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Base para reducir la brecha de género

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El Nobel de Economía anunciado este lunes para a la neoyorquina Claudia Goldin, catedrática desde 1989 en Harvard, está lleno de significado. Se lo conceden, según el jurado de la Academia de Ciencias sueca “por haber contribuido a mejorar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”. Queda mucho por hacer en materia de brecha de género en el mercado laboral pero este reconocimiento es un paso más en materia de igualdad entre sexos. Goldin nunca pensó originariamente en sus estudios como herramientas para acometer acciones públicas, pero han servido para poner el foco —y de qué manera— en los fuertes desequilibrios en las retribuciones laborales, sus factores explicativos y las barreras que persisten. Su contribución científica ha dado lugar a “enormes implicaciones sociales” tal y como señaló el jurado sueco.

No solo importa que Goldin obtenga un galardón tan importante. Que sea en solitario es muy llamativo, significativo. A mi entender, un reconocimiento a la importancia de sus análisis y, en este mundo tan convulso, visibiliza aún más, la trascendencia de la brecha y lo mucho que queda por hacer. La historia de los Premios Nobel de Economía son un buen ejemplo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Goldin es la tercera que lo recibe, tras Elinor Ostrom in 2009 y Esther Duflo en 2019, pero es la primera en solitario. Su excelente carrera académica ya le llevó a ser la primera mujer catedrática en el departamento de Economía de Harvard en 1989, por tanto, no hace mucho tiempo.

Los estudios de Goldin abarcan una amplia variedad de temas, como la población activa femenina, la desigualdad de ingresos, (brecha de género) y lo efectos sobre todo ello del cambio tecnológico, la educación y la inmigración. En 2021 publicó su conocido libro “Carrera y familia: El centenario viaje de las mujeres” (Career & Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity), que ofrece un muy buen panorama de lo costoso que han sido los avances en materia laboral para las mujeres, con una perspectiva histórica y analítica privilegiada. Uno de sus hallazgos más interesantes es que la participación de la mujer en el mercado de trabajo no ha aumentado sistemáticamente en los últimos 200 años, como se podría haber esperado con el crecimiento y progreso económico.

De hecho, a lo largo del siglo XIX bajó esa cuota ya que la industrialización hizo más difícil combinar familia y trabajo y solo en los siglos XX y XXI se ha logrado un aumento permanente aunque lento de la participación femenina. No todo fue bueno en el siglo XX ya que, Goldin demuestra, que la discriminación salarial aumentó en ese periodo. Asimismo, en el caso de las mujeres, hasta hace unas pocas décadas. Las decisiones sobre su educación superior tenían más restricciones iniciales y eso reducía sus posibilidades de promoción o de ingresos. Por último, la premiada encontró una relación positiva entre la introducción de los métodos anticonceptivos y una mejor planificación e inversión de las mujeres en sus carreras. Sin duda, sus trabajos son toda una fuente de conocimiento e inclusión social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Competencia global por el talento

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Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

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Debilitamiento alemán

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Una de las imágenes de la semana fue la del canciller alemán Olaf Scholz con un parche —estilo pirata— en su ojo derecho, a consecuencia de una caída haciendo ejercicio. Ilustra para muchos la situación de la economía alemana, que está despertando creciente preocupación. Con un gran matiz: aunque sus datos coyunturales de crecimiento económico e inflación no son buenos, sigue presentando la menor tasa de desempleo de la UE. El debilitamiento económico alemán se produce dentro de un contexto de fortalezas productivas, que más de uno quisiéramos para nuestro propio país. Aun así, las señales provenientes del gigante alemán desde el comienzo de la guerra de Ucrania son inquietantes. También para el resto de países —como España— que son socios comerciales y comparten la UE y el euro. Alguien que conoce muy bien esta realidad, el influyente periodista económico Wolfgang Münchau, afirmaba hace unos días que “es el fin de la era alemana”.

Alemania presentó una tasa de crecimiento del 0,1 por cien en el segundo trimestre, después de la recesión de comienzo de 2023. Casi un año sin crecimiento. El último dato de inflación (agosto) es del 6,1 por cien, inusualmente alto y persistente para un país históricamente refractario al crecimiento de precios. Al impacto brutal inicial del encarecimiento de la energía y otros factores de oferta, siguieron efectos de “segunda ronda”, con significativo crecimiento de los salarios. Las malas noticias recientes sobre el sector constructor e inmobiliario —con una cierta “burbuja”— se añaden al entorno negativo.

En
febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, se hicieron evidentes los
resultados de la errática política energética alemana de las últimas décadas.
Su enorme dependencia del gas ruso debilitó su competitividad industrial que,
en gran parte, parecía derivarse del uso intensivo de ese combustible barato.
Sustituir ese factor drenó muchos recursos y laminó parte de la fortaleza alemana.
Como en otros países europeos, importadores de energía, no haber diversificado
(i.e. centrales nucleares), al menos, durante la transición ecológica, ha
tenido consecuencias muy negativas.

Otras dudas apuntalan la flojera de la actividad económica alemana. La relación con China se ha vuelto más compleja. Hay crecientes impedimentos para las  exportaciones e importaciones con el gigante asiático. Afecta también negativamente el envejecimiento de la población germana y la gran dificultad para suplir vacantes en el mercado de trabajo, problema generalizado en muchos países. La falta de inversión —no solamente en seguridad y defensa— y la excesiva regulación son otros dos grandes obstáculos. Aunque el gobierno germano ha lanzado un plan fiscal para dinamizar la inversión y la economía, varios desacuerdos internos han desdibujado ese programa de gasto. Los aspectos positivos son el gran margen del Tesoro alemán para cualquier esfuerzo significativo de inversión —si llega el acuerdo político sobre el mismo— y las potencialidades que las reformas estructurales tendrían en una economía potente. Asimismo, la banca alemana —muy volcada en lo regional— debe encontrar su hoja de ruta para financiar proyectos transformadores de más alcance. Todo por el el bien de ese país y de la UE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Tareas pendientes… otra vez

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El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio altera –y de qué manera– la hoja de ruta política y económica de los próximos seis meses. Por un lado, se trunca la aprobación de leyes y normas que se habían anunciado, algunas muy esperadas. En el limbo más de sesenta proyectos que estaban en tramitación, así como ocho que ya estaban aprobadas por el Gobierno. La ley de familia, la de Equidad Sanitaria, la de Salud Mental o la del Cine son algunos ejemplos. Asimismo, es probable que tenga alguna incidencia sobre las principales iniciativas del segundo semestre, con la presidencia española de la UE. El país que la preside marca la agenda, y ahora se llena de incertidumbres.

La convocatoria electoral pilló a todos por sorpresa. Europa no fue excepción. Aunque no es la primera vez que se convocan unas votaciones en medio de la presidencia de un país, existen riesgos notables de que la potencia de las iniciativas quede desdibujada, con la incertidumbre y vicisitudes del proceso electoral y de transición al nuevo gobierno, sea del signo que sea. Algunas de las iniciativas son de gran relevancia en materia financiera, como los avances en la incompleta unión bancaria, algo por lo que nuestro país lleva tiempo pugnando. O el futuro despliegue de los fondos Next Generation EU. Sería conveniente que la presidencia española pudiera tener éxito. El país se juega su prestigio.

En cuanto a los desafíos de medio y largo plazo, se suele hablar poco de ellos, pero tienen que ser prioritarios para el gobierno que salga de las elecciones del 23-J. La baja productividad –problema que viene de largo– es uno de ellos, con numerosos temas sin resolver: bajos salarios, pérdida de renta real per cápita, capacidad de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pesaditos somos los economistas con ello, pero está pendiente. Todo gobierno debe tener una agenda social ambiciosa, pero también económica, que mejore las bases de competitividad del país. Llevamos casi dos décadas con serias disfuncionalidades de algunas de nuestras instituciones económicas, como el mercado de trabajo, los incentivos y la innovación. No es tarde. Con la productividad se puede, poco a poco, mejorar la renta de los españoles y el Estado del bienestar. Los retos se acrecientan con el envejecimiento de la población. Si se pone la palabra productividad en la agenda política, se habrá logrado mucho. La dialéctica facilita llegar a los hechos. Permitiría un crecimiento sólido e ir suavizando las tensiones de la deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones. Quedarán pendientes problemas como la vivienda para el que hará falta tiempo para ampliar el parque existente, sobre todo de alquiler, para que aumente la oferta y no se encarezca más. Cuesta al principio, pero mejora el bienestar de todos.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario La Vanguardia

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Una contribución a la sociedad poco visible y apreciada, pero de gran valor social

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El trabajo doméstico ha
recibido históricamente un escaso reconocimiento no solo social, sino también
institucional. Considerado un trabajo poco productivo y subalterno, incluso los
Estados que se precian de proteger particularmente los derechos sociales se han
abstenido durante mucho tiempo de intervenir en las condiciones laborales de
quienes lo desempeñan y de combatir su precariedad, reflejada, sobre todo, en
largas jornadas, bajos salarios y relaciones informales de contratación.



Es cierto que la ONU declaró hace ya 35 años, en 1988, el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar; sin embargo, hasta 2011 la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no aprobó un convenio sobre el
trabajo doméstico que establece los derechos básicos para las trabajadoras
domésticas y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre horas de
trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. El Convenio 189,
uno de los últimos aprobados por esta institución en sus 100 años de historia,
no ha sido ratificado por la mayor parte de los países (incluidos dos tercios
de los Estados miembros de la Unión Europea) (Mapa 1).


España ratificó el Convenio 189 de la OIT hace apenas un mes, el 28 de febrero de 2023[1]. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2012 la legislación española establece la obligación de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social de todas las personas empleadas en el trabajo doméstico[2]; diez años más tarde, en septiembre de 2022, los tipos de cotización se han incrementado obligatoriamente para incluir el derecho a la prestación por desempleo[3]. Por tanto, según la legislación vigente, todas las personas empleadas en el servicio del hogar, con independencia del número de horas que trabajen, han de estar afiliadas a la Seguridad Social y tienen derecho al paro si acreditan un periodo de cotización mínimo de 360 días.

La respuesta a la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social a partir de 2012 supuso un aumento significativo de las trabajadoras al servicio del hogar afiliadas en ese año: si en enero su número rozaba los 278.000, en diciembre alcanzó 416.000. A partir de 2015, coincidiendo con la recuperación de la economía tras el septenio de crisis (2008-2014), la afiliación al sistema empezó a caer, tendencia de la que no se ha recuperado (Gráfico 1). En febrero de 2023, el número de personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar supera ligeramente las 376.000, un 95,5 % de las cuales son mujeres (Gráfico 2).


De esa tendencia a la baja observable desde 2015 también dan cuenta los datos de ocupación procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA). En 2022, la EPA arroja una media anual de ocupación en el trabajo doméstico que supera en aproximadamente 115.000 personas la afiliación a la Seguridad Social (Gráfico 3). Ahora bien, es posible que la EPA no capte una parte de esta ocupación (porque no la declaren todas las personas que la desempeñen sin estar afiliadas). También es posible que los registros de afiliación a la Seguridad Social no recojan a una parte de las trabajadoras del hogar (las que, por preferencia propia y/o de los empleadores, no se afilien)[4]. Es, por tanto, muy probable que ambas fuentes infraestimen el número de quienes trabajan remuneradamente en el servicio del hogar.


Una evidencia interesante que se desprende de la evolución de los datos de afiliación es el descenso del porcentaje de población extranjera entre las trabajadoras del hogar desde 2012, justo el año en el que comenzó a exigirse la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social. En febrero de 2023 la proporción de personas extranjeras no llega a la mitad (45 %), quedándose muy por debajo de la registrada en 2005, cuando alcanzó un máximo de 70 %. Cabe recordar que en 2005 tuvo lugar el proceso de regularización de inmigrantes residentes en España con contrato, de manera que la afiliación a la Seguridad Social se convirtió en un expediente de legalización de la residencia en España. En el curso de este proceso de afloramiento a lo largo de 2005, el número de extranjeros afiliados al sistema de trabajadores del hogar superó por primera vez el umbral de 250.000, cayendo bruscamente hasta 2007, para recuperarse algo durante los primeros años de la Gran Recesión. Si bien el ya citado cambio de legislación en 2012 favoreció el crecimiento de la afiliación de trabajadoras extranjeras (aunque en menor medida que la de las nacionales), a partir de 2013 volvió a descender (Gráfico 4).


Ateniéndonos a las cifras de afiliación, el trabajo doméstico representa un porcentaje muy pequeño del empleo en España (1,9 %), oscilando entre 1,1 % en Extremadura y 3,7 % en Ceuta y Melilla (Gráfico 5A). Si consideramos el número de hogares, en 2022, por cada 1.000 hogares había en España aproximadamente 20 personas afiliadas al sistema de empleadas de hogar de la Seguridad Social. No obstante, se observan diferencias ostensibles entre las comunidades autónomas. Madrid destaca en este ranking, con 39 afiliadas por cada 1.000 hogares, seguida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (32) y de las comunidades autónomas de País Vasco (31) y Navarra (26). En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (10), Canarias (11), Andalucía (13) y Castilla-La Mancha (13) (Gráfico 5B).


Además de proporcionar oportunidades de empleo a personas con empleabilidad más limitada en otras ocupaciones, el trabajo doméstico mejora la participación laboral y la productividad de muchas personas empleadas a las que descarga de tareas tan diversas como las de la limpieza de la casa, la preparación de comidas y la atención a las personas dependientes que viven en el hogar. Mejora asimismo las condiciones para la crianza de los hijos pequeños, contribuyendo así no solo al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo y, en consecuencia, al crecimiento de la economía, sino también a la reproducción de la sociedad. Son efectos indirectos reales y nada desdeñables, aunque resulten difíciles de medir mediante los indicadores que utilizamos habitualmente para estimar la aportación del empleo al bienestar de la sociedad.


[1] Por tanto, sus disposiciones serán exigibles a partir de marzo de
2024

[2] Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

[3] Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

[4]Tampoco cabe excluir la afiliación de personas a
este sistema especial del régimen general de la Seguridad Social
sin hallarse en situación de empleadas.

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Claves de 2023

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El año que concluye se ha caracterizado por la coincidencia de dos extraordinarias perturbaciones: un shock de incertidumbre a raíz de las tensiones geopolíticas exacerbadas tras la invasión de Ucrania y una escalada de los precios energéticos, en particular del gas, que no se veía desde la crisis del petróleo. El primero, de orden psicológico, ha empañado las expectativas, un factor crucial (aunque difícil de cuantificar) de las decisiones de inversión y consumo. Y el shock energético equivale a un empobrecimiento del país, que se puede estimar en más de 52.000 millones de euros —o el 4% del PIB—, lo nunca visto desde los años setenta. Esto es así porque la inflación en los bienes y servicios que compran las familias y las empresas ha superado el alza de los precios de producción de nuestra economía (el llamado efecto “relación real de intercambio”).

Ante semejantes sacudidas, la economía ha resistido mejor de lo anticipado. La tan temida tormenta no se produjo en otoño y los indicadores disponibles, si bien generalmente a la baja, muestran que el desplome del poder adquisitivo soportado por los hogares solo se ha trasladado parcialmente al consumo. Las empresas, por su parte, se han adaptado ahorrando energía y en algunos sectores los beneficios se han disparado.


Lo que pase de aquí en adelante depende sobre todo de tres factores. Uno, el grado de persistencia de ambos shocks, algo que parece apuntar en la buena dirección. Las incertidumbres persisten, pero los peores escenarios planteados a raíz del conflicto bélico parecen ahora menos verosímiles. Prueba de ello son los índices de confianza, que, si bien todavía en terreno negativo, registran una suave mejora. Asimismo, la perspectiva de un corte de suministro de gas durante el invierno es menos probable, a tenor de los mercados a plazo que anticipan una estabilización de los precios energéticos en torno a sus niveles actuales —si bien estos siguen siendo muy elevados y sujetos a una gran volatilidad—. El IPC de los productos energéticos ha retrocedido desde el verano hasta niveles próximos a los valores anteriores a la guerra.

En segundo lugar, mucho dependerá de los efectos de segunda ronda de los shocks. De momento estos no se aprecian en términos de salarios (el coste laboral por hora trabajada se incrementó un 2,3% en el tercer trimestre, seis décimas menos que en la media de la eurozona). Pero, entre tanto, la escalada de los precios se ha adentrado en el aparato productivo, con un porcentaje muy elevado de componentes del IPC que se encarecen a un ritmo superior al 6%. Además, como ha señalado el BCE en sus últimas previsiones, la supresión de algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos, como la subvención generalizada de los hidrocarburos, tendrá mecánicamente un efecto al alza sobre la inflación.

Otro efecto de segunda ronda que será determinante es el comportamiento del mercado laboral. Hasta ahora, el empleo ha actuado como dique de contención ante la ola contractiva. Se detectan cambios en la gestión de las plantillas que apuntan al mantenimiento de esa tendencia moderadora, pero esto es bajo el supuesto de que no se produzcan nuevos shocks.

Con todo, lo más relevante será el papel de la política monetaria, y de la fiscal, ante el desafío de aplacar la inflación sin afectar el crecimiento ni la estabilidad financiera. La tarea es especialmente compleja para el BCE, por la presión de los países del centro de Europa con un IPC en el doble dígito, que exigen una restricción monetaria más agresiva. Algo que no conviene necesariamente a España y Francia, con una inflación más contenida. La hacienda pública, por su parte, intenta repartir los costes de la inflación, facilitar la transición energética y digital, y a la vez emprender una senda de corrección de los desequilibrios. En suma, todo apunta a que la política económica recuperará su protagonismo en el nuevo año, tras la excepcional sucesión de shocks exógenos que han marcado nuestras vidas.

EURÍBOR | El euríbor a un año, principal referencia para las hipotecas a tipo variable, ha dejado atrás el terreno negativo en que se mantuvo en los últimos años, para subir desde el -0,5% en enero hasta valores superiores al 3% tras la última reunión del BCE. El incremento es menos pronunciado descontando el aumento de las remuneraciones: en términos reales (diferencia entre el tipo de interés nominal y el incremento de los salarios), el euríbor se sitúa en el 1%, frente a una media del -1,1% durante el periodo expansivo prepandemia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Aprender de los datos de empleo

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Nuevamente muy buenos datos de empleo en diciembre. Una racha de diez meses así, como nunca. Ahora toca mirar más allá. Parece casi un tópico lo de los “datos históricos” cada vez que sale una estadística llamativa. No obstante, no se puede examinar la información laboral como la bursátil. Esto no es un rally, es una serie encadenada de subidas de afiliación y bajadas de paro de las que hay que aprender. Por un lado, que la reacción tras lo peor de la pandemia ha sido positiva. Por otro, que algunos elementos de flexibilidad y protección aportados al sistema han funcionado. En todo caso, no podemos olvidar que España sigue teniendo tasas de desempleo comparativamente muy elevadas, casi embarazosas.

Alguno de los efectos deseados de reformas anteriores parece haber acontecido, en particular los ERTE. Eso sí, no son gratis ni eternos. Tienen también una ventaja cualitativa: ayudar a entender que el concepto de “flexibilidad” en el mercado de trabajo no tiene por qué tener siempre connotaciones negativas. En este momento, se debate una reforma que avanza en contrataciones más razonables y ataca bien algunos aspectos de la temporalidad. Se queda bastante corta, eso sí, en simplificación de contratos, entre otros aspectos. Afortunadamente, está lejos de ser una derogación efectiva de la reforma laboral anterior, aunque cambien varias cosas. En materia de descentralización en los convenios se da algún paso atrás, pero más en términos de salarios que de horas trabajadas o ajustes laborales más o menos transitorios.

La cuestión es qué cosas debemos aprender de los últimos tiempos de nuestro mercado de trabajo. Durante demasiados años hemos observado que es muy disfuncional, pero no se han querido tocar aspectos que le dieran más flexibilidad. Cuando se ha avanzado algo, se ha criticado y pensado en derogarlo más que en perfeccionarlo. Ahora se observa —como en otros ámbitos sensibles y esenciales, como las pensiones— que muchos aspectos son más técnicos que otra cosa y que la realidad empírica muestra cuestiones que funcionan (simplificar contratos, ajustar horas trabajadas en función de la actividad del sector, los propios ERTE). El propio mercado muestra cómo mejorar y qué estructuras de incentivos son las adecuadas. Abrir el debate y realizar cambios y “pruebas” parece mucho más útil que andar criticando en vacío.

Se observa también un notable desajuste entre creación de empleo y avance del PIB, aún no explicado suficientemente. En parte, se debe interpretar positivamente, en el sentido de que España necesita menos crecimiento del PIB para crear empleo que hace veinte años. Algo similar ya ocurrió en 2014-2015, justo tras la aprobación de la anterior reforma. Sin embargo, los datos no deben entenderse con complacencia y dar paso a la pasividad porque el mercado laboral español sigue estando muy afectado por la temporalidad y el desempleo juvenil. También por importantes desacoples entre formación y necesidades de productividad y transformación de la actividad económica. Asimismo, errores en otras políticas (educativa, científica) imponen barreras al mercado de trabajo que se prolongan por décadas. Sea como sea, celebremos los buenos datos de empleo. Que duren.

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La causa y el efecto

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Hasta hace unos años, la mayoría de los Premios Nobel de Economía tenían un claro perfil teórico y la inmensa mayoría de sus contribuciones tenían un fuerte componente matemático. Gracias a ellos fue creciendo la teoría microeconómica y macroeconómica. En cambio, en las dos últimas décadas, también se ha concedido a economistas empíricos y a aquellos que emplean los experimentos, la psicología, la sociología e incluso la ciencia política. Era lógico, la sociedad del fin del siglo XX y de lo que va de siglo XXI cada vez es más compleja y requiere de propuestas y soluciones que combinen rigor, una mayor completitud e interdisciplinariedad.

Los Nobel de este año van en esa dirección, con la concesión de la mitad del premio al canadiense David Card (Universidad de Berkeley) y de la otra mitad, ex aqueo, al estadounidense Joshua Angrist (MIT) y al holandés Guido Imbens (Universidad de Stanford). En palabras del Comité de los Nobel, “han revolucionado la investigación empírica en economía”. En particular, han clarificado cómo entender adecuadamente la relación “causa-efecto” en los estudios con datos. Asimismo, pero no menos importante, tienen notables y clarificadoras aportaciones en cuestiones controvertidas sobre los efectos del salario mínimo, la inmigración y el nivel educativo sobre el mercado de trabajo. En suma, los trabajos de los tres laureados este año son un ejemplo de que se puede responder a las preguntas que se hace la sociedad.

David Card contribuyó a entender mejor el impacto del salario mínimo sobre el empleo, una cuestión controvertida aún. Los estudios siempre han mostrado la relación negativa entre salario mínimo y empleo. Sin embargo, Card retó la visión convencional que apuntaba a una dirección solamente: los salarios mínimos tienen efectos negativos sobre el empleo. Según el recién Nobel, la relación contraria también podía ocurrir: cuando aumenta el desempleo, las empresas pueden estar en condiciones de fijar menores salarios, con lo que aumenta la presión social a favor de aumentar el sueldo mínimo. Su estudio experimental empleando datos de Nueva Jersey mostró la ausencia de efectos de la subida del salario mínimo sobre el nivel de empleo. Por otro lado, Card también demostró en otra investigación experimental aplicada a la ciudad de Miami, que la inmigración (que en su estudio provenía de los cubanos que huían del régimen de Castro) no afectaba negativamente a los niveles de ingresos de los trabajadores menos cualificados, desafiando la visión tradicional que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a sus salarios.

Por su parte, los otros dos premiados, Joshua Angrist y Guido Imbens han contribuido notablemente desde el ámbito metodológico a entender las “causas y efecto” en economía. Sus estudios ayudan a responder bajo qué condiciones un experimento natural puede utilizarse para mostrar los efectos de las decisiones de los individuos. Ellos, por ejemplo, retan la visión tradicional de que, a mayor nivel educativo, mejor salario en el futuro. En muchos casos, ellos demostraron con rigor que no en todos los casos es así y otros factores (ambición personal, capacidad de adaptarse al mercado laboral) pueden influir tanto o más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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