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La escasez de agua: conciencia y preocupación social no bastan

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La escasez de agua ocupa un lugar prioritario en la conciencia ambiental de la sociedad española. De acuerdo con los datos de la Encuesta Social General Española de 2023, casi cuatro de cada diez (37%) residentes en España mayores de edad identifican la escasez de agua como el problema medioambiental más importante del país, proporción que aventaja claramente a la de quienes, ante la misma pregunta, responden “el cambio climático” (28%). La preocupación por la escasez del agua se halla más extendida en los municipios pequeños (de hasta 10.000 habitantes), donde el 40% de los residentes la identifican como el problema medioambiental más importante. Esta proporción cae a aproximadamente un tercio entre los municipios de más de 100.000 habitantes(gráfico 1).


No extrañan estos niveles considerablemente altos de preocupación social por el agua, habida cuenta de que España aparece entre los países europeos que sufren peores condiciones estacionales para el consumo de este bien público (gráfico 2). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 70% de la población de la Europa meridional vive en áreas que experimentan estrés hídrico estacional durante el verano, período crítico en el que la demanda de agua para la agricultura, el suministro público y el turismo elevan el consumo. Pero, además, en el sur de Europa este problema dista de ser coyuntural: el 30% de la población de estos países vive en áreas con estrés hídrico permanente.


Aunque en gran medida los factores naturales, como el clima y la geografía, determinan la gravedad del problema de escasez de agua, la idea de que el agua puede y debe gestionarse y consumirse más eficientemente ha ido calando en la conciencia social. Ahora bien, las preferencias sociales parecen centrarse más en el aumento de la oferta que en la racionalización y reducción de la demanda. En efecto, en una encuesta financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que realizó en 2022 el Observatorio Ciudadano de la Sequía, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento del agua del mar contaron con el mayor respaldo de los entrevistados cuando se les preguntó por las dos medidas más importantes para mejorar la gestión del agua. La mejora de la eficiencia de las redes o el ahorro de agua en los hogares suscitaron un respaldo notablemente menor. En cuanto a las medidas que menos apoyo y más rechazo provocaron, una destaca sobre cualquier otra: el aumento del precio del agua (gráfico 3).


Más allá de medidas concretas, parece prevalecer  un consenso considerable sobre la importancia de la gobernanza del agua, que la OCDE[1] define como el “abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se adoptan e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, al tiempo que los decisores rinden cuentas por su gestión del agua”. Implica, por tanto, a diferentes niveles de gobierno, pero también a la sociedad civil y el sector privado. En el caso español, la complejidad de las estructuras institucionales para la planificación y gestión del agua en el ámbito estatal, autonómico, local y de cuenca hidrológica dificulta la comprensión de cómo se desarrolla concretamente la gobernanza del agua.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre la escasez del agua disponible para el consumo humano, las desigualdades que provoca su disponibilidad y los problemas de gestión de un recurso tan importante para la economía y el bienestar social probablemente ayudaría a que la población, además de expresar su preocupación por este tema en las encuestas, actuara consecuentemente con ella. No se trata solo de consumir de manera consciente y responsable el agua, sino también de requerir de los poderes públicos actuaciones destinadas a mejorar la provisión y la gestión del agua en todos los sectores y ámbitos y, en consecuencia, a atenuar las inquietudes que genera el futuro del agua. Estas son demandas que plantean la comunidad científica y las organizaciones agrarias, de consumidores y ecologistas, en quienes la sociedad deposita más confianza “para ofrecer soluciones a los problemas del agua y su escasez” (gráfico 4). El respaldo explícito de la sociedad es el factor que más puede contribuir a reforzar esas demandas.  


[1] OECD
(2018), Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices, Oficina de publicaciones de la OCDE, París

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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Continúa el aumento de la inmigración en España

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La inmigración juega un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de atracción de estas sociedades, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social.

Desde principios de siglo España ha destacado como uno de los países europeos que más inmigración ha recibido. A 1 de enero de 2024, los datos de la Estadística Continua de Población revelan que la población nacida en el extranjero representaba el 18,1 % de los residentes en España, un punto porcentual más que en 2023 (Gráfico 1). Este aumento, hasta un máximo histórico de 8,8 millones de personas, es el resultado de una tendencia ascendente constante durante las dos últimas décadas. La población nacida en el extranjero solo experimentó un ligero descenso durante la Gran Recesión —menos de un punto porcentual (del 13,5 % en enero de 2011 al 12,7 % en julio de 2014)— así como una breve pausa en su expansión durante la pandemia. Estas tendencias no solo reflejan cambios demográficos, sino que también marcan el potencial estructural de España para atraer migración.

En el contexto de la Unión Europea, la proporción de población nacida en el extranjero en España parece bastante elevada. Según datos de Eurostat, en 2023 este porcentaje ascendía al 13,3 % de la población de la Unión Europea (Gráfico 2). España, con un 17,1 % de residentes nacidos en el extranjero en 2023, sólo se sitúa por detrás de países con una larga tradición de acogida de inmigrantes, como Suecia (20,4 %) y Alemania (19,5 %) y presenta una cifra significativamente superior a la de Francia (13,1 %). Aunque Portugal registra una proporción similar (16,1 %), otros países del sur de Europa como Grecia (11,3 %) e Italia (10,9 %) muestran porcentajes claramente inferiores.

La composición por edades de la población nacida en el extranjero es crucial en relación con la preocupación por el déficit de mano de obra. España es uno de los países europeos con una mayor proporción de inmigrantes de entre 25 y 44 años: representan el 42% de todos los nacidos en el extranjero (Gráfico 3). Esta cifra es claramente superior a la media europea —del 37 %— aunque inferior a la de Dinamarca (44 %), la República Checa (46 %) y Finlandia (49 %). Cabe señalar que, en España, tres de cada diez personas en este grupo de edad han nacido en el extranjero (Gráfico 4).

Por otro lado, la proporción de residentes nacidos en el extranjero varía mucho entre comunidades autónomas. En 2024 los porcentaje más elevados se encuentran en las Islas Baleares (27 %), seguidas de Cataluña y Madrid (24 %), Melilla (23 %) y la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (22 %) (Gráfico 5). Por el contrario, Extremadura (6 %), Asturias (10 %), Castilla y León y Galicia (11 %) presentan los porcentajes más bajos. En las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de estos inmigrantes se encuentran en el grupo de edad de 25 a 44 años. Ahondando en esta disparidad regional, algunas de las comunidades con una proporción bastante baja de inmigrantes nacidos en el extranjero de entre 25 a 44 años, como Canarias, Valencia y Andalucía también registran una mayor proporción de inmigrantes de 65 años o más (Gráfico 6).

Esta entrada forma parte de la edición de marzo de 2024 de Focus in Spanish Society.

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¿Cambio de prioridades económicas en la UE?

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Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán del jueves 6 al domingo 9 de junio a lo largo de la Unión Europea. Son cada cinco años y sirven de punto de inflexión en las prioridades y agenda de la UE. No es que se vaya a poner la casa “patas arriba”, pero con una renovada composición del poder legislativo y los posteriores cambios en la Comisión Europea, muchas de las políticas suelen tomar nuevo rumbo. Todo dependerá de las nuevas mayorías que se conformen. Entre los elementos que pueden sufrir cambios significativos se encuentran los económicos y financieros.

En primer lugar, parece claro que el futuro de la denominada “Agenda Verde” puede ser el principal tema económico de la campaña electoral. Las protestas de todo el campo europeo en las últimas semanas han sido la espoleta que aboca a un profundo debate. Ya se había acumulado en los últimos años evidencia que mostraba que los estándares medioambientales más duros y el mayor ritmo de logro de objetivos de sostenibilidad en Europa que en otras latitudes parecen estar minando la competitividad europea. Sería un error abandonar una “agenda sostenible”, es inevitable, aunque otros países muy relevantes estén flaqueando en su consecución —allá ellos—, si queremos evitar males mayores. En todo caso, el grado de desaprobación de (buena) parte de la sociedad europea al ritmo de consecución de objetivos medioambientales se medirá en las elecciones. No se puede descartar que se flexibilice la agenda sostenible significativamente para evitar un rechazo más generalizado de consecuencias imprevisibles.

Un segundo asunto del que se habla mucho últimamente es la necesidad de aumentar notablemente el presupuesto en defensa. Tiene claras implicaciones sobre el gasto público. Gane quien gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos —más si es Trump, aunque también acontecería con Biden—, y ante las crecientes amenazas existentes en el Viejo Continente, el mensaje es claro: Europa debe reforzar notablemente sus capacidades de defensa con sus propios recursos. Los fondos necesarios serían elevados, y pasaría a ser una prioridad presupuestaria que limitaría otras políticas.  Si esa respuesta se haría de modo coordinada dentro de la UE está por ver, aunque tendría mucho sentido en un contexto de integración.

Por último, hay muchos proyectos en marcha que culminarán en la próxima legislatura europea y que, al ser más técnicos, pueden quedar bajo del radar de la pugna política encarnizada. Un ejemplo es el proyecto del euro digital, impulsado por el BCE y la Comisión Europea, que irá quemando etapas en los próximos años hasta que finalmente se decida si se crea, algo probable pero pendiente de estipular. Le quedaría aún la prueba más dura, el test de la adopción por parte de la población europea que ya tiene soluciones privadas eficientes de pagos y que, según se lleve a la práctica, puede presentar dudas sobre la privacidad que se pierde con su uso. Algunos grandes proyectos europeos impulsados políticamente no siempre son respaldados por el gran público, algo que nuevamente podríamos comprobar en las elecciones de junio.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Sostenibilidad fiscal vs recortes

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La trayectoria reciente
de la deuda pública es reveladora de los principales factores que sustentan la
sostenibilidad de las finanzas públicas. El endeudamiento de las
administraciones se ha reducido en 3,9 puntos de PIB en el último año (y más de
12 puntos desde el cénit alcanzado tras el estallido de la pandemia). Este es un
resultado positivo en comparación con otras grandes economías europeas: Bélgica
y Francia, por ejemplo, aun partiendo de un desequilibrio menos pronunciado que
el nuestro, apenas han avanzado de modo que hoy por hoy se encuentran en peor
posición. Aparentemente el ritmo de contención de los pasivos sería también
coherente con las nuevas reglas fiscales europeas, que obligan a una reducción
anual de un punto porcentual de PIB.


La tendencia subyacente es, sin embargo, más compleja. En primer lugar, si la deuda reduce su peso en relación al tamaño de economía es en buena parte por el efecto de la inflación. Es decir, la deuda sigue escalando en euros, pero la subida de los precios erosiona su valor en términos reales. Así pues, con una inflación del 2% (en vez del 5,9% registrado el año pasado en términos de deflactor del PIB), la ratio de deuda sobre PIB solo se hubiera reducido en dos puntos porcentuales. Así que la inflación explica la mitad de la mejora observada, una circunstancia probablemente irrepetible en años venideros.

Otro factor ha sido el
crecimiento económico: un sólido 2,5% que contrasta con el estancamiento de las
economías centroeuropeas, y contribuye a explicar el descenso del peso de la
deuda pública (por su efecto favorable sobre la recaudación y el gasto, y por la
elevación del denominador de la ratio deuda sobre PIB). El crecimiento
tendencial de la economía española es, sin embargo, inferior al registrado el
año pasado. Bajo la hipótesis de una cierta recuperación de la productividad, y
de un incremento sostenido de la fuerza laboral, algo que supone la integración
de un volumen importante de mano de obra extranjera para compensar nuestro
declive demográfico, el crecimiento podría alcanzar tal vez una media anual del
2% en los próximos años.

Con todo, la deuda solo es sostenible si se reduce el déficit público, y siempre que el esfuerzo no perjudique el crecimiento potencial de la economía. Esta doble condición puede plantear dilemas, como en el caso de la inversión pública. Por ejemplo, la descarbonización del tejido productivo y las medidas de adaptación frente al cambio climático son cruciales para preservar nuestros recursos naturales de los cuales dependen sectores clave como el turismo o la agricultura, y por ende el crecimiento económico. Se trata por tanto de una inversión, con una repercusión a corto plazo en la hacienda pública que conviene acomodar. Preocupa que Alemania esté privilegiando el recorte del déficit a contracorriente de las necesidades de inversión de su economía, con el riesgo de retrasar la recuperación y acelerar la pérdida de competitividad de la industria.        

El objetivo debe ser la
sostenibilidad de la deuda, y no necesariamente su reducción como tal ya que el
mix de medidas es vital. Las nuevas reglas fiscales otorgan flexibilidad
a este respecto, al tiempo que permiten modular los objetivos en función del
esfuerzo inversor y reformista durante un periodo de hasta siete años. Esto no
nos exime de emprender, a partir de este mismo ejercicio, una senda de
corrección con resultados tangibles. Las estimaciones basadas en los datos
disponibles de ejecución apuntan a que sería necesario un ajuste cercano a
15.000 millones de euros, aproximándose al equilibrio del agujero
presupuestario fuera de intereses durante un periodo razonable. El escenario es
factible en el contexto actual de crecimiento vigoroso, relativa calma en los
mercados, y con un volumen ingente de fondos europeos todavía por ejecutar.

COSTE DE LA DEUDA| La perspectiva de reducción de tipos de interés por parte del BCE se está trasladando a los mercados de deuda. En enero, el Tesoro emitió bonos con vencimiento a 10 años a un tipo de interés cercano al 3,3%, frente al 4% del otoño pasado. Aun así, el coste de la deuda de nueva emisión supera el de la que vence, algo que tiende a elevar los costes de financiación del Estado. Por ejemplo, el tipo de interés de los bonos a 10 años emitidos en 2014 alcanzó el 2,9%.

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El lento ritmo de descenso del abandono escolar pone en entredicho el objetivo europeo del 9% en 2030

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La tasa de abandono es la media de 4 trimestres del año del porcentaje de población entre 18-24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y, que, no habiendo titulado en estos tres niveles educativos, no ha realizado un curso de formación en las últimas cuatro semanas. Los datos oficiales del Ministerio de Educación, FP y Deportes hechos públicos el lunes 29 de enero muestran que la tasa de abandono en España en 2023 ha disminuido desde el 13,9% de 2022 al 13,6% de 2023. Aunque aún no se conocen los datos de la UE para este año, si nos basamos en la información de 2022, parece que España va a continuar siendo el segundo país comunitario con más jóvenes que no continúan sus estudios, tan solo mejor que Rumanía y a cierta distancia del antepenúltimo Hungría. La media de la UE-27 en 2022 fue del 9,6%. La tasa de abandono del 13,6% en España en 2023 nos sitúa aún lejos del objetivo de la UE en Educación y Formación (Education and Training Monitor Report de la UE) para 2030 de situarse en el 9%. Con un ritmo de disminución de 3 décimas no parece que nuestro país vaya a poder situarse en ese umbral dentro de 7 años.  


El gráfico 2 muestra las tasas de abandono temprano en la educación por comunidades autónomas. Hay una gran heterogeneidad en el abandono, con Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%) o Galicia (8,8%) ya con registros por debajo del objetivo de la UE para 2030 del 9,0%. En todas las CC. AA., el abandono temprano de la educación es más bajo entre las mujeres que entre los hombres, en algunos casos incluso la mitad, como en Navarra (3,8% por 9,0%) o La Rioja (3,9% por 14,5%). 


En cualquier caso, es interesante comprobar que la diferencia en la tasa de abandono entre hombres y mujeres se ha reducido considerablemente en los últimos años en España. En 2002 la diferencia entre la tasa masculina (37,2%) y femenina (24,3%) era de 12,9 puntos porcentuales. Ahora, en 2023, después de 3 años consecutivos de mejor comportamiento relativo de los hombres, esa diferencia se ha reducido a 4,5 puntos porcentuales. Incluso en términos porcentuales, los 12,9 puntos de distancia en 2002 eran un 42% de la tasa de abandono en España ese año (30,9%) mientras que los 4,5 puntos porcentuales de diferencia en 2023 son el 33% de la tasa de abandono del 13,6%. Y es que a medida que se baja la tasa de abandono más difícil es lograr reducirla, como muestra el caso de las mujeres que parten de niveles de abandono inferiores a los hombres, por lo que resultado más complicado disminuirla más. Lo mismo ocurre entre las comunidades de Navarra y País Vasco, que tenían tasas de abandono más bajas en 2022 (5,7% y 5,6% respectivamente) que en 2023 (6,3% y 6,4%)

La resistencia a bajar el abandono cuando se van teniendo tasas más bajas va a requerir nuevas medidas educativas. Con la pandemia, los indicadores educativos de promociones mejoraron mucho y esa inercia inicial se ha perdido. Una potente oferta educativa podría evitar que estudiantes que, de no haber sido por la pandemia habrían dejado los estudios, los abandonen un poco más tarde. Es posible que los jóvenes a los que en mayor medida les afecta la tasa de abandono sean ya de colectivos de características singulares a los que sea más difícil llegar y a los que habrá que ayudar con medidas muy bien dirigidas, bien analizadas y evaluadas de forma constante. El miércoles 31 de enero dedicamos una jornada virtual a evaluar posibles medidas educativas que España podría llevar a cabo para disminuir la tasa de abandono. Pueden ver el acto tanto en directo como una vez terminado, en el canal de YouTube de Funcas.

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Por el mundo digital con la guardia baja

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Millones de personas transmiten diariamente datos personales, laborales y financieros a través de Internet. Gestionarlos de forma adecuada es esencial para salvaguardar la privacidad personal, prevenir el acceso y uso no autorizado de información sensible y proteger contra el robo de identidad y los fraudes. Reconociendo el derecho fundamental de las personas a la protección en relación con el tratamiento de sus datos personales, las instituciones europeas y nacionales han elaborado en los últimos años una densa estructura normativa para hacerlo efectivo. Por su parte, numerosas organizaciones y empresas promueven la participación en programas y cursos de ciberseguridad para concienciar a los usuarios de Internet sobre la importancia de la autoprotección. Sin embargo, las estadísticas disponibles indican que, en general, navegamos por Internet con la guardia baja.

En efecto, las Encuestas sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en Hogares realizadas en 2023 en los países de la Unión Europea reflejan niveles moderados o deficientes de medidas de protección, si bien se aprecian notables diferencias internacionales. Por ejemplo, en España, un 38 % de los internautas han modificado alguna vez la configuración de sus navegadores para restringir las cookies, cifra cercana a la media europea pero muy alejada de las que muestran Finlandia (66 %) o Países Bajos (56 %) (gráfico 1). En el mismo sentido apunta la menor frecuencia con la que los encuestados españoles afirman llevar a cabo prácticas tales como la instalación de software para limitar el rastreo en línea (un 17 %, tres puntos porcentuales (pp) por debajo de la media europea), una prudencia también menos frecuente en el resto de países del Sur y Este de Europa.


Otros indicadores ponen asimismo de manifiesto ese comportamiento excesivamente confiado de los internautas españoles. Así, según datos recogidos en 2020 por esa misma encuesta (no disponibles en la edición de 2023), más de la mitad de los encuestados en España (54 %) carecía de un sistema de seguridad en sus teléfonos móviles inteligentes o ignoraba tenerlo, frente al 37 % de la media europea. Además, un 34 % nunca había restringido el acceso de las aplicaciones a los datos de sus dispositivos o desconocía la posibilidad de hacerlo, cifra que superaba en 7 pp a la de la media europea (gráfico 2).


No obstante, en otras facetas, los españoles manifestaron una mayor cautela en la gestión directa de datos personales: en 2023 un 41 % afirmó leer las políticas de privacidad antes de proporcionar datos personales; un 63 %, haber restringido el acceso a su ubicación, y un 72 %, haberse negado en alguna ocasión al uso de sus datos para publicidad, cifras todas ellas superiores a las correspondientes a la media europea (gráfico 3).


La encuesta también refleja la existencia de diferencias sociodemográficas en estos comportamientos. Los mayores, las mujeres y las personas con menor nivel educativo se posicionan como los grupos más vulnerables por su menor precaución en la protección de sus datos. Ya sea por falta de habilidades tecnológicas o por desconocimiento de la importancia de proteger esta información personal, en general, las mujeres muestran menos prudencia en la protección de datos que los hombres de sus mismas edades, especialmente en cuanto a actividades algo más exigentes técnicamente, como la instalación de software (gráfico 4). La edad influye en el sentido esperado (los internautas mayores protegen menos la privacidad de sus datos), si bien la relación no es lineal: los entrevistados más jóvenes (de 16 a 24 años) se protegen menos que los que cuentan entre 25 y 34 años. También el nivel educativo marca diferencias en estas conductas. No llega a un tercio la proporción de internautas con educación secundaria o menos que ha configurado su navegador para limitar el seguimiento de cookies, mientras que esta cifra supera el 50 % entre quienes han completado estudios universitarios (gráfico 5).


Lo cierto es que los usuarios, aunque estén acostumbrados al uso cotidiano de la tecnología, muy a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para comprender los riesgos a los que están expuestos sus datos en el entorno digital y subestiman la importancia de su protección. Sus intereses han de conjugarse con los de las empresas, que se encuentran ante el dilema de aprovechar el uso de los datos de sus usuarios como oportunidad de negocio o adoptar una estrategia de diferenciación de marca basada en una mayor protección de datos. Estas tensiones se refuerzan con el auge de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes volúmenes de datos. Pero, además, los reguladores no solo actúan como árbitros, sino que también son parte interesada dado el potencial aprovechamiento del acceso a los datos de los ciudadanos, cuya exposición se incrementa a medida que las diferentes esferas de la vida se trasladan, cada vez más y de más variadas formas, al entorno digital.

En definitiva, la protección de los datos queda a menudo comprometida en un sinfín de decisiones que realizamos cotidianamente en nuestras actividades online. Utilizamos navegadores sin ser conscientes de que ofrecen distintos niveles de seguridad, privacidad y protección contra el rastreo online; entramos en páginas web con diferentes niveles de seguridad, descargamos aplicaciones móviles, servicios de mensajería y plataformas de redes sociales, cada uno con sus propios protocolos y políticas de privacidad, que incluyen, en ocasiones, la venta de datos de los usuarios. Todo ello abona una sensación de complejidad y entropía que conduce a menudo a reducir las cautelas. No es sencillo regular la protección de datos de manera que proteja a todos los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad o conciencia tecnológica, sin debilitar la inversión en innovación tecnológica ni frenar su avance en esa carrera internacional tan competitiva. Pero todos los esfuerzos por diseñar normativas que concilien esos intereses individuales, corporativos, políticos y administrativos en el manejo de datos personales resultarán de eficacia muy limitada si nos movemos por el mundo digital sin conciencia de los riesgos ni protección suficiente ante ellos. Insistir en este mensaje es probablemente una de las mejores formas de celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos.

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a-la-espera-del-informe-de-draghi-sobre-la-competitividad-europea

A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El déficit de equipamiento del tejido productivo

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Las proyecciones del FMI confirman el buen desempeño de la economía española en relación a los otros grandes países europeos, pero algunas tendencias deberían incitar a la cautela.

Nuestro PIB es uno de los que más crece, y ese diferencial favorable debería mantenerse a corto plazo, pese a la nueva fase de endurecimiento monetario que se vaticina, con tipos de interés más altos por más tiempo. No está mal, en un entorno marcado por grandes incertidumbres energéticas y geopolíticas. España no figura entre las principales víctimas de las perturbaciones globales, quebrando una maldición que parecía inexorable y que contribuye a explicar la importante brecha de bienestar que persiste frente a las economías más avanzadas (el PIB per cápita se sitúa todavía un 15% por debajo de la media comunitaria, evidenciando una divergencia desde principios de siglo).

Estos resultados, sin embargo, no son sostenibles a falta de un mayor esfuerzo inversor. El diagnóstico difiere de tiempos pasados, cuando la inversión se expandía al calor de la burbuja, la principal limitación procediendo de la debilidad un sector exterior pequeño y poco competitivo. Por el contrario, en la actual fase expansiva las exportaciones crecen a un ritmo sorprendente, de modo que España es la única de las grandes potencias europeas que ha mejorado su superávit externo en relación a la situación prepandemia, según las proyecciones del Fondo. La reconfiguración de la globalización y la búsqueda de seguridad en las relaciones comerciales parecen estar beneficiando a nuestras empresas, sobre todo en los sectores de servicios no turísticos. Los intercambios con el resto de la UE arrojan un superávit creciente (en el primer semestre, el saldo superó los 40.000 millones de euros, más del doble de la media del primer semestre del periodo 2017-2019). Alemania reduce su excedente, mientras que Francia e Italia ahondan el déficit con el resto de socios comunitarios. 


La inversión es clave para insuflar un impulso exterior sostenido y afrontar la transición ecológica y digital. Pero de momento no despega tanto como cabría esperar. El gasto de las empresas en equipamiento se sitúa todavía por debajo de los niveles prepandemia. La inversión total dista también del esfuerzo realizado por la mayoría de países vecinos, alcanzando poco más del 20% del PIB, dos puntos por debajo de la media europea. Alemania invierte el 23% y Francia el 25%. Incluso la maltrecha economía italiana dedica más gasto al equipamiento de su tejido productivo. 

Se esperaba un mayor dinamismo habida cuenta de la acumulación de beneficios tras el golpe de la pandemia, la inyección de fondos europeos y la entrada de fuertes dosis de capital extranjero, factor que evidencia que la percepción desde fuera es de un cierto optimismo con respecto a las facultades de desarrollo del país. Pero las corporaciones españolas han optado por utilizar una parte de los beneficios no solo para repartir dividendos sino también para reducir los pasivos, en vez de reforzar la inversión. Así se desprende de las cuentas financieras, que apuntan a una contracción de la deuda empresarial en cerca de 40.000 millones de euros durante el último año y medio. Un esfuerzo colosal que recorta la ratio deuda/PIB hasta el 66,6%, mínimo de las dos últimas décadas. Sin duda, el trauma de la crisis financiera —además de los ajustes monetarios— explica un comportamiento tan cauteloso.

El FMI anticipa un fuerte repunte de la inversión en los próximos años, lo que implícitamente equivale a un cambio radical de tendencia con respecto a la pauta de desendeudamiento defensivo de la última década. No será fácil que un pronóstico tan esperanzador se cumpla, cuando las expectativas de tipos de interés elevados se están afianzando y un nuevo shock a raíz del conflicto entre Israel y Palestina no es descartable. Mucho dependerá del potencial de movilización de los fondos europeos, del mantenimiento de un diálogo social proclive a la estabilidad y de la efectividad de las reformas en curso o venideras.

IPC | Pese al repunte del IPC en los últimos meses, la desescalada se afianza para la mayoría de precios. De las 199 parcelas que componen el índice, 56 tenían en septiembre una inflación inferior al objetivo del BCE del 2%, frente a 52 en agosto y 34 a inicios de año. A la inversa, se incrementa el número de componentes del IPC con tasas de crecimiento superiores al 6%: en septiembre eran 73, una menos que en agosto y 27 menos que en enero. Salvo nuevo shock energético, la desinflación debería ganar terreno. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Competencia global por el talento

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Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

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