a que se está "invirtiendo" en Bitcoin de una forma constante, día a día.

Otro motivo para minar Bitcoin puede ser querer invertir en esta criptomoneda pero no estar de acuerdo con la política de recolección de datos de los principales exchanges donde se suelen comprar. Minar Bitcoin es bastante anónimo y es uno de los motivos elegidos por los que quieren obtener Bitcoin sin las políticas kyc (know your customer) de los exchange.

El precio de la electricidad y rentabilidad

En el anterior apartado ya se ha mencionado la rentabilidad. Y es que, en última instancia, al minar Bitcoin se está gastando electricidad a cambio de una recompensa, las criptomonedas. La potencia de cálculo que se pone a disposición de la red a cambio de la recompensa tiene un coste económico que viene determinado por la factura eléctrica.

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Este coste no es despreciable. Un equipo de minado bien puede consumir 3 kW de potencia, lo cual a lo largo de un mes consume


2.000 kWh que a un precio medio de 0,15 euros / kWh (tarifas que son anteriores a la brutal subida de precios eléctricos que hemos vivido en España) son unos 300 euros.

Por tanto para que el minado de Bitcoin sea rentable el coste eléctrico de minar tiene que ser inferior a las recompensas que recibamos por dicho minado. ¿Cuántos Bitcoin (o más bien, fracciones de Bitcoin) se obtienen por minar? La respuesta no es sencilla.

Las recompensas dependen de la capacidad computo global de la red y esto es algo que va variando con el tiempo. El cálculo de la rentabilidad no es trivial, pero hay algunas webs que indican a partir de qué precio eléctrico sale rentable hacer el minado a día de hoy.

El precio eléctrico break-even depende del equipo de minado que se use, ya que los modelos más modernos son más eficientes y pueden hacer el minado rentable incluso con precios eléctricos más altos. Por contra son equipos que cuestan más dinero.

Rentabilidad Minado

Rentabilidad minado. Fuente: Braiins

En el momento de escribir este artículo la rentabilidad se obtiene desde los 0,09 dólares / kWh a los 0,25 dólares / kWh. Estos precios deben incluir los impuestos. Con los precios PVPC actuales de España tener rentabilidad en minado es imposible, pero hay algunas tarifas del mercado libre se le aproximan. También hay gente previsora que hizo sus contratos antes del otoño del año pasado y está pagando (ya con impuestos) entorno a 0,15 dólares / kWh y por tanto podrían contar con escenario favorable.

También hay que tener en cuenta que la factura de la luz se puede incrementar si hay que aumentar la potencia contratada. La máquina que realiza el minado, como hemos comentado antes, consume alrededor de 3 kW de potencia y esto puede hacer que salten los ICPs al encender cualquier electrodoméstico si la potencia contratada es muy ajustada.

En el fondo al minar lo que se está haciendo es comprar Bitcoin con un descuento o un sobreprecio sobre el mercado, ya que se está pagando electricidad y obteniendo a cambio fracciones de Bitcoin que tienen un valor. Lo normal es que solo merezca la pena minar si se está logrando un descuento sobre el precio de mercado, pero puede haber casos en los que interese incluso si existe un sobreprecio (es decir, incluso si el coste eléctrico del minado es superior a comprar Bitcoin en un exchange), por ejemplo para gente cuyo principal interés es tener Bitcoin sin kyc (existen otras alternativas pero también tienen un sobre precio).

La inversión

Como hemos visto anteriormente, para minar Bitcoin hace falta un hardware específico. En los inicios de Bitcoin un ordenador bastaba, en seguida se empezaron a usar las GPUs de las tarjetas gráficas, pero en la actualidad nada de esto no es suficiente para generar suficiente capacidad computacional para obtener recompensa.

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Este hardware específico se denomina ASIC, que no es más que un conjunto de circuitos integrados para realizar una tarea específica. Como se ha podido ver en la tabla de rentabilidades, existen múltiples modelos de ASIC para minar Bitcoin. Las más antiguas son más ineficientes, las más modernas permiten minar incluso con precios eléctricos relativamente altos.

Lo más lógico sería decantarse por un hardware moderno, pero también hay un inconveniente: el precio. Un hardware moderno para minar Bitcoin puede rondar los 8.000-12.000 euros, dependiendo del momento.

Y no solo está el problema de la inversión: conseguir estos equipos no es sencillo, no suelen estar disponibles en tiendas online estándar. Normalmente hay que comprarlos a través de canales de Telegram especializados, en tiendas de segunda mano o en distintos marketplace como Aliexpress. Hay que tener mucho cuidado y examinar profundamente la reputación del vendedor y los posibles cargos de aduanas si la mercancía viene de fuera de la UE.

Por tanto, la cantidad invertida es bastante relevante a la hora de hacer cálculos de rentabilidad. Es cierto que los ASIC tienen un buen mercado de segunda mano, pero también que si salen nuevos modelos más eficientes el precio de dicho hardware puede caer. Como se puede ver hay mucha incertidumbre a la hora de calcular la rentabilidad del minado: el precio eléctrico, el precio del Bitcoin, la amortización del equipamiento....

Otras consideraciones: instalación, calor, ruido y fiscalidad

Una vez que alguien está decidido a minar y ha efectuado la compra del ASIC, todavía quedan asuntos por resolver y bastante importantes. El primero sería la instalación.

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Los ASIC de minado normalmente consumen, como hemos mencionado, 3 kW de potencia. Esto es equivalente al consumo de un horno o una placa vitrocerámica, pero ninguno de estos electrodomésticos consumen durante 24h los 7 días de la semana.

Por tanto hay que comprobar que la instalación eléctrica va a soportar dichas potencias. Lo normal es que se ponga un disyuntor específico en el cuadro eléctrico con cableado de una sección adecuada para conectar el ASIC. Esto puede suponer llamar a un electricista para que lo deje preparado. En otras cosas quizá se pueda escatimar, pero aquí no porque la seguridad eléctrica es fundamental, nadie quiere tener un incendio en casa.

El segundo asunto de importancia es el calor generado. Un ASIC de 3 kW genera mucho calor, muchísimo. Los ASIC vienen con ventiladores que disipan dicho calor en la habitación en la que están. Pero la habitación se convierte en una sauna. Normalmente los mineros caseros encauzan dicho calor con tubos, ya sea al exterior o a sistemas ventilación para distribuir el calor por la casa en invierno.

Otro problema es el ruido generado. Los ventiladores del ASIC hacen ruido como un secador de pelo. Pero 24h y 7 días a la semana. Por tanto la habitación en la que está el ASIC no puede usarse de una forma normal e incluso puede afectar a los vecinos. Existen métodos para insonorizar el ASIC, con cajas de aislamiento que absorben el sonido pero si no son buenas pueden empeorar el problema, ya que si impiden la correcta circulación del aire pueden hacer que los ventiladores giren aún más rápido (haciendo más ruido) o que el ASIC deje de funcionar correctamente.

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Para evitar el problema del ruido algunos mineros se decantan por la refrigeración líquida, que consiste en sumergir el ASIC (sin ventiladores) en un aceite especial y poner una bomba que circule el líquido por un radiador y el ASIC. Esto minimiza el ruido pero requiere conocimientos bastante avanzados.

Por último, una vez hecha la instalación, hay que unirse a un pool de minado. Si se mina sin compañeros lo normal es que se tarde años en recibir una recompensa. Como hemos comentado al principio, la recompensa por minar es aleatoria, y para tenerla garantizada no basta con tener un pequeño ASIC en casa sino que se necesita tener una granja. Por tanto los mineros particulares se unen a un pool y comparten su potencia de cálculo y las recompensas (a cambio de una comisión). Slushpool es una buena alternativa, aunque hay otras.

También es conveniente tener un servicio de VPN en casa para evitar que el operador de Internet sepa que se está minando. No es nada ilegal, pero muchos mineros quieren permanecer en el anonimato.

Por último hay que hacer una mención al tema fiscal. Para Hacienda, el minado de criptomonedas es considerada una actividad económica y como tal hay que tratarla: las ganancias deben declararse en la base general del IRPF.

Alternativas

Si todo lo anterior no convence es normal: el minado es una actividad que requiere mucha dedicación. Otra forma de iniciarse en este mundo es buscar otra criptomoneda que requiera menos potencia de cálculo y que se pueda minar con un simple PC con una buena GPU, y luego cambiar estas criptos por Bitcoin (cuidado, las permutas deben declararse fiscalmente).

Si el motivo por el que se quiere minar es para obtener Bitcoin sin kyc, hay posibilidades aunque suben de precio. Quizá la más sencilla es recurrir a las redes de compra venta de criptomonedas entre particulares, siendo una muy conocidad hodl hodl.

Pero si simplemente lo que se quiere es tener Bitcoin y el minado es excesivamente complicado y el kyc no es un problema, lo más sencillo es comprar en un exchange con reputación, como Coinbase o Binance.

Más información | Capítulo sobre minería en el Podcast de Lunaticoin, Braiins blog (en inglés), Burn the bridge (en inglés)

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Estabilidad en el tamaño de la población, pese a fuerte decrecimiento natural

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Según los datos provisionales de población publicados por Eurostat, el número de defunciones en la Unión Europea superó al número de nacimientos en casi 1.140.000. Aunque la UE-27 se ha enfrentado desde 2013 a crecimientos naturales negativos de la población, la caída de 2020 ha sido, con diferencia, la más intensa (2,4 veces mayor que la registrada en 2019) (gráfico 1). En España, la pandemia también ha acentuado el decrecimiento vegetativo de la población documentado desde 2017, con una caída en 2020 2,7 veces mayor que la observada en 2019. 


Dado que la inmigración a la Unión Europea también se redujo drásticamente en 2020 debido a la pandemia, a diferencia de los años anteriores, no consiguió contrarrestar el decrecimiento natural de la población. Así, a principios de 2021, la población de la UE-27 mostró un descenso de algo más de 312.000 personas (gráfico 2). 


Muchos países europeos comenzaron 2021 con menos población que un año antes (entre ellos, Alemania, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía y Grecia), pero no España, cuya migración neta (aproximadamente 215.000 personas) contrarrestó su decrecimiento natural de población (aproximadamente 153.000 personas) (gráficos 2 y 3). 


La población de España a 1 de enero de 2021 ascendía a 47.394.000 habitantes y es el cuarto país que más población aporta a la UE-27 —un 11%— después de Alemania (19%), Francia (15%) e Italia (13%). España también ocupa esta posición en el ranking de Estados miembros en cuanto a aportaciones al PIB de la UE (8%). 

Sin embargo, España pertenece al grupo de países cuyas aportaciones a la UE en términos de PIB son inferiores a las de población. Por el contrario, Alemania, Francia, el Benelux, los países nórdicos, Austria e Irlanda destacan por mostrar tasas de contribución al PIB de la UE superiores a las de la población de la UE (gráfico 4). 

Available in english: Focus on Spanish Society.

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Qué puede hacer el gobierno de España para que el precio del gas desbocado no siga destrozando la factura de la luz

El precio de la luz está haciendo de temblar a los españoles como nunca antes había sucedido. Y no de frío precisamente. Se están alcanzando cotas históricas casi diariamente y de seguir así la cosa no es arriesgado pensar que se puede llegar a ver el kilovatio en 1.000 euros.

La luz lleva un año desbocada pero la guerra en Ucrania le ha dado la puntilla. ¿Por qué? Por la dependencia energética que tenemos de Rusia, sobre todo en lo concerniente al gas, pues el 40% del que se consume en Europa procede de este país.

Si bien hablamos de la electricidad, se preguntarán muchos, ¿por qué influye tanto en la factura de la luz? Pues porque, por desgracia, el precio del gas es el que más influencia tiene en el precio eléctrico.

Por ello, es urgente buscar medidas y pronto que den un respiro a los ciudadanos porque si esto sigue así, la situación va a ser insostenible. Muchos negocios pueden cerrar, con el paro que eso conllevaría. De hecho, los sindicatos ya estiman que se pueden perder un millón de puestos de trabajo por esta inesperada crisis.

Pero, ¿qué puede hacer el Gobierno en esta tesitura? Recordemos que ya tiene congelado el IVA de la luz en el 10% y el impuesto especial al precio de la energía. Pero esto ya hemos visto que no ha servido de nada.

Situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas

Pedro Sánchez ha anunciado que va a poner en marcha** bajadas de impuestos** en los sectores especialmente afectados por la guerra, es decir, el eléctrico y el de los carburantes, pues no podemos olvidar el problema de la gasolina.

Pero ya ha avanzado que urge reformar el mercado energético nacional para poner coto al gas. Porque lo que ocurre en Europa es que, inexplicablemente, el mercado mayorista eléctrico se rige por los precios del gas GNL.

Es decir, cuando se fija el precio de la electricidad se toma como referencia el del gas, y si éste sube, la electricidad también. Por ello, la medida que conviene acatar es desligar una energía de la otra, también para quitar esa dependencia de Rusia a futuro y Europa ya trabaja para ello. De hecho, España ya tiene un plan sobre esto que va en línea con la UE.

El mercado de la luz en Europa es un mercado marginalista que lo que supone que todos los productores de energía la venden al precio más caro. En este caso, como ya hemos dicho, la energía que más peso tiene en la fijación del precio final es el gas. Por tanto, la medida que sería más efectiva sería sacar el gas del mercado marginalista, también llamado pool energético.

De hecho, la UE baraja hacerlo, algo que es del agrado del Gobierno español, pues de este modo no tendría que bajar los impuestos eléctricos más. Si bien esta medida podría tardar un poco si es que se toma, porque el próximo Consejo Europeo, donde se podría tomar esta decisión, es a finales de este mes, por lo que se notaría en abril.

Otra opción que pone Bruselas encima de la mesa es fijar un precio regulado o límite para los ciclos de generación de gas, pero eso es más complicado porque se estaría interviniendo directamente el mercado, ya que el gas es una Commodity internacional cuyo precio se fija en el mercado, por lo que para hacer eso habría que asumir un coste que tendrían que pagar los Estados.

¿Y qué pasa con la parte impositiva? Que ya sabemos que es una parte importante de la factura. Se podría congelar el IVA, que ahora mismo es del 10%, además de introducir un impuesto a los beneficios extraordinarios que las eléctricas reciben por el precio del gas, que de hecho están ya retraídos hasta el 31 de marzo próximo.

Se debería introducir un tributo fijo y subvencionar después la factura. Y, por supuesto, acelerar el bono social eléctrico, que al ir ligado al famoso Ingreso Mínimo Vital (IMV) no está teniendo éxito, pues casi nadie hoy en día se beneficia del IMV.

Además, el cambio a las renovables ya no debe demorarse, sobre todo cuando España es el país de la UE con más horas de sol y está situado en una posición estratégica para traer el gas a Europa de lugares como Argelia.

Alternativas tenemos, por tanto, pero tendrán un coste al Estado y habrá que ver hasta dónde está dispuesto a comprometer el crecimiento económico en pos del bienestar de la sociedad.

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Mal trago para los bancos centrales

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La Reserva Federal de Estados Unidos se reúne este miércoles para tomar una decisión que marcará un hito en los próximos pasos de los bancos centrales. Si no hay sorpresa —que sería morrocotuda—, este miércoles la Fed subirá los tipos de interés. Será muy probablemente la primera de otras muchas este año. Los analistas descuentan hasta siete en 2022 en Estados Unidos. Está por ver que así sea. En la misma dirección, pero con muchas más cautelas, el Banco Central Europeo confirmó la semana pasada su plan para la paulatina retirada de sus fuertes estímulos de compras de bonos por la pandemia. Tampoco descarta posibles subidas de tipos si se mantiene la previsión de inflación bien por encima del objetivo del 2 por cien.

Tiempos difíciles para los banqueros centrales, con una elevada inflación y unas peores expectativas de crecimiento, motivadas por una combinación del aparente fin de lo peor de la pandemia y un conflicto bélico de evolución incierta. Para la Fed, con doble mandato —estabilidad de precios y contribuir al crecimiento— porque cada elemento de sus objetivos tira para un lado. También para el BCE, cuyo único mandato es luchar contra la inflación, aunque con el matiz de mantener la estabilidad financiera. Cuando hubo que actuar en la crisis financiera de 2008 y en la pandemia, la dirección de la estrategia estaba clara. Era una recesión sin inflación: política monetaria expansiva con voluminosas compras de bonos y bajadas de tipos de interés. El ritmo a seguir y la magnitud de estas acciones era lo único que decidir. Sin embargo, en este momento, se está produciendo una desaceleración —que en un escenario extremo puede llevar a recesión en algunos países— en un entorno de inflación alta no visto en casi cuatro décadas.

En el caso de la Fed, buena parte de los analistas todavía cree que la preocupación por el crecimiento de los precios será mayor que la de una desaceleración. El mercado de trabajo se está comportando bien en Estados Unidos, por lo que mantienen su visión de que habrá varias subidas de tipos este año. Los mercados estarán atentos a la magnitud de la subida de tipos que se decida. Contendrá mucha información de los escenarios y temores que maneja ese banco central.

El riesgo a equivocarse en la dirección, magnitud y ritmo de la estrategia es muy elevado en esta ocasión para todos los bancos centrales, incluido el BCE. No obstante, hoy se entienden mejor —aunque haya sido por un factor externo tan dramático e inesperado como la guerra— las mayores cautelas del BCE en el proceso de la salida de su estrategia expansiva.

Dos dudas finales. La primera, sobre la incierta efectividad de la retirada de estímulos y subida de tipos para controlar una inflación que está motivada en gran parte por los mayores costes energéticos y sus ramificaciones. La segunda, sobre los efectos muy negativos que “pasarse de frenada” en la subida de tipos podría tener sobre familias y empresas de menores ingresos y mayor vulnerabilidad financiera. Un entorno casi imposible en el que decidir.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

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¿Se adelanta el final de las compras de deuda del BCE?

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El año pasado los tipos de interés llegaron a mínimos históricos. Así, el Euríbor a un año descendió hasta un nivel medio anual del -0,5% y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años situó su media anual en el suelo histórico del 0,35%. Pero con el despegue de la inflación, y tras la reunión del BCE de principios de febrero, quedó claro que la política monetaria se dirigía hacia la normalización y que la etapa de tipos de interés ultrarreducidos llegaba a su fin. Los mercados de futuros descontaban agresivas subidas, apuntando incluso a un retorno a niveles positivos al final del año. El Euríbor comenzó a ascender y la rentabilidad de la deuda pública española a diez años llegó a alcanzar el 1,25%, con un ascenso también de la prima de riesgo, aunque todavía lejos de la zona de peligro.

Tras la invasión de Ucrania, el panorama con respecto a la senda de la política monetaria y los tipos de interés se volvió más incierto. El impacto de la guerra es de tipo estanflacionario, es decir, eleva la inflación al tiempo que reduce el crecimiento. Esto supone un dilema para el banco central, que tiene que decidir qué objetivo es prioritario: evitar el desencadenamiento de un proceso inflacionista persistente, y por tanto endurecer la senda prevista de su política monetaria, o sostener la actividad económica y el empleo, lo que le llevaría a una relajación de la misma.

La reacción inicial de los mercados tras el estallido de la guerra fue moderar las expectativas con respecto a las subidas de tipos por parte del BCE. El Euríbor a un año frenó su escalada, y la rentabilidad de la deuda pública descendió. Lo que se esperaba, en general, era el mantenimiento de la retirada de estímulos decidida en febrero, y que, de modificar la senda prevista de la política monetaria, sería para suavizarla. Se pensaba, por tanto, que sería la preocupación por el impacto sobre la actividad económica la que más pesaría.

La decisión anunciada el jueves por Lagarde, sin embargo, ha sido la opuesta. El BCE acelerará la reducción de las compras de deuda, y podría finalizar las mismas en el tercer trimestre en caso de que las perspectivas para la inflación no hayan mejorado. Lagarde no concretó nada con respecto al inicio de las subidas de tipos, pero tras el anuncio los mercados volvieron a descontar su retorno a terreno positivo. El impacto más relevante, sin embargo, es en el mercado de deuda. La perspectiva de una próxima finalización de las compras de títulos por parte de la institución disparó las rentabilidades hasta máximos anuales, con un incremento, de nuevo, de la prima de riesgo. 

“La finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal”.

María Jesús Fernández

El BCE ha considerado, por tanto, que su prioridad es evitar que la inflación se desboque y las expectativas se desanclen, lo cual no debería sorprender, puesto que el control de la inflación es su único mandato, no el sostenimiento de la actividad económica. Pese a ello, la decisión será polémica, dado el fuerte impacto económico, de magnitud aún incierta, que va a derivarse de la guerra, y dada también la poca utilidad de la política monetaria para impedir una inflación originada por un aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales. No hay que olvidar el precedente de las subidas de tipos practicadas por Trichet en 2011, cuando, en un momento de gran debilidad económica, la inflación aumentó a consecuencia del encarecimiento del petróleo, decisión de la cual se tuvo que retractar pocos meses después. Se puede alegar, no obstante, que lo anunciado por Lagarde, en realidad, no supone el inicio una política monetaria restrictiva, sino tan solo la eliminación de unos estímulos que podrían proporcionar a la economía combustible para el desencadenamiento de una espiral precios-salarios. Es decir, no se trata de rebajar los precios energéticos, sino de evitar que la inflación actual acabe perpetuándose.

Una consecuencia muy relevante del anuncio del BCE es que la finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal —por ejemplo, a través de subvenciones o bajadas de impuestos a hogares y empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía—. Si el margen de maniobra era ya reducido, ahora lo es aún más. Es más, sin el BCE actuando como demandante, existe el riesgo de que las condiciones en los mercados financieros se tensionen y comiencen a dispararse las primas de riesgo, lo que pondría a la institución en un nuevo dilema, que probablemente sería resuelto retornando al mercado a comprar títulos de deuda. 

Por otra parte, la incertidumbre es máxima; no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto ni qué va a pasar en los mercados energéticos. No se puede descartar ningún escenario, ni por tanto un cambio en la valoración relativa del BCE con respecto a los riesgos para la inflación y el crecimiento. De hecho, en su comunicado dice expresamente que las compras netas podrían reanudarse si fuera necesario. No está claro, en suma, que el BCE vaya a poner fin a los estímulos de forma tan inmediata como ha anunciado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Vivimos una crisis energética como la de los 70: las medidas de entonces que quizá veremos pronto

Estamos inmersos en una etapa inflacionista probablemente nunca vista en España. Al aumento de precios del pasado año por la salida de la crisis del COVID se suma una inesperada guerra en Ucrania que ha puesto el mundo patas arriba y los precios por las nubes.

Sobre todo, por la subida del coste de la energía. Al de la luz (ha llegado hasta 700 euros el megavatio) se une el de la gasolina, que en España ya ha rebasado la cota histórica de los dos euros por litro. Cifras nunca vistas que tienen temblando a los ciudadanos porque el problema no tiene pinta de acabar a corto plazo.

La dependencia europea del gas ruso y del petróleo está ya pasando factura, y nunca mejor dicho, a Europa, que no sabe cómo contener esta galopada de los precios. Porque si se veta el combustible ruso y se opta por importar de otros lugares, evidentemente los precios de otras fuentes de energía suben.

Vaya, una tormenta perfecta para dejar el bolsillo del consumidor temblando todavía más. ¿Se puede hacer algo para paliar esta situación? Josep Borrel ya ha recomendado contener el uso del gas en los hogares, ¿pero es esto suficiente?

Lo que pasó en los 70

El Gobierno está poniéndose manos a la obra ante el peligro que tiene esta situación en la economía española. Está claro que la guerra nos va a hacer más pobres, pero el objetivo es no dejar que sea demasiado.

Por ello, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha una reserva de bienes estratégicos para no depender tanto del exterior y no perjudicar tanto a los ciudadanos cuando sucedan conflictos de este tipo.

Pero claro, hasta que esto se ponga en marcha, si es que sucede, la subida del coste de la vida no cesa. Por lo que quizá toque mirar hacia atrás en el tiempo para ver si podemos tomar ejemplo de épocas pasadas.

La situación más similar a la actual fue la crisis del petróleo de los 70. De hecho, fueron dos crisis seguidas que hicieron mella en el crecimiento tan grande que vivía España con la salida del franquismo (era el país de la UE que más crecía).

Una de las decisiones que se tomó en esa época fue subir los salarios al hilo de los precios, pero eso acabó condenando al Estado, que para no repercutir el coste de la energía en los consumidores en total lo asumió aumentando el déficit.

Por eso, cuando se puso en marcha el gobierno de Adolfo Suárez tuvo que atajar la situación porque todo se iba al traste. Así, se puso en marcha una política económica de restricción y contención, bajando sueldos y precios y con algo fundamental que ahora no podemos hacer: devaluar la peseta. El euro no lo permite, por lo que esta opción no es viable.

Una medida que dura hasta hoy es la del cambio de hora, para ajustar la producción y, la vida, en general, a las horas de luz e intentar ahorrar lo máximo posible. Pero eso ya no se puede volver a repetir.

Las medidas que impuso el mundo en una situación límite

Si bien hay medidas que se podrían copiar, aunque habría que poner todo el mundo su granito de arena para que surtieran efecto, pues hablamos de medidas duras, de racionamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos los conductores de vehículos cuyas matrículas acabaran en número impar (o matrículas personalizadas) fueron autorizados a adquirir carburante solo en los días impares del mes, y la misma norma se aplicó a los propietarios de vehículos con matrículas pares.

Además, en algunos estados se utilizaron carteles y banderas de tres colores diferentes para indicar la disponibilidad de gasolina en las estaciones de servicio. Una bandera verde indicaba venta ilimitada de gasolina, una amarilla restricciones y racionamiento, y una roja indicaba que no se disponía de gasolina, pero la estación estaba abierta para otros servicios.

Por otra parte, Nixon redujo en 1974 el límite de velocidad a 90km/h y se creó una reserva de energía, lo que Sánchez quiere poner en marcha. Igualmente, el sector de la automoción tuvo que reducir el tamaño de los vehículos, para que gastaran menos.

En Reino Unido, por su parte, la situación fue tan dramática que el Gobierno redujo la semana laboral a tres días. Además, se prohibió iluminar escaparates, se limitó la actividad de bares y restaurantes y la televisión solo podía emitir hasta las 22.30 horas. El tráfico se convirtió en un caos, pues se apagaron los semáforos.

En Europa, de forma general, se pusieron en marcha medidas comunes en algunos países, como la prohibición de volar, navegar o conducir los domingos. De hecho, Países Bajos fue más lejos que nadie al imponer penas de prisión si se utilizaba el coche para algo que no fuera trabajar.

Así fue como, poco a poco, se pudo enmendar una situación muy grave. ¿Puede España poner en marcha medidas así? Se derrocha mucha al día y urge cambiar esa mentalidad, con mucha pedagogía e incluso alarma, pues la situación es grave y lo requiere. Pero, ¿será suficiente? ¿o tendremos que llegar a medidas tan drásticas como las vistas anteriormente?

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