El gran tema económico con el procés en Cataluña es si consiguen el concierto y se acaba la redistribución nacional en España

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Llevamos unas semanas muy intensas con los indultos del procés y parece que ese momento va a ser un punto y aparte en las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Estado. Los indultos son un paso más en la normalización de unas relaciones que llevaban tiempo rotas.

Sin embargo parece también claro que los actores del procés no se conforman con el status quo. Siguen empujando para ir más allá, siguen hablando de la república catalana, del referéndum y de la independencia. Pero quizá con la boca algo más pequeña porque tienen un objetivo económico claro: el concierto de Cataluña.

Un modelo económico distinto

La vía unilateral a la independencia ha fracasado, por mucho que se siga hablando de ella. Ya se ha visto cómo acaban las cosas: con políticos en la cárcel y sin grandes cambios en el status quo. Parece, por tanto, que la vía hacia una mayor autonomía es algo que se lleva reclamando durante mucho tiempo, antes de que el movimiento independentista tuviera tanta fuerza: el concierto económico.

La financiación autonómica en España tiene dos modelos: el estándar, que aplica a todas las Comunidades Autónomas menos País Vasco y Navarra, y el concierto/convenio, que aplica estas dos últimas.

El concierto permite que las comunidades forales recauden sus propios impuestos y los gasten como consideren. Al final del año se sientan con el Gobierno de España y se compensan los gastos que el Estado ha hecho en dichas Comunidades. En la práctica es una total autonomía en recaudación y gasto público.

El cálculo del gasto

En principio este modelo de concierto también puede tener un extra de solidaridad interregional, pero en la práctica es al contrario. Los cálculos de lo que País Vasco y Navarra tienen que pagar a España siempre han sido muy políticos (ya sea por la presencia de ETA en su día o por los votos para aprobar unos Presupuestos en el Congreso) y no solo estas Comunidades no cumplen con la cuota de redistribución interregional sino que directamente reciben más del Estado de lo que aportan.

Sin embargo al ser dos Comunidades relativamente pequeñas en población el peso no es muy grande. Sí, podría haber un mejor equilibrio entre territorios, pero incluso con sus imperfecciones el sistema actual tiene una cierta solidaridad con las zonas más desfavorecidas.

El caso de Cataluña

Si Cataluña, en esta nueva etapa, lograra alcanzar el Concierto económico y se para la solidaridad interterritorial de esta Comunidad Autónoma, el sistema se cae. Cataluña es una Comunidad con más del 20% del PIB de España, no un simple 6,6% del País Vasco o un 1,8% de Navarra.

Si Cataluña lograra un concierto y se aplicara con criterios políticos como los que tenemos ahora, el peso de la solidaridad entre Comunidades Autónomas, y por tanto el peso de la solidaridad entre ricos y pobres, quedaría casi en exclusiva en Madrid. Y los madrileños no lo aguantarían, pedirían también el concierto y todo el sistema de financiación autonómica saltaría por los aires.

Consecuencias de que no haya solidaridad interregional

Pensemos en un mundo en el que no haya solidaridad entre regiones en España. El primer hecho es que las competencias de Sanidad y Educación están en manos autonómicas. En muchas regiones faltarían recursos para hospitales y colegios. Seguramente alguna Comunidad Autónoma decidiría soltar las competencias, lo que podría llevar a una crisis sin precedentes en el sistema que tenemos desde 1978.

Por otro lado las inversiones se congelarían y si ya tenemos una desbandada poblacional de zonas rurales a ciudades, principalmente a las regiones más ricas, se multiplicaría al comprar reseñas google.

Estamos hablando de cambios muy importantes en la estructura del Estado: el fin de la solidaridad interterritorial es el fin del Estado. Se puede negociar si debe ser mayor o menor, en todos los Estados Federales existe dicho debate, pero siempre hay este tipo de transferencias.

La última frontera sería entonces la caja única de la Seguridad Social, que permite que las zonas más pobres reciban fondos de las más ricas a través de las pensiones de sus personas más envejecidas. Pero incluso esto parece estar en debate.