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Base para reducir la brecha de género

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El Nobel de Economía anunciado este lunes para a la neoyorquina Claudia Goldin, catedrática desde 1989 en Harvard, está lleno de significado. Se lo conceden, según el jurado de la Academia de Ciencias sueca “por haber contribuido a mejorar nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral”. Queda mucho por hacer en materia de brecha de género en el mercado laboral pero este reconocimiento es un paso más en materia de igualdad entre sexos. Goldin nunca pensó originariamente en sus estudios como herramientas para acometer acciones públicas, pero han servido para poner el foco —y de qué manera— en los fuertes desequilibrios en las retribuciones laborales, sus factores explicativos y las barreras que persisten. Su contribución científica ha dado lugar a “enormes implicaciones sociales” tal y como señaló el jurado sueco.

No solo importa que Goldin obtenga un galardón tan importante. Que sea en solitario es muy llamativo, significativo. A mi entender, un reconocimiento a la importancia de sus análisis y, en este mundo tan convulso, visibiliza aún más, la trascendencia de la brecha y lo mucho que queda por hacer. La historia de los Premios Nobel de Economía son un buen ejemplo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Goldin es la tercera que lo recibe, tras Elinor Ostrom in 2009 y Esther Duflo en 2019, pero es la primera en solitario. Su excelente carrera académica ya le llevó a ser la primera mujer catedrática en el departamento de Economía de Harvard en 1989, por tanto, no hace mucho tiempo.

Los estudios de Goldin abarcan una amplia variedad de temas, como la población activa femenina, la desigualdad de ingresos, (brecha de género) y lo efectos sobre todo ello del cambio tecnológico, la educación y la inmigración. En 2021 publicó su conocido libro “Carrera y familia: El centenario viaje de las mujeres” (Career & Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity), que ofrece un muy buen panorama de lo costoso que han sido los avances en materia laboral para las mujeres, con una perspectiva histórica y analítica privilegiada. Uno de sus hallazgos más interesantes es que la participación de la mujer en el mercado de trabajo no ha aumentado sistemáticamente en los últimos 200 años, como se podría haber esperado con el crecimiento y progreso económico.

De hecho, a lo largo del siglo XIX bajó esa cuota ya que la industrialización hizo más difícil combinar familia y trabajo y solo en los siglos XX y XXI se ha logrado un aumento permanente aunque lento de la participación femenina. No todo fue bueno en el siglo XX ya que, Goldin demuestra, que la discriminación salarial aumentó en ese periodo. Asimismo, en el caso de las mujeres, hasta hace unas pocas décadas. Las decisiones sobre su educación superior tenían más restricciones iniciales y eso reducía sus posibilidades de promoción o de ingresos. Por último, la premiada encontró una relación positiva entre la introducción de los métodos anticonceptivos y una mejor planificación e inversión de las mujeres en sus carreras. Sin duda, sus trabajos son toda una fuente de conocimiento e inclusión social.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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voces-multiples,-diversas-y-merecedoras-de-atenta-escucha

Voces múltiples, diversas y merecedoras de atenta escucha

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El profesorado de enseñanzas no universitarias de régimen general en España, constituido en el curso 2022-2023 por 770.000 hombres y mujeres (según el avance de datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional), es tan numeroso y variado que desaconseja cualquier generalización.  Y, sin embargo, parece que en la opinión pública se ha instalado la imagen de un colectivo que, a lo largo de las últimas décadas, ha asistido a un progresivo deterioro de su entorno de trabajo. Se escucha a menudo que a los profesores les cuesta mantener la autoridad en el aula; que sus actuaciones docentes y disciplinarias las cuestionan multitud de madres y padres, alineados con sus hijos incondicionalmente; que les resulta cada vez más difícil poner orden en las clases y completar la docencia programada; que se hallan desbordados por las exigencias burocráticas y las repetidas adaptaciones impuestas por la cambiante legislación educativa. Y por si todo ello fuera poco, los informes internacionales sobre rendimiento educativo, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) y PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora), desdoran su trabajo docente al colocar a los estudiantes españoles en posiciones desaventajadas respecto a otros países. Los testimonios personales de profesores que sufren esos problemas van conformando la imagen de una profesión sacrificada y poco agradecida, disuasoria para muchos jóvenes que, por sus buenos rendimientos académicos, tienen otras opciones de formación y desarrollo profesional. Desde luego, esa imagen no es el mejor reclamo para atraerlos a la profesión que tradicionalmente ha ostentado una capacidad extraordinaria de marcar la visión del mundo y de la vida de niños y jóvenes.

Partiendo de que ese
malestar existe en el profesorado, es importante intentar medirlo e identificar
dónde se concentra para poder afrontar razonablemente los problemas
subyacentes. No es tarea fácil, pues disponemos de pocas encuestas al profesorado
que nos permitan escuchar su voz de manera agregada[1].
Esta escasez resulta todavía más penosa e inexplicable en un país que, como
España, destaca por el volumen de recursos públicos dedicados a la producción
de encuestas de opinión. Ante esta parquedad de información cuantitativa que
permita hacer un seguimiento continuado, sistemático y detallado sobre cómo
percibe el profesorado en España su situación profesional y laboral, algunas
encuestas parciales pueden contribuir a ir perfilando este conocimiento.

Una de las más recientes es la incluida en la
última ola del estudio PIRLS, cuyos resultados se hallan disponibles desde el
pasado mayo. Recoge la opinión de una muestra de 460 docentes que en el curso
2021-2022 impartían 4º de Educación Primaria, lo que obliga a acotar el alcance
de los resultados[2]. Con
esta precaución, cabe afirmar que los maestros encuestados no encajan en la
imagen del profesorado antes trazada; antes bien, en general, se sienten
satisfechos respecto a sus alumnos, a las familias de estos, y a sus propios compañeros.

Por lo que se refiere a los estudiantes, dos de cada tres maestros encuestados (67%) califican como “muy alta” o “alta” la capacidad de sus alumnos de alcanzar los objetivos académicos, y todavía en una proporción mayor (82%) utilizan los mismos adjetivos para ponderar el deseo de estos de sacar buenas notas (82%) y su capacidad para alcanzar los objetivos académicos del centro (67%). También el comportamiento de los alumnos merece a la mayoría de los encuestados un juicio positivo o muy positivo; entre seis y siete de cada diez están muy de acuerdo con la afirmación de que su alumnado muestra un comportamiento ordenado (61%) y respetuoso hacia los profesores (69%). Por lo demás, aunque solo en torno a la mitad atribuye sin reservas a los estudiantes un comportamiento de respeto entre pares (47%; un 45% se declara “un poco de acuerdo”), sí que aprecian muy mayoritariamente (84%) que los alumnos tienen en consideración a quienes alcanzan rendimientos académicos más altos (gráfico 1). En conjunto, los maestros valoran a sus estudiantes muy positivamente en comparación con los datos de otros países europeos. Esta mejor valoración no destaca solo cuando los datos de España se contrastan con los de otros países del sur de Europa (como Italia o Portugal), sino también con los de Francia o Alemania, incluso con los de Dinamarca o Suecia. El juicio de los maestros españoles en cada uno de los aspectos reseñados se sitúa invariablemente por encima de la media de la Unión Europea; más aún, los datos colocan a España entre los tres países con porcentajes más altos de satisfacción de los maestros con sus alumnos.


Este juicio positivo se extiende asimismo a las familias (madres y padres) de los alumnos. Siete de cada diez maestros encuestados (70%) consideran que las familias son exigentes con sus hijos, toda vez que mantienen expectativas altas sobre su rendimiento académico. Algo más de la mitad también ensalza el apoyo de las familias al rendimiento académico de los hijos (54%), su compromiso para garantizar que estos estén en condiciones de aprender (58%) e, incluso, su implicación en las actividades del centro (55%) (gráfico 2). De nuevo, en comparación con los datos correspondientes a otros países europeos, las opiniones que expresan los maestros encuestados en España son llamativamente más positivas.


La encuesta pone también de manifiesto la opinión favorable que mantienen los maestros respecto de sus colegas. Más de ocho de cada diez califican como “muy alto” o “alto” el grado de comprensión que sus compañeros tienen de los objetivos del currículo del centro (89%) y el éxito con el que consiguen aplicarlo (83%). Valoran asimismo positivamente la cooperación de los profesores con la dirección del centro para desarrollar el plan de enseñanza (83%) y no dudan en tildar de “muy altas” o “altas” las expectativas del profesorado acerca del rendimiento académico de los estudiantes (79%), así como también la capacidad que tienen, como profesores, de inspirar a los estudiantes (83%).


En consonancia con los resultados expuestos, tres de cada cuatro maestros encuestados (76%) se manifiestan muy a menudo satisfechos con su trabajo, compartiendo en esa misma proporción la opinión de que su labor tiene sentido; incluso cuatro de cada cinco (83%) confiesan que su trabajo les entusiasma, lo consideran “estimulante” (82%) y sienten orgullo por desempeñarlo (78%). Aunque los porcentajes bajan cuando se les pregunta si se sienten valorados por la sociedad (51% contesta “muy a menudo”), también en este punto su percepción positiva se halla mucho más extendida que entre sus compañeros de los otros 23 países considerados.


Los resultados de la encuesta a maestros de Educación Primaria incorporada en el último estudio PIRLS pueden resultar sorprendentes sobre el trasfondo de la imagen del profesorado insatisfecho y desmotivado arriba perfilada. Es importante tener muy en cuenta que se trata de profesores de enseñanza primaria (que incluye, por lo general, a niñas y niños entre 6 y 12 años), por lo que no se pueden extrapolar al conjunto del profesorado. Es probable que estas experiencias y percepciones difieran considerablemente de las de los profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pero tampoco sería justo obviarlas y persistir, sin más, en la idea de la insatisfacción general del profesorado español. Lo que importa es escuchar las voces de los profesores a través de los medios de que disponemos para ello; hacerlo es probablemente la mejor forma de reconocer su centralidad en el sistema educativo español, su contribución al desarrollo de las aptitudes intelectuales y las actitudes de niños y jóvenes hacia el conocimiento y la ciencia, y, en definitiva, su aportación clave a la mejora de la sociedad. 


[1]

La más importante es la que se lleva a cabo quinquenalmente en el marco de los Estudios Internacionales de Enseñanza y Aprendizaje

(TALIS, Teaching and Learning International Survey), promovidos por la OCDE. España ha participado, desde su primera edición en 2008, 2013 y 2018. La próxima ola de TALIS tendrá lugar en 2024. Centros de investigación privados también han realizado encuestas a unos u otros segmentos del profesorado. Véase, por ejemplo, la encuesta de la Fundación SM.

[2]

Promovida por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), PIRLS recoge los resultados de una prueba estandarizada de comprensión lectora en la que participan alumnos de 4º de Primaria (o su equivalente) en más de medio centenar de países. España ha participado en las olas de 2006, 2011, 2016 y 2021. Los informes españoles de PIRLS pueden consultarse en esta página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

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“es-un-tema-muy-complicado”:-la-primera-barrera-cognitiva-de-acceso-a-la-educacion-financiera

“Es un tema muy complicado”: la primera barrera cognitiva de acceso a la educación financiera

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Cuesta reconocer la carencia de conocimientos sobre cuestiones que afectan centralmente a nuestras vidas. Por eso, es destacable que más de un tercio de la población española entre 18 y 64 años admita no saber “lo necesario para tomar las decisiones financieras más adecuadas”. Este dato procede de la Encuesta Funcas 2023 sobre cultura financiera, realizada online entre el 6 y el 19 de septiembre de 2023 a una muestra de 1.500 personas, representativa de la población internauta residente en España.

Los encuestados que declaran esa falta de conocimientos financieros (36%) coinciden ampliamente en señalar como principal motivo la complejidad que entrañan las finanzas. En efecto, ante la pregunta sobre la razón por la cual no han adquirido más conocimientos, casi dos de cada tres afirman que “es un tema muy complicado”, mientras que las menciones a la falta de tiempo o de interés son mucho menos frecuentes (gráficos 1 y 2).


Estos datos ofrecen una pista para entender por qué la masiva oferta de educación financiera que se ha desplegado en los últimos años no ha traído consigo –hasta donde la evidencia disponible permite discernir– una mejora ostensible de la cultura financiera de la sociedad española. Tal vez la limitada eficacia de esta oferta se deba, en primera instancia, a la concurrencia de dos fenómenos: (1) la mayoría de la población cree disponer de suficientes conocimientos para tomar buenas decisiones financieras (así lo declara el 64% de los encuestados); y (2) a la minoría significativa que reconoce carecer de tales conocimientos (36%) le desanima la intuida dificultad de la materia. Seguramente, una parte de aquella mayoría sobreestima sus conocimientos (sesgo optimista), y una parte de esta minoría subestima su capacidad de enfrentarse a los contenidos de la educación financiera, prejuzgando su complejidad (sesgo pesimista). En cualquiera de los dos casos, se estaría renunciando a mejorar la propia cultura financiera a través de la búsqueda de información pertinente o de la participación en iniciativas de educación financiera.

Las respuestas de
quienes han contestado la Encuesta Funcas 2023 sobre cultura financiera
permiten sostener que el prejuicio de complejidad, o sesgo pesimista, erige una
potente barrera cognitiva que opera incluso entre los ciudadanos más formados.
Lo cierto es que el reconocimiento de insuficientes competencias financieras se
halla tan extendido entre quienes han completado estudios universitarios como
entre quienes han alcanzado como máximo la educación obligatoria; y los más
formados también identifican la dificultad intrínseca a los temas financieros
como la principal causa de su desconocimiento (si bien en menor proporción que
los menos formados). Si el nivel de formación no marca diferencias
significativas entre los encuestados, el sexo y la edad sí lo hacen: en
general, las mujeres y los jóvenes manifiestan en mayor medida esa insuficiencia
de conocimientos financieros. La admite una de cada dos mujeres menores de 40
años (49%), proporción que supera claramente a la de los hombres del mismo
grupo de edad (36%). Ellas no solo reconocen en mayor medida que ellos la falta
de conocimientos necesarios para adoptar buenas decisiones económicas, sino que
las que así lo hacen, justifican ese déficit más frecuentemente por la dificultad
que presentan estas cuestiones (71%).

Las respuestas que dan los
encuestados a otras preguntas de la encuesta sugieren que la carencia
reconocida de competencias financieras no obedece a la ausencia de una disposición
favorable hacia el aprendizaje ni a la dejadez o indolencia en temas bancarios.
 

Por una parte, cuando se solicita a los encuestados que manifiesten su grado de acuerdo con la frase: “Todos deberíamos aprender a ahorrar desde pequeños”, dos tercios la suscriben “totalmente”; sumados a los que se declaran “bastante de acuerdo”, representan a casi el 95% de todos los encuestados (gráfico 3). El dato deja pocas dudas sobre el elevado valor que se concede al ahorro como objetivo financiero, y la importancia que se atribuye a su enseñanza desde la infancia.


Por otra parte, el hecho de que dos tercios de los encuestados (65%) consulten sus cuentas más de una vez por semana (la mitad de ellos, “todos o casi todos los días”) denota un hábito de acceso a servicios bancarios y un interés claro en el seguimiento de las propias finanzas. Cuando esta misma pregunta se formuló en la Encuesta Funcas 2018 sobre cultura financiera, la proporción de quienes declaraban consultar sus cuentas varias veces por semana no llegaba a la mitad (47%), y la de quienes lo hacían a diario o casi todos días rondaba una quinta parte (21%) (gráfico 4). Por tanto, en estos últimos cinco años ha aumentado la frecuencia de estas consultas, a lo que muy probablemente han contribuido los avances en la digitalización de la banca y la facilitación del acceso a sus servicios. También es probable que el cambio en el entorno económico haya impulsado esta rutinización de las consultas bancarias: en 2018, la economía española se hallaba en una fase expansiva, con una inflación inferior al 2%, mientras que, en 2023 –tras las sucesivas crisis globales provocadas por la pandemia, la escasez de suministros y la guerra en Ucrania, y con una inflación que ha alcanzado niveles inéditos desde principios de los años ochenta del pasado siglo–, la situación económica que afrontan los hogares es más problemática e inestable. De hecho, a la pregunta sobre si “desde que han aumentado los precios con la inflación” consultan más los movimientos bancarios, un tercio de los encuestados (33%) contesta afirmativamente (gráfico 5).


El Día de la Educación Financiera, que se celebra hoy, 2 de octubre, brinda una buena oportunidad para analizar datos como estos y reflexionar sobre las preguntas que suscitan. En el debate sobre la educación financiera se ha reivindicado, con buen criterio, la necesidad de evaluar el impacto de los programas que se han implementado, con el fin de cribar las iniciativas más eficaces y optimizar la eficiencia de las que se lancen en el futuro. Pero, ¿y si el problema de la eficacia de la educación financiera no reside tanto en los contenidos de la oferta educativa que tantas instituciones están poniendo a disposición de los ciudadanos, cuanto en las mentes de estos, en unos casos (más frecuentes entre hombres y personas mayores), por exceso de confianza en su disposición de conocimientos, y en otros (más frecuentes entre mujeres y jóvenes), por falta de confianza en la propia capacidad de entenderlos?  

El reto de la educación financiera también consiste en contrarrestar estos sesgos cognitivos, con el fin de atraer hacia ella a segmentos de la población a los que hasta ahora no ha conseguido llegar. Quizá cabría empezar trasladando a la sociedad —y, en particular, a los jóvenes y las mujeres— el mensaje de que los conocimientos necesarios para incrementar la calidad de nuestras decisiones financieras no constituyen un arcano solo accesible a expertos versados en cálculos y operaciones matemáticas; y que comprender y sacar provecho de tales conocimientos aplicados, tan importantes para el bienestar personal y familiar, se encuentra al alcance de quien esté dispuesto a dedicar atención y algo de tiempo a conseguirlos.  


Otros resultados de la Encuesta Funcas sobre cultura financiera

  • Solo un 6% de los encuestados afirma no controlar sus gastos mensuales, lo que representa una décima parte de quienes contestan que los controlan “de forma aproximada” (64%), y una quinta parte de quienes declaran controlarlos “de manera bastante estricta” (30%). A medida que aumenta el nivel formativo y el nivel de ingresos del hogar, decrecen los porcentajes de encuestados que efectúan un control estricto de sus gastos (38% de los encuestados con ingresos del hogar de hasta 1.800 euros; 29%, con ingresos entre 1.800 y 3.300 euros; y 20%, con ingresos por encima de 3.300 euros). Entre los encuestados parados, el porcentaje de quienes controlan sus gastos estrictamente se aproxima al 40%.
  • A algo más de la mitad de los encuestados que afirman no controlar de manera estricta sus gastos (53%) les gustaría llevar un mayor control de su gestión, opinión que expresan con mayor frecuencia las mujeres (58%), sobre todo, las menores de 40 años (65%). Un tercio de estas últimas (32%) reconoce no controlar más estrictamente sus gastos “porque no sabe cómo hacerlo”, si bien proporciones similares aluden a la “pereza” (31%) y a la “falta de tiempo” (26%).
  • Cuatro de cada cinco encuestados (39%) comprueban con “mucha” o “bastante” frecuencia que, al final de mes, han gastado más de lo que disponían (en 2018 esa misma respuesta la daba el 24% de los encuestados). Esta situación de “no llegar a fin de mes” la afrontan con más frecuencia las mujeres (41%) que los hombres (36%), y también quienes cuentan entre 35 y 54 años (41-42%) y presumiblemente soportan más cargas familiares.
  • Un 56% de los encuestados declara que no suele encontrarse en la situación de terminar el mes habiendo gastado más de lo que tenía disponible (porcentaje que entre los encuestados con ingresos del hogar por debajo de 1.000 euros cae hasta el 29%). Quienes sí se encuentran eventualmente en esa situación, afirman recurrir antes a ahorros propios (59%) que a la tarjeta de crédito (28%) o a la solicitud de préstamos a personas cercanas (13%).
  • Dos de cada tres encuestados (67%) piensan que “solo se puede ahorrar cuando se dispone de unos ingresos altos”. Un 22% suscribe este parecer “totalmente”, y un 45% expresa estar “bastante de acuerdo” con él.

Ficha técnica de la Encuesta Funcas 2023 de cultura financiera


• ÁMBITO: territorio nacional peninsular e insular.


• UNIVERSO: personas de entre 18 y 64 años.


• TAMAÑO MUESTRAL: 1.503 entrevistas.


• TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista online a través de Emop (panel online de Imop).


• SELECCIÓN DE LA MUESTRA: selección aleatoria entre los panelistas de Emop que cumplan las características definidas para la investigación.


• TRABAJO DE CAMPO: del 6 al 19 de septiembre 2023.


• MARGEN DE ERROR DE MUESTREO: ±2,6 para p=q=50% y un nivel de significación del 95% para el conjunto de la muestra.


• MÉTODO DE PONDERACIÓN: Los datos se ponderaron por las variables: sexo x edad (2 x 10 grupos); comunidad autónoma (7 grupos); tamaño de municipio (4 grupos); nivel de estudios (3 grupos).


• INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP INSIGHTS, S.A.

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turismo-2023:-remontada-recelosa

Turismo 2023: remontada recelosa

La pandemia y las medidas de contención y restricción a la movilidad que se adoptaron en todo el mundo para combatirla han favorecido la toma de conciencia pública sobre algunas realidades que, dándolas por supuestas, apenas apreciábamos. Una de esas realidades es la significativa contribución del turismo a la economía mundial y, en particular, a las economías en las que este sector representa un elevado porcentaje del PIB y del empleo.

Entre estas economías destaca la española. En 2019, un año antes de la pandemia, la aportación del turismo al PIB se cifraba en 12,6 %, y el empleo turístico se acercaba a 2,7 millones de personas. Aun cuando hasta el final de 2021 los expertos manifestaban dudas sobre la rapidez con la que se recuperaría el turismo exterior, desde 2022 este se ha convertido en motor fundamental del crecimiento económico. La media de turistas extranjeros, que entre enero y julio de 2021 supuso un 20 % de la correspondiente a 2019, en 2022 ya se situó en el 82 % de esa cifra de referencia, y en 2023 alcanzó el 99 % (gráfico 1). En cuanto al PIB turístico, en 2021 todavía representaba en torno al 8 % (téngase en cuenta que en 2020 cayó hasta el 5,8 %), pero en 2022, según estimaciones de Exceltur, ya sobrepasó el 12 %1. Esta misma asociación, formada por los presidentes de las compañías turísticas más relevantes en España, prevé en 2023 un crecimiento del PIB turístico, en términos nominales, del 9,4 % respecto a 2019 (superando los 172.000 millones de euros), si bien, en términos reales, cerraría el año manteniéndose casi dos puntos porcentuales por debajo del de 20192. Estimaciones de otras fuentes arrojan, sin embargo, un aumento real del PIB turístico en este año (respecto del registrado en el año anterior a la pandemia)3.


El sector turístico español ha sido retratado en ocasiones como un sector económico afectado por problemas tales como la insuficiente innovación, la elevada estacionalidad, una producción de escaso valor añadido y una ocupación poco productiva y carente de buenas condiciones laborales. Aunque tras el shock de la Gran Recesión muchas empresas del sector ya venían apostando por mejorar la oferta de sus servicios y priorizar la estrategia de crecer en valor más que en volumen, ha sido en esta tercera década del siglo XXI cuando el sector ha mostrado su capacidad de respuesta rápida a “la peor crisis de su historia”4, aprovechando tanto las ayudas públicas para mantener el empleo, como las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, a la vez, diseñando y poniendo en marcha protocolos y servicios para generar seguridad y confianza entre los turistas. El sector ha probado su resistencia en circunstancias muy difíciles, primero, por las exigencias sanitarias impuestas durante el periodo de normalización tras los confinamientos, y luego, por el aumento de los precios en los suministros y la necesidad de mantener la competitividad en un contexto de elevada inflación.

A pesar de este balance positivo, entre los empresarios del sector se atisba cierta preocupación y recelo ante el futuro próximo. Esa inquietud está relacionada con las perspectivas de desaceleración de la economía europea y con la creciente competitividad del mercado turístico internacional, pero también con signos indicativos de posibles cambios en los comportamientos de los turistas que redundarían en perjuicio de la demanda de servicios que proporciona el sector.

Uno de esos cambios que ponen de manifiesto los datos disponibles se refiere a los países emisores. Comparando el origen de los turistas extranjeros entre enero y julio de 2019 y los mismos meses de 2023, se observa un descenso de los procedentes de Reino Unido, Alemania y los países nórdicos (gráfico 2), que son precisamente los que, de media, gastan más por persona (gráfico 3). Además, la demanda de servicios turísticos de ciudadanos del Reino Unido y Alemania presenta menor estacionalidad (es decir, los turistas de ambos países visitan España fuera de temporada estival en mayor medida que los de otros países y regiones), lo que resulta particularmente favorable para el sector. Aunque los datos también reflejan el aumento de los turistas procedentes de Estados Unidos, cuyo gasto medio es asimismo elevado, su número dista mucho del que consignan los principales países emisores europeos.


Otro cambio que merece atención es el referido a la duración de las estancias de los turistas internacionales (gráfico 4). Las estadísticas muestran la reducción de las estancias de dos semanas, a favor de las de 4 a 7 días. Si bien se aprecia un ligero aumento de las estancias más largas (superiores a tres semanas), su importancia numérica es reducida. Probablemente, este acortamiento de las estancias obedece a ajustes en los presupuestos domésticos en razón de la inflación. De consolidarse esta tendencia al acortamiento de las estancias, podría contrarrestar el efecto positivo de la recuperación en el número de viajes sobre los ingresos totales del sector, toda vez que las estancias más cortas suponen, en general, gastos más moderados.


En cuanto al turismo nacional, los datos evidencian que tanto el impacto de 2020 como la posterior recuperación han seguido una pauta diferente de a la del turismo internacional. Durante el año 2020, los viajes turísticos interiores de los residentes en España disminuyeron, pero mucho menos que los internacionales, ya que los turistas nacionales no se vieron afectados por las restricciones de movilidad entre países. Con todo, hasta el tercer trimestre de 2021, el número de viajes de turismo nacional no igualó las cifras de 2019 (gráfico 5). Por lo demás, aun cuando el número de viajes nacionales durante la temporada de verano prácticamente se ha recuperado, no ocurre lo mismo con los viajes fuera de la época estival, que se sitúan claramente por debajo de los de 2019 y años anteriores, lo que contribuye a agudizar la estacionalidad del sector.


Por lo que se refiere a la duración media de los viajes turísticos interiores de los residentes en España, se detecta un leve aumento de la estancia media (entre el 3 y el 6 % , según el mes en cuestión) desde el tercer trimestre de 2021 respecto a la duración media en el mismo periodo de 2019 (gráfico 6). Esta evolución, aunque contraria a la observada entre los turistas extranjeros, puede responder a similares razones: la disposición de menores recursos económicos de las familias para servicios turísticos, con la consiguiente sustitución de viajes al extranjero por viajes nacionales.


En definitiva, a la luz de los indicadores de demanda, el turismo prácticamente se ha recuperado en España. Eso no significa, sin embargo, que haya vuelto a donde se quedó a principios de 2020, cuando estalló la pandemia. Hay indicios de moderación del gasto turístico por persona, así como también de cambios en el patrón temporal de consumo que, añadidos a las poco favorables perspectivas macroeconómicas en los países de los que procede la mayor demanda, introducen incertidumbres en un sector que se sabe, además, sujeto a próximos cambios normativos importantes —y seguramente de aplicación costosa— como consecuencia de las políticas del Pacto Verde y la transición ecológica impulsadas por la Unión Europea y el gobierno español.

La incertidumbre suele desalentar tanto las inversiones de las empresas como los esfuerzos de formación de los jóvenes en los sectores afectados por ella. El Día Mundial del Turismo también debería servir para reducir esa incertidumbre mediante manifestaciones de reconocimiento y apoyo a un sector decisivo para la economía española.

[1] Comunicado de prensa de Exceltur de 17 de enero de 2023.

[2] Comunicado de prensa de Exceltur de 20 de abril de 2023.

[3] Heymann, D. C. (2023). “Fortaleza del sector turístico español”. Según esta estimación de CaixaBank Research, el PIB turístico aumentaría en 2023 un 4,1 % respecto a 2019.

[4] Ramón Vilarasau, D. (2022). “Viviendo a crédito: el sector turístico ante la peor crisis de su historia”.

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Crece la carencia material severa: la pobreza energética, más extendida que la alimentaria

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En un contexto de sucesivas crisis (la Gran Recesión, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania) con efectos muy acusados sobre la economía de los hogares, resulta oportuno hacer un seguimiento de la proporción de la población que se enfrenta a más privaciones. Para este ejercicio, la tasa de carencia material severa ofrece un indicador adecuado, puesto que determina el porcentaje de la población que carece de, al menos, cuatro elementos de una lista de nueve bienes, servicios y actividades cuyo acceso se considera hoy en día esencial para el bienestar individual[1].

A pesar de la recuperación económica que ha sucedido a la pandemia, el porcentaje de población que experimentaba carencia material severa en España en 2022 (último dato disponible) ascendía al 8,1%, más del doble que antes de la crisis financiera (2007: 3,5%) e incluso superaba en 1 punto porcentual (pp) la cifra de 2014 (7,1%), la más alta registrada hasta ese momento desde que comenzaron a realizarse las Encuestas de Condiciones de Vida en 2004. Todo lo que mejoró este indicador entre 2014 y 2019, quinquenio en el que la tasa de carencia material severa se redujo del 7,1% al 4,7%, se perdió en 2020 (7%). Pero, además, la tasa de carencia material severa ha seguido aumentando entre 2020 y 2022 hasta situarse muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia (gráfico 1).


Uno de los aspectos incluidos en la estimación de la carencia material es la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, un objetivo que podría haberse visto amenazado por la subida de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania. En este indicador se observan diferencias notables entre los 27 países de la Unión Europea. España, con un 17,1% de población que declara no poder mantener una temperatura adecuada en casa, se sitúa por encima de la media europea (9,3%). En países como Austria, Suecia y Finlandia el porcentaje de personas afectadas por este problema cae por debajo del 3%. En cualquier caso, hay que mencionar que en casi todos los países europeos este indicador empeoró entre 2021 y 2022. Mientras que en España aumentó en 3 pp, los incrementos más significativos se observaron en Rumanía, Francia e Irlanda (gráfico 2).


La fuerte subida de los precios de los alimentos a partir de 2021, agravada por la guerra, también puede haber afectado sustancialmente a los hogares más vulnerables. Sin embargo, en esta dimensión de pobreza material, España registra datos más positivos. En 2022, el 5,4% de la población afirmaba no poder permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días, una proporción algo superior a la observada en 2021 (4,7%), pero significativamente inferior a las que arrojan no sólo muchos países de Europa del Este, sino también Alemania (11,4%), Grecia (10%), Francia (9,5%) e Italia (7,5%) (gráfico 3).


Al analizar con más detalle los datos españoles, se aprecian diferencias considerables entre las comunidades autónomas. Mientras que alrededor de una quinta parte de la población de Extremadura (23%), Andalucía (21%) y Murcia (20%) declaraba en 2022 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, estas cifras caen por debajo del 10% en Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón (gráfico 4). Estas últimas comunidades autónomas son también las que salen mejor paradas por lo que se refiere a la (in)capacidad para permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Las diferencias en este aspecto son aún más pronunciadas, toda vez que la proporción más alta, correspondiente a Canarias (11,9%), es seis veces mayor que la más baja, que ostenta Aragón (1,9%) (gráfico 5).

[1] Sobre la composición de este indicador, véase este enlace.

Esta entrada es un extracto del número de septiembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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ni-hablar-de-politica

Ni hablar de política

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Según el último Eurobarómetro
estándar (julio de 2023), más del 40% de españoles adultos reconocen que nunca
hablan con familiares o amigos sobre temas de política nacional. Este
comportamiento tan  extendido  puede deberse, bien a que a los interpelados
no les interesan esos temas,  bien a que
los eluden para evitar discusiones. En todo caso, el dato revela una debilidad del
debate público español y sugiere la existencia de una amplia desafección
política por indiferencia o por temor a discusiones.

De hecho, España es el país de la Unión Europea en el que la proporción de personas que no discuten nunca sobre temas políticos (43%) es mayor, seguido de Francia (35%), Irlanda (33%) y Portugal (32%). En el otro extremo se encuentran Alemania, Países Bajos y Suecia, donde los porcentajes de personas que hablan frecuentemente sobre política nacional con gente cercana superan a los de quienes nunca lo hacen. Por el contrario, en España las personas que nunca hablan de política con familiares y amigos casi triplican a las que lo hacen frecuentemente (gráfico 1).


En general, abstenerse de conversar sobre política es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En España, aproximadamente una de cada dos mujeres adultas admite no hablar nunca con familiares o amigos sobre temas políticos, una proporción que duplica a la italiana y quintuplica a la alemana (gráfico 2). La educación formal también adquiere particular importancia en esta cuestión: cuanto menor es el nivel educativo, mayor es el porcentaje de personas que permanecen ajenas a las conversaciones sobre política. Seis de cada diez personas con menor nivel educativo reconocen no conversar acerca de asuntos políticos nacionales con personas cercanas. El patrón de desigualdad que evidencia este indicador es muy notable (gráfico 3). 


La estrecha relación entre educación y frecuencia de las conversaciones políticas haría esperar que la proporción de personas que no hablan sobre política  tendiera a disminuir a medida que aumenta el nivel educativo de la población. Sin embargo, los datos no respaldan esta expectativa. Los Eurobarómetros publicados desde  2010, además de mostrar que la proporción de personas que no hablan de política en España se ha mantenido invariablemente por encima de la media de la UE durante este periodo, indican desde 2020 una tendencia al alza (gráfico 4).

Esta entrada es un extracto del número de septiembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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Las habilidades digitales de los jóvenes en España: notable, con margen de mejora

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La inserción laboral de los jóvenes en España sigue siendo un reto social importante. En 2022, menos de una cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 24 años (23,2 %) se hallaban empleados, mientras que uno de cada diez (9,7 %) declaraba encontrarse en situación de desempleo. Ambos datos se situaban lejos de las correspondientes medias europeas (UE-27): 34,7 % y 5,9 %, respectivamente1. Por tanto, en el contexto de la Unión Europea, los jóvenes menores de 25 años que en España tienen empleo son menos, y los desempleados, más. Estas diferencias se deben, en buena medida, a factores institucionales que afectan al funcionamiento de la economía, así como del sistema educativo y de formación profesional. Para abordar esta problemática, es fundamental que los sistemas educativos doten a los jóvenes de habilidades para el empleo y el emprendimiento. La ONU estableció en 2014 el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado el 15 de julio, reconociendo la importancia de este tema a nivel global.

La demanda de habilidades por parte de los empleadores, tanto del sector privado como público, hacia los jóvenes es variada y se encuentra en constante evolución. Actualmente, existe una creciente demanda de habilidades relacionadas con la tecnología. Los mercados laborales requieren trabajadores capaces de utilizar programas informáticos y aplicaciones, así como de resolver eficaz y eficientemente los problemas que surgen en su uso. Además, dada la importancia estratégica del sector tecnológico, una economía competitiva debe no solo adoptar y utilizar tecnologías “foráneas” en sus procesos, sino también ser capaz de generar innovación. Para lograrlo, es necesario contar con un entorno institucional que se adapte a las características específicas del sector tecnológico, además de fomentar entre la población activa la adquisición de las habilidades necesarias y promover el desarrollo de la creatividad y capacidad emprendedora, en particular entre los jóvenes. Especial valor se concede al conocimiento avanzado de informática, sobre todo, en áreas como la programación.

Sobre la situación de los jóvenes españoles en relación a estas habilidades, dan cuenta las encuestas que analizan el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC de 2022, realizada anualmente por el INE, el uso diario de Internet es generalizado entre los jóvenes españoles: un 97,3 % de los que tienen entre 16 y 24 años utilizan Internet varias veces al día (gráfico 1). No obstante, el uso frecuente de Internet no garantiza un dominio de la tecnología.


Los principales motivos de uso de Internet entre los jóvenes españoles son la comunicación y el entretenimiento, actividades que han realizado casi la totalidad de los jóvenes (98,9 %) en los últimos tres meses (gráfico 2). En cambio, el uso de Internet con fines informativos (90,2 %), educativos (77,2 %) y de participación política o social (25,9 %) se sitúa en niveles inferiores. Estos datos sugieren una buena adaptación a las herramientas tecnológicas en la vida cotidiana, aunque también un amplio margen de mejora en el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje y participación activa en la sociedad.


En cuanto a tareas más avanzadas o relacionadas con el ámbito educativo y laboral, como el uso de hojas de cálculo y la programación en lenguajes específicos, se observa una diferencia significativa en su adopción por parte de los jóvenes de 16 a 24 años. Mientras que el uso de hojas de cálculo está bastante extendido y se considera común entre los jóvenes, la utilización de la programación es menos frecuente (gráfico 3). Solo alrededor del 15 % ha utilizado lenguajes de programación en los últimos tres meses. Por o que se refiere al grupo de edad en el que la gran mayoría de los jóvenes han finalizado su educación formal (25-29 años), incluso entre aquellos con mayor nivel educativo, como graduados o doctores, la programación es poco común: solo uno de cada diez de estos jóvenes con estudios universitarios completados ha realizado esta actividad en los últimos tres meses. Sin embargo, esta cifra se duplica (26 %) entre aquellos que han cursado formación profesional superior (gráfico 4).


Si se amplia la perspectiva de análisis a la Unión Europea, se observa que los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años superan la media europea tanto en el uso de hojas de cálculo como en el de lenguajes de programación. Según datos publicados por Eurostat, el 58 % de los jóvenes entre 25 y 29 años en España ha utilizado hojas de cálculo en los últimos tres meses, ocho puntos porcentuales por encima de la media comunitaria (gráfico 5). En cuanto al uso de lenguajes de programación, España se sitúa justo detrás de los países nórdicos, que encabezan la lista junto con Austria, Malta y Portugal. El 15,3 % de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años ha utilizado lenguajes de programación, superando en casi cuatro pp la media europea (gráfico 5).


Esta posición relativamente buena de los jóvenes españoles no debe ocultar la existencia de un considerable margen de mejora en el fomento de sus habilidades tecnológicas, y más aún en el contexto de una sociedad en la que crece la proporción de población que, por su edad, abandona el mercado de trabajo. El sostenimiento de la población dependiente (mayores y niños) necesitará no solo de cambios organizativos en el sistema de protección social, sino también de aumentos muy importantes de la productividad, que necesariamente vendrán de la mano de los avances tecnológicos.


[1] Datos extraídos de Eurostat. Téngase en cuenta que en España, a
diferencia de la mayor parte de los países europeos, la edad laboral comienza a
los 16 años. Por tanto, el denominador de la fracción de estas tasas de empleo
y desempleo incluye a jóvenes de 15 a 16 años que, legalmente, no son
laboralmente activos.

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empresas-y-empresarios:-responsabilidad-fiscal-y-deseabilidad-profesional

Empresas y empresarios: responsabilidad fiscal y deseabilidad profesional

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Apenas hace un par de meses que el asunto de la presión
fiscal sobre las empresas acaparaba los principales titulares de los medios de
comunicación españoles y dividía la opinión publicada entre quienes consideran
que los impuestos que gravan en España a las empresas son altos y lastran su
competitividad internacional, y quienes lo ponen en duda, incluso lo niegan. Ahora
bien, en la opinión pública esas posiciones aparecen menos polarizadas. Así se
desprende de las respuestas a la pregunta que Funcas ha planteado en junio de
2023 a una muestra representativa de la población española mayor de edad (1.373
entrevistados): “En su opinión, ¿los impuestos que pagan en España las empresas
son muy altos, altos, adecuados, bajos o muy bajos?”.

Cerca de la mitad de los entrevistados opinan que los impuestos que pagan las empresas son “altos” (22%) o “muy altos” (23%), mientras que uno de cada cinco (20%) considera que son “adecuados”. Esta última proporción es similar a la de quienes tildan tales impuestos de “bajos” (15%) o “muy bajos” (5%) (Gráfico 1). Podría pensarse que esta distribución de opiniones está influida por una cobertura mediática que mayoritariamente ha resaltado el elevado nivel de impuestos que pagan las empresas en España. Sin embargo, la encuesta más cercana en el tiempo que hemos hallado con una pregunta comparable, realizada en 1996, arroja datos sorprendentemente similares a los obtenidos en junio de 2023. En aquel año (Gráfico 2A) —como el actual (Gráfico 2B), un año electoral— un 43% de los entrevistados de una muestra representativa encuestada por CIRES opinó que las empresas pagaban “mucho” o “demasiado” en impuestos, mientras que un 19% mantuvo que pagaban “poco” o “demasiado poco”. Obviamente estos datos, separados en el tiempo por casi 30 años, no permiten afirmar la estabilidad durante las últimas décadas de la opinión pública española respecto a la presión fiscal sobre las empresas, pero sí dudar de que los porcentajes que ha arrojado la encuesta Funcas de junio de 2023 resulten de un cambio reciente en el “clima de opinión” provocado por los medios de comunicación. Asimismo, permiten sostener que, según la mayoría de la población adulta española, las empresas cumplen con su responsabilidad fiscal, pagando impuestos calificados como “adecuados”, “altos” o “muy altos”.  


Volviendo a los datos recogidos en junio de 2023, no se observan diferencias sustanciales entre las opiniones de mujeres y hombres acerca de los impuestos que pagan las empresas, si bien ellas se abstienen mucho más que ellos de opinar sobre esta cuestión. La edad, en cambio, sí marca algunas diferencias de interés: entre la población de menos de 45 años abundan más quienes piensan que las empresas pagan impuestos “altos” o “muy altos”. Este parecer también encuentra más respaldo entre quienes tienden a asociar mentalmente la palabra “empresarios” con las PYMES o con los trabajadores autónomos, más que con las grandes empresas (Gráfico 1).

Qué representación social de los empresarios emerge cuando se oye hablar de ellos es una cuestión a la que hasta ahora se ha prestado escasa atención, a pesar de que, en este punto, se observan diferencias individuales considerables: casi cuatro de cada diez entrevistados piensan en “grandes empresas” cuando escuchan la palabra “empresarios”, pero un 24% imagina “pequeñas y medianas empresas”, y un 12% los asocia fundamentalmente con los “autónomos” (Gráfico 3). Probablemente, estas diferentes visiones (o percepciones) de los empresarios influyen en las opiniones que los individuos albergan sobre cuestiones relacionadas con el mundo de las empresas. Así, por ejemplo, quienes identifican a los “empresarios” como los responsables de “grandes empresas” (39% de los entrevistados) se muestran, en general, menos favorables hacia esta profesión. Solo un 11% de ellos recomendaría a una persona joven que se hiciera “empresario/a”; en cambio, un 54% de esas mismas personas le aconsejaría ser funcionario. Parece, por tanto, que la identificación de los empresarios con las grandes empresas está relacionada con juicios más críticos sobre este colectivo.


En todo caso, la función pública destaca ostensiblemente como destino profesional que se recomendaría a una persona joven que buscara orientación al respecto. En efecto, independientemente del sexo de los entrevistados, de su edad, de su nivel educativo o de la idea de “empresario” que albergue en su imaginario, la mayoría de los entrevistados en junio de 2023 aconsejarían a una persona joven que optara por la función pública (Gráfico 4). Llama la atención que la proporción de entrevistados que revelan una preferencia profesional por la función pública supera a la resultante de sumar todas las respuestas que hacen referencia a la ocupación en el sector privado (bien sea como empresario, como autónomo o como asalariado).


Esta extendida recomendación de incorporarse a la función pública podría interpretarse contra el trasfondo de un mundo que, sobre todo desde el inicio de esta década, se percibe como crecientemente incierto en casi todos los ámbitos de la vida. En ese entorno de incertidumbre la función pública brinda estabilidad en un ámbito tan importante como el laboral; y también ofrece, en general, jornadas de trabajo más cortas, lo que las hace más compatibles con otros quehaceres y con un valor en alza, la disposición de más tiempo libre (como se desprende de la comparación del número medio de horas semanales trabajadas por los asalariados del sector público y el resto de ocupados: Gráfico 5).


Con todo, esta interpretación que relaciona la predilección por la función pública con la agudización de sentimientos de inseguridad pasa por alto que, en momentos del pasado reciente en los que la incertidumbre provocaba menos “presión ambiental”, la preferencia por la función pública como destino profesional también se hallaba, en España, más extendida que la preferencia por la ocupación en el sector privado, como ponen de manifiesto diversas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (Gráficos 6A y 6B).


Estos datos ofrecen materia para la reflexión. Por una parte, inducen a anticipar una elevada demanda social de empleo público, lo que convierte su oferta en un expediente tentador para cualquier gobierno que desee ganar apoyo electoral.  Por otra parte, obligan a plantearse una cuestión preocupante: una sociedad que traslada a sus jóvenes de manera tan masiva la preferencia por trabajar en las Administraciones Públicas puede estar olvidando que los ingresos para pagar a esos funcionarios dependen decisivamente de que empresas y trabajadores en el sector privado generen suficiente riqueza.

Ficha técnica de la Encuesta Funcas (junio 2023)

• Entrevista telefónica asistida por ordenador a una muestra de 1.373 entrevistados representativa de la población de 18 años o más residente en España.

• Trabajo de campo:

– Fecha: 12- 25 de junio de 2023.

– Empresa: IMOP Insights.

• Margen de error: en el supuesto de un muestreo aleatorio simple, el margen de error es de ±2,7 puntos porcentuales para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 %.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).


España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).


Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)[1].


El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6). 


El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.


[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El peculiar europeísmo de los españoles

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 20231. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.


Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)2.


Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).


En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas:  las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

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