Esto es todo lo que se sabe de los avales públicos contra el coronavirus

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Dentro del paquete de medidas económicas que el Gobierno de coalición puso en marcha el martes pasado para hacer frente a los efectos negativos del coronavirus en la economía de España se encuentran los avales públicos.

El remedio del Gobierno de coalición es inyectar 117 mil millones de euros públicos, de los que 100 mil millones, son avales públicos que buscan garantizar la liquidez de las empresas y autónomos en este situación de alarma sanitaria por el coronavirus.

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¿Qué es un aval?

Un aval es una garantía de pago. Los avales los suelen pedir las entidades bancarias a la hora de conceder un préstamo o un crédito. El avalista es la persona, o en este caso que se hace cargo de la deuda en caso de que el prestatario, persona a la que se le concede el préstamo o crédito, no lo puede hacer frente al pago.

Es decir, un aval funciona como un contrato de afianzamiento a través de este una entidad bancaria confía en que un tercera va a cumplir con sus obligaciones financieras a la hora de devolver las cuotas con los interés.

Cuando se pide un aval, lo que se pretende es consolidar una garantía de que se va a cobrar las obligaciones financieras contraídas. Cuando una entidad bancaria lo solicita a una persona que pide un préstamo o crédito, el objetivo es asegurarse de que va a recibir el dinero aún en el caso que no se pueda hacer frente a los pagos.

Los avales públicos se añade a la línea Thomas Cook de financiación para el sector turístico

Los avales públicos se van a realizar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas garantías permitirán a las entidades bancarias poner entre 20 mil y 50 mil millones de euros en créditos a interés bajo.

Se prevé que la cantidad necesaria que necesita el sistema son alrededor de 30 mil millones de euros para paliar los efectos económicos del coronavirus. Con estos avales públicos se consigue:

  • Que las empresas, independientemente como estén, puedan acceder de forma rápida a liquidez.
  • En el caso de que alguno de estos préstamos acabasen siendo impagados, no perjudicaría a la entidad bancaria que los ha concedido.

Todos los sectores se pueden acoger a estas líneas de crédito y el objetivo es que las empresas dispongan de liquidez para poder hacer frente a los gastos fijos que tienen en sus empresas y que por falta de facturación provocada por el coronavirus no se pueden hacer frente.

En paralelo, existe otra partida de créditos para el sector turísticos, que entre las entidades bancarias se conoce ‘línea Thomas Cook’, por 400 millones de euros, que hace frente el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A parte de los avales públicos se autoriza 2 mi millones para las empresas exportadoras

El Real decreto permite ampliar la capacidad de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10 mil millones de euros para facilitar la liquidez a las empresas (PYMES y autónomos), a través de líneas de financiación de este organismo, y así conseguir paliar los efectos económicos del coronavirus.

Durante el período de 6 meses, el Real Decreto autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2 mil millones de euros a cargo del Fondo de Reserva de los Riesgos de Internalización para créditos circulantes de las empresas exportadoras.

Los avales públicos se pueden aplicar a cualquier necesidad de la empresa

Los avales públicos servirán para cubrir tanto la renovación de préstamos ya existentes como para lograr nuevas líneas de financiación concedidas por entidades bancarias y, por tanto, hacer frente a los efectos negativos ocasiones por el coronavirus.

Los créditos obtenidos mediante la obtención de estos avales públicos podrán servir a las empresas y los autónomos para hacer frente al pagos de facturas, resolver necesidades de material o de tesorería de la empresa, incluyendo los vencimiento de obligaciones de entidades bancarias o de la Agencia Tributaria, es decir, para pagar impuestos.

Durante la semana pasada el Gobierno ya realizó una moratoria de las obligaciones fiscales para empresas y autónomos para que puedan aplazar hasta 30 mil euros del IRPF, IVA o el Impuesto de Sociedades durante 6 meses, con una carencia de 3 meses, sin costes ni intereses.

Esta moratoria para las PYMES y los autónomos sólo iba dirigido a aquellas empresas y autónomos que facturasen como máximo 6 millones de euros el año pasado, por lo tanto, estos avales públicos permitirán a las empresas con mayor volumen de facturación hacer frente a los impuestos, además de ser destinado al pago de las nóminas de los empleados.

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