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La reforma posible de las pensiones: profundizar en la silenciosa porque la ruidosa no funciona

Llevamos una semana hablando de la increíble subida del gasto en pensiones que supone los Presupuestos Generales del Estado 2023. Y justo surge una propuesta alternativa desde ESADE para contener la revalorización, que supone centrar las subidas en las pensiones más bajas y limitarla en las más altas.

Esta propuesta limitaría el incremento en pensiones (ahorraría, según las cifras de ESADE, unos 6.000 millones de euros en 2023) pero también tiene sus críticas porque limitaría la contribuitividad de las pensiones (cobras pensión en función de lo cotizado). Sin embargo ha llegado la hora de ponerse realista.

La reforma de 2013

Este problema no es reciente. Ya se sabía que iba a pasar. Cada vez hay más pensionistas e incluso sin grandes inflaciones el gasto en pensiones se estaba disparando. Así que en 2013 se reformaron las pensiones.

La idea era que en el medio plazo los gastos en pensiones se ajustaran a los ingresos. Por un lado por el cálculo de la pensión a la hora de jubilarse (Factor de Sostenibilidad) y por otro por la revalorización de las mismas (Factor de Revalorización), que dejaba de estar ligada a la inflación. El mecanismo era muy lento, para suavizar la transición y quizá era poco ambicioso. Pero lo cierto es que se aprobó.

Esta reforma "ruidosa" de las pensiones ha fracasado. Se derogaron los cambios e incluso el partido que la impulsó, el PP, se retractó y volvió al famoso "revalorizamos con el IPC, pase lo que pase". Dentro de esta reforma también saltó por los aires el Factor de Sostenibilidad, que era la otra piedra angular de la reforma.

La reforma silenciosa

La otra reforma de las pensiones, de la que casi no se habla, es la que cada año incrementa la pensión mínima, se limita la pensión máxima y sube la base máxima de cotización. Así dicho es bastante popular, ya que redistribuye (no hay pensionistas pobres, aunque hayan cotizado por el mínimo), no paga pensiones de lujo a unos pocos y hace pagar mucho a la Seguridad Social a sueldos altos. Esta es la reforma silenciosa, ya que no exige grandes reformas sino simples medidas aprobadas en los Presupuestos año a año.

Pero esta reforma silenciosa hará que dentro de unos años la pensión mínima y máxima se toquen. Habrá en España solo una pensión. El sistema habrá dejado de ser contributivo, da igual que lo que cotices, la pensión será x. Y la única decisión política será si x es el SMI o un factor del SMI. El sistema habrá pasado de ser contributivo a asistencial.

La propuesta de ESADE

La propuesta de ESADE es que el próximo año, en lugar de aumentar todas las pensiones un 8,5% se suba más a las pensiones más bajas que a las más altas. Esto permite reducir el total de la revalorización no perjudicando a los más desfavorecidos. Pero claro, ahonda en la "reforma silenciosa" y acerca más el momento en el que tengamos una pensión única en España.

A mí personalmente la "reforma silenciosa" no me gusta. Me gusta más lo que se aprobó en 2013, un sistema que fuera adaptando gastos a ingresos de una forma contributiva, lo que incentiva a que todos los sectores de la sociedad (tanto clases más desfavorecidas como las más adineradas) apoyen el sistema. Si la pensión es única contribuyas lo que contribuyas seguro que pierde apoyos.

Pero también es cierto que prefiero un sistema de pensiones a que no exista. Y el camino que estamos siguiendo tiene un final: sistema quebrado e impagos. Ya hemos comprobado que una reforma como la de 2013, que repito, estaba bien pero podría haber sido más agresiva con los tiempos, no es políticamente viable en un país con una edad mediana de 44 años y al que además le gustan los eslóganes de la "reforma silenciosa". Apostemos por ella de forma decidida como sistema para balancear los ingresos y los gastos porque no parece que nos quede mucho tiempo para hacer reformas de calado.

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La reforma de las pensiones va por mal camino: pan para hoy y hambre para mañana

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, los sindicatos y la patronal han alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Y lo que podría parecer una buena noticia, no lo es.

El acuerdo supone, de facto, la derogación de la reforma de 2013, que no llegó a entrar en vigor de forma completa, ya que era una reforma muy escalonada. Y deja para más adelante la negociación de los puntos más conflictivos.

Los cambios de la nueva reforma de pensiones

Básicamente lo que se ha acordado es la derogación de los dos aspectos más polémicos de la reforma de 2013. Por un lado el Factor de Revalorización, que impedía incrementos de las pensiones de los ya pensionistas por más del 0,25% si el sistema estaba en déficit. Hay que recordar que la reforma de 2013 fijó este valor de una forma arbitraria, pues la recomendación del grupo de expertos sugería incluso bajadas para poder compensar este déficit, para que los gastos sigan la senda de los ingresos del sistema.

Por otro lado también se derogará el Factor de Sostenibilidad, que iba a afectar cuando entrara en vigor a los nuevos pensionistas. Este Factor calculaba la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida y no solo las cotizaciones pasadas. En principio esta parte de la reforma iba a entrar en vigor en 2019, pero se pospuso y ahora se va derogar definitivamente.

Pan para hoy y hambre para mañana

Estos dos factores aprobados en 2013 tenían la intención de hacer las pensiones sostenibles. Fue una reforma muy polémica, en un país en el que cada vez hay más votantes pensionistas, pero que era y sigue siendo clave para que la Seguridad Social no salte por los aires.

La mejor forma de proteger el sistema de pensiones público es hacerlo sostenible, y la reforma de 2013, con sus imperfecciones, proponía soluciones para que en el medio y largo plazo el gasto no aumentara por encima de los ingresos.

El acuerdo al que han llegado Gobierno, patronal y sindicatos es un simple "que lo solucione el próximo". La derogación del Factor de Revalorización y sustituirlo por el IPC, de nuevo, es un error. Las pensiones aumentarán más rápido que los ingresos del sistema. Y derogar el Factor de Sostenibilidad sin sustituirlo por otro (dice el Gobierno que en cinco meses tienen que aprobar otro) es un brindis al sol: si de verdad lo quieren sustituir por otro que lo hagan de forma directa, pero lo cierto es que no van a encontrar uno mejor.

Lo peor de todo esto es que el Gobierno, para rehuir la polémica, lo viste todo de un pomposo acuerdo. Pero veamos quienes son las partes: por un lado los sindicatos, que obviamente tienen interés en que las pensiones sean cuanto más altas mejor; por otro lado la patronal, que su único interés es en que no aumenten las cotizaciones sociales; es el Gobierno el que tiene que tomar las decisiones importantes e impopulares, el que tiene que ver la reforma en su conjunto. Pero prefieren, como llevamos haciendo desde los 90 excepto quizá en 2013, dando una patada hacia delante y esperando que lo solucione otro.

Lo bueno de la reforma de 2013 no llega a aplicarse

La reforma de 2013 no fue perfecta pero fue valiente. Se formó un grupo de expertos y evaluó como reformar las pensiones intentando minimizar los damnificados. El Gobierno hizo caso a bastantes cosas pero rebajó, por ejemplo, la dureza del Factor de Revalorización. Y dejó algunos aspectos de la reforma para el futuro, como la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, quizá para que la polémica se la comiera el siguiente.

Esta reforma es un paso atrás que simplemente quita sostenibilidad a la reforma de pensiones, traspasa el coste a los jóvenes y trabajadores actuales, y emplaza a una reforma más dura al futuro. Porque el problema de las pensiones no se va a solucionar de forma mágica, las reformas que necesitamos tendrán que llegar, y cuanto menos tiempo tengamos para solucionarlo más duras serán.

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Así fue la reforma laboral de 2012 que ahora se quiere derogar: flexibilidad de las empresas, combatir la dualidad y políticas activas de empleo

La fuerte crisis económica que está sufriendo hoy España vinculada a las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19, han llevado a una escalada desempleo importante en apenas dos meses.

Tenemos 3,83 millones de personas que desean un empleo y no lo pueden obtener, y si a estas cifras sumamos los tres millones de afectados por los ERTE, nos iríamos a tasas de paro del 34% aunque las fuentes oficiales no incorporan este último dato.

Y es en este contexto, en el que se vuelve a señalar la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 como uno de los problemas de la situación presente, tal y como sucedió en la anterior crisis financiera. Incluso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado ha firmar con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, aunque seguidamente lo ha matizado.

Así pues, vamos a reflejar cuáles fueron las medidas que se introdujeron la reforma laboral de 2012, cuál fue el papel de los ERTE en ese momento de cambios legislativos y las consecuencias finales para el mercado laboral.

Las tres dimensiones que abordó la reforma laboral

El paquete de reformas que fue promulgado en el año 2012 tenía como objetivo principal el abordar diferentes problemas estructurales que sufría el mercado laboral español. Mientras que la mayoría de reformas estudian orientadas en el año 2012, algunos ajustes complementarios se hicieron factibles hasta 2013.

El gran problema de España y que hoy en día sigue existiendo aunque en menor medida, era la flexibilidad interna de las empresas, y se buscó conceder mayor prioridad a los acuerdos a nivel de empresa, lo que facilitaba las cláusulas de exclusión de los acuerdos de ámbito superior como pueden ser sectoriales o regionales y facilitando las diferentes modificaciones unilaterales de los salarios y el resto de condiciones de trabajo.

Para entender como se estructuró esta reforma hay que mencionar tres categorías diferentes: Medidas para aumentar la flexibilidad de las empresas, medidas para reducir la dualidad y, medidas para mejorar las políticas activas del mercado de trabajo, con algunas medidas dirigidas a varios objetivos. Asimismo, debemos enfatizar que algunas de estas políticas únicamente se emplearon a los nuevos contratos o los futuros años de servicios en los contratos ya existentes.

Enfocando la flexibilidad empresarial, en primera instancia se dio prioridad a aquellos acuerdos a nivel de empresa frente a los acuerdos a nivel del sector en el marco de la negociación colectiva, se facilitó la exclusión voluntaria de los convenios colectivos, se redujo el periodo de actividad excesiva de los convenios colectivos, se utilizaron los contratos a tiempo parcial, incluso llegando a permitir horas extras horas complementarias, se amplio el uso de despidos justos basados en criterios objetivos y se facilitaron los acuerdos de despido a nivel de empresa.

En relación a aquellas medidas que abordaban la dualidad del mercado laboral, es decir la gran diferencia existente del blindaje de los contratos indefinidos frente a los contratos temporales, se tomaron medidas para reducir las diferencias. La más importante fue la reducción del coste de despidos improcedentes a los trabajadores indefinidos de 45 a 33 días de salario por año de antigüedad hasta un máximo de 24 meses, frente a los 42 meses anteriores. También vimos la introducción de un contrato especial para las pequeñas empresas al fin de conceder un incentivo para la contratación de trabajadores indefinidos, especialmente dirigido a jóvenes desempleados y se restableció el límite de 2 años para la prórroga de los contratos temporales.

En último lugar de esta batería de medidas, debemos de señalizar aquellas políticas activas. En este punto se introdujeron contratos de formación y aprendizaje concedían a las empresas diferentes incentivos para reciclar a jóvenes sin formación para que permanecieran dentro de la empresa y se puso en marcha un nuevo programa de activación para los desempleados de larga duración. Además, se concedió un papel más relevante a las agencias privadas de captación y colocación y ya en el año 2013 se introdujo un sistema de evaluación de asignación de fondos orientado a los resultados.

¿Y qué hay de los ERTE?

En relación a los ERTE que se han puesto muy de moda en estos meses para tratar de paliar coyunturalmente las consecuencias negativas que están sufriendo los negocios, tienen su punto de partida en el año 1995 en el Estatuto de los Trabajadores.

Específicamente, lo podemos ver regulados en los artículos 45,47 y 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995 del 24 de marzo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de trabajadores que establecía entre las diferentes causas suspensión del contrato del trabajo, aquellas motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor temporal.

Con esta legislación, lo que hizo realmente el Partido Popular en su estapa de Gobierno fue crear una Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprobó Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Se trataba pues regular el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones para que su permiso no fuera un requisito necesario y agilizar todo el trámite.

Por lo tanto, en un supuesto de derogación de la reforma laboral co o se está planteando, la inmediatez obtenida en este trámite quedaría obstaculizada, haciendo más complejo todo el proceso del ERTE tan necesario hoy en día para empresas y trabajadores porque, según el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, se estima que más de 900.000 trabajadores incluidos en un ERTE no están cobrando.

¿Fue positiva la reforma laboral?

Sin lugar a dudas, la reforma laboral mejor los resultados obtenidos en materia de empleo, incluyendo especificamente las altas tasas de jóvenes desempleados.

Podemos apreciar en el siguiente gráfico que el crecimiento del empleo después de la reforma fue sistemáticamente mayor y el desempleo juvenil se redujo en comparación a una posible evolución del crecimiento del empleo y el desempleo juvenil en ausencia de estas reformas.

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Las desigualdades se redujeron. La fuerte creación de empleo, ayudada por las reformas, contribuyó a mejorar la distribución de la renta después de 2012. Si miramos el coeficiente de Gini cinco años después de las reformas vemos esa reducción.

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Uno de los problemas que no se ha solucionado ha sido la temporalidad que sufre la economía española. Aunque, en este punto, hay que matizar que hemos visto una contracción del peso del sector de la construcción en el cómputo del PIB en favor de una economía orientada más a servicios con una dosis de mayor temporalidad.

Hay que tener en cuenta, que en el momento previo del estallido de la burbuja inmobiliaria, la proporción de empleos temporales era incluso superior al 30% (tasa del 34,6% en el tercer trimestre del 2006). La crisis borró muchos contratos temporales, y cuando la recuperación económica llego a los niveles de PIB que habíamos visto en el pasado, la tasa de temporalidad, aunque excesivamente elevada en el 26%, desde luego no ha llegado a los niveles anteriores.

Temporales

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