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Preocupaciones de la banca

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Ninguna actividad o sector económico lo está teniendo fácil con el coronavirus. Menos aquellos que ya afrontaban importantes amenazas antes de esta pesadilla sanitaria y económica. El sector bancario ha visto exacerbados sus desafíos en este periodo. Ha tenido que lidiar con una situación financiera delicada de las empresas. La actuación de los gobiernos, con una batería histórica de medidas —en España destacan los ERTE y los avales del ICO— ha ayudado notablemente a evitar insolvencias. Sin embargo, aunque la recuperación ya ha comenzado, muchas empresas no han vuelto a la normalidad. Hay que unir el impacto de los cuellos de botella en los suministros, la subida de la energía y la inflación. La subida de precios daña el poder adquisitivo de las familias, sus finanzas y la demanda interna. Aún no se ha reflejado ningún impacto significativo sobre la morosidad, pero no es descartable un incremento en los próximos trimestres, conforme se vayan retirando estímulos y moratorias. Es un velo que vuela sobre la realidad financiera de muchos agentes. Si crecen las insolvencias, la cuenta de resultados de la banca sufriría un nuevo revés, en un contexto de baja rentabilidad y penalización del valor de la acción.

Esos riesgos de corto plazo vienen a unirse a preocupaciones y desafíos que venían de lejos. La baja rentabilidad está ligada, entre otros factores, a una política monetaria con tipos de interés muy reducidos o negativos desde hace más de una década. Más aún en la eurozona, cuyos bancos parecen jugar con alguna desventaja por los menores márgenes con los que operan comparados con los de EE UU, por ejemplo. La salida de ese laberinto podría estar más cerca por las expectativas inflacionarias, aunque los temores a descarrilar la titubeante recuperación económica o a meter presión a la deuda soberana de algunos países podría postergar la subida de tipos en la eurozona.

«El sector bancario sigue disfrutando de ventajas por ofrecer una gama universal de productos y servicios y unas muy buenas prácticas en cumplimiento normativo. En particular, en protección de datos, algo que la sociedad valora cada vez más».

Santiago Carbó

Las operaciones corporativas —últimas fusiones del sector o la compra del Garanti por el BBVA— siguen siendo oportunidades interesantes. Si en los próximos años se culminara la Unión Bancaria Europea, las fusiones transfronterizas ganarían atractivo con consecuencias positivas para el redimensionamiento de la industria. Tampoco hay que descartar en el futuro fusiones o asociaciones con empresas tecnológicas, que pueden aportar mucho valor.

La competencia —a veces cooperación, también— de fintech y grandes tecnológicas, que comenzaron a ofrecer servicios financieros y de pago —contribuyendo a la reducción de márgenes—, han obligado a los bancos a responder asumiendo un cambio drástico en sus canales de distribución, sustituyendo oficinas por nuevas capacidades tecnológicas, aumentando su eficiencia. Es probable que el avance hacia un modelo de plataformas continúe. No obstante, al menos por un tiempo, será necesario un equilibrio entre sucursales y canales tecnológicos, para evitar exclusión financiera. El sector bancario sigue disfrutando de ventajas por ofrecer una gama universal de productos y servicios y unas muy buenas prácticas en cumplimiento normativo. En particular, en protección de datos, algo que la sociedad valora cada vez más.

Por último, los criptoactivos. Los bancos están teniendo dificultades para poder operar con ellos y ofrecerlos a sus clientes. Si hay un sector que sabe evaluar riesgos —y las cripto los tienen, sin duda— es el bancario. Nuevamente la regulación —uno de los sectores que experimenta un mayor coste de cumplimiento normativo— pone trabas a la entrada a esos negocios, aunque terminará ocurriendo con las cautelas necesarias. En este contexto, aparece disruptivamente el euro digital, que aún está en estudio y tardará en entrar en vigor. En su diseño, final, la moneda digital del BCE debería preservar el canal de intermediación crediticia basado en depósitos bancarios, tan importante para la financiación de empresas y personas. Ha demostrado ser el sistema que funciona en Europa.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos antídotos ante una recaída inminente

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El fuerte enfriamiento de la coyuntura, en paralelo a la curva de contagios de la covid, plantea un desafío inaudito para la política económica al que conviene responder sin esperar a la adopción de nuevos presupuestos ni a la llegada de fondos europeos. El consumo pierde fuelle, por el deterioro de la confianza de las familias ante unas perspectivas ensombrecidas, mientras que la inversión empresarial sufre un parón y los mercados de exportación se resienten de las restricciones a la movilidad y a la actividad que imponen nuestros socios comerciales ante la segunda ola. En Europa la recuperación parece haber tocado fin (el índice PMI de octubre pasa ligeramente por debajo del umbral de 50, por primera vez desde la primavera). Y en España, a la espera de conocer el dato, todo apunta a una contracción aún más severa.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: ICO y Ministerio de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

Ante el espectro de una recaída de la economía española en el tramo final del año, la respuesta no puede limitarse a las recetas que funcionaron en la primavera. Los avales de crédito para las empresas en dificultad han tocado techo, incluso en el devastado sector del turismo y la hostelería —el total de créditos a este sector se ha estancado en el entorno de 11.000 millones de euros—, prueba de que las empresas que están al borde de la insolvencia son reticentes a acrecentar su endeudamiento en un contexto tan incierto.

Una política de recapitalización de empresas viables parece más adecuada que la concesión de nuevos préstamos, como subraya el Banco de Pagos Internacionales, que alerta del riesgo de quiebras en cascada. Esta es una eventualidad que conllevaría una crisis financiera (conviene escuchar las recomendaciones de este organismo internacional, el único en anticipar el estallido de la burbuja financiera hace más de una década). También se trata de agilizar la reestructuración de los negocios inviables, un proceso que se antoja largo y costoso en nuestro país como lo reconoce el Gobierno.

Por otra parte, las cifras agregadas ocultan una disparidad acusada, de gran relevancia para la política económica. El sector de servicios es el que peor lo está pasando, como lo muestra el descenso del índice de actividad en el sector de servicios, un insólito -1,7% en pleno agosto, es decir un -15,3% interanual, cuando lo normal es que se incremente vigorosamente en plena temporada turística. La industria, que depende menos del contacto humano, logra mantener su expansión. Alemania e Italia, gracias al fuerte peso de la industria y su presencia en el mercado chino, el único con una recuperación en “v”, aguantan mejor que España y Francia.

«Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios».

Raymond Torres

Además, existe una gran heterogeneidad dentro del sector de servicios. Repuntan los que se benefician del comercio electrónico o que pueden funcionar recurriendo al teletrabajo. Los servicios profesionales, o las actividades administrativas digitalizadas y de investigación, por ejemplo, presentan índices significativamente mejores que la hostelería o el transporte. Conviene, por tanto, facilitar la expansión del crédito y la movilidad laboral hacia estos sectores de servicios y de industria manufacturera que podrían convertirse en el principal pulmón de la economía.

Asimismo, si bien un repunte de los expedientes de regulación temporal de empleo es probable, el carácter por definición transitorio del dispositivo no es el adecuado para una crisis que amenaza con prolongarse. Esta es la gran oportunidad para la formación y el reciclaje de personas en paro de larga duración, o en riesgo de perder el puesto de trabajo como consecuencia de las transformaciones de la economía. Aquí también conviene innovar, aprovechando el potencial de acceso al conocimiento que ofrecen las nuevas tecnologías.

La nueva normalidad se está caracterizando por la sucesión de olas de contagios y una incertidumbre exacerbada. Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española, entre la crisis y la salvación

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Los atisbos de recuperación que habían surgido
tras el periodo de confinamiento se están afianzando. La actividad industrial
rebota con más intensidad de lo previsto, según el principal indicador de
coyuntura para junio (índice PMI de compra de empresas). También se percibe una
notable mejoría en los servicios, algo sorprendente ya que se trata del sector
más castigado por las medidas de restricción de actividad y de movilidad.

Gráfico 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA REPUNTA TRAS EL CONFINAMIENTO CON MÁS INTENSIDAD QUE LA MEDIA EUROPEA

Fuente: Markits Economics.

Además, el mercado laboral juega por primera vez un papel estabilizador, en lugar de magnificar el desplome de la economía con ajustes masivos de plantilla como sucedió en la anterior crisis, o en la recesión de los años 90. La afiliación a la Seguridad Social aumentó el mes pasado en cerca de 30.000 personas, con datos desestacionalizados, cerca del doble de lo previsto por Funcas. Y casi un millón y medio de personas que estaban en un ERTE se han incorporado plenamente a la actividad durante mayo y junio.

Estas son señales alentadoras de vida que, sin
embargo, no deben servir para echar las campanas al vuelo, porque se producen
desde los niveles de hibernación registrados en el cénit de la pandemia. Con
toda probabilidad, el PIB habrá registrado en el
segundo trimestre el mayor descenso desde que existen datos
comparables. Esto explica que solo se ha recuperado el 20% de la afiliación
perdida durante las semanas más duras de reclusión (el doble si se tiene en
cuenta el efecto ERTE).

El camino, por tanto, será largo. Y desigual,
porque si bien una parte de la economía repunta, la otra se enfrenta al riesgo
de insolvencia, si no ha quebrado ya. Se quedan en la cuneta muchas personas
(todas aquellas que no entran en una política de empleo y se ven abocadas al paro
de larga duración) y las empresas que o bien han echado el cierre, o bien están
entrando en concurso de acreedores. A más situaciones de insolvencia, menor la
capacidad de recuperación de la economía.

«Un aumento prematuro de impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto directo sobre la demanda, y sobre las expectativas. El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples realidades».

Raymond Torres

La doble cara del repunte de actividad justifica,
por tanto, una respuesta calibrada de la política económica. En primer lugar,
para limitar el riesgo de insolvencia de buena parte del tejido productivo, se
trata de prolongar las líneas de crédito ICO y los
ERTE, reforzando los criterios de acceso ahora que las
administraciones responsables tienen más capacidad de gestión. Las recientes
decisiones del Gobierno van en esa dirección, aunque todavía falta especificar
cómo se ayudará a las personas que no están amparadas por los actuales
dispositivos de empleo. Otra tarea pendiente es facilitar el acceso de las
pymes a las medidas de apoyo a la liquidez. La creación de un fondo de rescate
dotado de 10.000 millones para empresas estratégicas también parece una
iniciativa acertada ante el riesgo de insolvencia de proyectos industriales
vitales para el país.

En segundo lugar, en cuanto a los sectores mejor posicionados (una parte de la industria y de la construcción, servicios que teletrabajan, sector primario), la tarea es afianzar la recuperación con estímulos a la inversión. Por lo menos hasta que se produzca una dinámica auto-entretenida, con incrementos de la demanda privada y del empleo que reviertan automáticamente sobre la actividad sin necesidad de ayuda pública. La actual debilidad del consumo familiar y de la inversión empresarial muestra que ese horizonte es incierto, eso sin contar con un rebrote temible del virus.

El anuncio de un programa de ayudas a la
inversión para la digitalización y la transición verde es coherente con ese
objetivo, y con el futuro plan europeo. A la inversa, un aumento prematuro de
impuestos podría comprometer la dinámica de la recuperación, por su impacto
directo sobre la demanda, y sobre las expectativas.

El endeudamiento seguirá siendo, de momento, el
principal recurso para hacer frente a una crisis que reviste múltiples
realidades. Por ello, habrá que acertar en el diseño de los nuevos planes de
ayuda. De modo que todo euro invertido abone el terreno de una recuperación
sostenible.

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